Economia Nacionales

Volviendo al salario en el Estado

Written by Debate Plural

Ramón Flores (D. Libre, 15-10-16)

Durante la tiranía de Trujillo, el grueso de los empleados civiles y militares del Estado, recibían los salarios propios del país pobre de aquella época. En cambio, los altos funcionarios recibían remuneraciones superiores a su contraparte en Estados Unidos.

Tras la caída de la tiranía, Balaguer comenzó cada uno de sus dos gobiernos cortando drásticamente el salario de los altos funcionarios públicos. Con ello procuraba una estructura salarial chata que legitimara su permanente austeridad. Como era un tema muy sensible para el Presidente, los altos funcionarios sabían hasta donde podían extender la sábana.

Reaccionando contra aquellos recortes, los gobiernos del PRD y el PLD, siempre comenzaron elevando los salarios de la cúpula. De hecho, aunque algunos de sus elementos vienen de más lejos, la actual estructura salarial del Gobierno Central toma cuerpo a partir de 1996, cuando se quintuplica por decreto el salario de los ministros y viceministros; se crean organismos reguladores con salarios referenciados a los de los ejecutivos de las empresas que regulan; y en medio de una gran crisis, se producen grandes aumentos salariales en el Banco Central y las empresas eléctricas del Estado.

La legislación sobre el salario de la administración pública pudo corregir muchos excesos. Pero la misma nunca procuró una estructura salarial equilibrada, ni abordó el tema de los salarios más bajos. Y después de muchas peleas, terminó igualando hacia arriba las remuneraciones de un grupo de altos funcionarios. Y reconociendo el derecho de muchas instituciones a establecer remuneraciones por su cuenta.

Hoy, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y docenas de organismos descentralizados y entidades independientes, reivindican su derecho a crear puestos y fijar salarios al margen del resto del Estado. Y si bien los Ministros tienen sus salarios fijados por ley, ellos también reivindican el derecho a crear posiciones y fijar salarios.

Con decenas de individuos y grupos colegiados estableciendo remuneraciones, sin normas ni muros que los contengan, se ha generado una estructura salarial esquizofrénica. En un país con ingreso per cápita inferior a US$7,000, hay funcionarios públicos con salarios superiores a los de su contraparte en Estados Unidos. Muchos funcionarios tienen salarios superiores al del Presidente. Salarios equivalentes a 40 veces el ingreso per cápita y a 140 veces el salario mínimo del Gobierno Central. Salarios públicos 20 veces mayor que el salario del maestro. Maestros que sí pueden protestar, ganando cinco veces el salario del policía, que no puede. Organismos e instituciones que pagan el doble que otras por el mismo trabajo. Y muchos empleados de poco hacer, porque son contratados para hacer nada.

Siendo el salario el valor relativo del trabajo, la armonía salarial en el seno del Estado no sólo depende de lo que gana el Presidente, el banquero, el regulador, el maestro, el policía o el conserje, sino de lo que gana cada uno de ellos en relación con lo que ganan los otros. Como los salarios desproporcionadamente altos suelen servir para muchas cosas, pero no para mejorar la ética y eficacia en el Estado, los gobernantes deben discutir si la relación entre el salario público más alto y el más bajo debería ser 14 a 1 o 140 a 1; o si en un régimen presidencialista, el salario del Presidente debería o no fijar el techo salarial del Estado. Lo que no es discutible es que la presente estructura va convirtiendo la cuestión salarial en un distractor que de manera permanente desenfoca los organismos e instituciones del Estado de sus tareas misionales.

No se trata de un asunto menor. La República Dominicana es una sociedad democrática, con una de las economías más dinámicas del planeta. Habiendo alcanzado un nivel de ingresos medios, la historia sugiere que sus posibilidades de avanzar y dar el salto hacia el desarrollo dependen cada vez más de la capacidad del liderazgo nacional para institucionalizar el Estado. Y la institucionalización del Estado pasa inevitablemente por la institucionalización del salario dentro del Estado.

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