El Tribunal Supremo de Justicia prohibió ayer miércoles a la fiscal general Luisa Ortega Díaz abandonar el país y le congeló sus cuentas bancarias, como parte de un proceso que le sigue por supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo.
En medio de una creciente tensión tras la denuncia de un supuesto complot contra el gobierno a raíz de un ataque a dos organismos públicos, la Corte informó en un comunicado que Ortega Díaz tampoco puede enajenar y gravar sus bienes mientras se decide sobre una solicitud para retirarle la inmunidad y enjuiciarla.
Ortega Díaz era una defensora del gobierno socialista establecido por el expresidente Hugo Chávez, pero recientemente se convirtió en una crítica del actual mandatario Nicolás Maduro. El máximo tribunal inició este mes un proceso contra la fiscal a solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño.
El Tribunal Supremo fijó para el 4 de julio la audiencia en la que se escucharán los alegatos de la fiscal y otros funcionarios sobre el caso. El anuncio de la sentencia se dio pocas horas después que Ortega Díaz se declaró en rebeldía contra el máximo tribunal y dijo que desconocería las sentencias de la víspera en la que se le otorgó a la Defensoría del Pueblo parte de las atribuciones del Ministerio Público para la investigación de procesos penales que tengan que ver con los casos de violaciones de derechos humanos.
“Continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional”, dijo en rueda de prensa y llamó a los venezolanos a acogerse al texto de la Constitución que obliga a colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la carta magna. Ortega Díaz, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, también criticó la actuación del gobierno y las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales.
EL ACTOR Y EL HELICÓPTERO
El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, informó ayer que el helicóptero usado el martes para atacar el Tribunal Supremo de Justicia fue localizado por las autoridades en una localidad del estado Vargas, cercano a Caracas, e indicó que hasta el momento no hay detenidos por estos hechos. Según el Gobierno, un agente de la policía científica venezolana (CICPC), llamado Oscar Pérez, hurtó antier un helicóptero con el que sobrevoló las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, donde lanzó cuatro granadas y realizó disparos. El Aissami explicó que la aeronave fue hallada en la población de Osma, una zona norte costera del litoral central venezolano, y “está en este momento siendo inspeccionada” para su posterior traslado hasta Caracas donde se “harán experticias”.
