Carlos Fazio (Rebelion.org, 27-2-18)
El Estado paralelo y la militarización de la política energética
Si la preparación para el saqueo violento del petróleo y otras riquezas minero-energéticas, acuíferas y biodiversas de Venezuela fue uno de los principales objetivos encubiertos de la gira de Rex Tillerson por varios países de América Latina, el otro fue continuar con la militarización del subcontinente bajo la fachada de la guerra a las drogas y al terrorismo y las políticas clandestinas de cambio de régimen.
La “máquina de guerra estadunidense” (American War Machine, como la llama Peter Dale Scott), responde al “Estado profundo”, es decir, a un gobierno paralelo secreto organizado por los aparatos militar, policial y de inteligencia, financiado por la droga e integrado al sistema financiero y bancario de Wall Street, que se encarga de formular e instrumentar la política exterior de la Casa Blanca y operaciones abiertas o secretas en beneficio de gigantes del sector petrolero como Exxon Mobil y Chevron. No en balde, el gabinete de Donald Trump está en mano de una troika de generales: James Mattis (Defensa); H. R. McMaster (consejero de Seguridad Nacional), y John Kelly (jefe de gabinete).
Desde la época de John F. Kennedy, y más profusamente a partir de la administración Clinton, funcionarios militares y de inteligencia de alto rango se han convertido en “socios” de corporaciones empresariales, y mediante el lucrativo negocio de la guerra ayudaron a extender el sistema de mercado y a abrir nuevas “fronteras económicas” a grandes fabricantes de armas y venta de seguridad y tecnología como Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, L-3 Communications, United Technologies y Booz Allen Hamilton Inc.
El problema de esas corporaciones es que necesitan alimentarse cada día de nuevas guerras; por eso hay que inventarlas. Y es por eso, también, que todas las guerras se basan en el engaño y la manipulación de las masas −como las inexistentes armas químicas de destrucción masiva de Saddam Hussein en Irak− y/o en disimulaciones sistemáticas a través de los medios de difusión masiva y los “archivos internos” del gobierno de EEUU.
En la coyuntura existe un nuevo factor: la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, anunciada el 18 de diciembre de 2017, coloca a los combustibles fósiles (petróleo, gas, hulla) como el elemento decisivo esencial para asegurar la vitalidad económica de EU, su fuerza militar y su peso geopolítico. La militarización de la política energética será el eje de la política de seguridad nacional de Trump, no sólo para obtener la “independencia energética”, sino para enfrentar a las “potencias rivales” (China y Rusia) que desafían la supremacía de EU y lograr la “total dominación energética”.
A esa dinámica responden los “resultados” de la gira de Tyllerson por la región. En la variable apertura de mercados, los logros más visibles se dieron en Argentina, donde el gobierno de Macri anunció la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido integrada por las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo y al narcotráfico (el regreso de los militares a funciones de seguridad interior) bajo la asesoría del Comando Sur, y la instalación de una “fuerza de tarea” (task force) de la DEA en Misiones, que podría configurar una base militar encubierta en un sitio estratégico: la triple frontera con Paraguay y Brasil, en cuyo subsuelo se encuentra el acuífero del Guaraní, el segundo reservorio de agua dulce del mundo. A ello se sumaría, en breve, la creación de “centros de fusión de inteligencia” entre las FF.AA. y de seguridad argentinas con la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el Comando Sur, como los que ya existen en Colombia y México.
Previo a la gira de Tyllerson se había anunciado la compra de un sofisticado paquete de misiles y torpedos de fabricación estadunidense por la Marina mexicana, por un monto de 98.4 millones de dólares. También se informó sobre la construcción de un cuartel militar en Chicomuselo, Chiapas, en zona de presencia del EZLN, para “cuidar la seguridad de la frontera sur”, y la ampliación de la base naval de Matamoros, en Tamaulipas. En enero pasado la Marina mexicana participó en Miami en la Reunión Multinacional de Seguridad Marítima, donde firmó una carta de intención para la protección conjunta con las armadas de Colombia y EU de las aguas del Golfo de México y parte de Centroamérica y el Caribe.
En la segunda variable: preparativos para una intervención militar directa o encubierta en el marco de las políticas de “cambio de régimen” de la administración Trump en Cuba y Venezuela, los avances son notorios. En particular, en cuanto al cerco militar a Venezuela. El Pentágono ha logrado la instalación de nuevos enclaves militares y movilización de tropas y mercenarios en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, en particular en la región de Tumaco, Cúcuta y el Catatumbo del Norte de Santander, que en una operación pinza se suman a las fuerzas de despliegue rápido estadunidenses acantonadas en Aruba, Curazao y Honduras. La política de cerco militar se complementa con “ejercicios de asistencia humanitaria” en Panamá y la reciente participación de Brasil y Perú en la “Operación América Unida” bajo el mando del Pentágono. Por vía paralela, el propio Tillerson alentó una eventual disidencia en el seno de las fuerzas armadas venezolanas, que culmine con un golpe de Estado militar contra el presidente Nicolás Maduro.
En ese contexto, los intereses de las industrias armamentista y petrolera de EU se fusionan con los del poder clandestino paralelo a la Casa Blanca, ese “Estado profundo” donde interactúan el Pentágono, la CIA, la NSA y empresas privadas como Booz Allen, y acercan la posibilidad de un desenlace tipo Irak, Libia o Siria en Venezuela. Si Donald Rumsfeld y Dick Cheney fueron los planificadores de ese círculo secreto durante la administración Bush y la guerra de Irak, los generales Mattis, H. R. McMaster y John Kelly podrían ser los responsables de convertir en un nuevo Vietnam el corazón de América del Sur.
La OEA, Lima y la diplomacia de guerra de Washington
Como todo conflicto bélico, la planificación de una guerra regional contra la Venezuela bolivariana necesita justificaciones diversionistas que encubran sus verdaderos propósitos. Y de cierta “legitimación”. Para ello, en su gira por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, el secretario de Estado Tyllerson actualizó las instrucciones y el reparto de tareas a los gobiernos cipayos del área, con eje en el protagonismo que deberán asumir el llamado Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos en la etapa.
En la reunión del Grupo de Lima en Chile, el 23 de enero último, Argentina presentó una propuesta para la exclusión de Venezuela de la próxima Cumbre de presidentes de las Américas, en Lima, en abril venidero. Sólo Colombia la apoyó. No obstante, ambos países junto con Chile y Perú aceptaron una iniciativa del canciller mexicano Luis Videgaray, de presentar una declaración especial sobre la situación de Venezuela para que se discuta en ese foro.
El 13 de febrero, en Lima, el también llamado Grupo de los Doce decidió “vetar” la participación de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas y exigió a Caracas un nuevo calendario para los comicios presidenciales del 22 de abril. Maduro respondió que “llueva, truene o relampagueé, por aire, tierra o mar”, llegará a la cumbre.
Las posiciones de algunos países de la región, entre ellos Uruguay y Brasil, en torno a la conveniencia o no de excluir a Maduro de la cumbre, despertaron algunas incertidumbres entre los funcionarios de carrera de la Cancillería de Torre Tagle en Lima, ya que temen que Venezuela se convierta en una nueva Cuba. (Cuba fue expulsada de la OEA en enero de 1962 y posteriormente EU impuso sanciones y un bloqueo económico a la isla y obligó a una ruptura de relaciones diplomáticas de todos los países del área, excepto México). Ahora, el veto a Venezuela podría derivar en la autoexclusión de los países del ALBA, lo que dejaría mal parado a Perú como organizador del evento de presidentes, al que acudirá, en principio, Donald Trump.
La visión de los funcionarios de carrera peruanos −quienes han llegado a adversar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por las divisiones que el uruguayo ha generado en el seno de la organización−, contrasta con la de la improvisada titular de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, ligada a la más rancia oligarquía peruana y relacionada familiar y en el mundo de los negocios con la poderosa familia del magnate venezolano Gustavo Cisneros (Grupo Cisneros).
En una declaración pública, Aljovín aseveró que “la presencia de Nicolás Maduro no será bienvenida en la próxima Cumbre de las Américas, pese a la invitación que envió el presidente Pedro Pablo Kuczynski”. Lo que dio a entender que ella tendría más poder que el mandatario.
Mientras tanto, a Almagro le preocupa la implicación que pueda tener durante la celebración de la Cumbre de las Américas el escándalo de corrupción en el que está envuelto Kuczynski (que podría terminar con la vacancia presidencial), ya que la corrupción es el tema central del evento y la impunidad uno de sus ejes. Los temores de Almagro tienen que ver con el hecho de que el tema de la corrupción pueda desplazar lo que sus amos en Washington marcaron como prioridad: preparar las condiciones para una intervención militar “humanitaria” en Venezuela.
Al decir del propio Almagro una buena opción sería cambiar de sede. Otro elemento que complejiza el contexto político en el que se celebrará la cumbre de mandatarios, es el componente sorpresa Trump, que pudiera estimular protestas de sectores de izquierda que participarán en los foros de la sociedad civil.
Según trascendidos de algunas cancillerías latinoamericanas, los documentos temáticos circulados por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano han sido recibidos con recelo. Mismos recelos que experimentan en torno a los proyectos que pudiera presentar el secretario Almagro, dada su obsesión personal con Nicolás Maduro y el tema Venezuela.
Texto completo en: https://www.lahaine.org/eeuu-tillerson-la-militarizacion-y
