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La Corte Suprema y la negación de los derechos democráticos

Escrito por Debate Plural

Barry Sheppard (A l’encontre, 26-10-20)

 

Amy Coney Barrett fue propuesta por Trump para la Corte Suprema y su aceptación será registrada el 26 de octubre, por el Senado, controlado por los republicanos, con una prisa sin precedentes.

Amy Coney Barrett se sitúa a la extrema derecha entre los jueces. Es miembro de un grupo religioso marginal que cree que los maridos son los jefes de la familia y el «jefe» espiritual de sus esposas. No es de extrañar que esté en contra del derecho de las mujeres al aborto y que rechace las conclusiones de la  ciencia sobre el cambio climático.

La jueza va a ocupar la vacante creada en la Corte Suprema tras la muerte de Ruth Bader Ginsberg, el 18 de septiembre. La opción de Trump y la carrera desenfrenada por obtener su confirmación antes de las elecciones -nunca antes se había aprobado el ingreso de un juez en la Corte en una fecha tan cercana a la de una elección (el 3 de noviembre), o sea sólo nueve días antes- tiene como objetivo el de aumentar la mayoría de la derecha en la Corte, la que contará con seis de los nueve jueces.

Hay varias razones para ello. La primera es que si Trump pierde, los republicanos prevén impugnar el voto en los tribunales, lo que podría dar lugar a apelaciones a la Corte Suprema, la que decidirá quién es el presidente. Con una mayoría de 6 a 3, lo más probable es que sea Trump.

La segunda, es la voluntad de la administración Trump de anular la Ley de salud (Affordable Care Act: Obamacare), que forma parte del orden del día de la Corte. Las audiencias de apertura se celebrarán una semana después de las elecciones.

La tercera razón se refiere a una decisión que la Corte tomó por 5 votos contra 3 mientras se llevaban a cabo las audiencias de Amy Coney Barrett delante de la comisión judicial del Senado. El fallo de la Corte permitió a la administración que acortara el censo nacional (que se realiza una vez cada 10 años) de población, plazo que tuvo que ser ampliado debido a las perturbaciones causadas por la pandemia.

El plazo ampliado para el censo, necesario por la pandemia, implicaba que las cifras del mismo debían presentarse después de que el ganador de las elecciones jurara como presidente el 20 de enero de 2021.

El New York Times señaló que «la mayoría de los expertos habían dicho que un censo más corto sólo empeoraría las subestimaciones existentes sobre la cantidad de personas a las que siempre ha sido más difícil llegar», sobre todo los negros y los latinos.

Esa subestimación se verá agravada por la decisión de Trump de no incluir a todos los inmigrantes indocumentados en las cifras del censo. La mayoría de los inmigrantes indocumentados son latinos que generalmente viven con su familia, la que sí tiene una situación regular.

Las cifras del censo se utilizan de varias maneras. Una de ellas consiste en asignar fondos federales a las regiones en función de su población, según lo determinado por el censo. La mayoría de las minorías raciales viven en zonas urbanas, que se verán gravemente afectadas.

Otra forma es utilizar las cifras del censo para adjudicar los escaños en la Cámara de Representantes, para repartir los 435 miembros entre los 50 estados.

Si no se cuentan los negros y los latinos, y no se cuentan los inmigrantes indocumentados, aumentará la representación de los republicanos.

La Corte Suprema acaba de anunciar que adelantará el examen de la decisión de Trump para el 30 de noviembre, a tiempo para que la Oficina del Censo pueda entregarle las cifras a Trump, el que va tener el control sobre la repartición por estado de los escaños en el Congreso.

La decisión de la Corte de actuar rápidamente permite un fallo a favor de Donald Trump, probablemente de 6 contra 3.

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La Corte Suprema tiene mucho poder. Puede anular cualquier ley, sin importar el voto del Congreso o lo que piense la mayoría de la población. Puede hacerlo por mayoría de votos, aduciendo que la ley viola la constitución.

Un ejemplo de esto es el fallo de la Corte Suprema en 2013, antes de la elección de Trump, que anuló lo esencial de la ley sobre el derecho al voto de 1965, que preveía la supervisión federal de cualquier ley de votación en los estados que solían suprimir ese derecho a los afroamericanos, principalmente en el sur del país, siguiendo las leyes Jim Crow. [Las leyes Jim Crow eran leyes nacionales y locales derivadas de los Códigos Negros, promulgados por las legislaturas de los estados del Sur de 1877 a 1964 para impedir la efectividad de los derechos constitucionales adquiridos por los afroamericanos tras la Guerra de Secesión]. La razón esgrimida en 1965 fue que el racismo ya no era un problema.

Como resultado, en los años transcurridos desde entonces, esos estados introdujeron nuevas leyes que limitan el derecho de voto de los afroamericanos. Las impugnaciones a esas leyes fueron rechazadas por la Corte, la que mantuvo las restricciones.

El Partido republicano no sólo se convirtió en un partido de extrema derecha en el plano político bajo Trump, ahora es, además, partidario del creciente autoritarismo del presidente.

El control de la Corte por el Partido republicano se vio reforzado por el nombramiento por parte de Trump de numerosos jueces de extrema derecha en los tribunales federales inferiores, ratificados luego por el Senado republicano. Esta evolución va a seguir al menos hasta principios de enero, cuando los senadores electos en noviembre tomen posesión. Dado que los jueces de la Corte Suprema son nombrados de por vida, esa toma de poder será efectiva durante años, incluso décadas, independientemente de quién gane esta elección y las siguientes.

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Esta situación plantea la cuestión del poder antidemocrático de la Corte Suprema. Algunas propuestas para limitar este poder están siendo discutidas en los medios de comunicación para el caso en que los demócratas ganaran el control de la Casa Blanca y el Congreso en las próximas elecciones.

La mayoría de los estadounidenses no saben que la Constitución no estipula el número de jueces en la Corte ni la duración de los mandatos. Estas disposiciones fueron aprobadas por el Congreso. La constitución tampoco estipula si las decisiones de la Corte Suprema deben ser tomadas por mayoría, por unanimidad o por otro sistema.

Las propuestas para retrasar el control por los republicanos de la Corte Suprema incluyen el aumento del número de jueces y el nombramiento de jueces demócratas para los nuevos puestos.

Otra propuesta es la de exigir que las decisiones sean tomadas con por lo menos siete votos, o por un voto unánime. La condición de juez de por vida podría también ser reemplazada por un mandato a plazo fijo.

Sin embargo, es poco probable que una administración demócrata haga tal cosa. Eso implicaría abandonar décadas y décadas de reglas establecidas, adoptadas y aprobadas por ambos partidos y sería visto como radical y como una ruptura demasiado grande con la «tradición», capaz de poner en peligro la estabilidad del poder capitalista.

Es muy probable que un presidente y un Congreso demócratas esperen tranquilamente que un día la Corte, controlada por los republicanos, se someta voluntariamente a la opinión pública y no anule las leyes aprobadas por el Congreso, o que no las anule todas.

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Otro aspecto antidemocrático que ha sido cuestionado es la elección del Presidente no por el voto popular sino por el Colegio Electoral, una disposición de la Constitución. En 2000, Bush perdió el voto popular pero ganó gracias al voto en el Colegio Electoral. Lo mismo sucedió con la elección de Trump en 2016.

El Colegio Electoral fue inscrito en la Constitución para «impedir el dominio de la multitud», lo cual forma parte de lo que James Madison, quien fue el principal «redactor» de la Constitución, dijo que la Constitución debía «proteger a la minoría rica de la mayoría».

Todos los estados, excepto dos, determinan qué votantes son enviados al Colegio Electoral a través del sistema «el ganador se lleva todo». Si los resultados son reñidos, los votos prometidos al candidato que pierda por poco no serán contados. Por lo tanto, un candidato que pierde el voto popular puede ganar en el Colegio Electoral.

Mucha gente está empezando a entender que este procedimiento es extremadamente antidemocrático. Pero para cambiarlo se necesitaría una enmienda constitucional. Una enmienda puede ser propuesta por el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o por el voto de dos tercios de los estados que la soliciten.

Entonces, tres cuartas partes de las asambleas legislativas o de las convenciones de los estados deben ratificar la enmienda propuesta para que sea aprobada. Es algo imposible en las condiciones actuales.

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Otros aspectos no democráticos de la Constitución son cada vez más criticados. La forma en que se fundaron los Estados Unidos está en la raíz de estas disposiciones antidemocráticas. El hecho de que la esclavitud de los africanos fuera la base de la economía de muchos estados hizo necesario que la Constitución original tomara disposiciones para aprobar esa esclavitud.

Eso significaba que los estados esclavistas tenían que tener el control sobre sus políticas y economías. Ese fue el origen de los «derechos de los estados» que continuaron en el sistema de Jim Crow de opresión racial, después incluso de que la esclavitud fuera abolida tras la guerra civil,

La Constitución no dice que todos los ciudadanos tengan derecho a voto. El control sobre quién tiene derecho a votar, y sobre todos los aspectos de la votación, fue explícitamente dejado en manos de los estados, no del gobierno federal, desde el principio.

Durante el período posterior a la guerra civil, conocido como la Reconstrucción, antes de que la contrarrevolución instalara el sistema de Jim Crow, fueron aprobadas tres importantes enmiendas a la Constitución:

• La Decimotercera enmienda abolió la esclavitud, excepto para los prisioneros. Esta excepción es un problema real en este período de encarcelamiento masivo. La película «Enmienda XIII» (The Thirteenth) [1] aborda en particular esta forma de esclavitud, que forma parte de la opresión de los negros.

• La Decimocuarta enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanos (con la excepción de los pueblos originarios, que recién obtuvieron la ciudadanía en 1924), lo que significa que los antiguos esclavos son ciudadanos. Esto también forma parte del actual debate nacional, ya que los racistas blancos, incluido Trump, quieren deshacerse de este derecho que convierte automáticamente en ciudadanos a los hijos de los inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos.

• La Decimoquinta enmienda establece que «el derecho al voto de los ciudadanos de los Estados Unidos no será negado o restringido por los Estados Unidos o por cualquiera de los estados debido a la raza, el color o por condición anterior de servidumbre». Pero esto no respondía a la demanda más radical de los abolicionistas antiesclavistas, de que todos los ciudadanos tuvieran derecho a votar.

Al establecer que los estados no pueden impedir el derecho al voto por motivos de raza, los estados Jim Crow esquivaron la enmienda mediante el subterfugio consistente en no eliminar el derecho al voto explícitamente por motivos de raza, sino mediante impuestos electorales y otras disposiciones, así como mediante el terror del Ku Klux Klan, que suprimió en la práctica el derecho de los negros a votar en esos estados.

El derecho al voto de los negros es atacado nuevamente y forma también parte del actual debate nacional.

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La explosión de Black Lives Matter (BLM) de este año introdujo explícitamente en el debate nacional no sólo los asesinatos policiales de negros, sino también el hecho de que toda la historia de las colonias británicas y luego de los Estados Unidos, desde 1619, cuando el primer africano fue «transportado» a América del Norte para ser esclavizado, hasta el día de hoy, es la historia de la opresión de los afroamericanos bajo diversas formas. El racismo contra los negros también se ha extendido a todas las personas de color.

La supremacía blanca es la ideología que justifica la opresión racial y es la base de la identificación de muchos trabajadores blancos con la clase dominante en contra de sus propios intereses en tanto que trabajadores.

Ahora, el supremacismo blanco es reconocido y puede ser discutido abiertamente gracias al movimiento BLM. Uno de los resultados de BLM fue una serie de publicaciones y podcasts en el New York Times llamada «1619», una crónica de los 400 años de la historia de la opresión de los negros. Para Trump, esta serie «da una mala imagen de los Estados Unidos» y propuso que fueran congelados los fondos federales, distribuidos habitualmente, en los distritos escolares que utilizaron la serie del New York Times en las clases de historia. La opresión nacional de los negros ha sido siempre una gran negación de los derechos democráticos desde los orígenes del país.

Otro efecto del movimiento Black Lives Matter fue la toma de conciencia sobre el genocidio de los pueblos originarios y las formas posteriores de su opresión hasta el día de hoy.

Hay otras violaciones de los derechos democráticos codificadas en la Constitución estadounidense, desde el poder de la presidencia con respecto al de los primeros ministros en un sistema parlamentario, a la composición del Senado, donde cada estado tiene dos senadores sin tener en cuenta la cantidad de habitantes de cada uno de ellos. Hay otras, por supuesto, y las analizaremos más adelante en otros artículos.

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