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Proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP es vulnerar derechos políticos de la mayoría (Parte 1)

Escrito por Debate Plural

Romina Guadalupe Pérez Ramos (Hispantv, 30-9-20)

 

Como parte de la estrategia post-golpe de Estado, el gobierno de facto, junto a sus aliados políticos han buscado proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP, inhabilitar a su candidato presidencial Luis Arce Catacora, y perseguir políticamente a sus dirigentes.

Con este objetivo han interpuesto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE),  y ante los tribunales competentes de justicia varias demandas,  e iniciado procesos penales  que  ya fueron  recepcionados  por la fiscalía.

La decisión política de inhabilitar la  personería jurídica del MAS-IPSP,  es parte de una estrategia que tiene el objetivo de eliminar  del  sistema político formal al instrumento político de los pueblos indígenas originarios y campesinos,  en torno al cual también se articularon intelectuales y profesionales de las capas medias urbanas,  sectores sociales  progresistas e interculturales de la sociedad  identificados con un proyecto  político  y programa  alternativo  al de las elites políticas  que gobernaron el país antes  del ano 20061.

Con la implementación  de esta estrategia,  se vulneraria los derechos políticos  de las mayorías nacionales  que tienen no solo una identificación  con el proyecto político y programa del MAS-IPSP, sino  se encuentran articulados orgánicamente a través de sus organizaciones sociales en torno a esta organización política,  denominada por  eso  mismo, “Instrumento Político por  la Soberanía de los Pueblos” (IPSP).  Esto también  explica por qué la mayoría de los candidatos a diputados uninominales de MAS-IPSP,  y  también  parte de los plurinominales,   son nominados por las  organizaciones sociales a través de la democracia directa, participativa y comunitaria,   que es la democracia interna que se ejerce en el MAS- IPSP,   la misma que  complementa y fortalece a  la democracia representativa.  En este sentido,   la representación política del MAS-IPSP  tiene una amplia  base social,  que contrasta con la  de los   candidatos del bloque político opositor que son nominados  “a dedo”  y que la jerga política denomina  “dedocracia”.

Entonces,  si  se pretende eliminar   del juego electoral  al MAS-IPSP se atenta contra la democracia,  y el sistema político de partidos quedaría reducido a una gama de organizaciones políticas de centro derecha hasta la extrema  de derecha,   que no representan a la mayoría  nacional  que es diversa y pluricultural en Bolivia,  y   los  derechos políticos  conquistados y establecidos en la CPE serían vulnerados.

El  artículo 26,  parágrafo I de la CPE,  señala:  “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva (…).  Interpretando este mandato,  se puede afirmar que al anular  la personería del MAS-IPSP,  no todos los ciudadanos podrían ejercer los derechos políticos en esta contienda electoral,  ya que el 40%  de los ciudadanos que -según las encuestas- se sienten representados por esta organización

política, se quedarían sin representación,  y su derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político  estaría totalmente vulnerado porque en el juego electoral solo quedaran  las opciones del bloque político opositor al MAS-IPSP. Es mas,  los sectores sociales  al no sentirse representados por las elites políticas conservadoras del anterior  ciclo político neoliberal (1985-2005)  optaron por organizar su propio instrumento político el   MAS-IPSP,  para ejercer su derecho al voto y  cumplir con los mandatos constitucionales establecidos en el parágrafo II,  del Art 26 de la CPE, que señala:  “el derecho a la participación comprende: 1.         La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”.  El ejercicio de los derechos políticos,  y el hecho de contar con su propio instrumento político,    permitió  a  los sectores sociales mayoritarios que  eran  marginados, visibilizados,  discriminados   llegar  a ser gobierno  estar  incluirlos  en el ejercicio del Poder del Estado por 14 años consecutivos  a la cabeza de Evo Morales Ayma.

Ahora bien, es importante mencionar que el bloque político opositor al MAS-IPSP,   después del golpe nunca tuvo la voluntad política   de  generar un proceso  electoral  libre transparente y democrático,  para   disputarse  en  este ámbito  el poder  del  Estado. Es más,    la estrategia post golpe  fue prorrogar  al gobierno  de la estólida   autoproclamada Jeanine Añez,  postergar las elecciones y  aniquilar  al  MAS-IPSP  por todas las vías posibles;   una de estas vías  es la de eliminarlo  como  contendiente en el juego electoral.  Por eso,  desde  noviembre de 2019  los golpistas apenas  se hicieron cargo del  gobierno tomaron la  decisión política  de proscribirlo junto a sus  candidatos. Esta decisión se  ha  ido materializando introduciendo demandas a los tribunales competentes para  inhabilitar al MAS-IPSP  que  por orden cronológico,  y  por  sus causales son las siguientes:

1. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por  instruir el fraude electoral  de octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional.

En fecha 15 de noviembre  de 2019,  la  estólida  autoproclamada Presidenta del Estado Jeanine Añez,  en una entrevista con la  BBC de Londres,  declaró:  “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”2. Seguidamente a esta declaración el colectivo “Generación 21” presenta un  recurso al TSE solicitando la cancelación de la personería jurídica del MAS-IPSP debido a que “El gobierno de Evo Morales, el 20 de octubre, al instruir al TSE que cometa fraude electoral ha cometido un autogolpe de Estado, un golpe de Estado institucional, por ende tenemos todas las bases legales para demandar al MAS para que se cancele la personalidad jurídica del mismo»3.

Esta demanda carece de sentido y fundamentación, y muestra  el desconocimiento de las normas por parte de los  demandantes;  ya que  en la legislación boliviana, y menos en la  Ley 1096 que es la que rige para las organizaciones políticas,  existen causales para inhabilitar a los partidos políticos por fraude electoral.  Lo que  inhabilita a una organización política, – de acuerdo a la Ley antes mencionada-   es la “Comprobada participación institucional en golpes de Estado, sediciones y acciones de separatismo”4. En este sentido los que debían perder su personería jurídica  son  los que organizaron,  prepararon y ejecutaron el golpe de Estado  y  que  estaban presentes  en el juego electoral  en octubre de 2019, entre estos  Comunidad Ciudadana,  y  Bolivia Dijo NO (21F)  que se recicló junto a otros  como el MNR -por su baja votación- en nuevas alianzas para las elecciones del 2020.

En esta demanda,  se puede  observar que  la oposición acusa al MAS-IPSP de  cometer actos  que ellos cometieron, es decir  el fraude electoral y el golpe de Estado.  Asimismo hay que insistir,  que el MAS-IPSP no cometió fraude electoral como se constata en varios  de los análisis y publicaciones  de instituciones y organismos internacionales que contradicen  el informe de la OEA.  Mas al contrario, intelectuales  como Mark Weisbrot5 y politólogos como Jorge Richter6 entre otros,  denuncian  que  fue la OEA,  junto con los lideres políticos y sociales de oposición  al MAS- IPSP   los que planificaron la  estrategia del fraude electoral,   para  anular  las elecciones  del 2019  donde  Evo Morales gano la elección con mas del 10% de votos sobre el segundo.

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