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La lucha contra la esclavitud moderna es usada por EEUU para intimidar

Escrito por Debate Plural

(Kaosenlared, 28-6-20)

 

La lucha contra toda forma de esclavitud moderna, que representa una de las violaciones más crueles de los derechos humanos, es una tarea incumplida en el mundo. Pocos países asumen sus compromisos y otros, como EEUU, utilizan el hecho para someter a países a sus intereses hegemónicos.

Cada año en el mes de junio el Gobierno de EEUU hace público su informe sobre la trata de personas en el mundo, TIP por sus siglas en inglés. Ese informe no se enmarca en el Protocolo de Palermo de la ONU, que es el instrumento para prevenir, reprimir y sancionar dichos delitos.

Desde el año 2000 la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia (TVPA, por su sigla en inglés) exige a su Gobierno que emita un reporte anual, el TIP, mediante el cual la potencia se atribuye el rol de justiciero global, califica y descalifica las acciones de los gobiernos en el mundo.

El informe establece una clasificación de cuatro niveles y la ley norteamericana prevé mecanismos de presión y castigos, pudiendo dicho país impedir el acceso a créditos de instituciones internacionales y además restringe el acceso a programas educativos y culturales.

    • Los paladines de la lucha contra la trata de personas en 2020, a criterio del Gobierno de Trump, son EEUU, Israel, Chile, Colombia, Francia, Filipinas y España, entre otros. Son quienes «cumplen plenamente con los estándares mínimos de TVPA para la eliminación de la trata».
    • El segundo nivel está subdividido en dos y es sujeto de vigilancia y advertencias de parte del Gobierno de EEUU. En dicho grupo está la mayor parte de países que serán en adelante amonestados en caso de no escuchar las advertencias que les haga Gobierno de Trump.
    • El tercer nivel, está compuesto este año por 19 países, entre ellos China, Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Argelia, Bielorrusia y Nicaragua, entre otros. Son en realidad los países con quienes EEUU tiene conflictos políticos importantes, y quienes no se someten a los estándares norteamericanos, así como quisiera EEUU.

La TVPA establece que el Presidente de EEUU puede instruir a su representante ante organismos financieros a que vote en contra y que hagan el mayor esfuerzo para negar cualquier préstamo u otro uso de los fondos de las instituciones por parte del país que EEUU haya clasificado en el Nivel 3.

El Informe de EEUU sobre trata de personas es también una señal importante para los distintos organismos norteamericanos, para las ONGs y activistas que defienden los intereses de EEUU.

Es paradójico que Arabia Saudita, por ejemplo, según los criterios del Gobierno de Trump, se encuentre en el Nivel 2 bajo observación, a pesar de ser un país que ha sido acusado de contratar trabajadores migrantes, bajo condiciones inhumanas de trabajo y plagados de abusos físicos y sexuales.

Peor aun así, como dice el mismo informe, Arabia Saudita fue acusada de financiar a las milicias yemeníes que contrataban a menores en funciones de combatientes, y que el Gobierno de Arabia Saudita habría proporcionado salarios, uniformes, armas y capacitación a combatientes sudaneses (que incluían niños de 14 a 17 años) en Yemen.

Otro caso es el de la República Centroafricana, que es uno de los países más pobres y violentos del mundo. Según ACNUR la violencia ha obligado a cientos de miles de refugiados centroafricanos a escapar a paÍses vecinos, donde la situación tampoco es de las mejores. Una gran parte es sometida tráfico humano, sin embargo, EEUU la coloca en el Nivel 2.

Por otro lado, para EEUU el actual gobierno boliviano ha ameritado un ascenso de nivel, y junto a Brasil, El Salvador y Ecuador se encuentran en el Nivel 2 y según EEUU «hacen esfuerzos significativos».

En cuanto a Rusia y China, no es de extrañar que este informe político coloque a dichos países en el tercer nivel.

Cooperación cubana médica amenazada

Como en pasados años, EEUU volvió a acusar a Cuba de tráfico. EEUU reniega que «a principios de 2020, el Gobierno cubano envió más profesionales médicos para ayudar a los países a responder a la pandemia global de COVID-19 en virtud de acuerdos financieros poco claros». Con ese inaudito argumento, Cuba permanece en el Nivel 3.

Los países que reciben hoy cooperación médica de Cuba para combatir el COVID-19 suman una treintena. Entre ellos 15 países del Caribe, Perú, México, Honduras, Venezuela, Nicaragua, seis países africanos, además de Andorra, Italia, Qatar y Kuwait.

Ahora este informe, que acusa a Cuba de tráfico humano, pone en peligro esa cooperación, pues dichos países sufrirán presiones políticas y amenazas.

En ese sentido, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que «el gobierno de EEUU no repara en dañar esfuerzos de terceros países en el enfrentamiento a la pandemia con tal de atacar a Cuba. Criminaliza la cooperación internacional por motivos políticos. Les resultan ajenos el humanismo y la solidaridad».

La injerencia norteamericana contradice la ONU

La Carta de la ONU establece que, en sus relaciones internacionales, los países se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Cada Estado tiene derecho a ejercer su política soberana, pero cuando se sobrepasan ciertos límites y se imponen políticas a punta de amenaza, ya no hablamos de soberanía y menos de actos democráticos. Estas acciones revelan conductas despóticas y el afán de desplegar una extraterritorialidad de sus políticas que no tiene asidero en ninguna convención o tratado internacional.

Pero ya sabemos que EEUU, independiente de cuál sea la administración —demócrata o republicana— su política injerencista no cambia. Es iluso esperar respeto, menos cooperación o solidaridad de parte del Gobierno de Trump, que a todas luces intentará sacar réditos de la actual crisis que vive el mundo.

Al adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad internacional se comprometió a erradicar el trabajo infantil a más tardar en 2025, y el trabajo forzoso y la trata de personas en 2030. Esos objetivos ahora se alejan cada día más.

La pandemia ha hecho más precaria la situación de millones. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, millones de niños podrían verse obligados a realizar trabajo infantil como consecuencia del COVID-19.

Un detalle no menor en el BID

Los países latinoamericanos deben pronto encaminar la etapa de recuperación económica, pero Esta no se avizora alentadora. El informe de las Perspectivas de la economía mundial del FMI estima que América Latina y el Caribe se contraerá un 9,4%.

Con las arcas del Estado vacías, los países van a necesitar dinero para echar a andar la maquinaria económica y recurrirán al endeudamiento. Una de esas instituciones internacionales que proporciona préstamos es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya cartera en 2019 ascendió a más de 11.000 millones de dólares.

El 16 de junio, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció que «el BID se encuentra en una coyuntura crítica ya que la región enfrenta desafíos crecientes para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, particularmente a la luz de la pandemia global».

En ese sentido, y para asegurar el cumplimiento de sus políticas hacia la región latinoamericana y caribeña el Gobierno de EEUU decidió romper la tradición de que el presidente del Banco sea un latinoamericano, y decidió nominar a Mauricio J. Claver-Carone para la presidencia del BID.

Claver-Carone es hombre de confianza de Trump, es el actual asistente adjunto del presidente y director principal para Asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU y es conocido por promover una política radical injerencista en la región.

EEUU necesita tener bajo control al BID y usarlo para sus propios fines y el informe de trata de personas es una ficha importante en ese tablero, porque la clasificación realizada define el abordaje con cada país.

EEUU con el informe TIP no pretende cooperar con nadie, sino amenazar y castigar a quien no se someta a sus dictados, ahora también desde el BID.

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