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Informe de la ONU sobre los Derechos Humanos en Venezuela

Written by Debate Plural

Conclusiones preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela del Relator Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos

Caracas (12 de febrero de 2021), la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, la Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. Agradece al Gobierno de a la República Bolivariana de Venezuela por posibilitar y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el goce de los derechos humanos por parte de las personas que viven en Venezuela y cualquier otro pueblo afectado.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de amplias consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunirá con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo del Área Económica, de Planificación, de Seguridad Ciudadana, de Obras y Servicios Públicos, del Área Social y los Ministros de Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Planificación, Economía, Hacienda, Petróleo, Minería, Alimentación, educación, mujer e igualdad de género, bloqueo, vivienda, trabajo social, ciencia, tecnología, transporte, trabajo social, cultura y pueblos indígenas; los Jefes de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral; los Presidentes de PDVSA y el Banco Central; líderes de varios partidos políticos; representantes de sindicatos; del sector privado, incluido el presidente de Fedecámaras, de la Conferencia Episcopal Venezolana, de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como de otros actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en el campo de la salud, los derechos humanos, la protección de la niñez, la mujer y el adulto mayor; personal médico y víctimas; profesores universitarios y docentes de escuela e investigadores independientes, entre otros.

El Relator Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Children’s Heart Hospital; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche en las afueras de Caracas. En el Estado Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, luz, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros de salud primaria provinciales inspirados en el modelo cubano y varios organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que generosamente han brindado su tiempo, información, análisis, experiencias y reflexiones para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial encomia la cálida bienvenida, la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresó su especial agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas por su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2015, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente involucradas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2016 debido a que el Gobierno no estaba cooperando lo suficiente en los esfuerzos antiterroristas.
Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos acusados, entre otras cosas , de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, restringir la libertad de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenaza la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos denunció la elección de una Asamblea Constituyente en Venezuela como ilegítima e impuso sanciones contra el gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, después de las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando mala gestión económica, corrupción, represión de opositores políticos y esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, después de reconocer al recién elegido presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Los estados también le dieron a la autoproclamada presidencia interina el control de los activos y propiedades del gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de EE. UU. En 2018 y 2019 se dirigieron al oro y otros sectores de minería, alimentos, criptomonedas y banca. En septiembre de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a cinco legisladores de la oposición por actuar supuestamente «como parte de un plan más amplio para manipular las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre de 2020». Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de impedir que Venezuela obtenga combustible de Irán enumerando capitanes de petroleros, prohibiendo el uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y bloqueando los activos de Rosneft. Se informa que funcionarios estadounidenses han hecho amenazas no oficiales para evitar transacciones de empresas de terceros estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los EE. UU. Del 21 de enero de 2020 de revisar las sanciones de EE. UU. Para minimizar el impacto humanitario de la pandemia y de la acción del Gobierno de los EE. UU. El 2 de febrero de 2021 para aliviar las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, incluido un embargo de armas, una prohibición de las exportaciones de otros bienes que podrían usarse para la represión interna, una prohibición de las exportaciones de tecnología y material fabricado para el monitoreo o interceptación de telecomunicaciones, y prohibiciones de viaje y activos. congela a las personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE para socavar la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. También se informó que un banco portugués ha congelado $ 1.2 mil millones en fondos del gobierno de Venezuela en 2019. Casi $ 2. mil millones en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y que se encuentra en el Banco de Inglaterra también se congelan a medida que avanza un caso en los tribunales británicos. .

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones en la propiedad de funcionarios venezolanos acusados ​​de represión, graves violaciones de derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de alrededor de 200 venezolanos con vínculos con el gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir el ingreso de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permite sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, contra funcionarios venezolanos que presuntamente participan en el tráfico de drogas, actividades terroristas, crimen organizado y / o violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la implementación de una amplia gama de proyectos sociales en las esferas de vivienda, educación, alfabetización, alimentación, suministro de electricidad y agua, atención médica, planificación familiar, alfabetización informática y desarrollo comunal, muchos de los cuales fueron implementados. sin costo para la gente o fueron subsidiados sustancialmente por el estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde maquinaria y repuestos hasta alimentos y medicinas, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no pudo satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que, según se informa, afectan la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han exacerbado los desafíos antes mencionados. Se informó que los ingresos del gobierno se redujeron en un 99% y el país actualmente vive con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas del exterior han disminuido debido al bloqueo de los activos estatales y la complejidad y los impedimentos de las transferencias bancarias. Cuatro años de hiperinflación han resultado en la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1.8–1.9 millones de bolívares). Esto ha resultado en una disminución de los salarios del sector público de 150 a 500 dólares en 2015 a 1 a 10 dólares en 2020, y un nivel de pobreza creciente. En 2018-2019, el gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantaron los controles de precios y se permitió al sector privado volver a ingresar a la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde 2015 socava el potencial impacto positivo de las reformas actuales, así como la capacidad del estado para mantener la infraestructura e implementar proyectos sociales. Hoy, Venezuela enfrenta una falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a US $ 6 mil millones. Según se informa, la compra de bienes y los pagos por parte de empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, organizaciones no gubernamentales, universidades, clubes deportivos y ciudadanos de Venezuela están reportando el rechazo o la renuencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas aquellas con bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; dificultades para obtener visas y comprar boletos; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costos de seguro adicionales. El fortalecimiento de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron como resultado la adopción de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden funcionar a menos del 20 por ciento de su capacidad en la actualidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y la población disminuirá a aproximadamente 27 millones para 2021. La mayoría de los servicios públicos se han agotado entre un 30 y un 50 por ciento. de su personal, incluidos los más calificados (médicos, enfermeras, ingenieros, docentes, profesores, jueces, policías, etc.), lo que se traduce en desorganización interna, aumento de la carga de trabajo del personal restante, reducción de los servicios y disminución de su calidad.

Se estima que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares informan cortes frecuentes debido a cortes de electricidad que afectan las bombas de agua y el mantenimiento de la infraestructura, y debido a la escasez de personal de mantenimiento calificado. La distribución de agua solo se puede hacer “en rotación” para asegurar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares solo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado un crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos de afrontamiento incluyen una disminución del número de comidas por día (1 o 2 en lugar de 3); reducción de la cantidad y calidad de los alimentos; descapitalización / venta de activos domésticos para comer; y gastos reducidos de salud, ropa y educación; con aumentos correlativos de crisis familiares, tensiones, violencia y separaciones; trabajo infantil; participación en la economía sumergida; actividad delictiva, incluida la trata de personas y drogas; trabajo forzado; y migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, comenzó como una iniciativa gubernamental en 2017 y cubre 6 millones. hogares de todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de los medicamentos importados del exterior, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos fueron proporcionados por el estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención médica incluyen la falta o insuficiencia grave de medicamentos y vacunas; crecimiento de precios; escasez de electricidad para el suministro de equipos; escasez de agua y problemas de saneamiento que afectan la higiene; infraestructura en deterioro debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de repuestos, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o la negativa a vender o entregar; condiciones de trabajo degradadas y falta de equipo de protección contra enfermedades infecciosas; una pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la terminación de la construcción de hospitales y centros de atención primaria de salud.

En particular, el Hospital de Cardiología Infantil de Caracas enfrenta una disminución 5 veces mayor en el número de cirugías (de un promedio de 1,000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Los puestos de personal médico en los hospitales públicos están vacantes entre un 50% y un 70%. Actualmente, solo funciona alrededor del 20% del equipo médico. El país enfrentó una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. Según se informa, la falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 resultó en un aumento severo de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; Según los informes, dichos trasplantes se realizaron en Italia y Argentina antes de 2016 a expensas del estado.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema del embarazo en la adolescencia, que está llegando a un nivel de crisis con niñas de 12 a 13 años que quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a información y uso de anticonceptivos; y un aumento del VIH / SIDA debido a las relaciones desprotegidas.

La educación escolar y universitaria ha enfrentado una seria disminución en el apoyo gubernamental desde 2016, incluida la terminación o reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y útiles de oficina; y una reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad alimentaria o su cancelación total. La falta de disponibilidad de recursos financieros y la renuencia de las empresas extranjeras a comerciar con instituciones públicas y a menudo privadas venezolanas ha resultado en la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar computadoras portátiles compactas con fines educativos, de las cuales 6,5 millones se han distribuido a través de el sistema escolar sin cargo. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron al satélite público de Venezuela,

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y ONG humanitarias que brindan ayuda humanitaria, facilitando la reconstrucción de sistemas y suministros de agua. de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, útiles escolares y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar fondos congelados en el Banco de Inglaterra para comprar medicamentos, vacunas, kits de protección y equipo médico a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y enjuiciamiento del personal de ONG nacionales involucradas en trabajo humanitario.

Evaluación de la base jurídica para la imposición de sanciones:

La Relatora Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como base para la introducción de sanciones contra Venezuela, y extendido reiteradamente, no responde a los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza a la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de sancionar la actividad que no constituye delito, según se refiere en la comunicación de expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores del petróleo, el oro, la minería y otros sectores económicos, la aerolínea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y su ilicitud no está excluida con referencia a contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de “máxima presión” -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de la propiedad estatal, el Relator Especial recuerda que los bienes del Banco Central y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno oa cualquier persona. Por tanto, el congelamiento de los activos del Banco Central de Venezuela con motivo del no reconocimiento de su Gobierno así como la adopción de las sanciones pertinentes viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo pueda ejercer su deber de garantizar las necesidades del Estado. población.

El Relator Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado de oficio contradice la prohibición de sancionar por actividades que no constituyan delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava la principio de igualdad soberana de los estados. También señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organismos internacionales, viola el principio anterior e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Preocupa al Relator Especial que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen al menos las obligaciones derivadas de los instrumentos universales y regionales en la esfera de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter imperativo: garantías procesales y presunción de inocencia con miras a que las causales de su introducción no constituyen en su mayor parte delitos internacionales ni cumplen con las causales de la jurisdicción penal universal, al tiempo que destaca el hecho de que un grupo de Estados sometió a la Corte Penal Internacional una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados para la cooperación con autoridades públicas, nacionales y empresas en Venezuela, y las presuntas amenazas a dichos terceros Estados, no está justificado por el derecho internacional y aumenta los riesgos de sobreexplotación. cumplimiento de sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las denuncias de amenazas a empresas privadas y donantes de terceros países, socios y organizaciones humanitarias, y la introducción de cláusulas de secreto en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos. para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente en la pobreza extrema, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas o que amenazan la vida, y los indígenas. población.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y restablecimiento de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las supuestas amenazas de sanciones, den como resultado un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, lo que impide que el Gobierno de Venezuela, su sector público y empresas privadas adquieran maquinaria, repuestos, medicamentos. , alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales incluso dentro de las licencias emitidas por el gobierno de los EE. UU., y también dan como resultado un número creciente de rechazos de transferencias bancarias, la extensión de los períodos de transferencia bancaria (de 2 a 45 días), mayor entrega, seguro y costos de transferencia bancaria, así como aumentos de precios reportados para todos los bienes (especialmente los importados).

La Relatora Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la renuencia de los socios extranjeros, los bancos y las empresas de mensajería para tratar con socios venezolanos resulta en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos, reactivos y repuestos necesarios para la reparación y mantenimiento de la electricidad gas, agua, transporte público, telefonía y sistemas de comunicación, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, socavando así el goce de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, el salario promedio del sector público se estima en US $ 2-3 por mes, lo que cubre menos del 1 por ciento de la canasta básica de alimentos y hace que las personas dependan cada vez más del apoyo social del Gobierno en la modalidad de CLAP (alimentos) y transferencias regulares de dinero a través del “Carnet de la Patria”, múltiples subsidios para servidores públicos, así como ayuda humanitaria exterior.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de las personas en la economía sumergida, afectando de primera mano a especialistas de alto nivel del sector público, incluidos médicos, enfermeras, profesores, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces. , técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluidos los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluido el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. Según los informes, el número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos ha llegado a 1/3 a 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Acceso a alimentos, medicinas y ayuda médica para los migrantes venezolanos,

A la Relatora Especial también le preocupa que la falta de médicos y enfermeras y de suficientes medicamentos, equipo médico, repuestos, actualizaciones de software relevantes, vacunas, pruebas, reactivos y anticonceptivos inicialmente cubiertos en su mayoría por el Gobierno, resulte en la violación del derecho a la estado de salud más alto posible; tasas crecientes de mortalidad materna, neonatal e infantil, y mortalidad por enfermedades graves (oncología, VIH, hemofilia, síndrome de Guillain-Barré, problemas cardiológicos y muchas otras); el deterioro de las condiciones de vida de las personas con necesidades especiales y enfermedades crónicas; y más embarazos de adolescentes. La falta de disponibilidad de recursos, incluidos los activos congelados, para comprar vacunas y apoyar los programas de planificación familiar ha provocado brotes de malaria.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a hospitales, escuelas y otros servicios públicos, agrave los desafíos en la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos, especialmente en zonas remotas del país, afectando, entre otras cosas, la población indígena – y da lugar a retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de combustible diesel, que se utiliza principalmente para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de agravar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en el cantidad y calidad de los alimentos y mayor desnutrición, aumentando así los riesgos para la salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que debido a la falta de disponibilidad de nueva maquinaria, repuestos y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, impidiendo, entre otras cosas , el funcionamiento de las bombas de agua, lo que resulta en la violación del derecho a agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, lo que aumenta los riesgos de enfermedades relevantes.

La Relatora Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de útiles escolares, uniformes escolares y alimentación en la escuela, que solía ser proporcionada por el Gobierno, problemas de transporte, la falta de electricidad y la reducción de la cobertura de Internet y telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio. del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la imposibilidad reportada de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La renuencia reportada de socios extranjeros a cooperar con instituciones venezolanas, incluidas universidades, sociedades deportivas y ONG, así como impedimentos para transferencias de dinero, dificultades para obtener visas,

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a las personas a cocinar con fuego de leña, pueda violar el derecho a un medio ambiente favorable. Señala que debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y de salud, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros. .

El Relator Especial subraya que el bloqueo de la propiedad, los activos y las cuentas bancarias de los ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, a menudo debido al exceso de cumplimiento, tiene como resultado la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, ALBA), está afectando negativamente el derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan el derecho a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de oposición por participar en elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones y a participar en los asuntos públicos. Si bien el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la Lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, incluso si no existen garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre sanciones, el Relator Especial señala que no hay acceso a la justicia está garantizado en lo que respecta a las sanciones de EE. UU., especialmente en vista de las numerosas denuncias de los abogados estadounidenses para llevar casos a la OFAC debido a las amenazas de los EE. UU.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a personas en Venezuela y fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; nacionales de terceros países y empleados de empresas de terceros países afectados por sanciones secundarias o el miedo a ellas; donantes y ONG humanitarias internacionales; beneficiarios de asistencia de organismos internacionales tradicionalmente financiados por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves son las más afectadas en todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con agrado los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales y la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando la reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos y pruebas. , reactivos, útiles escolares y alimentos, ayudando así a alrededor de 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes de mala gestión en la distribución de ayuda humanitaria, la vigilancia y el enjuiciamiento del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria y la ausencia de reglamentos provisionales para la labor de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

El Relator Especial recuerda a todas las partes su obligación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de controversias internacionales. Les insta a que resuelvan cualquier controversia a través de instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

El Relator Especial destaca que las preocupaciones humanitarias siempre prevalecerán sobre las políticas y que las medidas unilaterales solo pueden tomarse teniendo debidamente en cuenta el estado de derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; debe cumplir con las obligaciones legales internacionales de los estados; y sólo puede aplicarse en el curso de contramedidas internacionalmente legales. El Relator Especial recuerda que se realizarán evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como “daño colateral”.

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones extraterritorialmente e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional sobre Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones a suministros de diesel que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

La Relatora Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, organizaciones internacionales, bancos, empresas privadas y sociedad civil) a evitar la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda causar o resultar en un exceso de cumplimiento, y a interpretar todas las limitaciones en el camino más estrecho posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial insta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, para garantizar la posibilidad de que los funcionarios estatales de Venezuela representen al Estado sobre la base de la principio de igualdad soberana de los Estados, y garantizar los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, garantías procesales, acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

La Relatora Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos correspondientes a descongelar activos del Banco Central de Venezuela para la compra de medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias. del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con, y mediante mecanismos mutuamente acordados, monitoreados por el PNUD y otras agencias de la ONU.

Si bien reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre el amplio alcance de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, la Relatora Especial llama al Gobierno de Venezuela y a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos para implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, fortalecer la presencia del ACNUDH sobre la base de monitorear, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y organizar visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

La Relatora Especial insta al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y al ACNUDH en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria bajo el control de instituciones internacionales independientemente de la raza, género, nacionalidad, edad, creencias religiosas u opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta los grupos con necesidades especiales.

El Relator Especial insta al Gobierno de Venezuela, en colaboración con el Coordinador Residente de la ONU y la OACNUDH en Venezuela, a terminar de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite el trabajo humanitario de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y a garantizar la seguridad e integridad de sus personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con estándares de actividad puramente humanitaria.

 

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