Nacionales Politica

Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad (11)

Written by Debate Plural

Guillermo Moreno (D. Libre, 14-6-21)

 

PUNTA CATALINA. El Procurador General, Jean Alain Rodríguez, no incluyó en la investigación penal de Odebrecht la termoeléctrica Punta Catalina a pesar de ser la obra de mayor costo y las más sobrevaluada.

LA LICITACIÓN. La manipulación de la licitación de esta obra queda evidenciada en los testimonios de dos miembros del comité de licitación quienes precisamente a causa de las irregularidades no firmaron el acto de adjudicación a Odebrecht. Me refiero al Lic. Isidoro Santana quien expresó: “Nunca llegaron a leer el informe de evaluación técnica, sino que se les hizo una presentación en ‘Power Point’ en donde todas las empresas participantes quedaron descalificadas y solo quedó una empresa que resultó ser el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella…” Señaló: “…en la etapa final comenzó a tener la percepción de cierta inclinación a favor del consorcio que ganó la licitación”. (Véase Informe Comisión pp. 157-158). El otro testimonio corresponde al Ing. Ramón Flores, quien expresó que “no le gustó la actitud de dos técnicos de la consultora Stanley. Percibió que estaban prejuiciados,” y agrega que “se convoca a una reunión, para recoger informes a los fines de preparar una decisión, pero cuando llegamos y me dicen que todo está bien, como queriendo decir que ya se acabó el proceso y yo sorprendido, cuando me dicen que todo está bien, se generó una breve discusión, sobre si se debía discutir o no, porque ya se entendía que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella había ganado”. (Ibidem pp. 159-161).

LA SOBREVALUACIÓN. Reputados profesionales en materia eléctrica han demostrado que la obra fue altamente sobrevaluada. El Ing. José Luis Moreno San Juan afirmó: “El costo base de una planta con la capacidad de Punta Catalina puede andar por los US$1,000 millones, a los que se agregaría un 58% para mitigar los impactos ambientales y una serie de imprevistos, con lo cual podría elevarse a US$1,500 millones.” Es decir, que la sobrevaluación de la obra como mínimo estuvo por encima de los US$500 millones. Por su parte, el Ing. Antonio Almonte expresó que “la sobrevaluación del contrato suscrito entre el Gobierno y la firma brasileña Odebrecht, para la construcción de las plantas de Punta Catalina, asciende a por lo menos US$600 millones y sus costos son superiores en un 62.6% a lo que costarían plantas norteamericanas de referencia.”

NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN. Danilo Medina se abrogó la facultad de nombrar una comisión para “la investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central Termoeléctrica Punta Catalina” en violación de la Constitución y de la ley procesal penal que determinan que el ministerio público es el funcionario a quien compete exclusivamente la dirección de la investigación penal. El nombramiento de la comisión en sí mismo fue un acto de obstrucción de la Justicia por el presidente de la República y una franca usurpación de funciones. Además, varios de los miembros de la comisión tenían serios conflictos de intereses. El resultado de los trabajos de la comisión a nadie sorprendió: Ni encontraron sobornos, ni sobrevaluación, ni conductas delictuosas y, evidentemente, no recomendaron la rescisión del contrato y mucho menos la inhabilitación de la empresa delincuente.

FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES. Esta actividad ilícita tampoco fue investigada por el Ministerio Público a pesar de ser uno de los modus operandi de Odebrecht. El ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, en entrevista concedida al diario El País (28.07.2017) ante la pregunta “¿Y cómo se aproximaba (Odebrecht) al poder?”, respondió: “El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario Joao Santana… La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno.”

Temístocles Montás, miembro del Comité Central y del Comité Político del PLD y varias veces ministro, en carta pública del 1º.06.2017, confesó: “He recibido apoyo financiero de parte de múltiples empresarios dominicanos para contribuir a las campañas electorales de mi partido, entre los cuales estuvo el señor Ángel Rondón. (…) Esos aportes fueron hechos en el año 2008, 2012 y 2016…”. Para el presidente Medina repostularse en las elecciones de 2016 hubo de modificarse la Constitución. Fernando Fernández, ex funcionario de su gobierno y miembro del Comité Central del PLD reveló (programa Amanecer de Antena Latina 7, en enero de 2017) que esa modificación fue comprada con dinero de Odebrecht. Por otra parte, el destacado periodista dominicano Juan Bolívar Díaz sintetizó (Hoy,20.07.2017. Pag.12-A) la denuncia hecha por varias organizaciones sociales sobre el financiamiento ilícito de la campaña de Danilo Medina: “Hubo una transferencia de US$4,396,796 de Odebrecht, entre 2013 y 2014, a la empresa CINE&ART, constituida en esta capital.” “El domicilio social declarado originalmente por CINE&ART fue Helios 102, Bella Vista, ‘coincidente’ con el de la empresa Polis Caribe, de Joao Santana y Mónica Moura…”

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