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Uribe afina la estrategia tras su detención: la izquierda y la Justicia en la mira del expresidente

Escrito por Debate Plural

Ociel Alí Lopez (Russia Today, 21-8-20)

 

Lo primero que vale rescatar de la situación actual colombiana, luego de la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez impuesta por la Corte Suprema de justicia (CSJ) el pasado 4 de agosto, es la manera respetuosa y ecuánime con que se está llevando a cabo el proceso legal.

Algunos pensaron que Colombia no podría sostenerse en paz y que los resortes institucionales no soportarían el peso de una decisión de tan alto calibre como la detención del personaje político más importante de los últimos 20 años, quien todavía cuenta con un enorme poder real.

Más allá de una pequeña caravana a favor en su ciudad feudo (Medellín), la decisión de la CSJ no agolpó a las masas ni en la defensa ni en el ataque en su contra: todo ha sido muy racional, y esto hay que destacarlo en el país de las guerras continuas irregulares, de las masivas fosas comunas y del conflicto social sin cuartel.

Sin una contraofensiva prediseñada

Primero, el uribismo se planteó una constituyente para redactar una nueva Constitución e intentar hacer tabla rasa de la institucionalidad actual colombiana, que para el uribismo está secuestrada por intereses políticos.

Luego, visto el espinoso camino que le esperaba a esta propuesta, el propio Uribe decidió impulsar un referendo para reformar la Justicia colombiana: «Ojalá podamos crear un referendo para reformar la Justicia, reducir el congreso, ojalá el país no deje que esto se lo tome el socialismo disfrazado en el año 2022».

Todas las respuestas políticas al fallo pueden verse enmarañadas en el Estado profundo colombiano, puesto que se dirigen hacia cambios constitucionales, legales o del sistema de Justicia. Por ello, estas propuestas pueden enfriarse en las telarañas de la burocracia y el lento proceso de las reformas en el país, mientras continúa el juicio al líder y las presidenciales de 2022 parecen más cerca.

Finalmente, el expresidente ha renunciado al Senado, lo que puede ser un movimiento táctico y jurídicamente efectivo para trasladar su caso a los tribunales ordinarios y sacarlo de la Corte, donde se siente vulnerable. Sin embargo, dicha renuncia le resta importancia y beligerancia a su figura: ahora ha pasado a ser un expresidente más y no el líder combatiente que prolongaba su proyección desde el Senado. Su gestión en la articulación de respuesta política del uribismo, entre su partido Centro Democrático y el resto de agrupaciones que le componen, va a tener mayores dificultades de concreción.

¿Puede haber uribismo sin Uribe?

En algún momento lo sabremos, pero mientras, salta a la vista en estos 15 días que Uribe ha decidido reunificar y comandar el uribismo. Antes tenía que permitir el libre desenvolvimiento del actual presidente Iván Duque (a quienes sus adversarios llaman ‘subpresidente’ debido a su subordinación con Uribe), pero ahora, por una cuestión de vida o muerte (política), debe dirigir personalmente una respuesta que no es solamente defensiva, sino que busca contraatacar por la vía de intervenir la Justicia colombiana y llevarla a un cambio drástico que permita cooptarla desde las estructuras uribistas y garantizar, así, la sobrevivencia de su movimiento político y territorial.

En el camino usará las redes y el marketing, mensajes autovictimizantes como la foto con la reseña policial de su detención, ataques sistemáticos contra sus viejos y nuevos enemigos. No estará en la silla presidencial pero manejará cada vez con más precisión los hilos del poder, al menos hasta donde pueda llegar.

Para ello, desde El Ubérrimo afila los mensajes ideológicos y despotrica no solamente de sus antiguos enemigos, sino también contra la institucionalidad colombiana. El declive lo ha llevado a parecerse más a un caudillo que desde su hacienda reordena sus huestes y prepara su ataque que al populista de derecha que a cada momento lanza desafíos electorales.

Es allí donde puede estar su error. Ya no ataca a un enemigo desprestigiado como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) u otra guerrilla, sino que, para salir del escollo, debe primero reestructurar la Justicia colombiana. Es decir, su impulso se dirige a abrir un flanco muy incómodo con el Estado profundo colombiano y especialmente con el sistema de Justicia que, varias veces, como cuando le impidió la nueva reelección en 2010, le ha fallado.

Si no pudo hacerlo estando en el poder, cuando era legítimo su accionar belicista, no tenía contendor electoral y el país estaba en una guerra verídica, difícilmente podrá hacerlo en un momento en el que está perdiendo las elecciones (como las regionales de octubre de 2019) y cuando el proceso de paz con la guerrilla está estableciendo un nuevo estatus político para Colombia.

Hay que fijarse que si bien su metamensaje sigue dirigido contra lo que ha llamado «las nuevas FARC», a quienes les ha dedicado sus principales mensajes ofensivos es a la CSJ, a su expresidente José Luis Barceló y al resto de magistrados que han dictado la sentencia.

Uribe ha podido ser más enfáticamente populista y convocar un proceso electoral, refendario o plebiscitario sobre la ‘impunidad’ a las FARC, concentrarse en las mayorías colombianas, buscar dar un golpe seco electoral prolongando su triunfo contra el proceso de paz en el plebiscito de 2016. O en todo caso haciendo énfasis en la batalla electoral de 2022.

Ciertamente, ahora impulsa otro plebiscito, pero apuntando a un enemigo mucho más amplio, omniabarcante y profundo como lo es la Justicia colombiana, y eso cambia el mapa de articulaciones políticas, refuerza el eje antagónico y resta aliados en sus propias fuerzas.

Nuevos enemigos

Todo el poder de fuego del uribismo en las redes se concentró estos 15 días en atacar al expresidente Juan Manuel Santos, (antiguo ministro de defensa de Uribe quien ganó la presidencia con sus votos) y responsabilizarlo de la situación actual representada en la doble imagen: las FARC están en el Congreso y Uribe detenido en su casa.

A fin de cuentas, Santos (el santismo no existe) es la respuesta de la oligarquía tradicional colombiana, la de raigambre, para reinstitucionalizar Colombia y lavarle la cara sucia de la guerra, que tiene en Uribe su más notorio lunar. La decisión de la Corte y la respuesta del Estado (tribunales y senado) termina delimitando al uribismo en un terreno más acotado, localizado y minoritario, y no en el fenómeno político omniabarcante que fue desde el 2002 hasta el 2018.

El status quo colombiano quiere pasar la página del uribismo en la historia colombiana. Entonces Uribe debe abrir este peligroso flanco. Ahora no son solo las «nuevas Farc», como denomina a líderes de izquierda como Iván Cepeda y Gustavo Petro o al progresismo emergente, sino también los magistrados y parte de la tradicional institucionalidad colombiana los que se unen a sus detractores.

De hecho, el objetivo de su siguiente acción es el de reformar la Justicia y específicamente «cambiar el sistema de elección de magistrados». El problema de Uribe, entonces, no es contra unos jueces que le acusan, sino contra la forma de nombrar los magistrados: la institución misma.

Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Gustavo Petro debido a la inhabilitación que pendía en su contra y que fue dictaminada por la procuraduría cuando éste era alcalde de Bogotá. El fallo es otro ladrillo legal contra la ideología del uribismo, que no acepta medidas que reconozcan sectores políticos de izquierda o progresistas.

Vuelve la violencia

Las recientes matanzas masivas de grupos de jóvenes en diversas localidades como Cali, Samaniego y Camarawi recuerdan los años en los que el uribismo hacía la guerra en el territorio, con y sin la ayuda de las fuerzas armadas. Y esa es la pregunta que se hace hoy el mundo: si el uribismo se radicalizará, en el sentido de acentuar el conflicto social, cuando se produzcan acontecimientos como la detención de Uribe y otros que puedan venir, como un hipotético triunfo de la izquierda en 2022.

¿Sabrá el uribismo sobrevivir en un nuevo esquema político en el que ya no tendrá la hegemonía, su margen de influencia se habrá reducido y sus grupos antagónicos como la izquierda podrán incorporarse plenamente en el quehacer político sin miedo a un tiro o un bombazo? ¿Se quedará dentro del marco institucional o tenderá a desconocer la legalidad? Finalmente, ¿podrá reconstituirse para las presidenciales y darle así continuidad a su cadena de gobiernos? ¿Habrá un sexto gobierno uribista? ¿Podrá Uribe dar un vuelco a la situación y terminar como presidente en 2022?

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