Nacionales Sociedad

La Constitución, las leyes y el estado de derecho en la República Dominicana

Written by Juan de la Cruz

La primera Constitución Dominicana fue aprobada el 6 de noviembre de 1844 por los constituyentes de todo el país, reunidos en la ciudad de San Cristóbal, y promulgada el 17 de noviembre de ese año por el general Pedro Santana tras imponer el artículo 210 que le daba poderes dictatoriales. Quiero compartir con todos nuestros amigos y todas nuestras amigas una reflexión necesaria sobre la Constitución y el cumplimiento de las leyes para lograr el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho en la República Dominicana.

El concepto de Estado de Derecho que hoy abordamos está directamente relacionado con la noción de contrato social o pacto social que acuñaron los grandes pensadores ilustrados de Ginebra, Francia y Alemania, Juan Jacobo Rousseau, el Barón de Montesquieu e Immanuel Kant, para quienes las leyes constituyen los normas obligadas a que deben someterse todos los seres humanos o ciudadanos en una sociedad determinada, abandonando así el estado natural e instintivo a que estaban acostumbrados hasta entonces para pasar a convivir en un estado civil o jurídico que regula su conducta o niveles de actuación.

Sobre este particular, Juan Jacobo Rousseau (1996: 26-27) expresa:

Este paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia, y dando a sus acciones la moralidad que les faltaba antes”. A esto agrega lo siguiente: “Lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le tienta y que puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee”. Luego Rousseau (1996: 109) indica: “Solo hay una ley que por naturaleza exige un consentimiento unánime. Es el pacto social: porque la asociación civil es el acto más voluntario del mundo; habiendo nacido todo hombre libre y dueño de sí mismo, nadie puede, bajo el pretexto que sea, someterle sin su consentimiento”.

Sobre este mismo asunto, observemos la perspectiva que asume el Barón de Montesquieu (2005, Tomo I: 36), cuando afirma:

Desde el momento en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de su debilidad; la igualdad en que se encontraban antes deja de existir y comienza el estado de guerra. Cada sociedad particular se hace consciente de su fuerza, lo que produce un estado de guerra de nación a nación. Los particulares, dentro de cada sociedad, empiezan a darse cuenta de su fuerza y tratan de volver a su favor las principales ventajas de la sociedad, lo que crea entre ellos un estado de guerra. Estos dos tipos de estado de guerra son el motivo de que se establezcan las leyes entre los hombres. Considerados como habitantes en un planeta tan grande que tiene que abarcar pueblos diferentes, los hombres tienen leyes que rigen las relaciones de estos pueblos entre sí: es el derecho de gentes. Si se les considera como seres que viven en una sociedad que debe mantenerse, tienen leyes que rigen las relaciones entre los gobernantes y los gobernados: es el derecho político. Igualmente tienen leyes que regulan las relaciones existentes entre los ciudadanos: es el derecho civil”.

En tanto que Kant le da un sentido totalmente nuevo al concepto de contrato social cuando entrelaza los conceptos de ley, moral y libertad con la noción de autonomía o arbitrio. Es por ello que nos define de esta forma lo que él entiende por Ley Universal del Derecho:

Obra externamente de tal modo que el uso libre de tu arbitrio pueda coexistir con la libertad de cada uno según una ley universal, ciertamente es una ley que me impone una obligación, pero que no espera en modo alguno, ni menos aún exige, que deba yo mismo restringir mi libertad a esas condiciones por esa obligación, sino que la razón sólo dice que está restringida a ello en su idea y que también puede ser restringido por otros de hecho” (Kant, 2005: 40).

Como se puede observar, el concepto de razón juega un rol trascendente en esta idea del contrato social, pasando los seres humanos a ejercer una postura autonómica o de libre albedrío. Esta concepción implica una clara ausencia de subordinación externa y, en consecuencia, libertad y responsabilidad a la vez. El estado de derecho se funda así en la razón y en la responsabilidad individual de los miembros de la sociedad.

Concepción de Duarte sobre las leyes 

El Padre Fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, tenía un muy elevado concepto de la ley, al entender que nadie, por muy encumbrado que esté, puede ni debe considerarse por encima de la ley. De igual modo, entendía que nadie, por el simple hecho de ser un ciudadano común, puede situarse al margen de las disposiciones legales vigentes. Esto quiere decir que todo acto que ejerza cualquier persona, gobernante o gobernado, Autoridad o Ciudadano, debe hacerlo exclusivamente con arreglo a lo que dispone la ley.

Esto es lo que el filósofo ilustrado francés Juan Jacobo Rousseau denomina bajo el nombre contrato social, el cual permite la convivencia pacífica entre los habitantes de una determinada Nación, donde todos renunciamos a determinadas prerrogativas que nos otorga el derecho natural con el propósito deliberado de ganar otras que propenden a garantizarnos mayor seguridad y estabilidad social, mediante el pacto de asociación entre los ciudadanos.

Duarte asume una postura claramente ilustrada cuando establece que toda ley para ser legítima debe agotar todos los procedimientos que le acuerda la Constitución, para que se precie de ser una legislación como tal y sea acatada y obedecida por todos. En tal sentido, sostiene que la misma debe ser propuesta por una autoridad que esté investida de tal derecho; que sea discutida, aprobada y convertida en ley por el Congreso de la República, así como corregida o ratificada por el Poder Ejecutivo para luego proceder a su posterior promulgación y divulgación entre la ciudadanía. Este procedimiento lleva implícito el reconocimiento de la intervención de los diferentes poderes del Estado en la proposición, aprobación, promulgación y puesta en práctica de cualquier dispositivo legal.

Veamos lo que nos dice Duarte entorno al imperativo de la ley en todos los actos de la vida de los individuos y en las ejecutorias de quienes detentan el poder del Estado; en torno a la Independencia Nacional como única fuente y garantía de las libertades patrias y de la Ley Suprema del Pueblo Dominicano, que es la soberanía absoluta de la República Dominicana en todos los ámbitos, en la Primera Parte de su Proyecto de Ley Fundamental, que lleva por título Constitución del Estado:

“Art. 1.- Ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes”.

“Art. 2.- Para que esta regla merezca el nombre de Ley Dominicana y deba, por tanto, ser acatada y obedecida como tal, es necesario que, en la forma que esta Constitución prescriba, sea: 1ro. Propuesta por autoridad a que ella acuerde este derecho; 2do. Discutida, adoptada y decretada por el Congreso Nacional (de que se hablará más adelante) como se explicará en su lugar; y 3ro. Sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo, según y cómo se establece en esta misma Ley Fundamental”.

“Art. 3.- Los tratados internacionales para que deban ser tenidos por Ley internacional deben, además, y antes de su sanción y promulgación por el Poder Ejecutivo, ser ratificados por el Gran Consejo Nacional de que se hablará después”.

“Art. 4.- Las ordenanzas municipales para que tengan fuerza de ley, en sus respectivos grandes Municipios, deben ser aprobadas por el Congreso Nacional, cual se dirá en la segunda parte de esta Constitución cuando se trate del Fuero Municipal”.

“Art. 5.- Los acuerdos, Reglamentos, etc., de las Autoridades, tanto nacionales como municipales o locales, tendrán fuerza de ley siempre que el dictarlas esté en el círculo de sus atribuciones y no extralimiten sus facultades”.

“Art. 6.- Siendo la Independencia Nacional la fuente y garantía de las libertades Patrias, la Ley Suprema del Pueblo Dominicano, es y será siempre su existencia política como Nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, cual la concibieron los fundadores de nuestra asociación política al decir, (el 16 de Julio de 1838) ‘Dios, Patria y Libertad, República Dominicana’, y fue proclamada el 27 de Febrero de 1844, siendo luego así entendido por todos los pueblos cuyos pronunciamientos confirmamos y ratificamos hoy; declarando, además, que todo gobernante o gobernado que la contraríe, de cualquier modo que sea, se coloca ‘ipso facto’ y por sí mismo fuera de la ley”.

“Art. 7.- Toda ley no declarada irrevocable es derogable, y también reformable en todo o en parte de ella”.

“Art. 8.- Para la derogación de una ley se guardarán los mismos trámites y formalidades que para su formación se hubieren observado”.

“Art. 9.- Toda ley no derogada clara y determinantemente se considera vigente; sin que valga el decir: ‘que ha caducado o caído en desuso’, ley que no haya sido derogada”.

“Art. 10.- La ley no puede ni podrá tener efecto retroactivo”.

“Art. 11.- Ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito; ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que ellas prescriben”.

“Art. 12.- Lo que la ley no prohíbe, ninguna persona, sea o no sea Autoridad, tiene derecho a prohibirlo”.

“Art. 13.- A la voz de ‘a favor de la ley’ todo dominicano, sea o no sea Autoridad Pública, está obligado a acudir al socorro del que invocó ‘el favor de la ley’, so pena de ser castigado por su omisión según y cómo lo dispongan las mismas leyes”.

“Art. 14.- Si el que invocare el favor fuere Agente público todo transeúnte está obligado a prestarle mano fuerte so pena de ser castigado como ya se ha dicho”.

“Art. 15.- La ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e imponer al gobernador la obligación de obedecer, por consiguiente, toda Autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla” (Duarte, 1999: 222-224).

En estos articulados Duarte deja bien claro que la ley es la única fuente que permite que todo mandato esté investido de legitimidad y con arreglo a la Constitución de la República. Al mismo tiempo sostiene que para una ley ser considerada como tal debe llenar todos los requisitos que le acuerda la Carta Magna, entre los cuales destaca: 1ro. Debe ser propuesta por una autoridad a que ella le acuerde este derecho; 2do. Debe ser discutida, adoptada y decretada por el Congreso Nacional y 3ro. Sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo.

De igual modo, Duarte destaca que toda ley que no haya sido declarada irrevocable es derogable, reformable por completo o en algunas de sus partes. Pero que para la derogación de una ley se deben guardar los mismos trámites y formalidades que para su formación se hubieren observado. También sostiene que toda ley no derogada clara y determinantemente se considera vigente, aunque haya caducado o caído en desuso.

A renglón seguido observa que la ley no puede ni podrá tener nunca carácter retroactivo, razón por la cual ningún ciudadano o ciudadana podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito; ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que ellas prescriben. Pero, asimismo, subraya que lo que la ley no prohíbe, ninguna persona, sea o no sea Autoridad, tiene derecho a prohibirlo.

En lo que concierne al Derecho Público Internacional, el patricio Duarte establece que todos los tratados internacionales para que sean tenidos por Ley internacional deben ser ratificados por un Gran Consejo Nacional -que es lo que hoy denominamos Consejo Nacional de Desarrollo, que integran el Presidente de la República y todos/as los/as Ministros/as-, antes de ser sancionados y promulgados por el Poder Ejecutivo.

Breve reseña histórica sobre el estado de derecho en la República Dominicana 

Antes de entrar a examinar la situación actual relacionada con la existencia o no de un Estado de Derecho en la República Dominicana, derivado del cumplimiento estricto de las leyes dominicanas, es necesario tener en cuenta los antecedentes históricos más importantes.

El primer intento de establecer un Estado de Derecho en el país se puso de manifiesto con el licenciado José Núñez de Cáceres, en su DECLARATORIA DE INDEPENDENCIA DEL PUEBLO DOMINICANO del 1 de diciembre de 1821, en la que dejaba constituido formalmente el Estado Independiente de Haití Español, con las siguientes palabras:

“Estamos plenamente convencidos de que para conseguirla y aumentarla, no nos queda otro camino que el de la independencia. Con ella tendremos leyes formadas por nosotros mismos, análogas al genio, educación y costumbres de los pueblos, acomodadas al clima y localidad, y nuestra representación nacional sobre la proporción numérica guardará una perfecta igualdad entre todos los pobladores de estas provincias, y no servirá de alimentar la discordia entre las varias clases, como ha sucedido con las bases establecidas por la Constitución de Cádiz. Arreglaremos el poder judiciario de manera que, ahorrándose tiempo y gastos, no se falte a la buena administración de justicia en lo civil y criminal, ni se saquen los recursos fuera del territorio. Atenderemos con especial cuidado a la educación de la juventud tan abandonada hasta ahora, porque sin ella son ineficaces todos los deseos de pública felicidad. Nos dedicaremos al fomento de la agricultura, de las artes y el comercio, como las únicas y verdaderas fuentes de la riqueza de los pueblos; arreglaremos nuestras rentas sobre el dogma fundamental de no gastar más de lo que tenemos y es compatible con la riqueza territorial: vendrán a nuestros puertos todas las naciones en estado de proveer a nuestras necesidades y de dar estimación y salida a los frutos del país; en lugar que la España, a más de carecer de los principales de nuestro consumo, nunca ha sabido negociar de otro modo que a beneficio de la exclusiva y con las sordideces del monopolio, que como hijo legítimo, nace y se deriva de aquel absurdo principio. Todo, en fin, lo tendremos en casa y nada saldremos a buscar a mil trescientas leguas de distancia, donde no se ven nuestras necesidades, ni puede haber interés en remediar al tamaño de la urgencia” (Vega, 2010: 178-179).

En ese texto se deja ver con meridiana claridad la decisión de los sectores independentistas de romper radicalmente con los lazos de dependencia que nos ataban a España en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social y en lo cultural. Al mismo tiempo se avanzan algunos elementos que contribuirían a la creación de una nueva institucionalidad sustentadas en leyes que surjan de la realidad nacional y local, basadas en el genio, la educación y costumbres de los diferentes pueblos del nuevo Estado, donde no se incentiven las discordias entre las diferentes clases sociales. Aquí se privilegia la educación de la juventud y se le otorga un lugar especial a la agricultura, a las artes y al comercio, como las principales fuentes de riqueza de los pueblos. De igual manera, se plantea romper con el monopolio comercial que instituyó España en sus colonias y abrir sus puertos a todas las naciones que apreciaran nuestros frutos y estuvieran dispuestas a satisfacer nuestras necesidades.

Más adelante, en la DECLARATORIA DE INDEPENDENCIA suscrita por José Núñez de Cáceres, en calidad de presidente; Manuel Carvajal, Juan Vicente Moscoso, Antonio Martínez Valdés, Juan Nepomuceno de Arredondo, Juan Ruiz y Vicente Mancebo como miembros, así como Manuel López de Umeres, como Secretario, se consigna:

Declaramos y solemnemente publicamos, que la parte española de la Isla de Haití, queda desde este día constituida en un Estado libre e independiente: que el buen Pueblo Dominicano ni ahora, ni en adelante, ni nunca se someterá a las leyes y gobierno de España, considerándose absuelto toda obligación de fidelidad y obediencia: que revestido de la dignidad y el carácter de nación soberana, tiene un pleno poder y facultades para establecer la forma de gobierno que mejor le convenga, contraer alianzas, declarar la guerra, concluir la paz, ajustar tratados de comercio y celebrar los demás actos, transacciones y convenios que pueden por derecho los demás pueblos libres e independientes; y que si la España reconociere y aprobare esta declaratoria será habida y reputada como amiga; pero si la impugnare o por cualquier vía y modo pretendiere estorbar nuestras instituciones y la marcha del nuevo gobierno en que vamos a entrar, sabremos defenderlo con nuestras vidas, fortuna y honor. Viva la Patria, viva la Independencia, viva la Unión de Colombia” (Vega, 2010: 181).

En este párrafo se le denomina Pueblo Dominicano a los habitantes de la parte española de la Isla de Haití o de Santo Domingo, donde se habla claramente de la constitución del nuevo Estado Independiente de Haití Español, liberado de toda tutela, fidelidad y obediencia a la metrópolis España. Aquí se establece que el nuevo Estado está investido de dignidad y soberanía plena para poder establecer su propia forma de gobierno, al tiempo de estar en libertad de contraer alianzas, tratados de comercio, actos, transacciones y convenios como toda nación libre e independiente, el cual defenderían con sus vidas, fortuna y honor. En este texto se consigna la simpatía del nuevo Estado con la Gran Colombia que en América del Sur presidía el gigante Simón Bolívar.

Otro momento importante en la configuración de un Estado de Derecho en la República Dominicana lo constituye el documento MANIFESTACIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA PARTE ESTE DE LA ISLA ANTES ESPAÑOLA O DE SANTO DOMINGO, SOBRE LAS CAUSAS DE SU SEPARACIÓN DE LA REPÚBLICA HAITIANA, mejor conocido como Acta de Separación Dominicana del 16 de enero de 1844, apenas un mes y once días antes de la Independencia Nacional del 27 de febrero de 1844. Veamos algunos párrafos claves:

Los pueblos de la parte antes Española de la Isla de Santo Domingo, satisfechos de que, en veinte y dos años de agregación a la República Haitiana, no han podido sacar ninguna ventaja; antes, al contrario, se han arruinado, se han empobrecido, se han degradado, y han sido tratados del modo más bajo y abyecto, han resuelto separarse para siempre de la República Haitiana, para proveer a su seguridad, y conservación, constituyéndose bajo sus antiguos límites, en un Estado libre y soberano. En el cual, y bajo sus leyes fundamentales, protegerá y garantizará el sistema democrático: la Libertad de los ciudadanos, aboliendo para siempre la esclavitud: la igualdad de los derechos civiles y políticos sin atender a las distinciones de origen ni de nacimiento: las propiedades serán inviolables y sagradas: La Religión Católica, Apostólica y Romana será protegida en todo su esplendor como la del Estado; pero ninguno será perseguido ni castigado por sus opiniones religiosas: La libertad de la imprenta será protegida: la responsabilidad de los funcionarios públicos será asegurada: no habrá confiscaciones de bienes por crímenes y delitos: la instrucción pública será promovida y protegida a expensas del Estado: se reducirán los derechos a lo mínimo posible: habrá un entero olvido de votos y opiniones políticas emitidas hasta esta fecha, con tal que los individuos se adhieran de buena fe al nuevo sistema. Los grados y empleos militares serán conservados bajo las reglas que se establezcan. La agricultura, el comercio, las ciencias y las artes serán igualmente promovidas y protegidas: Lo mismo que el estado de las personas nacidas en nuestro suelo, o las de extraños que vengan a habitar en él con arreglo a las leyes. Por último, se procurará emitir, tan pronto como sea posible, una moneda con una garantía real y verdadera, sin que el público pierda la que tenga del cuño de Haití” (Vega, 2010: 216-217).

En este documento se esbozan en términos generales las prioridades fundamentales del nuevo Estado, siempre en correspondencia con el conjunto de normas y acciones que garanticen los derechos básicos de los ciudadanos en un marco de democracia, participación y bienestar para la colectividad.

Pero es en el Proyecto de Constitución de Duarte, denominado por el patricio Proyecto de Ley Fundamental, elaborado en 1844 tras su regreso del exilio, donde se esboza por primera vez un verdadero Estado de Derecho en la República Dominicana, en la medida en que le otorga a la Ley el rol fundamental y aboga por el establecimiento de un país libre e independiente de toda dominación extranjera, sin ninguna distinción social, económica, cultural, de raza o religión entre las personas y donde todas sean consideradas como entes iguales ante la ley.

De igual manera, se condena toda forma de despotismo, al tiempo que se postula la necesidad de la construcción de un sistema democrático representativo, donde prime la división de poderes y los principios republicanos de la soberanía popular, del sufragio universal, de la libertad de prensa y el respeto a las libertades individuales y a los derechos sociales de los seres humanos, como el respeto a la preservación de la vida, a la dignidad y al honor de las personas, a la libertad de pensamiento, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la libertad de cultos y a la propiedad privada, entre otros.

Asimismo, se plantea el establecimiento de cuatro poderes básicos para regir los destinos de la República Dominicana: Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, siguiendo los preceptos ilustrados de la división e independencia plena de los poderes públicos.

A tono con lo expresado, observemos lo que planteó Duarte (1999: 228) en su Proyecto de Ley Fundamental sobre un conjunto de aspectos indisolublemente relacionados con el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho en la República Dominicana, al expresar:

– “Una vez de promulgada la ley en los lugares respectivos se supone sabida de todos y es, por tanto, obligatoria para todos”.

– “Se prohíbe recompensar al delator y al traidor por más que agrade la traición y aun cuando haya justos motivos para agradecer la delación”.

– “La ley, salvo las restricciones del derecho, debe ser conservadora y protectora de la vida, libertad, honor y propiedades del individuo”.

– “Cuando por efecto de una ley de reconocida utilidad pública, le redundare a un tercero daño o perjuicio, la equidad natural ordena que se le acuerde y se le acordará una indemnización que recompense el daño redundado”.

– “Ninguno podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley”.

– “Ningún poder de la tierra es ilimitado, etc., ni el de la ley tampoco”.

– “Todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y ésta por la justicia, la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca”.

– “Toda ley supone una autoridad de donde emana y la causa eficiente y radical de ésta es, por derecho inherente esencial al pueblo e imprescriptible de su soberanía, en virtud de cuyos poderes sus Delegados reunidos en Congreso o Asamblea Legislativa establecen la regla que viene a llamarse ley”.

Todo lo anterior refleja el gran respeto que tenía Duarte por el Estado de Derecho, siempre que tuviera basado en el cumplimiento irrestricto de la ley y ésta a su vez fundamentada en el sano principio de la justicia, que otorga a cada quien lo que por buen derecho le corresponde. Esto significa que una vez se publica una determinada ley, corresponde a todos los ciudadanos dominicanos cumplirla de forma obligatoria.

Al mismo tiempo partió del principio de que ningún poder sobre la tierra es ilimitado, razón por la cual establece que tampoco lo es el imperio de la ley. Con este postulado Duarte subrayó con bastante claridad que estaba opuesto a todo tipo de dictadura o tiranía, al tiempo que postulaba que la misma ley es también falible, razón por la cual era del parecer que debía ser revisada periódicamente y derogada o reformada si las circunstancias económicas, sociales, políticas o culturales del país o del mundo así lo aconsejaban.

En otro orden, el patricio Duarte entendía que la ley debía estar orientada esencialmente a la conservación y protección de la vida, a la preservación de la libertad en todas sus manifestaciones, al mantenimiento del honor de las personas contra cualquier forma de difamación e injuria, así como el respeto irrestricto de las propiedades de los individuos. Esto revela la perspectiva amplia y el alto sentido humanitario de que estaba imbuido el liberalismo político, económico y filosófico que siempre profesó el Fundador de la República Dominicana.

También manifestó, con suma claridad, que toda ley de reconocida utilidad pública que afecte o dañe a un tercero, por un asunto de equidad natural obliga al Estado dominicano a otorgarle a la persona afectada una indemnización que le compense el daño ocasionado.

El Patricio sostuvo que nadie puede ser juzgado por causas civiles ni criminales, por comisión alguna, que no sea el tribunal competente definido por la ley. Pero fue igualmente enérgico cuando indicó que se prohíbe recompensar al delator y al traidor por más que agrade la traición, aun cuando haya justos motivos para agradecer la delación, con lo cual deja ver claramente que desde el Estado no se puede promover la práctica perniciosa de la delación o el chivateo, porque esto podría contribuir indefectiblemente a la degradación moral de toda la sociedad.

Por último, Duarte acentúa como un aspecto nodal de su concepción constitucionalista liberal el que toda ley emana de la autoridad delegada que el pueblo y su perenne soberanía les otorgan a los legisladores reunidos en lo que denomina el Congreso Nacional.

La Constitución firmada el 6 de noviembre de 1844 por los constituyentes de San Cristóbal y promulgada el 17 de noviembre de 1844 por el general Pedro Santana, no daba cuenta de la existencia de un Estado de Derecho en la República Dominicana, sino de un Estado despótico, ya que al Presidente de la República de entonces, general Pedro Santana, se les otorgaron poderes absolutos, de conformidad con la imposición que hizo a la Constituyente de San Cristóbal del artículo 210, que reza:

Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el Presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales, y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la Nación; pudiendo en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna” (Rodríguez Demorizi, 1980: 206).

Es la Constitución de Moca, aprobada el 19 de febrero de 1858, donde se retoman los principios democráticos postulados por el patricio Juan Pablo Duarte, al establecer un gobierno democrático, civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, donde todo ciudadano con derecho a votar podía hacerlo directa y secretamente; al consagrar las libertades ciudadanas en todas sus expresiones y formas, como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de tránsito y la libertad de asociación o reunión pacífica; al abolir la pena de muerte por razones políticas; al prohibir la  reelección presidencial en forma sucesiva, entre otros importantes postulados.

En virtud de la Constitución de Moca, fue instaurado por primera vez el Poder Municipal postulado por Duarte en su Proyecto de Ley Fundamental, al tiempo que las Fuerzas Armadas fueron declaradas obedientes al poder civil, sin facultades para deliberar y con la única función de defender la soberanía nacional, el orden público, así como observar y cumplir la Constitución y las leyes. Además, los gobernadores de provincias no podían ser los comandantes de armas como se disponía hasta el 19 de febrero de 1858. Y se instituyó la ciudad de Santiago de los Caballeros como capital de la República Dominicana.

Otra constitución en que se garantizó un verdadero Estado de Derecho en la República Dominicana fue en la formulada en 1880, durante el gobierno provisional del general Gregorio Luperón, donde se instituyó un régimen democrático donde se respetaron ampliamente las libertades públicas, como la libertad de pensamiento, expresión, tránsito y asociación, se prohibió la reelección presidencial consecutiva, se restableció el sufragio universal popular, se le otorgó a la educación y a la cultura un rol preponderante, se estimuló la migración progresista que estuviera en capacidad de invertir o hacer producir las tierras vírgenes de que disponía el país, entre otros aspectos importantes para el desarrollo de la Nación Dominicana.

La constitución del siglo XX más progresista y garantista del Estado de Derecho en la República Dominicana lo fue la Constitución de 1963, puesta en vigencia en el marco del Gobierno Constitucional del profesor Juan Bosch, donde se consigna que el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana, cuyo gobierno es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, el cual se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

Los principios en que se fundamentaba esta Constitución eran: Proteger la dignidad humana, al tiempo de promover y garan­tizar su respeto; propender a la eliminación de los obstáculos de or­den económico y social que limiten la igualdad y la libertad de los dominicanos y se opongan al desarrollo de la perso­nalidad humana, a la electiva participación de todos en la organización política, económica y social del país; así como propiciar el desarrollo armónico de la sociedad dentro de los principios normativos de la ética social.

De igual modo, establecía que la existencia de la nación dominicana se fun­damentaba principalmente en el trabajo, base primordial de su organización social, política y eco­nómica; se lo concebía como obligación ineludible para todos los dominicanos aptos y se reconoce la obligación del Estado a propiciar y garantizar las condiciones indispensables para hacer efectivo el ejerci­cio de este derecho; era deber de todo ciudadano desarrollar, por su pro­pia elección y según sus propias posibilidades, una activi­dad o una función que contribuyera al progreso material o espiritual de la sociedad; al tiempo que se declaraban calamidades públicas la vagancia, la mendicidad y cualquier otro vicio social que atentara contra la consagración del trabajo como fundamento principal de la existencia de la nación. En ese orden, se declaraba libre la iniciativa económica priva­da, siempre que no se ejerciera en perjui­cio de la seguridad, la libertad o la dignidad humana. Al mismo tiempo se establecía como norma general que la propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado.

Un aspecto muy importante consignado en el artículo 5 de la Constitución del 29 de abril de 1963 era aquel que reza:

Se declaran delitos contra el pueblo los actos realizados por quienes, para su provecho personal, sustrai­gan fondos públicos o, prevaliéndose de sus posiciones den­tro de los organismos del Estado, sus dependencias o entida­des autónomas, obtengan ventajas económicas ilícitas. Incurrirán en los mismos delitos las personas que, des­de las mismas posiciones, hayan proporcionado deliberada­mente ventajas a sus asociados, familiares, allegados, ami­gos y relacionados. A los convictos de tales delitos les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de Degradación Cívica, la cual organizará la ley; además, se les exigirá la restitución de lo ilícitamente apropiado”.

Asimismo, en los artículos del 6 al 9 se recogen los puntos de vistas del patricio Duarte en relación con el cumplimiento efectivo de la ley para la existencia de un verdadero Estado de Derecho, cuando se establece: A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe; serán nulos de pleno derecho toda ley, decre­to, reglamento y actos contrarios a la presente Constitución; toda autoridad usurpada es ineficaz y sus ac­tos son nulos; toda decisión acordada por la requisición de las Fuerzas Armadas, es nula; las leyes no tienen efecto retroactivo, sino en el caso de que sean favorables al que esté subjúdice, o cumpliendo condena.

En varios articulados se instituyó que la organización sindical es libre; se consagraba la libertad de trabajo; se establecía que a igual trabajo corresponde igual salario, sin discriminación de sexo, edad o estado; se reconocía el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro, excepto en los servicios públicos; el Estado reconocía y garantizaba el derecho de propiedad, el que debe servir al progreso y bienestar del conglomerado; la expropiación podía tener lugar por causa de interés social mediante el procedimiento que estableciera la ley; se declaraba contrario al interés colectivo la propiedad o posesión de tierras en cantidad excesiva por parte de personas o entidades privadas, por lo cual se prohibieron los latifundios de particulares, sea cual fuere la forma en que éstos se hubiesen originado; se declaraba el minifundio como antieconómi­co y antisocial; se declaraba que solamente las personas físi­cas dominicanas tenían derecho a adquirir la propiedad de la tierra y sólo el Congreso podía autorizar median­te ley, cuando así convenga al interés nacional, la adquisi­ción de terrenos en las zonas urbanas por personas extran­jeras.

En la Constitución de 1963 también se declaraba de alto interés público el que cada familia tuviese una vivienda; el establecimiento de cada hogar dominicano en terreno y mejoras propios; el fundo y hogar que servían de asiento a la familia eran inalienables e inembargables; se consagraba en favor de cada familia cam­pesina desprovista o insuficientemente provista de tierra, el derecho a ser dotada de la misma, mediante parcelas de extensión proporcionada a las condiciones del terreno y a sus necesidades y capacidad de trabajo, suministrándole los medios adecuados para asegurar el progreso económico y social de la comunidad; quedaban prohibidos los monopolios en favor de los particulares y se instituyó como un deber del Estado garantizar a los agricultores un mercado seguro y ventajoso; el Estado concedería las autorizaciones que considerara necesarias para crear puertos y zonas libres y para ofrecer exenciones tributarias que favorecieran el desarrollo industrial del país.

En el ámbito educativo, se reconocía el derecho de todos los dominicanos a la educación y se establecía la obligación del Estado de tomar medidas necesarias para garantizar su cabal ejercicio; se declaraba de interés social la erradicación definitiva del analfabetismo; se garantizaba la libertad de enseñanza y se amaba la ciencia como fundamento básico de la educación; por su trascendencia social, el magisterio quedaba erigido en función pública, razón por la cual los Poderes Públicos se hacían responsables de la elevación del nivel de vida de cada maestro, de proporcionarle los medios necesarios para el perfeccionamiento de sus conocimientos, así como de la tutela y salvaguarda de su dignidad, de manera que éste pudiera consagrarse al ejercicio de su elevada misión sin presiones económicas, morales, religiosas o políticas; el Estado proporcionaría, gratuitamente, a to­dos los habitantes del territorio nacional, las enseñanzas primaria y secundaria; la enseñanza primaria se declaró obligatoria para todos los residentes en el país en las diferentes edades;  el Estado propiciará la difusión y el auge de la enseñanza universitaria, profesional, vocacional y técnica para los obreros y campesinos.

En el área de la salud se planteaba que el Estado debe velar por la conservación y protección de la salud del individuo y de la sociedad, como uno de los derechos fundamentales de éstos; que los indigentes y carentes de recursos suficientes reci­birían, en los centros de salud del Estado, tratamiento mé­dico gratuito; que era deber básico del Estado velar porque el pueblo disfrutase de una alimentación nutritiva y abundante, obtenida a bajo costo, para lo cual el Estado actuaría con la mayor eficacia para que en todo momento, los artículos de primera necesidad fuesen adquiridos a precios equitativos; en determinados casos, cuando a la baja de los precios de los artículos necesarios para la buena nutri­ción y el bienestar del pueblo se opusiera el interés fiscal del Estado, éste renunciará a sus beneficios y tribulaciones en provecho de la salud del conglomerado.

En el ámbito de los derechos humanos, se consagraba la inviolabilidad de la vida, razón por lo cual no podrá establecerse la pena de muerte ni cualquier otra que implique pérdida de la integridad física del individuo; se declaraba inviolable la libertad personal y se consideraba arbitraria e ilegal toda forma de detención, inspección o registro personal que no emanara de la autoridad competente, actuando únicamente en los casos y en las formas que establecía la ley; se consignaba que la libertad de creencia y de conciencia y la libertad de profesión religiosa e ideológica son inviolables, profesión de todas las religiones y el ejercicio de todos los cultos tendrían como única limitación el respeto a la moral, el orden público o a las buenas costumbres.

En el ámbito judicial se establecía que todos los habitantes del territorio dominicano podían actuar en justicia para salvaguardar y defender sus propios derechos y sus legítimos intereses; la administración de la justicia era gratuita; nadie podía ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito; toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de los casos expre­sos por las leyes, sería puesta inmediatamente en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona; la Ley de Hábeas Corpus determinaría la manera de proceder sumariamente en estos casos; toda persona privada de su libertad sería sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención, o puesta en libertad; todo arresto se dejaría sin efecto o se elevaría a prisión dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido sometido el arrestado a la autoridad judicial competente, debiendo notificarse al interesado, dentro del mismo plazo, la providencia que al efecto se dictare; nadie podía ser juzgado sin haber sido oído y sin ser debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establecía la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa; nadie podía ser juzgado dos veces por una misma causa, ni obligado a declarar contra sí mismo; ningún dominicano podía ser expulsado del país, y la deportación o expulsión de cualquier extranjero del territorio dominicano, sólo tendría lugar en virtud de sentencia dictada por tribunal competente, previo el cumplimiento de las formalidades legales.

En lo relativo a los derechos sociales y políticos, se le reconocía a todos los ciudadanos el derecho de asociarse en partidos políticos, los cuales pueden constituirse libremente, sin otro requisito que el de organizarse para fines pacíficos y democráticos; todos los habitantes del territorio nacional tenían el derecho de constituir asociaciones y sociedades; se establecía la inviolabilidad del domicilio y se prohibía el registro o allanamiento ejecutado sin una orden de la au­toridad judicial competente, pero sólo en horarios diurnos; toda persona podría, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante pala­bras, escritos o cualquier otro medio de expresión gráfico u oral, siempre que el pensamiento no sea atentatorio a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, casos en los cuales se le impondrían las sanciones dictadas por las leyes; se prohibía todo anónimo y propaganda de guerra o que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho de análisis o crítica de los preceptos legales.

En el ámbito de los medios de comunicación se establecía que la prensa no puede ser sometida a ninguna especie de coacción o censura; se instituyó la libertad de imprenta, a la que sólo se le imponía como únicos límites el res­peto a la vida privada, a la moral, a la paz pública y a las buenas costumbres; se declararon como inviolables la correspondencia y demás documentos privados, los cuales no podían ser ocu­pados ni registrados sino mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justi­cia; era inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica; se consagraba la libertad de tránsito, lo que implica que todo habitante de la República tenía derecho a salir del territorio y a entrar en el mismo: a viajar y cam­biar su residencia sin necesidad de autorización, salvocon­ducto, pasaporte u otro requisito, siempre y cuando lleve consigo sus documentos de identificación; los habitantes de la República tenían el de­recho de reunirse pacíficamente para todos los fines lícitos de la vida, sin otra limitación que la necesaria para asegurar el mantenimiento del orden público.

En el plano de la soberanía de la República, se establecía claramente que la soberanía residía inmanentemente en el pueblo y se ejercía por intermedio de los poderes reconocidos por esa Constitución; se consignaba que la injerencia de los extranjeros en los asuntos políticos del país era lesiva a la soberanía del Estado y que los dominicanos que invocaran gobiernos o fuerzas militares extrañas para la solución de las disputas internas, serían declarados violadores de la soberanía nacional y les serán aplicables las penas que la ley estableciera; otros aspectos que recoge son las funciones del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; el régimen del Distrito Nacional y los Municipios; las provincias; las Asambleas Electorales; las Fuerzas Armadas; Disposiciones Generales y las Reformas Constitucionales.

La Constitución de 1858 y la Constitución de 1963 hasta el momento han sido las constituciones más liberales y consignadores de derechos y prerrogativas ciudadanas de todas las que hemos tenido en los 173 años de vida republicana. El único elemento que habría que objetar en la Constitución de 1858 es que a las mujeres no se les consignaban iguales derechos que a los hombres.

Es importante destacar que la mayor parte de las constituciones que han regido la vida institucional de la República Dominicana desde la fundación de la República Dominicana hasta el presente, salvo las raras excepciones que hemos destacado en esta exposición, han mantenido, aunque con otros números y otros términos, la esencia del artículo 210 estatuido por el general Pedro Santana en la Constitución de San Cristóbal de 1844. El Dr. Joaquín Balaguer, a partir de la Constitución de 1966 incluyó el artículo 55 que le otorgaba plenos poderes como Presidente de la República, el cual mantuvieron los diferentes gobernantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y los diferentes gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hasta que se hizo la reforma constitucional del 26 de enero del 2010, con su modificación del 2015, donde los legisladores derogaron ese articulado, ya que vulneraba en los hechos todo intento de establecer una sociedad democrática donde prevaleciera un Estado Social y Político Democrático de Derecho.

El estado social y democrático de derecho en la Constitución dominicana actual 

La Constitución Dominicana aprobada el 26 de enero del 2010 y su modificación en junio del 2015 instituyen como parte de sus artículos 7 y 8 el Estado Social y Democrático de Derecho.  En el primero de ellos se consigna:

La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”. Mientras que en el segundo se dice: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

El PREÁMBULO de esta Constitución es al mismo tiempo una síntesis de la divinidad y los hombres y mujeres que la inspiraron, así como del contenido que se desarrolla a lo largo de sus páginas. Veamos:

Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente CONSTITUCIÓN”.

En sus primeros artículos se expresa que el pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana, cuya soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.

De igual modo se estatuye que la soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.

El gobierno de la Nación dominicana se define como esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Los poderes del Estado dominicano son: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, cada uno de los cuales es independiente en el ejercicio de sus funciones con respecto a los demás.

La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

Los principales derechos consignados en esta Constitución son:

  1. Derechos de ciudadanía de elegir y ser elegible, decidir mediante referendo, ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes; formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto y denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.
  2. Derechos civiles y políticos: Derecho a la vida, dignidad humana, derecho a la igualdad, derecho a la libertad y seguridad personal, prohibición de la esclavitud, servidumbre y trata de personas, derecho a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad y el honor personal, libertad de conciencia y de cultos, libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión e información.
  3. Derechos económicos y sociales: Libertad de empresa, derecho de propiedad, derecho a la propiedad intelectual, derecho del consumidor, seguridad alimentaria, derechos de la familia, protección a las personas menores de edad, protección a las personas de la tercera edad, protección a las personas con discapacidad, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho al trabajo y derecho a la educación.
  4. Derechos culturales y deportivos: Derecho a la cultura y derecho al deporte.
  5. Derechos colectivos y difusos: La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; la protección del medio ambiente; la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.
  6. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: 1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza; 2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad; 3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado; 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.

Posteriormente,  se definen las funciones principales de los tres poderes del Estado y los diferentes órganos que los integran, así como también se establece quienes están facultados para el sometimiento de iniciativa de ley: 1) Los senadores o senadoras y los diputados o diputadas; 2) El Presidente de la República; 3) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales; 4) La Junta Central Electoral en asuntos electorales y 5) Iniciativa legislativa popular, mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional.

En esta constitución hay varias figuras nuevas que no estaban en anteriores constituciones, como son:

  1. El Estatuto de la Función Pública. Es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones.
  2. Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia: 1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico; 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados; 3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente; 4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita; 5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo.
  3. Tribunal Constitucional. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo; 3) Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4) Cualquier otra materia que disponga la ley.
  4. El Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se debe de manera exclusiva al mandato de esta Constitución y las leyes. La función esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.
  5. Las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condiciones: 1) No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada; 2) Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara.
  6. Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Párrafo I.- La Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los sesenta días siguientes a su recepción formal. Párrafo II.- La aprobación de las reformas a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de éstos exceda del treinta por ciento (30%) del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el Registro Electoral, sumados los votantes que se expresen por “SÍ” o por “NO”. Párrafo III.- Si el resultado del referendo fuere afirmativo, la reforma será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional Revisora.
  7. Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. El Tribunal estará integrado por no menos de tres y no más de cinco jueces electorales y sus suplentes, designados por un período de cuatro años por el Consejo Nacional de la Magistratura, quien indicará cuál de entre ellos ocupará la presidencia.
  8. Consejo Económico y Social. La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley.

En términos teóricos la Constitución del 2010 y sus modificaciones en el 2015, es una Constitución que garantiza el Estado de Derecho en la República Dominicana. Sin embargo, en términos prácticos se puede afirmar que no hay una real independencia de Poderes, por cuanto tanto el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las Altas Cortes, entre las que destacan la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, así como el Defensor del Pueblo, los poderes locales y las instituciones autónomas y descentralizadas, dependen directamente y totalmente de los dictámenes y de los recursos que le otorga el Poder Ejecutivo, lo que se constituye en una vía de sujeción y sumisión al Poder Central, en relación con el cumplimiento cabal de las funciones que les otorgan la Carta Magna, los diferentes códigos y las demás leyes adjetivas.

El Poder Judicial no puede garantizar el ejercicio de una justicia sana, imparcial y transparente en el marco de la mendicidad en que ejerce su función la mayor parte de los actores que lo integran. El panorama que se nos revela es que los jueces, los fiscales y todo el personal civil, policial y militar relacionado con esta instancia tan esencial en un Estado de Derecho para garantizar el cumplimiento estricto de la ley en todos los ámbitos, no pueden ejercer su función con la dignidad y el decoro requeridos. Esto ha contribuido a que se surjan mafias o clanes mafiosos desde las más altas instancias del Poder Judicial, como el Consejo del Poder Judicial, las Cortes de apelación, los tribunales de Primera Instancia, los juzgados de paz y hasta los tribunales contenciosos-administrativos para vender sentencias al mejor postor.

Para que exista un verdadero Estado de Derecho en la República Dominicana, donde se cumplan cabalmente todas las leyes, es necesario despolitizar y despartidarizar la Justicia, establecer constitucionalmente un Ministerio Público Independiente, instituir los ascensos en función de la meritocracia acumulada, al tiempo de proceder a dignificar los sueldos de todos los actores involucrados en el sistema judicial, para de esa forma reducir a su mínima expresión el mercado de sentencia en que se ha convertido la Justicia Dominicana. Sólo así los funcionarios corruptos, los legisladores amparados en inmunidades compradas, los narcotraficantes, los empresarios evasores de impuestos y los criminales de toda laya, lo pensarán más de dos veces antes de intentar comprar las íntimas convicciones de los jueces y de los fiscales.

Si todos los dominicanos elevamos nuestros niveles de conciencia ciudadana, cumplimos con nuestros deberes cívicos y patrióticos, respetamos los derechos de nuestros conciudadanos, observamos el cumplimiento efectivo de todas nuestras leyes y reclamamos por la vía pacífica todos nuestros derechos, podríamos tener una República Dominicana mucho mejor.

Contrario a lo que pudiera pensarse, el Pueblo Dominicano ha venido despertando del largo letargo en que estaba sumido y de más en más va demostrando que está comprendiendo la importancia que tiene la educación y la salud para el desarrollo del país, a través de la lucha del 4% del PIB para la educación pública, el 5% del presupuesto para la UASD y el 5% del PIB para el sector salud; que está empoderado y firme en la lucha contra la corrupción venga de donde venga, como lo ha demostrado ante algunos ex presidentes, ante ex funcionarios que han ido a las instituciones del Estado a disponer a su antojo del erario público para beneficio propio y de sus allegados y ante legisladores que han comprado por varios millones de pesos una franquicia en el Congreso Nacional para garantizarse al mismo tiempo la inmunidad y la impunidad; que está enfrentando a los poderosos nativos y a los emporios extranjeros, como la Falcombridge y la Barry Gold, para evitar que enajenen nuestras reservas naturales para explotarlas en términos agrícola y minera, como Los Haitises, Loma Blanco, Loma Miranda y Valle Nuevo; que está dispuesto a lograr la recuperación de nuestros paraísos turísticos, como Bahía de las Águilas, Samaná y otros, que estaban y están en manos de particulares.

En estas luchas, son los jóvenes quienes han jugado un rol más activo a través del uso masivo de las redes sociales, como WhatsApp, Facebook, Google +, Twitter e Instagram; de las cadenas humanas, caminatas y concentraciones; del uso de simbologías alusivas a las diferentes luchas, como las sombrillas amarillas, las camisetas verdes, las gorras azules, así como las grandes manifestaciones realizadas frente a la Plaza de la Bandera para rechazar el intento de fraude de las elecciones municipales y congresuales del mes de febrero del 2020. Estas acciones de la juventud han echado por el suelo la percepción errada de que la mayor parte de los jóvenes de estos tiempos viven en la luna y no aterrizan en su realidad social.

Esto demuestra que nuestro patricio Juan Pablo Duarte no se equivocó cuando constituyó la Sociedad Secreta La Trinitaria junto a ocho jóvenes que oscilaban entre 18 y 25 años para lograr la Independencia Nacional y cuando en sus últimos años seguía confiando en la juventud para que completara la obra que había dejado inconclusa, cuando dijo:

Seguid jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra independencia nacional, única garantía de nuestras libertades patrias”.

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Juan de la Cruz

Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

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