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Vertedero de Duquesa: Otro caso de corrupción en República Dominicana

Written by Angel Moreta

Por: Angel Moreta (Autor-Editor)

 

Después del ajusticiamiento del dictador, acontecido el 30 de mayo de 1961, comenzó en nuestro país un periodo de convulsiones políticas y de inestabilidad de la vida del pueblo dominicano. Como consecuencia del golpe de Estado contra el profesor Bosch, se inicia un reagrupamiento de fuerzas sociales y de sectores económicos que culminan en un acontecimiento histórico que es la llamada guerra de abril de 1965,  en cuyo periodo inicial se produce la tercera intervención norteamericana en nuestro país.

La soldadesca invasora extranjera que humilló a todos los dominicanos, contribuyó con el desarrollo de una guerra sucia que golpeó lo cimientos de nuestra sociedad.

Los agentes y soldados norteamericanos trajeron nuevos hábitos y costumbres y nuevas maneras de ver el mundo y las cosas, en una sociedad desorganizada a la cual se le había impedido desarrollar sus aspiraciones emancipatorias.

En efecto, las tropas extranjeras trajeron el narcotráfico, enseñaron a la juventud las drogas, los asesinatos, homicidios, persecuciones políticas y conductas delicuenciales. Este fenómeno se conjugó con el inicio de un proceso de migraciones internas y procesos de organización desigual que generaron una difícil situación de sobrevivencia en todo el territorio nacional.

Las nuevas élites económicas y políticas surgen en su accionar de la influencia norteamericana y la presencia de EU. Aparecen los partidos tradicionales que no trajeron nada nuevo al pueblo dominicano; y los sectores burocráticos balagueristas se presentan a la vida política nacional como portadores de la salvación y del futuro del país. Surgen también los políticos partidistas y los politicastros clientelistas, vividores de los partidos, y algunos de ellos se sitúan como empresariado nacional, inversionistas con privilegios y capitalistas de nuevo cuño.

El proceso de acumulación de riquezas se produce entonces desde la política y aquí está el origen de la corrupción que hoy vivimos en República Dominicana. Se forma la relación funcionarios, tráfico de influencias, tráfico de información privilegiada, crímenes económicos y políticos desde el Estado. Las nuevas élites tomaron el Estado como el centro del enriquecimiento ilícito y del proceso de acumulación y de reacumulacion capitalista.

De este modo se consolida la corrupción: no hay contratación pública que no esté teñida de corrupción, y a la luz de estas prácticas tóxicas y fraudulentas, el país y el Estado caminaron lentamente hacia el robo, el peculado, el fraude, el crimen, el tráfico de influencias, la concusión y la prevaricación.

La contratación para la recogida de basuras urbanas, cuyo lecho final es el vertedero de Duquesa, recayó sobre una empresa extranjera llamada Lajun, que tiene actualmente el monopolio de la recogida y el procesamiento final de la basura en dicho vertedero. Obviamente, en base a estos privilegios, Lajun se convirte en empresa contratada en base a las gestiones y acuerdos con los funcionarios municipales y de alta influencia en el Estado, que les permitió sacar de esa negociación un jugoso reparto de dineros y beneficios que luego se convirtieron en capitales.

La contratación pública hoy es un gran negocio para los políticos y politiqueros, el cual que tiene que ver con la administración del vertedero y la recogida de desechos, en el caso que nos ocupa.

De estas negociaciones salen capitalistas unos y otros, pero lo más pernicioso y escandaloso es que las enfermedades que surgen como consecuencia de la degradación de la basura las recibe el pueblo dominicano, que día tras día vive en situación de pobreza extrema y creciente, producto de la acumulación de riquezas mal habidas de las élites privilegiadas de los gobiernos. Aquellos que cada cuatro años se convierten en inquilinos provisionales del Estado mediantes procesos eleccionarios fraudulentos, son hoy socios de esas negociaciones espureas.

El vertedero de Duquesa, la empresa Lajun y los funcionarios que hicieron los acuerdos dudosos están hoy protegidos por la impunidad.

Esta situación no es nada extraordinaria, y ahí están todas las tratativas y casos que se han hecho durante los últimos años; por ejemplo, el caso Sun land, los casos Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa; la llamada OISOE con asiento en el Palacio Nacional; el caso CORDE; el caso CEA; la destrucción de más de diez ingenios azucareros a partir de 1996 y de más de treinta y tres empresas comerciales e industriales; el desmantelamiento de la base de la Marina de Guerra en San Souci; el caso del Barrio Chino; y han sido descuartizados la mayoría de los bienes del Estado, estratégicos y no estratégicos. Esperemos el seguro descuartizamiento de Bahía de las Águilas…

En el caso Lajun tenemos una contratación sin licitación; un título de propiedad falsificado, obtenido con la complicidad y el contubernio de individuos y sujetos de la Jurisdicción Inmobiliaria, y no hay investigación alguna y los funcionarios hacen silencio, palaciegos y no palaciegos; todo el mundo tiene su dinero en los bolsillos, y las calles llenas de desechos.

Con el actual sistema “democrático” que tenemos los dominicanos, producto de la Constitución de 1966, nunca tendremos castigo para el crimen, sino impunidad y salvaguarda. Tendremos justicia sorda y ciega para la corrupción y la prevaricación, pues también ella participa del reparto de beneficios y capitales de origen espúreos.

Hoy la empresa española se hace rica con los desperdicios, los funcionarios hacen silencio; la contratada española sin licitación se convierte en propietaria de miles y miles de metros de terrenos, lo cual quiere decir, que no solo es una recogedora de basuras, sino también una millonaria propietaria de terrenos.

En síntesis tenemos: reparto de beneficios y capitales estatales; contrataciones sin licitaciones; negociaciones espureas entre funcionarios que hoy tienen los bolsillos llenos de dólares, empresas extranjeras con propiedades inmobiliarias respaldas en títulos falsificados, y nadie, mucho menos los políticos partidistas, hablan de justicia o de eliminar la impunidad.

En consecuencia, hay que hablar de democracia, pero no de aquella que es puramente palabrera, que habla de “Estado social de derecho”, que es una gran mentira; por tanto, no de aquella que tiene carácter fundamentalmente corporativo donde reina la complicidad de funcionarios, la prevaricación, la impunidad, las contrataciones corruptas, el crimen y el robo…

Hay que hablar de aquella democracia nueva donde no hay impunidad, mala distribución del ingreso, fraude, contrataciones viciadas; sino la democracia que debemos construir a partir del desvelamiento de la corrupción que destapó Odebrecht-Punta Catalina, y que debe ser producto del esfuerzo de los dominicanos conscientes y patriotas que sean capaces de plantear la reforma del Estado mediante una constituyente que haga posible que nunca más los casos de corrupción queden impunes.

Que nunca más haya una reforma constitucional pagada, un consecuente proceso electoral fraudulento y viciado financiado con los dineros de la corrupción incluyendo los capitales de la confesa Odebrecht.

El paso de avance debe ser firmemente hacia una constituyente, que permita lanzar al zafacón la corrupción y la impunidad, cámara baja y la cámara alta, pues allí se anida la basura y crecen como helechos  los desechos que debiera recoger la empresa extranjera Lajun.

About the author

Angel Moreta

Angel Moreta, jurista, sociólogo, y filósofo; Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana, Autor-Editor de Debateplural.

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