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Arbitrariedades de la UE y el grupo de Lima contra las parlamentarias

Written by Debate Plural

Mision Verdad (6-12-20)

 

Algunos países alineados a la agenda política de Estados Unidos contra Venezuela manifestaron su oposición a la realización de las elecciones en Venezuela. Estos están agrupados, mas que todo, en dos bloques: la Unión Europea y el Grupo de Lima.

La Unión Europea envió una delegación a Venezuela en septiembre para discutir con el gobierno venezolano la posibilidad de enviar una misión de observación a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La delegación quiso imponer la condición de aplazar las elecciones seis meses, pasando por encima de las normas de la Constitución del país, que establece un proceso de renovación de la Asamblea Nacional cada cinco años.

Luego de que el Ejecutivo nacional rechazara esa postura, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves le Drian, dijo en octubre que la UE no iba a reconocer la legitimidad de las elecciones venezolanas: «La manera en la que se prepara la elección del 6 de diciembre es totalmente discutible. No reconocemos el proceso en marcha, es una posición clara y es una posición europea», aludiendo que supuestamente el organismo no había podido constatar las garantías de transparencia del proceso.

Como era de esperarse, los países del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) también se manifestaron en contra de las parlamentarias.

En un documento presentado por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, y en el que 13 de los 16 países miembros del Grupo de Lima aparecían como firmantes (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y el exgobierno de facto de Jeanine Áñez) además de la representación del falso gobierno de Guaidó, se decía que «la democracia (en Venezuela) se restablecerá plenamente solo con elecciones generales presidenciales y parlamentarias libres y con garantías».

Luis Almagro también declaró unos días antes de las elecciones que era «absurdo» que en Venezuela se organizaran elecciones libres y justas, valiéndose de las acusaciones de violaciones de derechos humanos hechas en un informe impulsado por el Grupo de Lima en la ONU, que carece de toda rigurosidad científica y que fue desmontado punto por punto en el Informe sobre la Verdad de Venezuela.

Ahora bien, estos países, que declaran contra las instituciones venezolanas con vehemencia y acusaciones sin pruebas, no responden del mismo modo cuando se trata de gobiernos verdaderamente cuestionables en sus democracias. Revisemos solamente dos ejemplos: Colombia e Israel.

El gobierno de Netanyahu ha enfrentado en los últimos meses acusaciones de corrupción que han motivado protestas. En su contra pesan los cargos de fraude, abuso de confianza y soborno por aparentemente haber recibido favores de empresarios ricos para obtener «cobertura de prensa más positiva».

Del mismo modo, el primer ministro israelí ha pasado por encima del derecho internacional al continuar la expansión del Estado sionista en el territorio ocupado de Palestina. Además de Estados Unidos, quien ha aplaudido estas acciones, y la Unión Europea que apenas ha dado tímidas resoluciones en contra, algunos gobiernos de países latinoamericanos, como es el caso de Guatemala y Colombia, se han mostrado abiertamente a favor.

Retomando Colombia, un territorio con una población golpeada por la violencia narcoparamilitar, los desplazamientos por la guerra y el desamparo económico y social por parte del gobierno, es contradictorio que sea la canciller de ese país la que dirija una misiva en contra de Venezuela.

Solo las cifras de este año en masacres y asesinatos de líderes sociales sirven para evidencias el cinismo sobre cualquier acusación que se tenga contra Venezuela en materia de derechos humanos. Pero en lo que respecta al tema electoral, basta con recordar el último escándalo del gobierno de Iván Duque y la compra de votos a través del narcotráfico.

Este año, la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió abrir una investigación contra Duque por su campaña electoral en las presidenciales de 2018, tras unos audios que revelaban que aceptó financiamiento del narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, el «Ñeñe» Hernández, investigado por asesinatos y lavado de activos, y asesinado en Uberaba, Brasil, en 2019.

Pero estas señales controversiales, nada demócraticas, que atentan contra los principios fundamentales de cualquier democracia, no parecen de peso significativo para que la «comunidad internacional» que representa Occidente se manifieste en contra.

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