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Corruptos a la cárcel: La batalla continúa

Written by Debate Plural

Guillermo Moreno (D. Libre, 12-6-17)

El Procurador General apoderó al Magistrado Francisco Ortega, en calidad de Juez de la Instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, de la solicitud de imposición de medidas de coerción contra 14 imputados, entre los que se encuentran 5 destacados dirigentes del PLD, miembros del Comité Político, Comité Central, Senadores, Ministros y el Secretario de Finanzas del partido, a los que les imputa, entre otras, violación de la leyes de soborno, lavado de activos y de declaración jurada de patrimonio; enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, falsedad, desfalco, prevaricación.

El Juez de la Instrucción, en su resolución del pasado 7 de junio, al imponer medidas de coerción a 13 de los imputados, incluyendo prisión preventiva contra 8 de ellos, nos estaba diciendo que hay elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que los imputados con probabilidad son autores o cómplices de las infracciones puestas a su cargo y que existe “peligro de fuga”.

¿Qué pudo llevar en este caso al procurador y al Juez de la Instrucción a adoptar una y otra decisión?

¿Acaso fue que el Procurador encontró pruebas suficientes? De ser así ¿por qué no procede con igual diligencia en las decenas de expedientes de corrupción repletos de pruebas y que duermen el sueño eterno en la PEPCA?

¿Qué puede explicar que el Juez de la Instrucción, en este crimen de cuello blanco, en que figuran 5 turpenes del partido oficial, se “topara”, ¡eureka!, con indicios suficientes en contra de los imputados y, más aun, que a pesar de tener todos evidente arraigo, “dedujera”, ¡albricias!, peligro de fuga?.

Sin dudas, en este expediente influye que la fuente primaria de las pruebas no está bajo el control del Procurador y que fue la propia empresa delincuente la que confesó practicar actos de soborno por US$92 millones en el período 2001-2014.

Ahora bien, el factor fundamental que determina el lugar donde hoy se encuentra este caso de corrupción es la sostenida movilización ciudadana que desde el 22 de enero estremece al país por los 4 puntos cardinales y que lejos de parar se amplía y fortalece.

Pero no creamos que es una batalla ganada. Preparémonos, que ahora viene lo más difícil.

Primero, hay que lograr completar la investigación con la inclusión de los nombres que faltan. El danilismo hábilmente tiró a la hoguera a estos 5 para distraernos y proteger a los suyos.

Hay que insistir: la investigación no es seria ni creíble si no incluye a Reinaldo Pared y Cristina Lizardo, responsables de la aprobación del 91% de los contratos y préstamos de Odebrecht, junto a Abel Martínez en la Cámara de Diputados; a Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas en los últimos 5 años, contratante y contraparte por el Estado de importantes obras de Odebrecht y, evidentemente, a Rubén Jiménez Bichara, responsable del más grande robo público del siglo XXI en la RD: la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

La investigación debe incluir también a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y a Danilo Medina, responsables los tres, cada uno en su momento, de la decisión de las 17 obras construidas por Odebrecht.

Segundo, ampliar la investigación. Es inaceptable que no se haya incluido la sobrevaluación de las obras construidas por Odebrecht, la financiación ilícita de las campañas electorales y el soborno de legisladores para introducir la reelección en la Constitución en favor de Danilo Medina.

Tercero, lograr que finalmente sean sancionados ejemplarmente los responsables de los actos de corrupción y se recupere lo robado. No olvidemos que los hoy imputados apenas están bajo medidas de coerción. De entrada, entre los jueces que van a conocer la apelación de las medidas de coerción, tres son recusables por sus vínculos con el partido oficial.

Es de consenso que respecto de las imputaciones presentadas por el Procurador hay serios vacíos probatorios. No es descartable que estemos frente a una estrategia de ganar tiempo, contener a la ciudadanía y luego dejar perder el caso en un limbo jurídico hasta que sobrevenga el descargo.

Es pues ahora, cuando realmente se va a librar esta batalla contra la corrupción y la impunidad.

Dejémonos de poses e hipocresías, que aquí todos sabemos que ese Procurador y Poder Judicial no son independientes y en su generalidad son serviles al partido oficial y que, en casos como este, la decisión final se adopta en el Comité Político o en el Palacio Nacional.

En el actual nivel de deterioro de las instituciones y de podredumbre del Poder Judicial, aquí sólo puede haber justicia contra ladrones del patrimonio público si hay el temor de que una decisión complaciente a los culpables desate la ira popular. Por eso, la movilización y manifestaciones de calle deben mantenerse de forma permanente y en todo el territorio nacional. Hay que mantener acorralados a los corruptos y que ellos sientan el cerco.

Me llama la atención que en todas las marchas verdes hay un estribillo que se repite: “Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno”.

Ojalá los de arriba lo tengan bien presente.

Es de consenso que respecto de las imputaciones presentadas por el Procurador hay serios vacíos probatorios. No es descartable que estemos frente a una estrategia de ganar tiempo.

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