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La Chatarra legal

Written by Debate Plural

Eduardo J.Prats (Hoy, 2-12-10) 

 

En los últimos años, ha entrado en vigor un conjunto de leyes que ha transformado dramáticamente el ordenamiento jurídico dominicano.

Se trata de un conjunto de normas tendentes a fortalecer los derechos y la institucionalidad: leyes que garantizan los derechos de los consumidores, el acceso a la información pública, el control judicial de la actuación de la Administración, el sistema de rendición de cuentas y de Administración financiera, el amparo judicial de las libertades, el debido proceso penal y judicial, en fin, el conjunto de garantías e instituciones que conforman lo que conocemos como Estado de Derecho.

Esta reforma legal estructural será simple letra muerta si Estado y sociedad, mancomunada e independientemente, no propician un acercamiento del ser de la realidad que vivimos al deber ser de las normas vigentes. Se ha hablado de la necesidad de luchar por el Derecho para que el Derecho de los libros se transforme en un Derecho en acción, en un Derecho vivo. Y es que las simples reformas legales no producen por sí solas un cambio de las prácticas sociales e institucionales: como bien dijo Hostos hace más de un siglo, se requiere de un esfuerzo consciente y constante para la implementación de las normas.

El Estado juega un rol vital en lograr que lo normativo devenga normalidad, que el ser se acerque al deber ser. Un Estado que incumple las normas, un Estado que no es árbitro justo entre los ciudadanos, que él mismo viola las reglas de juego, no contribuye a que se consolide el Estado de Derecho. Muy por contrario, él mismo se convierte en un corrosivo de las normas cuando se supone que el Estado –en especial el ejecutivo y el judicial- procura que las leyes se cumplan. Por eso erosiona tanto la moral pública y el Derecho que el Estado se niegue a cumplir la ley y conspire constantemente para su violación, haciendo reinar así la cultura del “cumplimiento”: cumplo y miento.

Podría decirse que el Estado dominicano provoca la obsolescencia planificada de las normas,  lo que Alejandro Nieto ha denominado en su libro “Crítica de la razón jurídica”, la “chatarra legal”. La chatarra legal es “esa parte del Derecho normado que los jueces no validan ni aplican, las administraciones públicas no ejecutan y los demás agentes sociales no cumplen ni observan”. Como bien afirma Nieto, “no existen estadísticas (ni podrá haberlas nunca) sobre los preceptos jurídicos que viven, los que nacen ya muertos y los que se mantienen unos años antes de terminar en el montón de la chatarra.

La verdad es que el tiempo es el peor enemigo de las leyes, que la sociedad es a veces impenetrable a las innovaciones legislativas y que en ocasiones son los jueces quienes hacen inviables algunos preceptos jurídicos a los que no dan oportunidad alguna de ser eficaces. Sea por una causa u otra, el hecho es que algunos textos lingüísticos normativos se quedan dormidos, antes o después, en el papel de los Boletines Oficiales”.

Se trata de normas que están destinadas al zafacón desde el momento de su concepción. Reglas que, muchas veces, son diseñadas de manera tan enrevesada que se dificulta su aplicación. Principios derivados de otros Derechos y de las mejores prácticas pero que, en manos de litigantes temerarios y de jueces corruptos o miedosos, devienen letra vacía. Estamos en presencia no de un sistema jurídico con desviaciones sino de un sistema desviado: las desviaciones no son ocasionales ni accidentales sino que son regulares y deliberadas. La mejor prueba de ello es que todo el mundo las denuncia pero nadie hace nada para evitarlas.

No podemos permanecer indiferentes frente a un ordenamiento cuyas normas están vigentes pero no se cumplen. Si no queremos que todas nuestras leyes se vuelvan simple chatarra, si queremos evitar que se oxide nuestro incipiente Estado de Derecho, se trata no solo de llevar el Estado a su propia legalidad. Además, como bien señala el Informe Attali, los propios ciudadanos tenemos que cumplir la ley, y esto comienza por el pago de la electricidad, los impuestos y el agua.

En una verdadera república, la ciudadanía no solo es cuestión de derechos sino también de deberes.

 

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