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Biden y el fantasma de Guantánamo

Escrito por Debate Plural

Sergio Ferrari (Rebelion, 22-1-21)

 

El futuro de ese centro ilegal de detención será un termómetro más para tomarle la “fiebre” al nuevo-viejo equipo gobernante.

Aunque no pareciera integrar la agenda prioritaria de la nueva administración estadounidense, Guantánamo seguirá ocupando un lugar esencial en el debate global sobre la indignidad humana. El futuro de ese centro ilegal de detención será un termómetro más para tomarle la “fiebre” al nuevo-viejo equipo gobernante.

Las voces críticas vuelven a sintonizar la denuncia y acrecientan la exigencia de acabar con esa instalación donde todavía se alojan 40 prisioneros. Luego de cuatro años de ronquera sistemática y de más de una década de promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos de ese país, hay que terminar con esa cárcel “vergonzosa para los Estados Unidos y para la comunidad internacional en su conjunto”.

Quienes acaban de alzar la voz son un grupo de expertos de las Naciones Unidas. A través de un comunicado, emitido el segundo lunes de enero de 2021, reclaman el cierre del penal y la investigación de los abusos de las garantías fundamentales cometidos en el mismo.

“Guantánamo debería haberse cerrado hace mucho tiempo”, afirman conjuntamente Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Leigh Toomey, Elina Steinerte, Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila y Seong-Phil Hong, todos ellos integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Suscriben también la posición crítica del organismo internacional Agnes Callarmard, relatora especial sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales, y la relatora especial Fionnuala Ní Aoláin, a cargo de protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista (https://news.un.org/es/story/2021/01/1486412).

Los relatores forman parte de los denominados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de la ONU. Investigan y supervisan situaciones de derechos humanos en países problemáticos o dan seguimiento a temas específicos sobre ciertos derechos esenciales violados.

Los detenidos actuales en la cárcel de la Bahía de Guantánamo –todos entre 38 y 73 años de edad y con 13 a 19 años de encarcelamiento en sus espaldas– corren el riesgo de morir en prisión por el rápido deterioro de su salud debido al envejecimiento y los daños físicos y mentales causados por las condiciones crueles e inhumanas de su encarcelamiento, subrayaron estos expertos.

De los cuarenta, solo uno fue formalmente condenado, y cumple su pena. Varios permanecen encarcelados, sin cargos, y podrían ser liberados, pues no se los acusa de nada. Así lo señala Yves Prigent, encargado del seguimiento de la situación en Guantánamo para la sección francesa de Amnistía Internacional. Quien agrega que 24 de los detenidos están en un “limbo legal” pues, aunque se los remitió a un juez, aún no se los ha interrogado” (https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/3474/2021/en/ )

Diecinueve años de abusos

El centro de detención de máxima seguridad de Guantánamo está enclavado en la bahía del mismo nombre en el sudeste de Cuba, dentro del territorio de la base naval que los Estados Unidos establecieron allí tras la guerra hispano-estadounidense de 1898. Luego de la independencia de esa nación caribeña, los Estados Unidos se apropiaron indefinidamente de este territorio mediante la fórmula de “arriendo a perpetuidad”. Cuba rechaza la validez del acuerdo firmado bajo renovadas amenazas bélicas, concretamente, de una nueva invasión, de parte del gigante del norte.

Establecido por el gobierno del presidente George W. Bush a inicios de 2002 tras el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, este centro de detención extraterritorial tuvo como propósito mantener fuera del sistema judicial federal de los Estados Unidos a los detenidos acusados de terrorismo en aquellas naciones donde sus fuerzas armadas promovieron operaciones militares partir de 2002. De esta manera, los Estados Unidos han pretendido evadir su obligación de reconocer y respetar las garantías de las Convenciones de Ginebra, fundamentalmente el derecho a la defensa.

Guantánamo llegó a alojar más de 750 prisioneros de una veintena de países, muchos de los cuales han padecido –y continúan padeciendo– detenciones prolongadas e indefinidas aun cuando no han sido procesados ni condenados por ningún delito ni por autoridad judicial competente e independiente bajo el debido proceso legal. Sin duda alguna, algo que los relatores de las Naciones Unidas consideran “arbitrario y que constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante e, incluso, tortura”.

Desde sus comienzos, “la tortura y los malos tratos han sido rampantes y continúan institucionalizados… el estado de derecho está suspendido de facto y… se niega la justicia”.

Las tensiones entre las políticas del poder ejecutivo y el poder judicial estadounidenses en torno a Guantánamo no tardaron en aparecer. En 2006, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegales los procedimientos excepcionales en esa prisión, aunque la controversia legal al respecto perdura en la actualidad.

Tras la decisión de la Corte Suprema, la administración Bush impulsó en el Congreso una ley que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, permite detener sin la revisión judicial debida a cualquier individuo, como lo señala Amnistía Internacional en un informe que acaba de publicar. Este tipo de detención extrajudicial ha provocado olas de protestas y críticas de la opinión pública internacional. Durante estas casi dos décadas se denunciaron numerosos casos de tortura y condiciones de detención degradantes.

Según la prensa de los Estados Unidos, los costos de mantenimiento de Guantánamo son millonarios. Solo en el año 2018, alcanzaron aproximadamente 540 millones de dólares, lo cual representa un promedio de 13 millones de dólares por cada detenido.

Un boomerang que vuelve a los demócratas

Luego de cuatro años de trumpismo, la pelota regresa al terreno demócrata. En 2008, el presidente Obama había anticipado su intención, a la postre no cumplida, de cerrar este centro penitenciario.

El entonces vicepresidente Joe Biden se comprometió a tomar decisiones claras. En la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2009 – tal como lo recuerda el documento de Amnistía Internacional-, Biden afirmó: “Respetaremos los derechos de aquellos que llevemos a la justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo… Los tratados y las organizaciones internacionales que construyamos deben ser creíbles y eficaces”.

Amnistía Internacional interpela: “Cuando Joe Biden entre a la Casa Blanca, tendrá la oportunidad de cumplir con lo que dijo en ese momento”. Después del período de la administración Trump, durante el cual los Estados Unidos ha ignorado o postergado la consideración de muchas cuestiones sociales, ambientales y de justicia, las tareas de la administración Biden son muy grandes. Sin embargo, como insiste Amnistía International, esto no justifica que no se pueda darle prioridad al cierre de Guantánamo a fin de empezar a trabajar rápidamente para resolver legalmente la situación de cada caso de los detenidos y además comprometerse nuevamente a respetar las leyes internacionales de derechos humanos. Y enfatiza: “No se trata solamente de las 40 personas que aún están presas en Guantánamo, “sino también de los crímenes de derecho internacional de ayer” y la falta de rendición de cuentas por los mismos.

Voces coincidentes

“Llamamos a las autoridades estadounidenses a que procesen a las personas detenidas en Guantánamo, en pleno cumplimiento de las leyes de derechos humanos, o a que se las libere o repatríe inmediatamente respetándose el principio de no devolución”, reclaman los ocho expertos de las Naciones Unidas en el comunicado del 11 de enero.

Además, insisten en que Estados Unidos debe respetar sus obligaciones legales internacionales, llevar a cabo investigaciones inmediatas e imparciales de presuntas violaciones de derechos humanos y brindar reparación y rehabilitación a quienes han sufrido detenciones arbitrarias prolongadas o cualquier forma de tortura o malos tratos.

“Con la entrada de un nuevo gobierno en Estados Unidos y a medida que nos acercamos al vigésimo aniversario del 11 de septiembre de 2001, Guantánamo debe cerrarse para siempre”, enfatizan.

Limbo jurídico

Por otra parte, estos expertos insisten en la necesidad de la “destitución de las comisiones militares [Tribunales militares] por considerárselas incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional”.

Sostienen, además, que los detenidos en Guantánamo “han sido sometidos a torturas o son víctimas de traumas comparables mientras viven en un limbo legal, fuera del alcance del sistema judicial constitucional estadounidense”.

Y apuntan “que las comisiones militares todavía están en procesos previos al juicio sobre mociones para suprimir pruebas que han resultado de actos de tortura”. Esos procedimientos podrían tomar años, por lo que no se esperan juicios a corto plazo, lo que significaría la detención indefinida de los reclusos.

Esas metodologías procesuales militares “violan los requisitos de imparcialidad, independencia y no discriminación y nunca debieron haber sido utilizadas en la forma en que se usaron en Guantánamo. Estas personas deben recibir una audiencia justa y pública por parte de un tribunal civil competente, independiente e imparcial previamente establecido por ley”, concluyen los expertos de la ONU.

En una nación convulsionada que no termina de reacomodarse ante los hechos vividos en los últimos años y, muy particularmente, a partir del reciente 6 de enero, el respeto de los derechos humanos universales podría dividir las aguas políticas durante el Gobierno de Biden. La deuda de credibilidad hacia la comunidad internacional -que sigue mirando azorada a Washington y los sucesos del Capitolio- es enorme. Derrumbar los muros de la infamia de Guantánamo podría operar como una señal positiva desde la Administración Biden para que la comunidad internacional que defiende los derechos humanos recupere la confianza en su país.

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