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Más sobre el caso de corrupción de Lajun (III)

Written by Angel Moreta

Por: Angel Moreta (Autor-Editor)

Muchas veces los abogados dominicanos somos ingenuos en el análisis de los casos concretos porque nos mantenemos a nivel formal y no vamos a las raíces sociológicas y la perspectiva histórica de cada situación.

En el caso de la contratación para la recogida de basuras urbanas, la calificación de Lajun para desempeñar las responsabilidades de la recolección de desperdicios sólidos, se realizó sin la celebración de una licitación pública nacional. Dijimos que ese modo de violar la ley 340 obedece a la complicidad entre funcionarios e incumbentes y el capital extranjero representado en este caso por la empresa española. Es decir que se trató de una oferente que nunca llegó a ser licitante.

Obviamente se trata de un privilegio, pues esa empresa se convierte en entidad contratada en base a gestiones y acuerdos con funcionarios municipales y de alta influencia en el Estado, situación que les permitió a ambos obtener en el pasado y en el presente jugosos beneficios, reparto de dineros que se convirtieron en capitales y posicionaron a Lajun como compradora de los terrenos del vertedero al Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Y esta es la razón por la cual los funcionarios y las entidades públicas concernidas no pueden exigir a Lajun el cumplimiento cabal del contrato firmado sin licitación, sin fiscalización de la Oficina de Contrataciones Públicas, institución esta que casi siempre actúa de manera ambigua y timorata, para no hablar de complicidad.

Pero además ayer 7/4/2017 analizamos como se consolida la corrupción en las contrataciones públicas nacionales e internacionales. De ese modo indiferente también actuó Contrataciones Públicas en el caso Odebrecht-Punta Catalina, en el cual tenemos cuatro años de litigaciones y ahora es que comienza a aparecer las verdades de este proceso.

Lajun no solamente obtuvo la obra sin licitación, sino que también obtuvo los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), haciéndose propietaria de millones de metros cuadrados.

Ciertamente se trató de un contubernio y nosotros preguntamos ¿Quién va a demandar la nulidad del pseudo contrato de venta de esos inmuebles?. Evidentemente ningún funcionario lo va a hacer porque ya previamente hubo tráfico de influencias en las negociaciones. Es el mismo caso del “Barrio Chino”, del Parque Eugenio Maria de Hostos, de los expedientes Sun land, Felix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

También los casos de la llamada OISOE con asiento en el Palacio Nacional; el caso CORDE; el expediente del CEA, la destrucción y el desmonte de más de diez ingenios azucareros a partir de 1996 y de más de treinta y tres empresas comerciales e industriales propiedad del Estado Dominicano.

También el desmantelamiento de la base de la Marina de Guerra en San Souci; el caso de cantidades de obras sobrevaluadas; y han sido descuartizados la mayoría de los bienes del Estado, estratégicos y no estratégicos. Y en futuro corto esperemos el seguro descuartizamiento de Bahía de las Águilas, que tiene sus días contados…

Ciertamente el contrato de venta del terreno realizado con el CEA es nulo de nulidad absoluta porque no ha pasado todavía por el Congreso Nacional para su aprobación. Tal vez se encuentre en trámite, pero hasta hoy no existen informaciones sobre el particular.

Es decir que estamos frente a un sistema de corrupción en el caso del vertedero de Duquesa y tanto los funcionarios que intervinieron y usaron tráfico de influencia en relación con la asignación de la contratación y con la venta de los terrenos, tienen sus dividendos en sus faltriqueras.

En síntesis repetimos lo que dijimos el 7/4/2017 tenemos: reparto de beneficios y capitales estatales; contrataciones sin licitaciones; negociaciones espureas entre funcionarios que hoy tienen los bolsillos llenos de dólares, empresas extranjeras con propiedades inmobiliarias respaldas en títulos falsificados, y nadie, mucho menos los políticos partidistas, hablan de justicia o de eliminar la impunidad.

En consecuencia, hay que hablar de democracia, pero no de aquella que es puramente palabrera, que habla de “Estado social de derecho”, que es una gran mentira; por tanto, no de aquella que tiene carácter fundamentalmente corporativo donde reina la complicidad de funcionarios, la prevaricación, la impunidad, las contrataciones corruptas, el crimen y el robo…

Hay que hablar de aquella democracia nueva donde no hay impunidad, mala distribución del ingreso, fraude, contrataciones viciadas; sino la democracia que debemos construir a partir del desvelamiento de la corrupción que destapó Odebrecht-Punta Catalina, y que debe ser producto del esfuerzo de los dominicanos conscientes y patriotas que sean capaces de plantear la reforma del Estado mediante una constituyente que haga posible que nunca más los casos de corrupción queden impunes.

Que nunca más haya una reforma constitucional pagada, un consecuente proceso electoral fraudulento y viciado financiado con los dineros de la corrupción incluyendo los capitales de la confesa Odebrecht.

El paso de avance debe ser firmemente hacia una constituyente, que permita lanzar al zafacón la corrupción y la impunidad, cámara baja y la cámara alta, pues allí se anida la basura y crecen como helechos  los desechos que debiera recoger la empresa extranjera Lajun.

 

About the author

Angel Moreta

Angel Moreta, jurista, sociólogo, y filósofo; Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana, Autor-Editor de Debateplural.

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