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EE.UU.-Cuba: Washington incrementa retórica y acciones agresivas

Written by Debate Plural

Martha Andrés Román (Prensa Latina, 4-5-19)

 

Estados Unidos incrementó sus acciones y retórica agresiva hacia Cuba durante la misma semana en la que activó un título legislativo contra la isla y la volvió a acusar, sin evidencias, de mantener tropas en Venezuela.
El pasado 2 de mayo la administración de Donald Trumpa activó el Título III de la Ley Helms-Burton, el cual permite a nacionales estadounidenses presentar demandas contra quienes ‘trafiquen’ con ‘propiedades norteamericanas’ en Cuba.

A través de tal mecanismo se da la posibilidad de promover acciones legales en las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Desde 1996, cuando se aprobó la Helms-Burton, todas las administraciones habían suspendido el Título III debido a los perjuicios que implicaría para el propio Estados Unidos, cuyo sistema judicial podría tener que lidiar con gran cantidad de demandas, y a los reclamos de aliados de esta nación con inversiones en el país antillano.

Pero el Gobierno de Trump decidió permitir su aplicación como parte de una serie de medidas cada vez más hostiles y bajo la presión de figuras como el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el senador Marco Rubio.

De ese modo, el mismo día de la activación del título se presentaron las primeras demandas, dos de ellas contra la compañía de cruceros Carnival Cruise Lines, con sede en el sureño estado norteamericano de Florida, por reclamantes que se dicen propietarios del Puerto de Santiago de Cuba y de bienes inmuebles en el Puerto de La Habana.

Asimismo, el gigante petrolero ExxonMobil interpuso una acción contra dos empresas cubanas: la Corporación Cimex SA y la Unión Cuba-Petróleo, con el argumento de que tiene un reclamo certificado para propiedades nacionalizadas, ‘incluyendo refinerías de petróleo y estaciones de servicio que todavía están en uso’.

Con la activación del Título III, más que buscar la devolución de las propiedades nacionalizadas en Cuba o abandonadas por quienes se fueron de la isla, el objetivo es que estas demandas se conviertan en obstáculos para cualquier futuro arreglo o posible evolución hacia una mejoría en las relaciones, declaró a Prensa Latina un alto funcionario cubano.

En entrevista con este medio tras la aplicación del acápite, Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos en la Cancillería del territorio caribeño, sostuvo que su nación tiene el compromiso de proteger los nexos con el empresariado internacional que lleva años en el país o que pueda llegar en el futuro.

Debe recordarse que Cuba aprobó una legislación que hace inaplicable la Helms-Burton en la isla, la cual se compromete a proteger a estas empresas, señaló en referencia a Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas o Ley 80, avalada en 1996.

A este paso del Gobierno norteamericano se unieron en días pasados las amenazas del propio Trump, quien dijo que podría imponer a Cuba un ‘embargo total y completo’, si La Habana no retira supuestas tropas militares que según Washington están desplegadas en Venezuela.

El argumento de la presencia de efectivos cubanos en la nación sudamericana ha sido repetido por otros miembros de su administración para justificar la escalada contra la mayor de las Antillas, a pesar de que las autoridades cubanas han negado reiteradamente tener tropas en ese territorio y han llamado a Estados Unidos a presentar pruebas.

Cuba es solidaria con Venezuela, y lo que Estados Unidos pretende es que retiremos al personal médico que presta servicios muy importantes a la población, sobre todo en medio de las difíciles condiciones por las cuales transita ese país bajo las sanciones norteamericanas, expresó Cossío al respecto.

RECHAZO INTERNACIONAL

En medio de las agresividad de Washington, muchas voces foráneas se han opuesto a la activación del Título III, y naciones donde existen empresas con inversiones en el país caribeño manifestaron que buscarán proteger a esas compañías de la medida extraterritorial.

David Pathe, director ejecutivo de la firma canadiense Sherritt International Corporation, y uno de los principales inversores en la isla, declaró recientemente a la agencia Bloomberg que no cree que exista ninguna base sobre la cual un tribunal estadounidense pueda ejercer jurisdicción sobre la compañía si alguien iniciara una acción legal en su contra.

Ellos continuarán haciendo lo que creen que deben hacer y nosotros continuaremos administrando nuestro negocio lo mejor que podamos, añadió el empresario con respecto a la decisión de la administración de Estados Unidos.

Con motivo de la activación del Título III, el Gobierno canadiense emitió un comunicado en el cual expresó que siempre defenderá a los canadienses y empresas de ese país que realizan negocios e inversiones legítimas en Cuba.

Según el texto, Ottawa está revisando todas las opciones en respuesta a la decisión de Estados Unidos y continuará trabajando con sus socios internacionales, incluida la Unión Europea (UE).

Por su parte, el bloque comunitario manifestó que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del Estatuto de Bloqueo de la UE.

A esas posturas se unen los reclamos de diversos sectores estadounidenses -incluyendo empresariado, organizaciones de solidaridad, líderes religiosos y miembros del Congreso- que se oponen a la medida, y las condenas llegadas de naciones como Rusia, China, Bélgica, México, Panamá, Ecuador y Nicaragua.

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