Estados Unidos, se aproxima la hora cero

Escrito por Debate Plural

Jose R. Oro (Cubadebate, 21-10-20)

 

Desde el Gobierno de Abraham Lincoln, pasando por Franklin D. Roosevelt hasta la fecha, las sucesivas administraciones estadounidenses han logrado sobrepasar las pruebas a que su “democracia”, tal y como la consideran el establishment, ha sido sometida.

Los asesinatos del propio Lincoln (presidente de 1861 a 1865), James Garfield (1881-1881), William McKinley (1897-1901) y John F. Kennedy (1960-1963), la Gran Depresión (desde finales de 1929 y durante toda la década de los treinta) fueron momentos de prueba, cruciales pudiéramos decir, de si ese “sistema democrático”, con todos los defectos inherentes al capitalismo, podría sobrevivir. Y lo hizo. Este 3 de noviembre, ese sistema en completa crisis podría terminar en un caos –del autoritarismo a la total desfachatez ajena a cualquier principio o ética políticos– que afectaría a toda la humanidad, o en un escenario –de la cordura  y el sentido común a una visión más realista y democrática del estado de cosas– que podría ser el primer paso de su fortalecimiento hacia formas sociales más avanzadas que las actuales, que se pudiera llamar el New Deal II,1 lo que pide el pueblo estadounidense.

Se han publicado recientemente en Cubadebate varios artículos sobre el impacto de estas elecciones en política exterior, por lo que este se refiere más a la política interior estadounidense.

Es menos probable, por lo que vemos hasta hoy, que Trump pueda ser reelecto “por las buenas”. También es casi seguro que su carencia de escrúpulos y moral lo llevaría a tratar de escamotear los resultados, por muy ampliamente adversos que estos sean para él.

Por todo ello, muchos pensamos que para Estados Unidos se acerca la hora cero, tanto si Trump es reelecto como si Biden gana las elecciones y después no satisface las expectativas de quienes lo eligieron en un enfrentamiento tan despiadado y crucial como el de estos meses.

La oposición a Trump y al fascismo, representada por la candidatura de Joe Biden y Kamala Harris, se tiene que enfrentar a una difícil votación, donde lo que menos cuenta es la voluntad del pueblo, aunque se espera que en el voto popular la fórmula demócrata gane por muchos millones de boletas más que Trump.

La oposición a Trump y a la ultraderecha supremacista, representada por la candidatura de Joe Biden y Kamala Harris, se tiene que enfrentar a una difícil votación, donde lo que menos cuenta es la voluntad del pueblo, el voto popular, aunque se espera que ganen por muchos millones de boletas más que Trump.

Trump afila sus cuchillos

Trump, respaldado por un ejército de abogados, ha estado organizando las condiciones para socavar un resultado electoral en que no sea vencedor, y los legisladores republicanos se encontraron la semana pasada en la sorprendente posición de tener que aprobar una resolución para asegurar a los estadounidenses que habría una transición pacífica del poder si él pierde, en medio del furor generalizado por los comentarios más recientes y descarados de Trump.

En ese contexto, quedó algo más claro cómo podría desarrollarse la crisis constitucional si Trump, derrotado, convence o chantajea con su característica matonería a sus aliados políticos para que se unan a él en no reconocer el resultado.

Una crisis así pudiera parecer poco probable para algunos. El éxito de Trump en tal escenario dependería de que persuadiera a las legislaturas en los estados con votaciones de estrecho margen, de aceptar sus infundadas afirmaciones de fraude. La ansiedad popular se intensificó cuando Trump declaró que no se comprometería con una transición pacífica si algunos estados continúan enviando boletas por correo a todos los votantes registrados, que es la ley en varios de ellos.

Los líderes de la campaña de Trump negaron que tal estrategia esté bajo consideración, pero un alto funcionario de ese grupo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el equipo legal exploraría todas las opciones para garantizar la reelección del presidente. Agregaron que Trump no planea mantenerse en el poder si pierde de manera justa. Pero, como es evidente y harto conocido, para Trump no existe ninguna forma “justa” de perder.

Los pronunciamientos de Trump preocupan incluso a algunos en el Pentágono, después de que dijera a principios de este año que planeaba desplegar una masiva fuerza militar el día de las elecciones, en lo que describió como un “esfuerzo” para la supervisión del escrutinio.

Ninguna ley permite al presidente autorizar tal fuerza para uso interno, pero el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump alrededor de la Casa Blanca durante las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial (para tomarse una propagandística foto con una Biblia) ha mostrado cómo podría responder a protestas poselectorales si Biden es el ganador y el mandatario se niega a dejar el cargo.

Los comandantes militares enfrentarían una situación hasta ahora inimaginable, recibiendo órdenes de un “comandante en jefe” que ha perdido las elecciones. Es decir, se configuraría un golpe de Estado. Por todo lo que se conoce, afortunadamente Trump no tiene un nivel de control en las Fuerzas Armadas y la comunidad de inteligencia.

El peor de los casos es que el estado de no definición se prolongue hasta mediados de enero y que la Cámara de Representantes y el Senado estén en disputa sobre quién debería ocupar la Casa Blanca cuando el mandato del presidente expire el 20 de enero, según la Constitución.

“Trump ha roto tantas normas y ha hecho declaraciones tan incendiarias, incluso acerca de no aceptar una transición pacífica del poder, que mis alarmas están activadas y sonando”, dijo Richard L. Hasen, autor de Election Meltdown: Dirty Tricks, Distrust, and the Threat to American Democracy.2 “No significa que esto vaya a suceder. Pero sí significa que tenemos razón en preocuparnos de que suceda”.

Con suficiente anticipación, los abogados demócratas que trabajan con la campaña de Biden están examinando las leyes electorales en los estados en disputa, así como las reglas de la Constitución para contar los votos electorales. Les preocupa que Trump mantenga una ventaja en la noche de las elecciones en un estado crucial, declare la victoria antes de que se cuente la mayor parte de las boletas por correo y envíe a sus abogados a los tribunales para tratar de detener un conteo completo. Es una trastada que Trump mismo ha señalado que podría ocurrir, al declarar repetidamente que las boletas por correo son fraudulentas.

Tal acción legal podría crear una oportunidad para que los legisladores estatales republicanos en estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin declaren que emitirán los votos electorales de su estado a favor de Trump. En Michigan, esos mismos legisladores republicanos se niegan a denunciar el intento de golpe de Estado local donde se planeaba el secuestro de la gobernadora de ese estado y el ataque a varios edificios públicos, con hasta ahora 13 arrestados miembros de una organización de supremacistas blancos vinculada al movimiento racista y terrorista Boogaloo.

Los gobernadores demócratas en cada uno de esos estados podrían interponerse en el camino, llevando al Congreso una lista de electores que compiten por Biden, lo que provocaría una mayor disputa del proceso. Nada como esto ha sucedido en Estados Unidos desde la contienda de 1876 entre el republicano Rutherford B. Hayes y el demócrata Samuel Tilden. Y solo a nivel de un estado (Florida), en las infames elecciones del 2000.

La mayoría de los líderes republicanos parecen rechazar que su país vuelva a pasar por algo así, sin que se produzca un resultado electoral muy estrecho y con evidencia convincente de que los recuentos de votos fueron defectuosos. Varios republicanos en el Congreso hicieron declaraciones recientemente prometiendo una transición pacífica.

Los demócratas han usado esta controversia para energizar a sus votantes, instándolos a votar masivamente para que no haya disputas sobre el vencedor.

“Una victoria decisiva de Biden hará que sea prácticamente imposible que Trump niegue los resultados, y es nuestro mejor medio para defender la democracia”, dijo Bernie Sanders. Trump está “sembrando las semillas del caos, la confusión y usa teorías de conspiración al poner en duda la integridad de esta elección y, si pierde, justificar por qué debería permanecer en el cargo”.

La campaña de Trump, que ya ha gastado 1 000 millones de dólares de los 1 300 millones que ha recaudado, ha pagado aproximadamente 30 millones de dólares en los últimos dos años, en su equipo legal. Sus seguidores cuentan significativamente con menos fondos que los candidatos demócratas tanto en la campaña presidencial como en varias para el Senado y la Cámara de Representantes.

En un escenario contrario, la campaña electoral de Trump lucha agresivamente para reducir la participación de los votantes. Contra la elegibilidad para votar por correo, se trata de eliminar a los votantes de las listas, endurecer los requisitos de identificación de los votantes, reducir o prohibir el uso de buzones y descartar las boletas por correo que tienen fallas técnicas o llegan después del día de las elecciones (aunque hayan sido enviadas antes).

En fin, obstaculizar que el pueblo vote masivamente y hacer que los consejos electorales de los estados no tengan más remedio que confirmar que Biden ganó.

La democracia del asesinato

Que Estados Unidos es una democracia es una afirmación de ingenua aceptación en varias partes del mundo, pero siempre acompañada de dudas muy grandes. Y hay numerosos hechos que demuestran la limitada calidad institucional de esa democracia.

Quizás entre los más profundos cuestionamientos está el derecho del voto (y muchos otros derechos) de los ciudadanos de piel negra, de la mujer y de otros grupos minoritarios. Algunos dirán que la decimoquinta enmienda de la Constitución establece que los Gobiernos de Estados Unidos no pueden impedir a un ciudadano votar excusando motivos de raza, color o condición anterior de servidumbre (es decir, esclavitud), enmienda que fue ratificada el 3 de febrero de 1870, un lustro después del fin de la Guerra Civil. Pero en la realidad es diferente.

Solo en 1964, el presidente Lyndon Johnson firmó la Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles) que da al Gobierno federal poder para luchar contra la segregación, y en 1965, en el momento de mayor incidencia de Martin Luther King en la vida pública, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley de Derechos Electorales. Su implementación plena en la vida diaria, como bien sabemos, aún está lejos de haberse logrado.

La “democracia del asesinato”, sea a tiros o por ejecución aparentemente legal. Martin Luther King Jr. y Malcolm X, líderes contra la discriminación racial; Robert F. Kennedy, quien enfrentó al crimen organizado y la corrupción; los esposos Rosenberg, Ethel víctima de feminicidio judicial, y Harvey Milk, primer hombre abiertamente homosexual electo para un cargo público en los Estados Unidos. Víctimas del fascismo y el odio.

No es menos cierto que, en esas fechas, conspiraciones aún no aclaradas habían envuelto los asesinatos del presidente John F. Kennedy (22 noviembre de 1963), Malcolm X (21 de febrero de 1965), Martin Luther King (4 de abril de 1968) y, pocos días después, el 6 de junio, Robert F. Kennedy.

Estos eran líderes muy diferentes, representando organizaciones de amplia presencia nacional, con vastas redes, fuerte logística y recursos materiales, y fueron asesinados por el fascismo estadounidense, pero el movimiento progresista alcanzó algunos logros históricos que hoy están en gravísimo peligro ante la posibilidad de una “reelección” de Trump.

Ni los presidentes escapan a la “democracia del asesinato”. Las historias de A. Lincoln,
J. Garfield, W. McKinley y John F. Kennedy lo demuestran palmariamente.

En abril de 2014, el presidente Barack Obama homenajeó la lucha por los derechos civiles de los años sesenta, y puso énfasis en el hilo histórico de aquella búsqueda que se remontaba desde los inicios de la nación hasta el presente, remarcando que los sesenta abrieron “nuevas puertas de oportunidad no solo para negros y blancos, sino también para mujeres, latinos, asiáticos, nativos americanos, homosexuales y estadounidenses con discapacidad”.

Esa mirada puesta en lo social, en la universalización de los derechos civiles, contrasta radicalmente con la mirada y la práctica políticas de Trump. “Yo tengo la autoridad”, ha dicho el mandatario, en una definición de su protagonismo frente a los gobernadores: “Yo tengo la autoridad definitiva”.

Sin embargo, no es así. La Constitución de Estados Unidos es sumamente ambigua sobre el poder relativo de los Gobiernos estatales y el Gobierno nacional. Y si el Artículo VI, la llamada “cláusula de supremacía”, establece que las leyes federales prevalecen sobre las nacionales, la Décima Enmienda precisa que los estados son los que deciden, excepto en aquellas cuestiones en las que la Constitución declara de forma explícita la supremacía federal.

Ese choque de concepciones acerca del ejercicio del poder dejó al desnudo otra expresión autoritaria a pocas semanas de la elección nacional que resolverá si Trump continúa en su Gobierno, personalista y alejado de toda cordura y del respeto a la legalidad, o se abre paso una visión más apegada al derecho, de la mano de Joe Biden.

Recientemente, el académico Lawrence Douglas presentó un libro titulado ¿Se atreverá? Trump y el inminente colapso electoral de 2020. El análisis explora respuestas a partir de una estratagema que es peligrosa, pero no novedosa, de parte de Trump: comenzar a sembrar dudas acerca de un eventual fraude electoral; muy señaladamente, en este caso, en torno al voto por correo.

No necesita evidencias, ni le preocupa buscarlas o que existan o no: simplemente lanza a las redes sociales o al aire las versiones que se ajustan a su conveniencia o a sus caprichos, en las que va del más grosero bullying al absurdo y la ignorancia más cruda. Siempre hay seguidores, también para eso.

Esa estrategia no es novedosa. La usó en 2016, cuando en uno de los debates con Hillary Clinton manifestaba que no se comprometía a aceptar el resultado si perdía. Douglas coincide con un grupo de legisladores demócratas y unos pocos republicanos en su preocupación acerca de la inconsecuencia de Trump. “¿Y qué si Trump no coopera en una hipotética transición de poderes?”.

El temor de una zona muy importante del sistema político de EE.UU. es qué sucedería si el presidente no “concede”, no reconoce, no acepta la derrota y desafía la Constitución.

Para Douglas, académico, “las leyes federales asumen que los líderes acatarán las normas y concederán la derrota. El sistema simplemente no está preparado para ese desafío. Y menos con la composición actual de la Cámara de Representantes y el Senado, dividido en el control por demócratas y republicanos. Esto también ocurre en estados clave como Wisconsin, Pensilvania y Michigan, cuyas cámaras legislativas deben enviar un documento con los resultados electorales”.

Trump con su “as bajo la manga” para controlar la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. La nominación de una nueva magistrada a las puertas de una elección presidencial (menos de un mes), sin precedentes en siglo y medio. Sin máscaras contra la COVID-19, con Trump positivo en esos momentos.

La preocupación de Douglas y de otros muchos académicos, así como legisladores, incluso republicanos, es que no se fían de la conciencia democrática de Trump, que en verdad, y la realidad lo ha demostrado muchas veces, es inexistente. Trump ha estado sembrando dudas sobre los “votos por correo”, pues ante una votación cerrada se abriría un compás de incertidumbre que demoraría, quizás, semanas. El mandatario ya ha sembrado las semillas para justificar un golpe de Estado o cualquier otra acción antidemocrática.

Trump no es Gore, quien en el 2000 prefirió parar el recuento y aceptar la derrota, anteponiendo a los suyos los intereses de la nación. Pero nadie cree que eso se repita con Trump. La Constitución fija el 20 de enero como el día en que debe haber un nuevo presidente en funciones. Si el resultado no estuviera firme, la Ley de Sucesión Presidencial de 1947 establece que Nancy Pelosi sería designada presidenta en funciones.

Las dudas de muchos son principalmente dos: cuál será la conducta de la dirección militar, y cómo intervendrá la Corte Suprema, aún más si se integra como magistrada la actual nominada de Trump, la jueza reaccionaria Amy Coney Barrett.

Pero ni el equipo demócrata de Biden, Harris, Sanders, Ocasio-Cortez, entre otros, es tan apocado como Gore, ni el pueblo estadounidense es el de hace dos décadas. Y no está con la guardia baja.

Son fuertes los indicios de que Estados Unidos puede tener este mes de noviembre su hora cero, en la dirección del sentido común y políticas más avanzadas en áreas como ley y orden, economía, inmigración, salud, política interior y exterior y medioambiente.

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