Nacionales Sociedad

J. Harold Pierre planteó en 2013 el estado de debate constitucional sobre RD-Haití

Written by Debate Plural

Joseph Harold Pierre (Hoy, 26-10-13)

 

La sentencia del Tribunal Constitucional para despojar a unas 250,000 personas de sus documentos legales, divide a la sociedad en dos bloques. Dada la importancia del tema ha suplantado el debate acalorado del voto preferencial. Organismos internacionales se han pronunciado al respecto. Haití y su diáspora, preocupados por la suerte que puedan incurrir sus descendientes, han tomado partido en el debate. La opinión pública siendo uno de los pilares de la democracia, como lo reconocen grandes filósofos como Jürgen Habermas y Richard Rorty, propongo en este ensayo presentar las ideas que alimentan el debate sobre la decisión del Tribunal, en el objetivo de ayudar a consolidar espacios de diálogo, susceptibles de ayudar a resolver el problema.

Contextualización. Juliana Deguis Pierre finalmente tiene sus documentos mientras que se está averiguando si le corresponde o no la nacionalidad dominicana, al igual que los más de 200 mil personas que conocerán dentro de un año si son dominicanos o no.

Aparte del despojo de los documentos, otra acción vinculada a la sentencia radica en que la Dirección General de Migración (DGM) se propone establecer la legitimidad migratoria de los trabajadores extranjeros. Como medida, los individuos y empresas que emplean a inmigrantes ilegales pagarán multas que van de 3 a 10 o de 5 a 30 salarios mínimos.

Mientras tanto, el presidente Danilo Medina presentó excusas a los afectados y reconoce que la sentencia ha provocado un “drama humano” al cual se debe encontrar una solución en el diálogo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso como solución a esta crisis una amnistía. Otros prefieren la modificación de la Ley 1683 sobre la nacionalización con el fin de permitir a los afectados adquirir la nacionalidad por naturalización.

En el mismo contexto, los nacidos en territorio dominicano de origen haitiano, reunidos en el movimiento “Reconoci.do”, han estado exigiendo sus documentos de identidad dominicanos. Bajo la coordinación de Ana Belique y Juan Telemín, se manifestaron ante la Junta Central Electoral (JCE) y organizaron una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) contra la decisión del TC.

Terminada esta contextualización, vamos a presentar los dos bloques de la sociedad dominicana, es decir, los ciudadanos que están a favor de la decisión y los que la rechazan. Además, se dará a conocer la posición de la comunidad internacional y de Haití, sobre todo que este último es particularmente afectado por la decisión.

A favor de la sentencia. Para Ricardo Taveras, titular de la Dirección General de Migración Dominicana, la sentencia es una “medida muy sabia” e “histórica” porque “abre las puertas que conducen a la resolución definitiva de un problema que sigue siendo una herida abierta en la sociedad dominicana y que se encuentra entre el respeto al Estado de derecho y el drama humano de las personas que necesitan una solución permanente a sus problemas de identidad”. El jefe de la migración sostiene que, con esta medida, los afectados saldrán de su indefinición nacional y que tendrán de una vez por todas un estatuto y una identidad definida, sin que las leyes sean violadas.

Para rechazar la idea de la apatridia, los defensores de la sentencia se apoyan en el artículo 11 de la Constitución de Haití de 1987, que estipula que “posee la nacionalidad haitiana de origen, toda persona nacida de un padre haitiano o madre haitiana, que son en sí mismos haitianos de origen y que nunca renunciaron a su nacionalidad en el momento del nacimiento”. En otras palabras, las personas nacidas de padres ilegales (irregulares, dice la ONU) a partir de 1929 no son apátridas, sino haitianos, pues adquieren conforme al artículo citado la nacionalidad de sus padres. En defensa de esta medida aparecen varios nombres, entre los cuales se encuentran el cardenal López Rodríguez, monseñor Agripino Núñez, el escritor Manuel Núñez, el abogado Julio Cury y Vincho Castillo.

El Cardenal defiende la sentencia que es, para él, “absolutamente justa”, ya que “el TC actuó conforme a la ley”. El prelado insultó a las voces que se oponen a la medida, calificándolas de “sin vergüenza” y “canalla”, al tiempo que denunció a las ONG que, según él, llevan a cabo una campaña contra el Estado dominicano, entre las cuales se encuentra el Centro Bonó, una institución social de los jesuitas. Por su parte, monseñor Agripino apoya la sentencia, si bien reconoce que esta será objeto de grandes debates, ya que los afectados acudirán a otras instancias para presentar sus reivindicaciones.

Por otra parte, Consuelo Despradel externalizó su apoyo a la sentencia, al tiempo que reconoce, sin embargo, el drama humano que la misma está provocando. De igual modo, el escritor Manuel Nuñez, autor de “El Ocaso de la Nación Dominicana” (libro cuya tesis central es que la presencia haitiana en la República Dominicana puede estancar el progreso de esta última y su fracaso) piensa que esta medida podrá ayudar contra la colonización de la República Dominicana por inmigrantes haitianos. Por último, el expresidente Fernández declaró en Nueva York que, en cuanto a la nacionalidad, se deben respetar la soberanía y la autodeterminación de cada nación y subraya que en el caso dominicano, el vínculo territorial para obtener la nacionalidad está condicionado por la situación legal de los padres. Sin embargo, destacó que si la decisión es retroactiva, existe “un problema (jurídico) para determinar el estatuto legal de las personas que han vivido en el país y que han tenido la documentación dominicana”. Por último, la Academia Dominicana de Derecho recientemente considera la sentencia como una decisión valiente y califica de rebelión contra el Estado la acción de los sectores opositores.

En resumen, los defensores de la sentencia fundamentan su argumento en que la Constitución haitiana reconoce como haitiano todo individuo nacido de padres haitianos y en que los padres de los extranjeros (la mayor parte haitianos) afectados por la decisión son hijos de padres indocumentados. Ahora, ¿qué dicen las personas e instituciones que rechazan la sentencia?

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