El Pais (11-9-18)
Estados Unidos amenazó ayer lunes con arrestar y procesar a jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal decide juzgar por crímenes de guerra a estadounidenses que lucharon en Afganistán. «Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial», advirtió el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.
«Haremos lo mismo con cualquier compañía o estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses», dijo ante la Federalist Society, una organización conservadora en Washington.
Bolton acusó a la CPI, encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y contra la humanidad, de ser «ineficaz», «irresponsable» y «francamente peligrosa para Estados Unidos, Israel y otros aliados».
A inicios de noviembre de 2017, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda había anunciado que pediría a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en el conflicto armado afgano.
En Afganistán, Estados Unidos sigue a la cabeza de una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.
«En cualquier momento, la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadounidenses», explicó el consejero de Donald Trump. Y le dirigió un mensaje «sin ambigüedad» a la CPI: «Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima».
La CPI se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países. Su fiscal puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces siempre y cuando impliquen un país miembro, en este caso Afganistán.
La relación entre Washington y la corte con sede en La Haya han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte y hace todo lo posible, especialmente con tratados bilaterales, para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.
«No cooperaremos con la CPI. No brindaremos asistencia a la CPI. Ciertamente no nos uniremos a la CPI. Dejaremos que la CPI muera por sí misma», expresó Bolton. «Si la Corte viene a por nosotros, Israel o cualquier aliado de Estados Unidos, no nos vamos a quedar sentados», advirtió.
Bolton también condenó el registro de la corte desde que comenzó a actuar formalmente en 2002, y argumentó que la mayoría de las naciones principales no se habían unido. Dijo que había alcanzado solo ocho condenas a pesar de gastar más de 1.500 millones de dólares en su labor, y señaló que eso no había contenido las atrocidades en todo el mundo. «De hecho, a pesar de las investigaciones en curso de la CPI, las atrocidades continúan ocurriendo en la República Democrática del Congo, Sudán, Libia, Siria y muchas otras naciones», subrayó.
Pero Bolton, que fue embajador de Washington en la ONU durante el gobierno de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de Estados Unidos y su soberanía. «En términos seculares, no reconocemos ninguna autoridad superior a la Constitución de Estados Unidos», señaló.
«Este presidente no permitirá que ciudadanos estadounidenses sean enjuiciados por burócratas extranjeros, y no permitirá que otras naciones dicten nuestras formas de autodefensa», concluyó.
Está previsto que el tribunal de La Haya anuncie en las próximas semanas si autoriza la investigación solicitada por la Fiscalía para examinar supuestos crímenes cometidos en Afganistán entre 2003 y 2006. Dicha investigación incluiría cárceles secretas de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania durante el mandado del expresidente Bush, que nombró a Bolton embajador de EE.UU. en la ONU entre 2005 y 2006.
John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI, en La Haya) si decide investigar a Estados Unidos o Israel, e incluso con tomar medidas en la ONU para restringir los poderes de ese tribunal.
«Si la Corte va a por nosotros, a por Israel u otros aliados, no nos quedaremos callados», dijo Bolton en su primer discurso formal desde que llegó al cargo en abril, según una copia de la alocución obtenida por Efe.
«Prohibiremos la entrada de sus jueces y fiscales en Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de EE.UU., y les procesaremos en el sistema criminal estadounidense. Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que coopere en una investigación de la CPI contra estadounidenses», añadió.
Además, Estados Unidos «considerará tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para restringir los amplios poderes de la Corte» y asegurarse de que «no ejerce su jurisdicción contra estadounidenses» o los ciudadanos de aliados de Washington que, como Israel, «no han ratificado el Estatuto de Roma».
«Tomaremos nota de si algún país coopera con las investigaciones de la CPI sobre Estados Unidos y sus aliados, y lo recordaremos a la hora de determinar la asistencia económica, militar y de inteligencia» al extranjero, concretó el asesor de Trump.
Bolton, que ha sido uno de los mayores críticos del tribunal de La Haya desde su establecimiento en el 2002, aseguró que la amenaza responde a la posibilidad de que la CPI inicie una investigación sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.
«Cualquier día, la CPI podría anunciar el comienzo de una investigación formal contra estos patriotas estadounidenses (…). El tribunal nos ha informado de que el fiscal ha pedido que la corte abra una investigación formal, y queríamos dejar claro a la CPI cuál es nuestra posición», explicó el asesor de Trump.
«Estados Unidos usará cualquier medio necesario para proteger a nuestros ciudadanos y aquellos de nuestros aliados de ser procesados injustamente por esta corte ilegítima -sentenció-. No cooperaremos con la CPI (…). Dejaremos que la CPI se muera sola. Al fin y al cabo, en la práctica, la CPI ya está muerta para nosotros».
Bolton argumentó que la corte es «ineficaz» y «peligrosa», y cuestionó la legitimidad de un órgano capaz de procesar a ciudadanos de países que no son parte del Estatuto de Roma -el tratado fundacional de este tribunal-, como es el caso de Estados Unidos e Israel.
«Ningún comité de naciones extranjeras nos dirá cómo gobernarnos y defender nuestra libertad», subrayó el funcionario.
La relación de larga data de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional se detuvo el lunes debido a que décadas de sospechas estadounidenses sobre el tribunal y su jurisdicción mundial se convirtieron en hostilidad abierta, en medio de amenazas de sanciones, si se investigan a las tropas de Estados Unidos en Afganistán.
El asesor de seguridad nacional, John Bolton, denunció la legitimidad del tribunal de La Haya, creado en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra y crímenes de humanidad y genocidio en áreas donde los perpetradores de otra manera no enfrentarían la justicia.
El discurso de Bolton, en vísperas del aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, se produjo cuando se esperaba que un juez de la CPI anunciara pronto una decisión sobre una solicitud de los fiscales para abrir formalmente una investigación sobre acusaciones de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad nacionales afganas, militantes de la red Talibán y Haqqani, y las fuerzas y la inteligencia estadounidenses en Afganistán desde mayo de 2003. Las acusaciones contra el personal de EE. UU. Incluyen tortura y encarcelamiento ilegal.
«La Corte Penal Internacional amenaza de forma inaceptable la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de los EE. UU.», dijo Bolton a la Sociedad Federalista, un grupo de expertos conservador con sede en Washington. Bolton también apuntó a los esfuerzos palestinos para presionar a los cargos de crímenes de guerra contra Israel por sus políticas en Cisjordania, el este de Jerusalén y Gaza.
Dijo que Estados Unidos usaría «todos los medios necesarios» para proteger a los estadounidenses y ciudadanos de países aliados, como Israel, «del enjuiciamiento injusto por parte de este tribunal ilegítimo». La Casa Blanca dijo que, en la medida permitida por la ley estadounidense, la administración Trump prohibiría que los jueces y fiscales de la CPI ingresen a los Estados Unidos, sancionen sus fondos en el sistema financiero de los EE. UU. Y los procesen en el sistema criminal de los EE. UU.
«No cooperaremos con la CPI», dijo Bolton, agregando que «a todos los efectos, la CPI ya está muerta para nosotros».
Fue una reprimenda extraordinaria criticada por los grupos de derechos humanos que se quejaron de que era otra reversión de la administración de Trump al liderazgo de los EE. UU., al exigir responsabilidad por los graves abusos.
«Cualquier acción de los EE. UU. para eludir las investigaciones de la CPI sobre Afganistán y Palestina demostraría que la administración estaba más preocupada por mimar a quienes cometen abusos en serie y desviar el escrutinio de la conducta estadounidense en Afganistán que por apoyar una justicia imparcial», dijo Human Rights Watch.
La American Civil Liberties Union, que representa a varias personas que afirman que fueron detenidas y torturadas en Afganistán de 2003 a 2008 y podrían ser víctimas o testigos en cualquier proceso de la CPI, dijo que las amenazas de Bolton «salían de un libro de estrategias autoritario».
«Esta política errónea y dañina aislará aún más a los Estados Unidos de sus aliados más cercanos y dará consuelo a los criminales de guerra y los regímenes autoritarios que buscan evadir la responsabilidad internacional», dijo la ACLU.
La CPI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Desde su creación, el tribunal ha presentado cargos contra docenas de sospechosos, incluidos el ex dictador libio Moammar Gadhafi, quien fue asesinado por rebeldes antes de que pudiera ser arrestado, y el presidente sudanés Omar al-Bashir, acusado de cargos que incluyen genocidio en Darfur. Al-Bashir sigue prófugo, al igual que el señor de la guerra ugandés Joseph Kony, que fue uno de los primeros rebeldes acusados por la corte en 2005. La corte ha condenado a solo ocho acusados.
La corte se ha visto obstaculizada por la negativa de los Estados Unidos, Rusia, China y otras naciones importantes a unirse. Otros han renunciado: Burundi y Filipinas, cuya partida, anunciada a principios de este año, entrará en vigor el próximo mes de marzo.
La administración Clinton, en el 2000, firmó el Estatuto de Roma que creó la CPI pero tenía serias reservas sobre el alcance de la jurisdicción de la corte y nunca lo sometió a la ratificación ante el Senado, donde hubo una amplia oposición bipartidista a lo que los legisladores vieron como una amenaza a la soberanía.
Cuando George W. Bush asumió el cargo en 2001, su administración promovió y aprobó la Ley de Protección a los Miembros del Servicio Estadounidense, que buscaba inmunizar a las tropas de EE. UU. De posibles enjuiciamientos por parte de la CPI. En 2002, Bolton, en ese entonces funcionario del Departamento de Estado, viajó a Nueva York para «desautorizar» ceremonialmente el Estatuto de Roma en las Naciones Unidas.
El primer gobierno de Bush se embarcó en una campaña diplomática para lograr que los países que eran miembros de la CPI firmen los llamados acuerdos del Artículo 98 que prohibirían a esas naciones enjuiciar a los estadounidenses ante el tribunal bajo pena de sanciones. La administración tuvo mucho éxito en su esfuerzo y consiguió que más de 100 países firmaran los acuerdos. Algunos de ellos, sin embargo, no han sido formalmente ratificados.
En el segundo mandato de Bush, la actitud de Estados Unidos hacia la CPI cambió ligeramente cuando el mundo miró con horror el genocidio cometido en la región occidental de Darfur en Sudán. La administración no se opuso y ofreció asistencia limitada a una investigación de la CPI en Darfur.
El gobierno de Obama amplió esa cooperación, ofreciendo apoyo adicional a la CPI mientras investigaba al Ejército de Resistencia del Señor, con sede en Uganda y sus principales líderes, incluido Kony.
El lunes, Bolton hizo que Washington volviera a la corte, acusándolo de corrupción e ineficiencia. Sobre todo, apuntó a la opinión del tribunal de que los ciudadanos de estados no miembros están sujetos a su jurisdicción.
«La CPI es un esfuerzo sin precedentes para otorgar poder en un organismo supranacional sin el consentimiento de ninguno de los Estados-nación o de las personas sobre las cuales pretende ejercer jurisdicción», dijo Bolton. «Ciertamente no tiene ningún tipo de consentimiento de los Estados Unidos».
