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¿Quién responderá por el caso de corrupción de la empresa española Lajun?

Written by Angel Moreta

Por: Angel Moreta (Autor-Editor)

 

La empresa española Lajun disfruta en República Dominicana de una contratación pública para la recogida de desechos sólidos en la Provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, desde hace más de una década.

Se trata de una situación privilegiada, que se ha consolidado en los distintos municipios de ambas provincias sin que se haya celebrado una licitación pública nacional vigilada, como debe ser, por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en virtud de las disposiciones de la ley 340 y su reglamento, ambos de 2006.

Cientos de millones de pesos se invierten mensualmente en el servicio de recogida de desechos y desperdicios en los municipios de Santo Domingo Este, Oeste y Norte, sin que se divulguen durante todos esos años los ingresos y gastos contemplados en los presupuestos municipales. No se conoce una contabilidad seria de los gastos invertidos en la recogida, en la cual se transparenten aquellos que corresponden a la empresa española y los que pertenecen a los municipios correspondientes.

Los consejos de regidores de todos los municipios envueltos en la contratación con la empresa Lajun, no se han manifestado con respecto al caso de dicha compañía, antes al contrario han hecho silencio y su conducta ha sido dejar hacer y dejar pasar, lo cual es extraño en este momento en el cual la prepotencia del ente comercial hace inviable un dialogo positivo, pues todo indica la existencia de una situación privilegiada y la presencia de contubernio entre funcionarios, alcaldes y consejos de regidores.

Sin embargo, se impone una investigación seria de la empresa española; una revisión a fondo de los contratos que permita obtener respuestas precisas a las interrogantes que han aparecido últimamente en relación con la confrontación sobre los diversos aspectos relacionados al vertedero de Duquesa.

Existen aspectos ambientales, de salubridad pública, sociales, jurídicos y de política municipal que ameritan ser tomados en cuenta para el análisis de los problemas históricos y sociológicos, y hasta políticos, que se encuentran envueltos en la actual situación extrema que afecta a todas las comunidades sin que haya iniciativas de ninguna especie para criticar el manejo poco transparente del marco legal relacionado con el gobierno nacional y los municipios.

Tampoco la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) se ha manifestado en relación con las distintas situaciones polémicas que se encuentran presentes actualmente, circunstancias en las que sobresale la arrogancia y prepotencia de la empresa española.

El marco general en que se encuentra la República Dominicana es el de gobiernos tradicionales de carácter no nacional, incapaces de representar y defender los intereses del país.

Gobiernos que llegan por vía de elecciones dudosas o fraudulentas, por medio de financiamientos de empresas extranjeras que han logrado contrataciones espureas; del monopolio corporativo de las élites empresariales aliadas con el poder espiritual de las jerarquías eclesiásticas, que monopolizan el llamado “Estado Democrático”, el llamado eufemísticamente “Estado social de Derecho”, a través de los partidos políticos tradicionales, de las alianzas con gobiernos y embajadas extranjeras acostumbradas a imponer sus intereses; y los funcionarios que llegan al gobierno cada cuatro años y ocupan el Palacio Nacional en calidad de  inquilinos transitorios del Estado.

Esos funcionarios se benefician de la concentración de poderes, que es práctica habitual de las élites políticas corporativas tradicionales, mediante tráfico de influencia, dolo, concusión, información privilegiada, estafa de los bienes públicos, enriquecimiento ilícito y prevaricación de fondos y presupuestos.

De esta manera falseada e hipócrita se produce la asignación de obras y la realización de licitaciones públicas nacionales e internacionales.

Es la razón por la cual las empresas extranjeras violan en República Dominicana cualquier marco jurídico, de manera impune ya que han “repartido” y “reparten”, de manera habitual y como cultura oficial, las inversiones y los fondos consignados en los presupuestos públicos.

Volviendo al caso Lujan, el presidente de la República no se ha manifestado en defensa del interés general de la nación. Predomina la ley del silencio, al igual que se ha hecho en el caso Odebrecht-Punta Catalina. Sin embargo, el caso vertedero Duquesa-empresa Lujan, por sus características negativas para el medio ambiente, la salud pública, la vida municipal y el marco jurídico municipal, amerita la formación y nombramiento de una comisión investigadora que realice un estudio sobre los distintos aspectos envueltos en este asunto.

El gobierno del presidente Danilo Medina  debe tomar el control de la situación y ordenar una investigación seria que permita llegar a resultados confiables y transparentes, resultados que podrían ser de carácter judicial en donde respondan a la justicia los funcionarios implicados y los directivos de la empresa Lujan.

Lo primero a investigar es la contratación pública realizada sin licitación, y que resultó a favor de la empresa Lujan; lo segundo es la investigación de la supuesta venta de los terrenos de Duquesa realizada por el CEA a favor de la empresa española; lo tercero es averiguar la legítima titularidad del inmueble o los inmuebles dentro de la parcela correspondiente; lo cuarto es la aprobación o supuesta aprobación de la venta del CEA en la Cámara de Diputados supuestamente realizada en fecha 10 de febrero de 2009, ya que se ha dicho que en esa fecha no hubo reunión de la Cámara de Diputados ; lo quinto es saber o conocer el meollo de la transferencia en el Registro de Títulos del Distrito Nacional y en el Registro Nacional de Títulos, para determinar de qué manera legitima o ilegitima Lujan adquirió esos inmuebles; y por último las vías inmediatas de solución para salvar a la población de enfermedades mortales que afectarían la salud pública.

En todas esas operaciones están envueltos funcionarios privilegiados hasta hoy innominados, que no llegarán al alcance de la justicia, como no ha llegado a aquellos envueltos en los casos de las ventas ilegitimas realizadas por las entidades estatales CEA y CORDE, ventas que resultan dilapiladorias del patrimonio público y ofensivas al marco regulatorio municipal y constitucional.

De igual modo la justicia se negó a llegar a los funcionarios como  Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa y al Director de la OISOE, este último en el Palacio Nacional.

About the author

Angel Moreta

Angel Moreta, jurista, sociólogo, y filósofo; Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana, Autor-Editor de Debateplural.

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