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Un «informe» para reactivar la agenda de la intervención «humanitaria»

Written by Debate Plural

Misión Verdad (21-9-22)

 

Este 20 de septiembre fue publicada una presentación inicial de lo que será un nuevo informe de la llamada Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La Misión presentará las conclusiones y recomendaciones del informe de 2022 al Consejo en la sesión de diálogo interactivo fechada el 26 de septiembre de 2022. Esto refiere que el informe como tal no ha sido publicado. Sin embargo, los señalamientos ya publicados (sin detalles) en la página del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ya se ha vuelto tendencia, pero jugando posición adelantada.

Al igual que en septiembre de 2020, cuando fue publicado un primer informe, la llamada misión desplegó un arsenal de importantes y graves señalamientos contra el país caribeño, esta vez señalando a las “líneas de mando” de los componentes de seguridad venezolanos.

Sin embargo, tal como ha ocurrido desde que se formó esta misión, los problemas de fondo que afectan seriamente la credibilidad de sus reportes persisten, y de igual manera la instrumentalización de sus publicaciones para promover estampidas políticas, comunicacionales y mediáticas de manera adversa a Venezuela.

UNA PUBLICITADA ANTESALA AL INFORME 2022

La publicación, que a modo de antesala refiere al informe aún no publicado de 2022, señala que «los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad».

Agregan que «el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual».

Nuevamente aluden la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como autores materiales de crímenes aberrantes, léase bien, mediante una «maquinaria» puesta en marcha «por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición».

Para los redactores de la publicación, que seguramente está en línea con el informe que será lanzado al aire, no hay mayores distinciones entre las actuaciones de los cuerpos de seguridad y el presidente Nicolás Maduro. Nótese el énfasis del documento en responsabilizar al presidente Nicolás Maduro en persona como autor intelectual y principal funcionario en la línea de mando en la ejecución de los supuestos crímenes.

La publicación retoma hitos claves de la narrativa de esta misión que fueron empleados durante su lanzamiento en 2019 y su informe en 2020. De hecho, acuden a la reutilización de puntos del informe de 2020, los cuales son aludidos como si se tratara de resultados de la investigación de 2020 y a modo de establecer un «prontuario» del país en materia de derechos humanos.

NUEVAMENTE, LAS FALENCIAS DE FONDO DE LA MISIÓN

La publicación del adelanto del informe por venir establece de manera textual:

“La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes. La Misión visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano.”

Nuevamente, la llamada misión de «determinación de hechos» no logró «determinar hechos» directamente en el país, es decir, nuevamente realizaron su informe desde el extranjero, sin constatar nada directamente el terreno, sin contar con información oficial, sin ningún tipo de colaboración institucional y por ende, sin contar con mecanismos de verificación y contrastación.

Es evidente que en este informe también se implementará el uso de fuentes difusas, llamadas «anónimas», de las cuales no se puede establecer fiabilidad y credibilidad. Refieren a unas supuestas 246 «víctimas» y «familiares» que hoy están en el extranjero, que gozan de libertad, que estando en Venezuela gozan de libertad de comunicación y que habrían ofrecido información a la misión.

Esos elementos son más que obvios para debilitar la narrativa sobre crímenes atroces por parte del gobierno venezolano, pero semejante incongruencia no parece ser relevante.

Tratándose de las fuentes, el informe a ser publicado será sin dudas endeble, por tratarse de listas de supuestas «víctimas» que se mantendrán anónimas y cuyos testimonios no están sujetos a contraste.

Las razones de las debilidades de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela obedecen a que dicha instancia no cuenta con validación y convenio con el gobierno de Venezuela. Por lo tanto, funcionan plenamente al margen, fuera del país y de manera sumamente discrecional.

Esta misión fue formada en 2019 en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en aquel momento estaba dominado por un grupo de países que tenían una posición abiertamente destituyente de los poderes venezolanos y que declararon su apoyo abierto a la formación del «gobierno interino» de Juan Guaidó.

La formación de esa misión contó con el apoyo de Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chequia, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Hungría, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Japón, Perú, Reino Unido y Ucrania.

Sin embargo, en su momento era evidente que la presión institucional en la esfera internacional proponía deshacer toda posibilidad de distensión y reconocimiento al gobierno legítimo del país. Por ello, la vía de la construcción de expediente se instrumentó sin obstáculos, incluso desde la propia ONU, donde de paso se superpusieron las funciones de los órganos del Consejo en una disputa por el uso politizado de ese ente.

Vale la pena recalcar que la creación de esta misión fue formada por los países parte del Consejo, en resolución de septiembre de 2019. Pero antes de ello, el 21 de junio de 2019, la Alta Comisionada Michelle Bachelet había visitado Venezuela con el fin de establecer un convenio de colaboración entre el gobierno venezolano y la Oficina de la Alta Comisionada.

Por su contexto, es evidente que la creación de la «Misión Independiente» se desarrolló para interferir en la labor de la Alta Comisionada y torpedear el saldo que vendría mediante la vía de su intercambio directo con el gobierno venezolano.

Esto deja claro el móvil político que se constituye como la falla de fondo de la «Misión».

Desde el 2019 Venezuela ha estado trabajando coordinadamente con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en el mes de septiembre de 2019, de conformidad con lo establecido en la Resolución A/HRC/42/4, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones número 42.

La entonces Alta Comisionada, quien salió de su cargo el 31 de agosto de 2022, estableció una oficina en Caracas y durante los últimos tres años han intercambiado información con autoridades venezolanas, han visitado espacios penitenciarios, han revisado directamente expedientes y han realizado consultas a los detenidos en un proceso amplio de contrastación de denuncias.

En efecto, la Fiscalía General de la República ha procedido a diligenciar ante el Estado venezolano un conjunto de recomendaciones que han sido emanadas desde la oficina de la Alta Comisionada, en una relación que ha sido considerada «constructiva» tanto por Caracas como por el propio ente internacional.

EL «TIMING» DE UNA NUEVA EMBOSCADA INTERNACIONAL CONTRA VENEZUELA

La reaparición de la llamada Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos concurre luego de distensiones no formales entre el gobierno estadounidense y el venezolano.

Conviene recordar que durante este año, la administración Biden ha establecido vínculos directos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero esto ha consistido en establecer presiones para el regreso del gobierno venezolano a la agenda de diálogos con las oposiciones en México en condiciones de desventaja y sin cumplimiento de los estadounidenses de las exigencias de Caracas.

A la fecha, la administración Biden mantiene secuestrado al diplomático Alex Saab y sostiene la presión económica al país de manera casi intacta, cuestiones que son nudos críticos demandados por Venezuela.

A mediados de agosto la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), Samantha Power, había manifestado el apoyo de su país a Juan Guaidó en el marco de las negociaciones con el gobierno venezolano, las cuales dijo, debían “generar resultados”.

Algo reforzado en el testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores Senado de la actual Administradora Asistente para América Latina y el Caribe de la misma agencia, Marcela Escobari, el pasado 15 de septiembre.

Dicha instancia de financiamiento y entrenamiento para actores políticos y «no-estatales» de la oposición venezolana podría, en el corto plazo, realizar nuevos aportes para las elecciones internas entre los opositores de Venezuela, en un marco de premura y señalamientos de varios dirigentes de «adelantar» las presidenciales en Venezuela, temiendo una recuperación de la economía y la continuidad de la estabilidad relativa que hoy goza el país.

Recientemente, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos presionó al gobierno de Venezuela desde una audiencia en el Congreso de su país, y amenazó con más sanciones si no se reanudan las conversaciones con la oposición.

«Nicolás Maduro… está cometiendo un error crítico si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le servirán», dijo Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.

«Estamos preparados para responder con sanciones y para tomar medidas integrales», si las conversaciones no avanzan, agregó Nichols en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Seguidamente, el gobierno estadounidense en la pluma de Joe Biden en persona, contraviniendo todos los informes de Naciones Unidas en materia de drogas y crimen organizado (UNDOC, por sus siglas en inglés), publicó un memorándum en el que se incluye a la nación caribeña en la lista de los principales países de tránsito y producción de drogas, señalamiento que fue rechazado por autoridades venezolanas por considerarlas «infames».

El lanzamiento de un nuevo informe de la paralela y no reconocida (por Venezuela) Misión Independiente de Determinación de los Hechos, adquiere coherencia en el «timing» de nuevas presiones internacionales en amplia escala y parecen a apuntar a la reedición de la «máxima presión» demostradamente fallida durante la administración Trump. Su continuidad.

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