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Proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP es vulnerar derechos políticos de la mayoría (Parte 2)

Escrito por Debate Plural

Romina Guadalupe Pérez Ramos (Hispantv, 3-10-20)

 

El bloque opositor al MAS-IPSP nunca tuvo la voluntad de generar un proceso electoral libre transparente y democrático en Bolivia tras el golpe contra Morales.

2. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por Sedición.

El 15 de enero del 2020, el ministro de Justicia, Álvaro  Coímbra, anuncio que junto al “Ministerio de Gobierno vamos a iniciar las acciones penales en contra de Evo Morales por sedición y terrorismo” y en aplicación al artículo 58 de la Ley 1096, se cancelará la personalidad de los partidos políticos ante “comprobada participación institucional en golpes de Estado, sediciones y acciones de separatismo”. A esta acción penal se la denomino “Caso Audio”, que es resultado del contexto en que el pueblo se encontraba movilizado resistiendo al golpe de Estado, y ejerciendo presión para que la ALP sesione para tratar las renuncias de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera en un momento donde la represión policial no permitía el ingreso de los Asambleísta al recinto del Órgano Legislativo.

El “Caso Audio”  como  acción penal por  “sedición y terrorismo”, es inconstitucional porque de acuerdo a las normas,  a un  Presidente de Estado  constitucional se lo procesa con un “Juicio de Responsabilidades” y no con una acción penal. Tampoco este caso tiene sustento legal porque la Fiscalía pretendió imputar al ex mandatario por una supuesta conversación que mantuvo con el dirigente cocalero Faustino Yucra para resistir al golpe de Estado, utilizando prácticas propias de los pueblos indígenas originarios y campesinos, como la de cercar a la ciudad de La Paz para que no ingresen alimentos. Las pruebas de este “caso audio” fueron alteradas o “montadas” por instrucciones del Ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien informaba que “las pericias, las declaraciones y recojo de pruebas que hizo el Ministerio Público, muestran que existen indicios de la comisión de ese grave delito”. En esta imputación, ni siquiera se notificó a Evo Morales cometiendo irregularidades de procedimiento que establecen el “debido proceso”.

En fecha 11 de agosto,  y en pleno contexto de las movilizaciones que se desataron en el país a raíz de la decisión unilateral del TSE se suspender nuevamente las elecciones planificadas para el 6 de septiembre, el gobierno  -a través de los dos ministros antes mencionados-  interpuso otra denuncia, la misma que fue presentada ante la Fiscalía de La Paz  contra el expresidente Evo Morales Ayma, y los   candidatos a Presidente y Vicepresidente del MAS-IPSP,  Luis Arce  Catacora y David Choquehuanca, y el candidato a  senador por Cochabamba Andrónico Rodríguez.

En la denuncia también figuran dirigentes sindicales del MAS-IPSP, Leonardo Loza de la Federación del Trópico; Juan Carlos Huarachi secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).  El Ministro de Justicia  Álvaro Coímbra,  los responsabilizo de las movilizaciones y los bloqueos que se efectuaban en todo el país  que ocasionaron “al menos una treintena de muertes por coronavirus de pacientes que no habrían recibido oxígeno y otros insumos médicos por los bloqueos”,  y se  los acuso “por delitos de genocidio, terrorismo, sedición, delitos contra la salud, medio ambiente, los servicios básicos, destrucción de lugares públicos e instigación pública a delinquir». Nuevamente acá, la acusación de “sedición” solo tiene el fin de anular la personería jurídica del MAS-IPSP e inhabilitar a sus candidatos.

Esta acción penal contra Evo Morales, tres candidatos y dos dirigentes, tampoco tiene fundamento, pues la  protesta popular  fue convocada por la COB junto a sus  organizaciones matrices y fue legitima y legal,  debido a que se sale a las calles para defender el cumplimiento de las normas y la CPE, porque   el TSE  pasaba por alto la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 (15-01-2020),  y todas las normas que a partir de enero se promulgaron para que se realicen las  elecciones del 2020,  -caracterizadas estas como excepcionales y de no periodo fijo-,  en los marcos que establece la CPE. En la elaboración de estas normas la ALP y el TSE coordinaron para aprobarlas y llevar adelante un proceso electoral de forma legal. Sin embargo, el TSE las suspendía de forma unilateral echando por la borda todo el proceso de coordinación anterior con la ALP cometiendo una acción ilegal e inconstitucional.  Es decir, fue la protesta popular la que permitió retornar a la institucionalidad del proceso electoral, y no el gobierno ni el TSE. Acá nuevamente se ve que son los actores opuestos al MAS-IPS, el gobierno y sus aliados políticos e institucionales los que incumplen las normas.

Asimismo, la acción penal del gobierno también viola el fuero sindical porque el derecho a la huelga está establecido en el artículo 53 de la CPE; y la  protesta popular como las movilizaciones y otras expresiones de defensa de derechos son parte de la  labor sindical, como lo establece el Art. 51 de la CPE “Las dirigentes  y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical no (…) se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical.”  Consiguientemente, es el gobierno golpista el que desacata la CPE  porque persigue a los dirigentes sindicales,  -haya o no movilizaciones-, utilizando la justicia y a los aparatos represivos del Estado a su antojo  para encarcelar perseguir y reprimir a los dirigentes sindicales, ya  que dispuso la salida de  la institución policial  para  hacer frente a las movilizaciones,  junto a los grupos paramilitares como la “Resistencia Juvenil Cochala” organizados por el Ministro Arturo Murillo y la Juventud Cruceñista  que es la fuerza de choque del Comité Cívico pro Santa Cruz al mando Luis Fernando Camacho, candidato a Presidente por “Creemos”.

3. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por la difusión de una encuesta de intención de voto.

El 17 de julio, la senadora Carmen Eva Gonzales, de Unidad Demócrata, presentó una denuncia contra el MAS ante el TSE para que se cancele su personería jurídica, porque el candidato a presidente, Luis Arce Catacora difundió el resultado de una encuesta que vulnera -según ella- las disposiciones de la Ley 026. La senadora interpelo a  Salvador Romero, presidente del TSE para que tome decisiones al respecto, o será “sometido a un juicio de responsabilidades en la vía penal por incumplimiento de deberes”. En la misma línea, en fecha 20 de Julio,  otros actores como  “Juntos” de Jeanine Añez; “Creemos” de Luis Fernando Camacho ; y “Libre 21” de Jorge Tuto Quiroga, también presentaron al TSE, demandas contra el candidato presidencial del MAS-IPSP, Luis Arce Catacora por el presunto “delito electoral de difusión de encuestas”, en cumplimiento de la Ley 026 del  Régimen Electoral  que en su artículo 135, parágrafo I, señala: empresas, instituciones, entidades publica o privadas o  “cualquier persona, serán sancionadas, en el marco de las faltas y delitos electorales, cuando difundan resultados de encuestas preelectorales”. El artículo 136, parágrafo III, señala: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. Para “Creemos”  la sanción para el MAS-IPSP por esta falta es “la cancelación inmediata de la personalidad jurídica”;  y al  igual que la senadora Carmen Eva Gonzales, interpelaron  al TSE,  para hacerle conocer que  si no se inhabilita al MAS, “incurrirán en faltas graves”, y “pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria, administrativa” y “de la responsabilidad penal por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”.

Hasta el 10 de septiembre, la senadora Carmen Eva Gonzáles, presento un memorial de “acción de cumplimiento” ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), en contra del TSE, para que procedan a la inhabilitación del candidato del MAS-IPSP,  y cancelación de la personería jurídica. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz admitió la mencionada acción de cumplimiento y fijó audiencia para el 5 de octubre, donde se conocerá el fallo a favor o en contra de la denunciante.

Esta demanda como las otras, no se corresponden con la realidad, no tienen bases legales solidas ni fundamentos jurídicos, porque Luis Arce Catacora, no difundió ninguna encuesta, tan solo respondió a una entrevista con los datos que presento el entrevistador Enrique Salazar. Tampoco en esa fecha se había reiniciado el calendario electoral para aplicar el cumplimiento de las normas. 

Consiguientemente las denuncias que están siendo procesadas son más bien decisiones políticas que tienen el objetivo de anular la personería jurídica, y por esta vía inhabilitar a todos los candidatos del MAS-IPSP para las elecciones nacionales: Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados a tan solo tres semanas de las elecciones. Por eso, el  gobierno de facto y sus aliados políticos,  así como sus operadores, buscan  que los fallos se resuelvan y se determinen antes del acto electoral,  para  evitar que el MAS-IPSP vuelva a ser gobierno una vez que las encuestas  lo favorecen -desde julio a la fecha- en desmedro de sus contendientes que tienen  pocas probabilidades de  ganar en la primera vuelta.  Si estas demandas son rechazadas por los tribunales porque sus causales no tienen fundamento jurídico, y consiguientemente no se logra sacar del juego electoral al MAS-IPSP, varias voces del bloque político opositor ya han apostado por otras rutas. Una es la convocatoria a declinar candidaturas, y/o convocando a la ciudadanía a emitir un “voto útil” al que llaman “voto inteligente” en los marcos de su marketing político. Otra, es el mecanismo de depuración, TSE ha depurado 51.000 bolivianos del padrón electoral en el exterior, sobre todo en aquellos países donde el MAS-IPSP tiene preferencia electoral, pero también a nivel nacional, hay varias denuncias del ciudadano de a pie que se encuentra depurado sin motivo alguno, y si el ciudadano no está depurado, encuentran otras vías para evitar que el voto se emita, como por ejemplo, la autora de este artículo, está habilitada en el padrón  electoral para votar en Rusia, país que no he visitado en los últimos 35 anos.

Para concluir, si las demandas no tienen fundamento, también es posible sospechar que se busca desestabilizar el proceso electoral, generando incertidumbres para  provocar nuevamente  la violencia; en  pleno desacato a esta línea, el expresidente Evo Morales que es el Jefe nacional de campana del MAS-IPSP  y ejerce el cargo desde el exilio, se pronunció  afirmando que “no existen argumentos legales ni jurídicos para proscribir al MAS”; por eso, pidió  evitar “provocaciones que buscan crear convulsión y suspender las elecciones”. Esta alerta  del ex presidente,  se fundamenta  porque  circulan  varias voces en el ámbito político e ideológico boliviano que como último recurso el bloque político opuesto al MAS-IPSP  ha incluido en su estrategia hasta un autogolpe  a su estólida Presidenta; y para ello,  todavía cuentas con los factores de poder Policía y Fuerzas Armadas,  el asesoramiento internacional de EE.UU e Israel  para desatar  la inestabilidad política en pleno  acto electoral, y recurrir a  provocaciones para generar  nuevamente a la violencia con  los grupos paramilitares y mercenarios que organizaron para derrocar al Ex presidente Evo Morales, y que tienen su epicentro en la ciudad Santa Cruz y Cochabamba. A estos no les importaría llevar adelante nuevas masacres, solo que esta vez podrían superar a las masacres de Sacaba y Senkata.

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