Nacionales Politica

Lo que fue la pestilente manipulación de la licitación de Punta Catalina (2016)

Odebrecht
Escrito por Angel Moreta

Por: Angel Moreta (Autor-Editor)

 

Introducción

El pueblo dominicano requiere una reforma de la Constitución de 2010, la cual se presenta engañosamente como defensora de un llamado “Estado social de derecho”; una Constitución engañosa, corporativa y autoritaria, que hace posible día tras día la concentración de capitales y de los poderes públicos, la inequidad y la injusticia social, la detentación hegemónica del control del Estado, monopolizado y esclavizado como instancia que beneficia en su accionar el enriquecimiento ilícito y el robo a favor de esas élites corporativas que utilizan el poder político para cada día más destrozar y descuartizar el presupuesto nacional, el patrimonio público y procurar el reparto de beneficios y capitales estatales.

Existe un sistema de corrupción en República Dominicana caracterizado por contrataciones públicas sin o con licitaciones, negociaciones espúreas entre funcionarios que hoy tienen los bolsillos llenos de dólares producto del tráfico de influencias y de la actividad delictiva; y producto también de relaciones de poder con empresas extranjeras que tienen inmensas propiedades inmobiliarias respaldadas en títulos falsificados o dudosos e ilegales, e inversiones fáciles y tráfico ilícito de capitales provenientes de actividades ilegales, y nadie, incluyendo a los partidos tradicionales, hablan de combatir la impunidad. Existe un sistema de corrupción en República Dominicana caracterizado por contrataciones públicas sin o con licitaciones, negociaciones espúreas entre funcionarios que hoy tienen los bolsillos llenos de dólares producto del tráfico de influencias y de la actividad delictiva; y producto también de relaciones de poder con empresas extranjeras que tienen inmensas propiedades inmobiliarias respaldadas en títulos falsificados o dudosos e ilegales, e inversiones fáciles y tráfico ilícito de capitales provenientes de actividades ilegales, y nadie, incluyendo a los partidos tradicionales, hablan de combatir la impunidad.

El accionar de Odebrecht en República Dominicana vino a desarrollar el aludido sistema de corrupción existente en la República Dominicana, ya que las nuevas élites han tomado el Estado como centro del enriquecimiento ilícito y del proceso de acumulación y de re acumulación capitalista.

El sistema de corrupción y las licitaciones públicas

Un conjunto de irregularidades mafiosas de la licitación internacional celebrada por el Estado dominicano para la selección del mejor candidato para la construcción de dos plantas gemelas a instalarse en Punta Catalina, en el sur del territorio nacional, mostraron en 2016 que la adjudicación de dicha obra a Odebrecht fue una decisión injusta y corporativa del comité de licitación de la Corporación Dominicana de Electricidad, la cual desarrolló una agresiva actividad publicitaria para justificar el nombramiento de una comisión especial que se encargaría de conducir el proceso licitatorio del cual salió como adjudicataria la compañía monopolista brasileña.

El país entero, en contrapartida, supo en 2016-2017 que la referida licitación fue personalmente conducida por el señor Rubén Bichara vicepresidente de la Corporación mencionada, y quien tuvo especial empeño en el nombramiento de los componentes del comité de licitación, a saber, una hermana del presidente Danilo Medina y tres empleados de la misma corporación eléctrica. Dicho señor tuvo empeño muy activo  con respecto a la asesoría de la empresa consultora Stanley Consultants, contratada por una suma acumulativa gradual ascendente a más de sesenta millones de dólares, supuestamente para asesorar el proceso de licitación.

Pero Stanley Consultants lo que hizo fue precisamente asesorar en relación a los intereses económicos de la troika cercana al presidente de la República con el fin de justificar “técnicamente” que recayera sobre Odebrecht la adjudicación de la obra.

En cambio fue derrotado consorcio chino-dominicano Gezhouba-Impe, que fue declarado oferente descalificado en la fase técnica de la licitación, mediante maniobras poco inteligentes que excluyeron a dicho consorcio en la fase económico-financiera, de la licitación, como lo hizo efectivamente, dañando al consorcio que era seguro ganador y que debido a su exclusión se vio en la necesidad de iniciar un proceso en la justicia administrativa construido por una demanda en solicitud de reestructuración del proceso de licitación, ya que entendió dicho consorcio chino-dominicano que se trató obviamente de una “descalificación” interesada producto de innumerables irregularidades mafiosas.

Que haya tenido o no éxito dicho consorcio, en la Suprema Corte de Justicia, vino a ser una cuestión secundaria; lo importante fue que el pueblo dominicano, con el escándalo Petrobras en Brasil, percibió que al consorcio Gezhouba-Impe se le despojó de la oportunidad de llegar a la fase económico-financiera de dicha licitación. Este consorcio hizo la oferta más ventajosa para el país, esto es, construir una EPC termoeléctrica de dos unidades que producirían 660 MW a carbón mineral por la suma de 900 millones de dólares y aportando y avanzando el crédito de un banco estatal chino, por lo cual el país no se vería obligado a tomar prestado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), ninguna suma de dinero, a una tasa de 5%, ofertando el megavatio en un precio promedio mundial de 1.3 millones de dólares, mientras Odebrecht lo ofreció a 3.7 millones de dólares aproximadamente el mismo megavatio; ¡algo totalmente absurdo!.

El hecho de que Odebrecht presentara un plan económico-financiero de 2,040 millones de dólares sin financiamiento propio, en bonos redimibles a diez años y a un 5% de interés, es una gran pérdida para la República Dominicana, ya que la deuda externa dominicana asciende actualmente a más de 45 mil millones de dólares, suma que equivale a más del 17% del producto interno bruto (PIB).

Cuatro empresas fueron precalificadas, pero solamente Odebrecht llegó a la fase de cierre u ofertas económicas , lo cual constituyó una maniobra realizada mediante tráfico de influencia por la administradora contratada para dirigir la licitación, a saber, Stanley Consultants, que orientó el proceso licitatorio  en todos sus aspectos de manera aviesa para sacar del mismo al consorcio Gezhouba-Impe y a las demás entidades que presentaron ofertas técnicas, resultando que en la fase de cierre u ofertas económicas Stanley Consultants acomodó los resultados del proceso de escogencia para que resultara gananciosa única y especialmente dicha empresa monopolista brasileña.

Stanley Consultants y maniobras

 En el mes de julio al final del año 2013, las empresas CDEEE y Stanley Consultants publicaron en la prensa nacional las bases de licitación para las fases de ofertas y cierres, que fueron cumplidas por el consorcio Gezhouba-Impe, que presentó su programa u oferta de financiamiento por la suma de 900 millones de dólares, mientras el consorcio brasileño presentó oferta económica sobrevaluada en más de 1,040 millones de dólares, en un total de 2,040 millones de dólares.

Supuestamente Gezhouba-Impe recibió una puntuación miserrima de 34.9 puntos en la fase técnica, maniobra destinada a impedir que llegara la empresa china y la dominicana a la última fase de la licitación, que es la fase económica. Y de verdad que lo impidieron, pues velozmente Odebrecht, que no es ni nunca fue una empresa energética fue declarada adjudicataria por el comité de licitación.  

¡Cuatro plantas a carbón mineral en vez de dos!

Con el monto que propuso Odebrecht en la fase de cierre económico-financiero de la licitación, a saber, 2,040 millones de dólares, se podrían construir cuatro plantas a carbón mineral de 337 megavatios cada una, con las mismas tecnologías y especificaciones técnicas; y la misma garantía ofertada por las otras empresas licitadoras; asumiendo el costo propuesto por el emporio Gezhouba-Impe, dichas plantas tendrían un valor de 1,800 millones de dólares las cuatro, quedándole una diferencia de 240 millones de dólares al Estado Dominicano, sin tomar préstamos ya que los chinos utilizarían préstamos de bancos de su país.

Y tal resultado sería una realidad hoy día, y no un sueño, pues un megavatio instalado de las plantas de carbón mineral ofertadas por el consorcio Odebrecht, asciende a un valor de 3.4 millones de dólares; mientras que este mismo megavatio, como dijimos, ofertado por las compañías Gezhouba-Impe, tiene un valor de 1.3 millones de dólares. Esto hace una diferencia notoria entre los costos de construcción propuestos por unos y otros, es decir, que mientras Odebrecht construye dos plantas termoeléctricas, el emporio chino-dominicano construye cuatro plantas, ofreciendo su propio financiamiento, y con el mismo resultado de producción.

Las puntuaciones alcanzadas por las concursantes precalificadas, y luego la calificación de la oferta de Odebrecht como semifinalista y luego adjudicataria, según comunicación del 23/10/13, de Stanley Consultants, firmada por su vicepresidente Senior Stevens, se establecen en uno de sus párrafos los “motivos” de las descalificaciones explicando que hubo “problemas” causados por la legibilidad de algunos dibujos de los oferentes, y en algunos casos “traducciones incorrectas” que causaron dificultades para “evaluar” las propuestas…

El comité de licitación asesorado por Stanley Consultants, no dio oportunidad a ninguna de las empresas precalificadas para subsanar dentro de los plazos reglamentarios los problemas secundarios aludidos, por lo cual no fueron más que un simple pretexto.

Estos manejos cuestionaron seriamente la transparencia de la licitación internacional aludida. En las intimidades de la evaluación de las bases fase de ofertas no económicas, Stanley Consultants condujo la licitación al terreno de las descalificaciones técnicas para justificar el análisis único y exclusivo de la ofertante Odebrecht, que quedó sin competencia para la fase de las ofertas económicas; por ende quedó como semifinalista para la escogencia de la “mejor” oferta económica, que fue supuestamente la de Odebrecht, que no contempló el financiamiento mínimo requerido, ascendente a un monto equivalente al 80% de la oferta económica. Inclusive, hasta en este último punto las irregularidades fueron grandiosas  y notorias.

Las impúdicas irregularidades y manejos aludidos son responsabilidad de la operadora Stanley Consultants. Esta empresa recibió un contrato fastuoso de más de sesenta millones de dólares de parte de la CDEEE, para organizar un proceso administrativo para elegir el mejor ofertante, y ello se observa con la simple lectura de las resoluciones vigésima y trigésima dictadas supuestamente por el comité de licitación, pero redactadas y manejadas por Stanley Consultants.      

En el texto de esas resoluciones se observan claramente las puntuaciones y descalificaciones de las empresas precalificadas; y luego más adelante descalificadas en las bases fase de ofertas no económicas; por lo cual no hubo oportunidad para que pudieran las compañías licitantes subsanar supuestos motivos triviales de descalificación en la fase técnica.

En Punta Catalina actuó una “troika”, la de Danilo Medina

El  caso de la obra pública (EPC) de Punta Catalina continúa siendo objeto de las elucubraciones y la planificación de una troika de funcionarios del gobierno de Danilo Medina, que originalmente articuló un plan maestro con el fin de manejar las interioridades de la licitación pública internacional No. CDEEE-LPI-01-2013,  en la cual salió “ganancioso” el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella, que supuestamente ganó dicha licitación por un monto presupuestario total de 2,040 millones de dólares para la construcción de la termoeléctrica de dos unidades gemelas que supuestamente producirían cada uno 337 MW.

El autor Geovanny V. Romero, ha dicho que bajo la administración de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador, se destapó posiblemente el escándalo de corrupción transnacional más grande de toda la región, al descubrirse la forma deshonesta que la compañía utilizaba para adjudicarse obras importantes en los países en que operaba

En la República Dominicana el caso alcanzó raíces profundas. La Dirección de Compras y Contrataciones dio su visto bueno a fines de 2013 para que los resultados de dicha licitación favorecieran al Consorcio Odebrecht. Ello ocurrió cuando la empresa Posco lanzó una instancia impugnatoria al resultado de la licitación, la cual fue rechazada por Compras y Contrataciones mediante  una resolución elaborada a los fines de justificar dicho resultado.

Sin embargo, lo que alegaba la compañía italiana Posco en esa oportunidad era totalmente confirmable, y la actitud de Compras y Contrataciones, dando la razón a Odebrecht en cuanto al proyecto Punta Catalina, muestra la existencia de un plan previo para facilitar que esta entidad no fuera perturbada en su éxito de haber supuestamente ganado la licitación.

Se trata de una historia larga que la haremos en otra oportunidad, pero la verdad fue que esa oficina se unió a CDEEE y a Odebrecht y las tres litigaron juntas como un solo hombre por ante la jurisdicción contenciosa administrativa y el Tribunal Superior Administrativo Contencioso y Tributario.

En la medida en que avanzaba el proceso judicial, en el cual habían dos componentes: a) una demanda en medida cautelar para la suspensión de la licitación; b) una demanda principal en reestructuración de la licitación; en esa medida la Dirección General de Compras y Contrataciones solicitó al tribunal que se pronunciara su exclusión del litigio, lo cual le fue negado por el juez presidente y se vio en la necesidad de continuar en compañía de Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella.

La suspensión de la obra fue concedida por resolución No.055, del año 2014, y esa situación produjo escándalo en la élite política  del partido de la liberación dominicana, hasta el punto en que el Vicepresidente ejecutivo de CDEEE proclamó a los cuatro vientos que “ni Dios suspenderá la obra”; pero no solamente eso, sino que dicho funcionario “visitó” la jurisdicción administrativa personalmente con la finalidad de tratar de influir en el levantamiento de la suspensión que había solicitado y buscar que el tribunal acogiera una demanda cautelar en levantamiento de la suspensión.

El consorcio aludido Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella logró la revocación de la suspensión; y el Tribunal Superior Administrativo, bajo constreñimiento del poder corporativo, como dijimos en otra oportunidad, fue descuartizado; y los jueces componentes trasladados a otros y distintos niveles jurisdiccionales.

Una vez se produjo el levantamiento de la suspensión, el cual se conoció el mismo día, atropellando el derecho de defensa de la parte reclamante Consorcio chino-dominicano Gezhouba-Impe, fue enviado al vapor el contrato entre Odebrecht y Estado dominicano al Congreso Nacional; y también fue enviado el préstamo contemplado en el Presupuesto Nacional 2014 por la suma de 1,500 millones de dólares, y ambas cosas se aprobaron en un solo y mismo día, sin enviarlo a la Comisión de Hacienda para estudio. Inmediatamente después, por simple resolución, se dieron aprobación a la suma adicional de 500 millones de dólares, asumiendo  el contrato un presupuesto de 2,000 millones de dólares, que según dijimos ascendería al final a más de cuatro mil millones de dólares.  De igual modo, el  tiempo nos dio la razón y el contrato fue aprobado de un solo golpe en una sola oportunidad, sin discusión y de manera expresa, ya que fue conocido el mismo día que llegó al Congreso Nacional.

Pero no solamente eso, sino que la Gaceta Oficial, recogiendo los documentos del proyecto de la termoeléctrica en cuatro volúmenes, fue publicada en una semana, volúmenes que fueron depositados el mismo día de la audiencia en levantamiento; y al reclamar el Consorcio Impe la oportunidad de una hora para leer el contrato, la solicitud le fue negada y se abordó el fondo de la demanda en levantamiento de la suspensión ordenada mediante la resolución 055. Esta triste historia ocurrió en pocas horas para llegar al Congreso Nacional, cuyo Senado estaba presidido por la Senadora Cristina Lizardo.

Es decir, que no cabe la menor duda de que una troika operaba desde el Palacio Nacional, en la cual participaba el asesor presidencial brasileño Joao Santana, el cabildero Angel Rondón, la vicepresidencia ejecutiva de CDEEE y el presidente de la República Danilo Medina.

Joao Santana tenía y tiene sus oficinas tanto en el Palacio Nacional como en el exclusivo sector de Bella Vista, y desde allí se cabildeaba, se ejercía el tráfico de influencias, se manejaban medios de comunicación y comunicadores; y se mantenían los niveles de contacto con la empresa Odebrecht en Brasil y otros países, desde donde se ejercía el lavado de moneda extranjera hacia República Dominicana.

Luego de las confesiones de Odebrecht, Joao Santana y Mónica Moura  abrieron el cauce para las investigaciones criminales de hechos de soborno, mediante las cuales se descubre y establece que Odebrecht era la empresa que ganaba todas las licitaciones de infraestructura en República Dominicana desde 2002 hasta 2015.

Se trató entonces de una conspiración proveniente de las más altas esferas del gobierno dominicano, que luego realizó esfuerzos para diluir el fenómeno de masas constituido por la gran reclamación nacional plebiscitaria que hoy se desarrolla en República Dominicana. Reclamación popular que mantiene a la sociedad dominicana en vilo, y que va dirigida a rechazar la impunidad y la corrupción, las acciones toxicas  de la empresa brasileña y los actos de prevaricación y estafa de algunos funcionarios que todavía hoy permanecen no identificados y que probablemente podrán quedar liberados del alcance de la justicia dominicana.

Odebrecht fue liberada mediante la homologación de un acuerdo con el gobierno dominicano y dicha compañía; quedando al desnudo que las intenciones de aquel eran que dicha compañía permaneciera en la construcción de la planta de Punta Catalina.

Hasta hoy, la troika del presidente de la República ha tenido éxito, aunque no definitivo, pues ha logrado someter a los tribunales personas no vinculadas con el caso Punta Catalina, sino probablemente con casos anteriores al año 2004.

Esto es muy importante, pues demuestra las verdaderas intenciones de la troika a la cual nos referimos, que consisten en desnaturalizar el expediente criminal del consorcio delincuente Odebrecht-Tecnimont-Aceros Estrella y dejar fuera del proceso a las sobrevaluaciones multimillonarias y la licitación pública internacional No. CDEEE-LPI-01-2013.

Se trata de maniobras magistrales, de contenido altamente engañoso, las cuales dejan traslucir los verdaderos propósitos de la troika palaciega, de la Procuraduría General de la República y de un pequeño grupo de funcionarios enriquecidos que, deturpando el expediente, pretender oscurecer el sistema de corrupción imperante, que ha beneficiado a altos funcionarios del gobierno dominicano de Danilo Medina, dejando fuera a los verdaderos responsables que han actuado en componenda y que introdujeron al señor Joao Santana en el Palacio Nacional para realizar sobornos en todas las campañas electorales, licitaciones públicas, sobornos a los medios y periodistas, trabajadores publicitarios y de relaciones públicas, para trabajar en la modificación del artículo 124 de la Constitución y permitir la reelección presidencial.

Todo ello fue resultado de una estrategia que caracteriza la articulación de una política pública asentada sobre sobornos, asociación criminal, sobrevaluación de obras multimillonarias, todo en perjuicio del patrimonio público y en beneficio de la empresa brasileña y de funcionarios gubernamentales.

El juicio que se celebra hace unos meses, muestra claramente que el Procurador General de la República, con su equipo de asesores, ha realizado la composición de un expediente extraordinariamente vacío, sin elementos probatorios contundentes e incluyendo personas que si en algo tuvieron que ver fue antes de 2004; y lo hace con el fin de no llegar a la investigación de las sobrevaluaciones, de las licitaciones manejadas dentro de la lógica de un sistema cerrado de corrupción, para poner a salvo las personas que sí tuvieron y tienen que ver con el caso Punta Catalina.

Por eso ha dicho en su artículo Geovanny V. Romero que nadie se imaginaba que detrás de esta historia de éxito empresarial, se escondía un oscuro esquema de corrupción que de manera sistemática se propagaría por la región con más fuerza que el mismo virus Zika que ha afectado a Brasil en los últimos años. Bajo la administración de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador, se destapó posiblemente el escándalo de corrupción transnacional más grande de toda la región, al descubrirse la forma deshonesta que la compañía utilizaba para adjudicarse obras importantes en los países en que operaba.

De igual modo, El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación a Odebrecht,  donde se le acusa de pagar sobornos a funcionarios públicos de 12 países,  con el objetivo de obtener contratos de obras. Producto de esta grave acusación, la compañía ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares de multa, siendo esta la multa por sobornos más grande la historia, luego de ser señalada de entregar 439 millones de dólares a políticos y funcionarios de Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Angola, Guatemala, República Dominicana, Mozambique y Panamá (artículo citado Odebrecht: Esquema de corrupción sistemática en América Latina).

Conclusión

El dramático caso de corrupción que representa Odebrecht en América Latina revela la vulnerabilidad de nuestras democracias cuando están organizadas sobre la base del neoliberalismo, en donde impera la libre competencia, el mercado, la privatización de los bienes públicos, la apropiación capitalista de las ganancias, y los gobiernos no nacionales dentro de un estado no nacional arrodillados a los desiderátums de la hegemonía imperial y la globalización de la economía. La justicia débil que tenemos en el continente difícilmente podrá llevar hasta sus últimas consecuencias el “sistema de corrupción” que organizó Odebrecht y sus socios y consorcios en América Latina. El papel que desempeñan las “troikas” es determinante para dicho sistema; las troikas representan los pequeños grupos corruptos que disponen de todos los mecanismo del poder político y que dirigen la inversión estatal utilizando todos los mecanismo tales como el fraude, el soborno, la coalición de funcionarios, la complicidad, la impunidad y el robo.

El expediente Odebrecht en América Latina fue producto de un sistema de corrupción que se implantó en varios países de América Latina, sistema de reparto, de contrataciones espúreas, negociaciones fraudulentas con información privilegiada, red de tráfico de influencias, sobrevaluaciones, simulación, estafa contra el Estado, sobornos a funcionarios estatales, compra de privilegios, asesores especiales para favorecer las contrataciones, participación de legisladores de fiscales, de ministros, formando todo un concierto que comenzó en los años 90 y eclodio en el último lustro de los años 10 del presente siglo XXI, una maquinaria que comenzó  a desarticularse con dicha eclosión, a tal punto de que los ejecutivos de Odebrecht, residentes, vicepresidentes, empresarios e intermediarios, cayeron en las redes de una justicia débil y en cierto modo, parasitaria, que trató de ayudar a los culpables y borrar las huellas de los principales responsables.

Acerca del autor

Angel Moreta

Angel Moreta, jurista, sociólogo, y filósofo; Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana, Autor-Editor de Debateplural.

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