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Por el gobierno y la revolución

Escrito por Debate Plural

Oscar Rotundo (Público, 22-8-20)

 

Para finales de 2019, pensar el futuro de Bolivia era una quimera, el fascismo hacía gala de todo su rencor y voracidad, masacraba, desmontaba y rapiñaba la creación de 14 años históricos desde la llegada de los españoles a esa tierra generosa en riquezas minerales, agrícolas, humanas y culturales. Poco a poco la resistencia popular a la dictadura fue creciendo y organizándose, y esos pueblos indígenas, con toda su dignidad ancestral, asumieron el protagonismo que permitió acorralar al gobierno golpista y decadente de Jeanine Añez. Ahora, Bolivia comienza a vivir el tiempo de la recomposición con objetivos claros, ganar el gobierno en las urnas y hacer la revolución plurinacional.

La cruel sangría de la que Europa se ha alimentado desde 1492, parece eterna, pero los pueblos del Abya Yala (América), superando la adversidad, se niegan a desaparecer y resurgen día a día, desafiando la muerte, que desde la funesta llegada de los conquistadores y colonizadores ha generado millones de fallecidos.

Bolivia, con las, aproximadamente, cuarenta etnias indígenas que la habitan, ha sido sobreviviente de excepción a esta tragedia venida de occidente. Sus pueblos, aimaras, quechuas y guaraníes, resurgieron como el ave Fénix, a través de la desgracia y la miseria capitalista y los intentos de etnocidios perpetrados por una minoría blanca que nunca dejo de mirar al extranjero para visualizar su futuro. Desde la asunción de Evo Morales como presidente, la realidad de la sociedad boliviana se fue modificando y el país conocido como, el de mayor pobreza de América del Sur, paso a ser el de mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB), llegando a registrar un crecimiento de 2,86% al tercer trimestre de 2019, quedando segundo en el continente, antes del nefasto Golpe de Estado dado por los incompetentes que desde hace nueve meses usurpan el gobierno.

Para el mes de marzo de este año, la Central Obrera Boliviana (COB) aprobó un Pliego Petitorio, que contemplaba un alza del salario mínimo nacional del 15 por ciento, sobre el de 2019 que había subido a 2.122 bolivianos (305 dólares), esta petición se encontraba enmarcada en una situación, que luego del desbarajuste económico producido por la administración de facto, quedo totalmente desfasada. A esta crisis del poder adquisitivo de los trabajadores, se suman los datos aportados por el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia, que indica que, 5 de cada 100 habitantes de las ciudades en edad de trabajar, se encontraba sin empleo en el último trimestre de 2019. La tasa de desocupación expresaba que, en el primer trimestre de 2019 se ubicaba en 6,04%, en el segundo era del 4,89%, en el tercero era de a 4,29%, volviendo a incrementarse en los tres últimos meses de 2019.

Con el correr del año 2020, el impacto generado por las consecuencias de la pandemia del Covid-19, agravaron el contexto económico y social, abriendo una incertidumbre sobre las condiciones en las que quedaría el país una vez superada la peste. En el informe ¿Quién paga la cuenta?”, publicado por la Ong Oxfam (Oxfam Intermón en España), se especifica que, en América Latina, tras convertirse en el epicentro de la pandemia Covid-19, la desigualdad económica, pone en peligro la calidad de vida y los derechos sociales de la ciudadanía, ampliando la brecha entre los más ricos y los sectores más vulnerables de la sociedad.

El documento menciona la necesidad de tomar medidas fiscales que graven tanto la riqueza individual, como la de las grandes transnacionales. La ONG estima que, por no tomar medidas de este tipo, “América Latina perdería 113 .400 millones de dólares en ingresos fiscales este año debido a la COVID-19, cantidad que equivale al 59 % del gasto en salud pública de la región”.

El dilema que genera el poder hacer o no la cuarentena como medida preventiva para evitar la expansión del virus, pone a la población ante la disyuntiva de, o quedarse en casa y pasar hambre, o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida.

La organización Intermón Oxfam indica que, este cuadro de desigualdad, se verifica en la enorme economía informal de la región y la falta de redes de cobertura social “la fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia”. Mientras, los hospitales, y la situación de un gran número de personas se encuentra al borde del colapso”, señala, y plantea que de aplicarse un impuesto al patrimonio neto entre el 2% y el 3,5% con un millón de dólares exento, “los Gobiernos latinoamericanos podrían recaudar al menos 14.260 millones de dólares, 50 veces más de lo que ahora podrían estar aportando a las arcas públicas”.

En Bolivia, durante la gestión del presidente Evo Morales el informe “World Ultra Wealth Report” * del banco suizo U.B.S, advertía que para el 2013 en el país, existían alrededor de unos 205 “súper millonarios” que acumulaban una fortuna total de 25.000 millones de dólares, situación que propiciaría la visita del director gerente para mercados emergentes del banco suizo UBS Jorge Mariscal a Santa Cruz de la Sierra, el 13 de diciembre de 2013.

Estos datos resultan de suma importancia a la hora de comprender que, pese a todo lo echo durante los últimos años, el tema de la desigualdad social depende de una revolución que consagre los derechos de los sectores vulnerables y jerarquice a la producción y el trabajo asalariado, fortaleciendo al Estado con el aporte ineludible de los sectores parasitarios que durante siglos se han enriquecido a costa de la nación.

Con estos elementos sobre la mesa, podemos comprender que lo que está en juego en Bolivia y en el resto del Abya Yala, no es la formalidad de la democracia representativa republicana, sino el destino de millones de personas que han sido expulsadas a condiciones infrahumanas de vida por la avaricia y mezquindad de un puñado de especuladores que siempre se han mantenido con sus privilegios sobre la realidad de la mayoría de la sociedad.

El Golpe de Estado en Bolivia, fue orquestado sobre los presupuestos de lo que podría venir con la propagación de la pandemia y la oligarquía y sus secuaces, especularon con que ella jugaría a su favor para desmovilizar a las masas que reaccionarían ante las consecuencias que deberían afrontar, y la utilizaron para hacer propaganda populista y para aprovechar las posibilidades de ayuda internacional orquestando, como siempre, negocios para su beneficio.

El ex presidente Evo Morales manifiesta en un Twitter “La Asamblea Legislativa sancionó la Ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre.”

En el supuesto caso de que el ejecutivo promulgue la ley y se concrete la fecha del 18 de octubre de 2020 como la de las próximas elecciones, el rol del movimiento popular, tanto del Movimiento Obrero como de los Movimientos Sociales, será trascendental.

El gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, no ha demostrado ser un gobierno que piensa en su transitoriedad, aprobó el decreto supremo 4.232, que autoriza la utilización de semillas genéticamente modificadas (transgénicas) en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja. La norma, fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia amparándose en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y ante la necesidad de obtener alimentos en menos tiempo y con rendimientos superiores.

También acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) para un crédito concesional de 320 millones de dólares y genero sin pasar por la Asamblea Legislativa decisiones que comprometen el futuro del país y cambios en el modelo económico, decisiones sobre la explotación y tenencia de tierras y concesiones mineras en favor de grandes empresarios.

Legal y teóricamente un gobierno de ‘transición’ es para convocar a elecciones y no para adoptar medidas estratégicas.

La administración transitoria de facto, debería dejar de perseguir a los dirigentes sociales, “Denunciamos que organizaciones sindicales, dirigentes sociales y del MAS-IPSP somos víctimas del terrorismo de Estado a dos meses de comicios. Tras detención de Wilson Cáceres, en Santa Cruz, detuvieron ilegalmente por motivos políticos a exgobernador del #Beni, Alex Ferrier”, denuncia el dirigente Evo Morales, al tiempo que el viceministro del Ministerio del Interior, Javier Issa, confirmaba las órdenes de aprehensión contra los “instigadores de bloqueos”, Leonardo Loza, Juan Carlos Huarachi y Andrónico Rodríguez.

Además, tendría que mandar a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Amnistía para liberar a todos los presos y presas políticos y dejar de elucubrar medidas prescriptivas contra el MAS-IPSP o sus candidatos.
En conclusión, la iniciativa hoy, está en manos del pueblo movilizado y sus organizaciones de base, con su unidad han demostrado que más allá de la represión, pueden transformar la situación del país, su disciplina y convicción los han convertido en protagonistas indiscutibles de la política en Bolivia y confirmado que jamás serán furgón de cola de la burguesía, porque la visión del Estado Plurinacional es superior a los anquilosados esquemas de la republica burguesa.

El acto electoral, será una instancia de batalla más, en la lucha por el Poder, desde los Cabildos, los Movimientos Sociales y las Centrales Obreras y Mineras, serán los verdaderos garantes de que la Dictadura llegue a su fin y que, con el próximo Gobierno Popular, se pueda construir una síntesis superadora, que, con la experiencia y los logros acumulados en todos los años de gestión de Evo Morales, se avance en la lucha contra la desigualdad, desaparezca la pobreza y se instaure un Estado Plurinacional con fuerte presencia indígena y con plena Justicia Social.

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