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La querella de los ascensos militares o la agonía del régimen (II)

Escrito por Debate Plural

Ernesto Eterno (Sin Permiso, 15-6-209

 

La tenaz insistencia en la petición de ascensos en las FFAA que ha derivado en una denuncia penal del ministerio de defensa contra la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, por incumplimiento de funciones, se ha convertido en un episodio que encubre un conjunto de problemas mucho más complejos que la sola decisión de naturaleza política, administrativa o jurídica que hace al derecho de coroneles o generales a quienes quieren convertir en hombres de “gatillo fácil”. El ascenso es solo la punta del iceberg.

El país está viviendo las horas más sombrías de un nuevo golpe de Estado, artero por donde se lo vea, cuyo objetivo es prorrogar la gestión del gobierno hasta lograr un supuesto control de la pandemia que podría servir como una rentable bandera electoral. Entretanto, se pretende instalar o darle forma al Estado Policial favorable a la clase dominante y a sus aliados extranjeros dispuestos a subastar el patrimonio nacional. Se trata de construir un renovado proyecto político que maximice el robo como política de Estado y minimice el Estado como estrategia de ajuste en favor de un capitalismo asfixiado y jaqueado por los efectos perversos de la pandemia. Las señales son inequívocas: asalto estatal, desmantelamiento de las empresas e industrias y ajustes represivos apoyados en una delirante danza de millones que fluyen sin control al sector de seguridad policial-militar. Empero, el bloque represivo enfrenta algunas dificultades.

El régimen que no quiere correr el riesgo de contar con una fuerza armada débil o desobediente ha encontrado en la prebenda el antídoto perfecto para lograr sus objetivos a pesar del indigno trato que se le otorga en relación a la Policía Boliviana. Una manera elegante de comprar su fidelidad en este momento es incorporar a las FFAA al ejército de comensales que ha hecho de la rapiña el oficio más cruel en este momento de muerte y dolor en el que se mueve el país.



Jeanine Añez Presidenta de Bolivia

Esta maniobra política encuentra caldo de cultivo en unas FFAA que exhiben fallas estructurales en su pensamiento, su ética profesional y sus valores orientados a defender intereses de clase en ausencia de su constitución nacional. La desnacionalización de las FFAA es un fenómeno constante como lo es el colonialismo abyecto de la clase dominante. Esta crisis de identidad y lealtad estatal en el cuerpo armado revela la imperiosa necesidad de discutir la razón de su existencia más que el color de sus charreteras. Si la única manera de garantizar la continuidad del régimen pasa por eludir elecciones, prebendalizar y manipular la capacidad represiva de las FFAA, militarizar a la Policía y administrar el miedo social, es que estamos ante la mayor felonía de la historia de los últimos 40 años que amenaza destruir el Estado Plurinacional.

I

Un Estado Policial al servicio de terceros, sostenido por una guardia pretoriana, resume la aspiración de este régimen que solo podría consolidarse aplastando la resistencia popular por la única vía posible de la represión militar-policial, cuyo camino alternativo o complementario es el fraude electoral. El incentivo del ascenso militar al que hoy se suma el ofrecimiento de una mudada de uniforme y botas, no es más que una burda patraña que busca asegurar la cohesión interna y la fidelidad de las FFAA, condiciones sin las cuales es inviable cumplir el objetivo impuesto.

Consecuente con lo anterior, hace pocas semanas, el Comandante en Jefe de las FFAA, Gral. Div. Sergio Orellana, irrumpió en la Asamblea Legislativa Plurinacional con aire de mariscal ofendido

como si alguien le habría restado mérito a una presunta y gloriosa victoria en el campo de batalla. Asistió a la cita legislativa con uniforme de campaña junto a otros militares cortesanos de su Estado Mayor que echaban sombra sobre la escasa dignidad que le queda a su institución. Orellana y sus adláteres golpistas y represores, no parecían tener la estirpe de aquellos generales heroicos dispuestos a sacrificar su vida en aras de intereses nobles, muchos menos representar a oficiales combativos, peor aún, ni siquiera se acercaban a mostrarse como respetables soldados sino a simples porteros uniformados de sus delirantes complejos. La demostración pública de su desafiante arrogancia ha sido condenada por propios y extraños, pero también fue celebrada por aquellos que creen que necesitamos más generales para dirimir escaramuzas tristes entre soldados ebrios.



Además de quebrar normas constitucionales a las que nos tiene acostumbrado el régimen de Jeanine Añez, con la escandalosa complicidad de los medios de comunicación, analistas procaces y voceros oficiosos, Orellana terminó haciendo un soberano ridículo ante el país y el mundo exigiendo, bajo amenaza, a la Asamblea Constituyente del Estado Plurinacional, la aprobación del ascenso de coroneles y generales al grado inmediato superior. Ni en las peores dictaduras se había producido un pronunciamiento político de esta naturaleza solo para demandar ascensos y prebendas de clase y jerarquía. Orellana imitó un añejo ejemplo policial cuando decenas de oficiales y sargentos inundaron la Asamblea Legislativa para expresar su molestia contra normas para ponían límites a la discrecionalidad policial. Ambos episodios, cada uno por distintas razones, ofrecen una suerte de empate de indecoro corporativo y desvergonzado que pone en jaque las instituciones democráticas.

Orellana y sus cómplices ignoraron por completo que la Asamblea Legislativa representa la voluntad soberana del pueblo boliviano y a pesar de sus naturales debilidades constituye el primer poder del Estado Plurinacional que legisla y fiscaliza bajo normas establecidas constitucionalmente. El general golpista transgredió una norma básica que es observar y seguir el conducto regular mediante el cual el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Estado, solicita los ascensos para las FFAA o Policía Boliviana, entretanto éstas cumplan escrupulosamente su tarea de reconocer y ponderar méritos profesionales a su personal evitando la arbitraria tarea política de elegir a dedo o por encargo político a coroneles mediocres o lambiscones.

La presidenta transitoria ni su gabinete se pronunciaron por este gesto inconstitucional que dio rienda suelta a una agresión intolerable contra un poder estatal, pero al mismo tiempo contra la propia democracia, recuperada precisamente de militares obtusos como Orellana, a principios de los 80. No cabe la menor duda que el agravio contra el Poder Legislativo fue autorizado y respaldado por el régimen que hoy está más ocupado en robarse el país entero que en gobernar una breve transición, convertida dramáticamente hoy en un festín a cargo de una pandilla fascista. En todo caso, el globo de ensayo del desafiante alto mando militar por encargo del régimen constituye la antesala de su voluntad para prorrogarse en el poder.

Orellana y su torpe Estado Mayor, creyeron que la Asamblea Legislativa sucumbiría a su sola amenaza mostrando a sus tropas y al país el tamaño de su poder. Empero, se estrellaron contra un muro de concreto y en lugar de lograr el objetivo añorado de los ascensos cosecharon el repudio popular y la condena internacional de organismos vinculados con los DDHH. Está demostrado que la democracia no le debe nada a ninguna charretera más que a sí misma y su madurez no depende del poder de fuego de militares mediocres o de mandos que interpretan la no deliberación y la disciplina constitucional a su antojo. A los militares se les escapa que su existencia depende de la decisión del pueblo soberano y entretanto ese pueblo no decida

prescindir de sus soldados éstos están obligados ética e institucionalmente a obedecer lo que manda la Constitución. El militar es por esencia un soldado profesional que obedece no solo porque se le paga sino porque jura servir a una Nación que es sustantivamente más que su propia institución y no su síntesis. En tanto ese soldado desobedece porque cree simplemente que su institución está por encima de la Constitución y del Estado que lo sustenta, se transforma simplemente en un mercenario o en un bandolero.

Pero no son solo las FFAA las únicas que padecen de anemia democrática, son también las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha convertidas hoy en un campo tóxico donde fermenta la levadura del golpismo. La conducta del Gral. Orellana refleja el rostro de un gobierno burdo, corrupto y arrogante que cree conseguirlo todo con el uso de la fuerza o la amenaza como lo vienen haciendo sistemáticamente sus ministros, Luis Fernando López y Arturo Murillo, además de otros, cuya torpeza e ignorancia resulta vergonzosa para el país, en un juego de brutalidad digna de regímenes feudales y atroces del siglo XV. Es posible que el comandante en jefe no represente a todas las FFAA, sino al sector más conservador o retrógrado, obsecuente con el régimen y a quienes son depositarios de esa mentalidad colonial que todavía considera que están por encima de la ley o de la constitución, que presume que los soldados son sus peones o mitayos o creen todavía que las FFAA son la razón fundante del Estado.

No obstante y en aras de la objetividad, convendrá señalar que este no es un sector minoritario de las FFAA sino una mayoría que todavía preserva resabios de un ejército acomplejado por sus históricos fracasos en contiendas internacionales y que continúa viviendo bajo las alas ideológicas, de una pesada como nefasta influencia norteamericana, que ha hecho creer durante décadas que representan los más altos intereses de la patria, particularmente en los momentos de mayor crisis estatal y cuando los intereses extranjeros corren el riesgo de naufragar. A las élites siempre les ha interesado disponer de un ejército cortesano como se dispone de una mucama o de un peón de turno como a la potencia extranjera le ha interesado normalmente contar con aliados criollos armados, como reserva inmediata y económica que sustituya a sus marines.

Las nuestras, son todavía FFAA que confunden la sombra con el hueso. Embarcados en esta idea peregrina de defender a la patria tierra adentro no han hecho otra cosa que aplastar infinidad de veces al pueblo considerándolo como a su “enemigo interno”. Esta es la triste historia de unas FFAA ocupadas desde afuera para desocupar la nación desde adentro. Carentes de una identidad profesional y ética con la patria que los sostiene, siguen navegando erráticas en un mar de dudas, complejos y veleidades insanas.

Continúan siendo los portaestandartes de una doctrina militar extranjera ante la incapacidad de digerir un pensamiento estratégico propio que represente y traduzca genuinamente los intereses estratégicos del Estado Plurinacional. Parece que se sintieran más cómodos siendo ajenos que siendo propios porque no se sienten orgullosos de ser ellos mismos o porque los educaron en la pedagogía del desprecio para no ser o para pretender ser otro. Mientras esto no cambie y no se desprendan de su enajenante dependencia extranjera o respondan en lo sustantivo a su vigorosa construcción, las FFAA bolivianas seguirán siendo una extensión sumisa del Comando Sur y una simple correa de transmisión de los feroces apetitos geopolíticos de los EEUU a quienes les han enseñado a venerar más que a su propia patria. Esto es lo que no entienden hasta hoy las FFAA y por ello su anómalo lugar en la historia. Vacíos de una pedagogía del honor militar propio y ajenos a un concepto prístino de Patria, peor aún, despojados de un vínculo orgánico con su pueblo que los sustenta, se mueven como una filosa navaja en medio de la tempestad política que acostumbra vivir el país.

No ha desaparecido para nada esa penosa concepción maniquea y autoconferida del “tutelaje” en el razonamiento político de militares que se consideran a sí mismos como “salvadores de la patria”, sentimiento desafortunadamente inoculado por aquella clase que históricamente ha usado a las FFAA al servicio de sus intereses bastardos y que al mismo tiempo los desprecia por sus rasgos indígenas y mestizos, pero también por su fluctuante comportamiento, aunque excepcional, en favor de causas nacionales o populares. En la adusta mentalidad de la clase dominante los militares constituyen un “peligro” potencial cuando asoman proyectos progresistas, pero son unos verdaderos “patriotas” dignos del mayor reconocimiento cuando deben defender sus intereses y sus privilegios de clase.

Cualquier proyecto político estatal-popular o nacional-popular que se pretenda sostenible en el futuro debe empezar nacionalizando las FFAA, es decir, desenajenándolo de todo el lastre ideológico extranjerizante asimilado en estos últimos 70 años. En la perspectiva de la emancipación política y económica, la nacionalización militar es el único camino que puede poner en sintonía su obediencia con la voluntad popular, su ética profesional al servicio de la patria real, despojada de toda sospecha de superioridad cívica, y colocar su profesionalismo y la concepción estratégica de la defensa nacional contra cualquier injerencia o dominio extranjero que pretenda usurpar la soberanía, la dignidad y los recursos materiales del país. Nada es más peligroso para el país que disponer de unas FFAA cultural, social e ideológicamente enajenadas y con mentalidad pretoriana en un país semicolonial que sueña con emanciparse.

II

La conducta de Orellana y su relación con el régimen de Añez sirven de prisma para leer e interpretar sus consecuencias, tanto para el país como para la propia institución militar en las circunstancias en la que nos movemos. En este contexto, la centralidad militar golpista parece no corresponderse con el lugar que ocupa actualmente en el tablero político o cuando menos dicha centralidad no es correspondida por el régimen que ha visto en las FFAA simplemente a su fuerza de choque y o su factor de contención, como siempre lo han hecho los sectores conservadores.

La gestión política del Gral. Orellana nos acerca a la comprensión de la lógica con la que el gobierno de Jeanine Añez actúa y trata a las propias FFAA, que no es otra cosa que una lógica instrumental al servicio de apetitos venales y corruptos, pero que al mismo tiempo opera como la proa del elenco extranjero que se ha hecho cargo del país. A su vez, sirve para entender el lugar que actualmente ocupan las FFAA en este tablero político anómalo y sus desafortunados desplazamientos que pueden interpretarse como un conjunto de derrotas institucionales.

Dicho de manera simple, después de que las FFAA encumbraran mediante un golpe de Estado a un régimen ilegítimo, este mismo régimen ha convertido a los militares en una simple fuerza de choque para unas cosas y en su mula de carga para otras. Reducidos a condición de peones armados, usando una metáfora cruel, los militares no hacen otra cosa que proteger a gansters políticos ocupados en asaltar las arcas del país, mientras el país real se muere en las calles atacado por la miseria, el desempleo y la pandemia. ¿Sostener el enriquecimiento brutal o la avidez cleptómana de una clase que desprecia al país, es el triste papel que le corresponde a las FFAA?

El protagónico papel que los militares jugaron en el golpe de Estado de noviembre del 2019, ocupando el centro de gravitación política, ha mutado reduciéndose a una simple guardia pretoriana marginal a la que se trata de conformar, no solamente con ascensos que beneficia al

1% del personal, sino con simples migajas como la dotación extraordinaria de uniformes, botas de combate o con cargos públicos desde los cuales se aporta al insufrible saqueo nacional.

Sin embargo, no todo lo que pinta es color del paisaje. De a poco, oficiales jóvenes y sargentos conscientes de su responsabilidad política e histórica están empezando a cuestionarse a sí mismos el papel poco honroso que cumplen en medio de este mar de espanto. El caldo de cultivo de su interpelación emergente no necesariamente nace de su aguda lectura política acerca de un país que sufre sino de su agotamiento físico, del repudio popular y de las condiciones de vulnerabilidad ante la pandemia que conduce indirectamente a cuestionar el desorden y la ineptitud para gobernar el país. A las tareas represivas que se iniciaron con el golpe de Estado, al que siguió la “pacificación armada”, se sumaron las agotadoras jornadas en el control de la población durante la cuarentena rígida. El confinamiento de la población durante mucho tiempo no solo carece de efectividad para proteger a la gente del contagio, sino que agudiza las profundas asimetrías sociales y económicas empobreciendo más a los que tienen menos.

El peso de estas responsabilidades que está superando su propia capacidad instalada está calando hondo en la moral de las tropas que empezaron a mostrar las primeras grietas en su unidad corporativa y en su disciplina. Mandos subalternos denunciaron a la prensa la extorsión policial contra ciudadanos y el montaje gubernamental de una presunta protesta social en Senkata, culpando al MAS de la misma. Por otra parte, el rechazo a desbloquear militarmente K’ara K’ara en la zona sur de Cochabamba no es un dato menor como no lo es la explícita crítica contra el régimen que cada día crece en proporción al contagio que se produce entre el personal de mando, sus familias y los soldados dentro y fuera de los cuarteles.

Con un gobierno golpeado por las denuncias de corrupción y un mando militar que palidece cada día ante sus tropas por su falta de decoro solo les queda el recurso de crear incentivos materiales para frenar el creciente descontento. Imposibilitado de lograr los ascensos comprometidos el régimen no encontró mejor sedante político que ofrecerles una dotación extraordinaria de uniformes y botas para aplacar la acumulación de estos malestares internos. Mediante Decreto Supremo N°4254, el régimen le asignó casi 25 millones de bolivianos, monto semejante a la Policía Boliviana, para la adquisición directa de 50.000 uniformes y botas de combate con el ánimo de restaurar la moral de la tropa y de sus inquietos cuadros de mando.

Que las FFAA reciban y festejen una dotación extraordinaria de uniformes o botas a cambio de convertirse en una vulgar guardia policial del régimen expresa el nivel de miseria moral, y de lejos, traduce una paupérrima formación profesional que hace que generales, oficiales y sargentos se conformen con una mudada de ropa a cambio de asumir tareas represivas y de disciplinamiento social en desmedro de funciones constitutivas como es la defensa del territorio, la protección de su soberanía y el apoyo a tareas de desarrollo nacional.

En medio de este desconcierto, anarquía y desesperanza al que nos ha conducido el régimen, las FFAA, distraídas en menesteres callejeros, desconocen el destino que hoy se está dando a los recursos estratégicos como el litio y sus derivados, que para desventura del país nuevamente están siendo entregados a nuestros eternos verdugos, en medio de negociados secretos como ocurrió con la venta del gas en su momento. Su ocupación callejera hace que los oficiales ignoren las dramáticas consecuencias que tendrá el desmantelamiento y saqueo de empresas estratégicas como YPFB, ENTEL, BOA o las industrias básicas del gas y la urea o el amoniaco que se supone irían a cubrir sus salarios futuros y garantizar su cómoda jubilación. Pero ni eso las conmueve.

Recibir, incluso con agradecimientos y loas, un par de botas, que entre otras cosas el ministerio de defensa está obligado a dotar, a cambio de servir de soporte material de un poder adicto al

robo, que a todas luces es ajeno y contrario a los intereses nacionales, dice mucho respecto a la degradación intelectual y patriótica de las FFAA que no es distinta a su comportamiento cuando oficiaban de peones del imperialismo por la vía de la dictadura militar en las décadas de los 60 y 70.

Este es hoy, el meollo del asunto. Las FFAA están siendo nuevamente derrotadas como está siendo derrotado el pueblo boliviano en medio de la pandemia o la pandemia como pretexto para consumar la derrota ante la inercia del movimiento popular o sobre lo que queda de ella luego del golpe que no se molestó en confinarlos sino en envilecerlos. La escena de esta derrota se traduce en la ocupación política y la conversión de las FFAA en una fuerza pretoriana para sostener un gobierno “encapsulado” en la más atroz de las corruptelas y el vaciamiento del patrimonio nacional en favor del capital financiero transnacional, a cambio de un plato de lentejas. Es la historia de siempre: un discurso que legitima la intervención militar, la prebenda que satisface necesidades inmediatas y un mando docilizado que entrega la institución para restaurar un supuesto orden extraviado. Bajo los efectos de un lisonjero y aparente discurso de sus cualidades “patrióticas” y democráticas, finalmente las FFAA, ideológicamente desarmadas y políticamente vencidas, ofician de comadronas de un nuevo ciclo de dominio y saqueo nacional.

Hoy, bajo el discurso mediocre e insostenible de la recuperación de la democracia, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, fantasmas que sirven para alimentar la legitimidad de una empresa estéril y absurda, las FFAA, al mando de generales derrotados por un cañonazo de dólares, no ha hecho otra cosa que embarcarse en la peor de las aventuras políticas, cuyos costos en el corto y mediano plazo son impredecibles para el país. Los ejemplos abundan.

Convendrá recordar que, en julio de 1980, los generales Luis García Meza y Luis Arce Gómez involucraron a la institución militar embarrándolas en los pozos de maceración de droga y en el control de los cárteles del narcotráfico mientras los comandantes de grandes y pequeñas unidades se llenaban los bolsillos de dólares en medio de francachelas, licor y prostitutas. Después de la vorágine delincuencial, García Meza y Arce Gómez fueron procesados y purgaron sus delitos, pero quedó la sombra siniestra del narcotráfico pegada al uniforme militar. Ninguna dictadura boliviana del siglo XX había llevado a las FFAA tan lejos sirviendo a mafias nacionales y extranjeras sin más ropaje que la rapiña atroz y descarada como en aquella época. Por cierto, no faltó el discursito anticomunista para el maquillaje ruin de la hora nona. La narcodictadura militar hizo de las FFAA una institución no solo despreciable sino también indigna de ser respetada por la sociedad al extremo de ver en cada oficial a un narcotraficante y en cada cuartel una poza de maceración.

Otro episodio más cercano, denominado la “guerra del gas”, expresada en la masacre de octubre del 2003 que enfrentó a las FFAA contra el pueblo alteño, con Sanchez de Lozada a la cabeza y Carlos Mesa de furgón de cola, sirvió para ratificar una vez más, que el pretexto de la subversión terrorista o la existencia de un plan desestabilizador contra el gobierno, era una simple patraña. La insaciable gula del capital extranjero, en particular norteamericano, había maquillado el saqueo de nuestras empresas estratégicas y recursos naturales entre 1993-1997 con el infeliz nombre de “capitalización”, ilusión que pretendió perfeccionarse entre el 2002-2006 mediante la venta del gas a EEUU y México a precio de gallina muerta, de paso, por puertos chilenos que no era otra cosa que una cobarde capitulación de nuestra centenaria reinvindicación marítima. El país se quedaría sin gas y sin demanda marítima a cambio de que lo gobiernen los organismos financieros internacionales mientras la cúpula partidaria del MNR-ADN-MIR, CONDEPA y NFR saciaban sus desmedidos apetitos burocráticos en medio de los “gastos reservados”, con medios

de comunicación amordazados y bien pagados con plata de los “costos recuperables” de las empresas transnacionales y FFAA embriagadas en la ilusión de su modernidad.

Sin más subversión a la vista que el pueblo indignado por la enajenación de la riqueza nacional y el latrocinio político, en medio de la miseria y la pobreza de la gente, las calles de El Alto quedaron preñadas de dolor mientras los dueños del poder fugaron luego de intentar vender el país y consumar el asalto al Banco Central. Después del baño de sangre las FFAA quedaron solas y huérfanas con las manos manchadas de oprobio. El alto mando militar represor, rendido a los suculentos gastos reservados que aceitearon la masacre, con apoyo gringo de por medio, fueron procesados y hasta hoy purgan su condena por los más de 70 muertos y más de 1.000 heridos. En esta ocasión, nuevamente las FFAA tuvieron que tragarse el desprecio popular por haber ejercido la condición de verdugos implacables del pueblo. Por fortuna, Evo Morales restauró su prestigio y logró sanar las heridas en poco tiempo, entretanto Carlos Mesa, sin pudor alguno, sigue hasta hoy con la perorata de los DDHH y la democracia como si los muertos no contaran o el dolor del pueblo y su memoria fueran estériles.

Los resultados de las masacres de “Senkata” y “Huayllani-Sacaba” de noviembre del 2019, que enfrentó de nuevo a las FFAA contra el pueblo alteño y cochabambino, no será distinto en sus efectos perversos contra la institución militar como fueron los hechos provocados por la narcodictadura militar de los 80 y el neoliberalismo masacrador del 2003. Mientras el régimen, que solo debía administrar la transición, roba sin pausa ni clemencia alguna, las FFAA han colocado su prestigio, su cara y sus armas en las calles, en una repetición absurda de la historia que los vuelve a condenar. De una manera que resulta no solo penosa sino hasta ridícula, los militares fueron conducidos a la aventura del golpe como se conduce a un rebaño de ovejas.

Lo que resulta dramático, es que las FFAA, como el resto del pueblo boliviano, fueron vilmente estafadas en su buena fe porque nunca se consumó fraude electoral alguno por parte de Evo Morales ni el MAS. El relato del fraude, infinitamente ampliado por los medios de comunicación y las redes sociales a través de la estrategia del fake news (estrategia de la mentira repetida hasta el cansancio) solo sirvió de pretexto para gatillar las movilizaciones urbanas cuyo remate se tradujo en el golpe de noviembre. En realidad, el golpe no fue más que el corolario de un largo plan de desestabilización orquestado por el gobierno norteamericano desde años antes y consumado por una élite racista, servil a intereses extranjeros, bajo el barniz religioso que ofrecía restaurar la presencia de Dios en Palacio de Gobierno.

Un conjunto de investigaciones académicas independientes, apoyadas por universidades norteamericanas y de otros países e instituciones, han constatado que no existe evidencia tangible de fraude electoral. Los dos periódicos más influyentes del mundo como el Washington Post y el New York Times, además de otros, ratificaron la hipótesis de la inexistencia del fraude que la OEA se niega tozudamente a reconocer y aceptar. Ya no caben dudas sobre el siniestro papel que jugó el equipo de observación electoral y los equipos técnicos de la OEA que redactaron el informe del supuesto fraude electoral a cambio de la reelección del innombrable Secretario General que cumple la funesta tarea de dinamitar gobiernos democráticos populares por encargo del Departamento de Estado.

Para reforzar el mito del fraude, agencias de seguridad extranjeras operaron en las redes sociales creando miles de cuentas administradas desde el extranjero para instalar el sentido común del fraude electoral en la opinión pública boliviana. La realidad señala categóricamente que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe artero contra el Estado Plurinacional y su democracia para la que usó el mito del fraude con evidencias que se revelan diariamente. Incluso, un senador

norteamericano, del partido republicano, Richard Black, acaba de declarar que el golpe contra Evo Morales fue impulsado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con el apoyo de Trump, el presidente de EEUU. Está claro que el objetivo del golpe no era otra cosa que el control geopolítico y económico del litio boliviano que en la lectura gringa estaba en riesgo de quedar bajo control de China, su potencial competidor en la nueva hegemonía global del siglo XXI. En efecto, este fue el golpe del litio que paradójicamente las FFAA de Bolivia contribuyeron a consumar cuando ellas mismas había contribuido al proceso de nacionalización de las empresas estratégicas y los recursos naturales entre el año 2006 y 2014. Extraña paradoja y cruel realidad.

Actualmente, las FFAA son duramente cuestionadas por su nefasto involucramiento en el golpe de Estado y su responsabilidad en las masacres y violaciones masivas de DDHH que exigen procesamiento nacional e internacional. Últimamente, la Defensoría del Pueblo ha denunciado prácticas de tortura ejecutadas por miembros de la Armada contra jóvenes indefensos en la ciudad de San Ignacio de Moxos (Beni) en plena pandemia. Ni hablar de los abusos de la Policía Boliviana en todo este tiempo que merece un capítulo aparte a partir de su detestable transformación en una maquinaria jurídico-delictiva y criminal.

Nada hace presumir que los miembros del actual régimen, encabezados por Jeanine Añez, tengan la entereza moral para enfrentar civilmente la responsabilidad política y jurídica de sus crímenes ante los tribunales de justicia, sino todo lo contrario. Lo más probable es que abandonen el país con rumbo a los EEUU, como lo hicieron Sanchez de Lozada y Sanchez Berzaín a su tiempo, dejando nuevamente a las FFAA expuestas a la condena social con todo el alto mando procesado y con mandos medios sometidos, como corresponde, a la justicia ordinaria. Está claro que el Gral. Kalimán y Orellana y sus estados mayores no tendrán escapatoria alguna frente a la justicia, como no tendrán las FFAA en su conjunto excusa de su conducta antidemocrática frente a la ignominia pública.

¿Que ganaron las FFAA apoyando un régimen ilegal, ilegítimo y cleptómano, tutelado por intereses foráneos, que no sea el estigma criminal y el desprecio de la población? ¿Cuál fue su victoria o la victoria del país en esta disputa por el control de nuestros recursos naturales? ¿En qué se benefició el país o las FFAA después de esta funesta aventura política golpista? Nada. Simplemente nada, ni siquiera la hipócrita bandera de la restauración democrática con la que los embaucaron los “pititas” golpistas porque ninguna democracia se gana al precio de destruir un país, desmantelando su estructura productiva o destruyendo su proyecto industrial o su desarrollo económico con justicia social. Nada, las FFAA no ganaron nada más que el desprecio popular y la condena internacional y tendrán que ser las próximas generaciones las que rindan cuentas de este escarnio histórico mientras los generales golpistas de “noviembre negro” continúen gozando de sus suculentos bonos y su cobarde felonía.

III

Es imposible dejar de reflexionar acerca de la condición de servidumbre antinacional a la que fueron reducidas las FFAA por el régimen gubernamental como imposible no develar las vergonzosas derrotas políticas que deben cargar sobre sus hombros en ésta horas sombrías en las que el robo se ha convertido en política de Estado. Nada se salva a la rapiña gubernamental. El mismo ministerio de defensa ha sido transformado en un reducto cleptómano por un grupo de generales del servicio pasivo y otro grupúsculo de amigotes del ministro que no han hecho otra cosa que convertir la crisis política y la pandemia en una imperdible oportunidad para sus jugosos negociados. El dinero que le corresponde a las FFAA y que debería ser destinado a la

protección, seguridad física y sobrealimentación del personal que trabaja diariamente en las calles está siendo desviado a cuentas personales del círculo de confianza de López.

La compra irregular de equipos antimotines, sobreprecios en la adquisición de escopetas lanzagases, tráfico de influencias para asignar contratos millonarios en la adquisición de víveres o uniformes en favor de palos blancos, además de otros menesteres despreciables, han rematado con una crisis ministerial interna, encubierta por los medios de comunicación, que obligaron a sus dos viceministros, de defensa y defensa civil, a renunciar a sus cargos arrastrando consigo al personal jerárquico de la dirección administrativa. Toda la administración central del ministerio de defensa tuvo que renunciar a sus importantes cargos para evitar ser involucrados en los manejos dolosos que hoy caracterizan a este sector del gobierno.

El último escándalo nacional e internacional en la compra de agentes químicos con sobreprecios astronómicos y evasión de impuestos de por medio es de consecuencias atroces para el prestigio de las FFAA en el que el propio ministro de defensa, Luis Fernando López y su séquito de asesores uniformados y civiles está involucrado junto al ministro de gobierno Arturo Murillo y sus asesores más cercanos. Se estima un daño económico al Estado de más de 2.5 millones de dólares en una operación de compra directa con intermediarios involucrados (Bravo Tactical Solutions SLL, propiedad de Luis/Bryan Berkman) en tráfico internacional de armas y venta de armas al narcotráfico regional, un episodio ciertamente aberrante para la historia de las FFAA y del ministerio de defensa. López ha convertido su despacho y las FFAA en palos blancos del mayor proveedor de armas ilícitas – Luis Berkman Littman- al narcotráfico y a los circuitos del crimen transnacional, que se supone combaten las FFAA desde el altar doctrinario del Comando Sur. Un verdadero complot contra la reputación internacional de las FFAA que es mirado de reojo por Orellana y su camarilla a cambio de unos miserables centavos.

En medio de esta algarabía delictiva, el ministro de defensa se ha convertido en el peor jefe de campaña política de las FFAA en toda su historia institucional. Nunca ni nadie había logrado llegar tan lejos hiriendo profundamente la dignidad de las FFAA generando divisiones internas, disputas entre armas y miramientos de toda naturaleza, alimentadas por su personalidad psicótica. Retirado en el grado de teniente, Luis Fernando López, promotor del golpe de Estado junto a su tutor político, Fernando Camacho, se ha convertido de facto en el comandante en jefe de las FFAA al mando de generales que tristemente hacen el papel de bufones a sueldo. Nadie reclama la ambigua función que despliega, unas veces como ministro, y otras, como sargento de pelotón.

Innumerables episodios retratan a este personaje que ha hecho del ministerio de defensa la trinchera del abuso de poder, el ridículo mediático y la ignorancia extrema, además de la corrupción. Solo como ejemplo: acaba de amenazar públicamente a un humilde ciudadano en la localidad de San Ramón (Beni) con hacerlo desaparecer en “10 segundos” si continuaba cuestionando el trabajo de un oficial del Ejército. Traicionado por su subconsciente criminal que lo devela responsable de las masacres sangrientas, López no ceja en mostrarse como un vulgar rufián callejero. Un ministro violento capaz de hacer desaparecer a ciudadanos en un santiamén muestra el perfil de un gobierno genocida y matón que tiene bajo su mando nada más ni nada menos que a una institución armada en cuyas manos se encuentra la responsabilidad de administrar el monopolio de la fuerza bajo normas constitucionales e internacionales. Triste destino el de las FFAA que tienen como máxima autoridad a un sicario eficiente.

En otra exhibición pública de su talante irascible y grotesco señaló que la población de Trinidad no sería protegida por las FFAA porque se comportaban como “niños malcriados”. Este siniestro

personaje olvidaba que la población trinitaria acababa de salir de una larga y dolorosa cuarentena a la que su gobierno y en particular, su presidenta Añez, había condenado en las peores condiciones de hambre y miseria de la que tenga memoria este noble pueblo amazónico, y por ello sus protestas callejeras legítimas. Tratar de “niños malcriados” a quienes solo demandan un plato de comida y no disponen de una aspirina o paracetamol para prevenir una muerte inexorable constituye un agravio intolerable mucho más cuando la responsabilidad constitucional de un funcionario público como es el ministro es la de proteger la vida de los ciudadanos.

No cabe duda que López y Murillo representan el alma más despiadada y repudiable del régimen que entre otras cosas gozan de la más alta confianza de la presidenta transitoria, lo que dice del espíritu que encarna la dama de los refinados gustos mundanos que hace política en nombre de Dios, pisoteando cadáveres en las calles. Incluso las dictaduras más feroces del siglo XX tenían un mínimo de olfato para designar a quien representaría a las FFAA ante el país. En este caso, López, lejos de mejorar el prestigio de las FFAA en circunstancias en las que se necesita aplomo, liderazgo carismático y un manejo inteligente de la situación, está terminando de hundir el escaso prestigio militar que le queda a las FFAA en el lodo de su conducta narcisista, arrogante y abusiva.

Bajo la lógica de que las FFAA son una prolongación de su propiedad personal, López no ha hecho otra cosa que tratar incluso a generales antiguos como a soldados imberbes con el ánimo de mostrar su petulante e indiscutida autoridad ante la sociedad. Compite, con entusiasmo desmedido, en el torneo de procacidades y expresiones grotescas con su colega Arturo Murillo, en un pugilato torpe que golpea la dignidad de las FFAA. Inmerso en una voraz carrera política, que busca como escudo protector para inmunizarse ante futuros procesos judiciales, no escatima ningún recurso para prometer a la población tareas y recursos que jamás cumple dejando en ridículo al personal local de las FFAA sobre quienes recae la presión social.

La lectura que se desprende del personal militar es que las FFAA tienen en López a su “Murillo”, retratando a este como una personalidad que solo le ha traído consigo desprestigio, cuestionamiento y repudio popular. A este clima de malestar interno se suma el cuestionable comportamiento del Gral. Orellana, comandante en jefe, a quien identifican como a un vulgar peón del régimen que ha terminado sacrificando su institución a cambio de jugosos pagos por su lealtad política. De esto no se libran los comandantes de fuerza que hace el triste papel de meseras de burdel.

Si se tratara solo de ver a López como una réplica de la conducta abyecta de Murillo ante la población no tendría tanto efecto como el que tiene el hecho de considerar a Murillo como un ministro de defensa paralelo, dada su habilidad para extender su mando político sobre las FFAA por encima del propio López, convertido este último en un simple peón del ministerio de gobierno. En pocas palabras, las FFAA han pasado de facto a depender de las directrices políticas de Murillo y, en consecuencia, de las decisiones que toma la Policía Boliviana y que directa o indirectamente las FFAA están obligadas a cumplir.

Es este el giro dramático e inédito que está transformado a las FFAA en un aparato armado subalterno a los intereses de la Policía Boliviana. El indicador más claro de esta insólita mutación es el pago de multas que los ciudadanos detenidos por las FFAA, por incumplir la cuarentena, deben hacer a las cuentas bancarias de la Policía Boliviana. Desde esta perspectiva las FFAA se han trasformado en la mano de obra barata que tiene la Policía Boliviana y en la fuente gratuita de sus jugosas recaudaciones institucionales. Por otra parte, el masivo despliegue militar en todo el país le sirve de coartada perfecta para que la policía boliviana ejerza libre y discrecionalmente su tradicional cultura de soborno y extorsión contra aquellos ciudadanos que incumplen las normas de la emergencia sanitaria nacional. Una verdadera proeza del régimen.

IV

Las derrotas políticas y simbólicas de las FFAA bajo el régimen de Añez no cesan. Empecemos con la última, relacionada con el alejamiento de las FFAA de la órbita de la seguridad presidencial. Asediado por la opinión pública que cuestionó el abuso de poder de los bienes estatales como avionetas, aviones y vehículos oficiales, usados en menesteres carnales tanto de la hija de la presidenta y ministro de la presidencia respectivamente, al régimen no le quedó otro recurso que culpar a miembros de las FFAA por la presunta filtración de fotos, información e itinerarios de vuelos a la prensa, situación que desató un escándalo de proporciones poniendo en ridículo la doble moral y el discurso político del régimen. Según información publicada por La Razón (LR, 19 de mayo, 2020), el 12 de mayo fueron destituidos de su cargo el jefe de la Casa Militar, el jefe de Edecanes y un mayor de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Dos días después, fueron retirados el jefe de Seguridad Personal de la presidenta, un oficial de Seguridad Personal de la hija de la presidenta y el jefe del Grupo Táctico de la Caravana Presidencial, además de otros oficiales y personal civil.

Como un acto de venganza política, semanas después, Añez decidió deshacerse totalmente de las FFAA en las tareas de la seguridad presidencial otorgando todo el poder y responsabilidad a la Policía Boliviana. Consecuentemente, el régimen le otorgó facultades, rango, jurisdicción y mandato exclusivo para preservar su seguridad y de altos dignatarios de Estado, autoridades extranjeras y cuerpo diplomático. Mediante el DS N° 4258 del 4 de junio del 2020, Añez aprobó la creación de la Unidad de Seguridad de Dignatarios (USEDI) dependiente de la Policía Boliviana cuyo monopolio sobre la seguridad presidencial ha convertido al personal de la Casa Militar, bajo el mando de un general del Ejército, y al Regimiento “Colorados”, Escolta Presidencial, en un mero apéndice policial.

La USEDI, función que recae en un coronel de la policía, asumió el mando y control de todo aquello que significa seguridad presidencial bajo normas estrictas de “secreto y confidencialidad” sujeto a sanciones disciplinarias y penales. La decisión de excluir totalmente a las FFAA de los círculos de seguridad ha sido interpretada como un agravio institucional injusto puesto que se muestra ante la opinión pública nacional e internacional a unas FFAA incompetentes, desleales e infidentes cuando en realidad los únicos responsables del escándalo público fueron miembros del círculo íntimo de la presidencia.

En los últimos años, el resguardo de la Presidencia del Estado ha estado marcado por una disputa sorda entre mandos de la Policía Boliviana y FFAA puesto que en última instancia lo que se disputa es un espacio de poder e influencia. Conviene recordar que la responsabilidad de esta función ha tenido una evolución pendular durante el período democrático en la que unas veces se ha preferido a militares y otras a policías. Los gobiernos del MNR, Paz Estensoro- Sanchez de Lozada (1985-1989, 1993-1997, 2002-2006) y del MIR, con Jaime Paz (1989-1993) prefirieron, por razones de fidelidad política e histórica, la seguridad policial en tanto Banzer (1997-2002) prefirió por razones corporativas y de confianza a las FFAA. Evo Morales mantuvo unos años a la Policía hasta que éstos se amotinaron, cambiándolos luego por militares en el marco del D.S. N° 3028, del 21 de diciembre de 2016, que creó la Unidad de Seguridad para Altos Dignatarios de Estado (USDE) en reemplazo de la Unidad de Seguridad Presidencial.

El actual régimen ha colocado a militares y policías bajo un peligroso escenario de fuego burocrático cruzado que está removiendo viejas heridas confrontacionales como las de abril de

1952, noviembre de 1964 y febrero del 2003, en el que militares y policías se batieron a tiros motivados por sus históricas rencillas irresueltas hasta hoy. El desplazamiento militar en tareas de seguridad presidencial es apenas la punta del iceberg de un conflicto que amenaza implosionar la inestable relación interinstitucional convirtiéndola en una verdadera bomba de tiempo en el futuro inmediato. Los datos son alarmantes.

Para nadie es un secreto que el régimen haya preferido antes que dedicarse a la transición electoral y enfrentar racional y concertadamente la pandemia, a promover una política represiva, de persecución implacable y de sistemática violación de los DDHH contra sus aparentes enemigos políticos, colocando a las FFAA y Policía Boliviana en la vanguardia y en el centro mismo de su gestión. Consecuente con esta decisión y en medio de una galopante crisis económica el régimen ha hecho transferencias de grandes sumas de dinero en favor del aparato armado que resultan una verdadera ofensa frente a las condiciones de miseria, desocupación y hambre en la que se debate el pueblo boliviano. En menos de seis meses, el ministerio de economía y finanzas pública (MEFP) se ha encargado de transferir presupuesto adicional a ambas instituciones por un monto superior a los 581 millones de bolivianos (83.6 millones de dólares aprox.) para adquirir armas, agentes químicos, equipo antimotín, vestuario y pago de impuestos para importaciones de material de seguridad y ni un solo centavo para material de bioseguridad para soldados, peor aún, para soportar las exigentes compras para el sector de la salud pública que está siendo financiada con recursos de crédito externo y donaciones internacionales.

Lo que resulta indignante es la transferencia de recursos para compras destinadas a la represión del pueblo boliviano en un momento en que la pandemia arrasa con sectores vulnerables e indefensos como es el caso particularmente de los pueblos indígenas del Oriente, así como de los sectores periurbanos de Beni y Pando que están viviendo en condiciones calamitosas. Casi 75 millones de bolivianos (11 millones de dólares) asignados exclusivamente a la compra de gases y pertrechos antimotines, 50 millones de bolivianos (7 millones de dólares) para uniformes y botas y otros 300 millones (43 millones de dólares) para compra de armas, supuestamente para la lucha contra el narcotráfico.

Resulta tan ridícula la justificación para la compra de armas que el narcotráfico vive sus mejores momentos en el país con policías de la FELCN involucrados, protección oficial a vuelos internacionales con aviones de alta tecnología (narcojet detenido en México con escala en Argentina) recogiendo toneladas de droga de aeropuertos fronterizos, y decenas de avionetas que diariamente surcan cielos abiertos bajo tutela de ex – funcionarios de la línea Amazsonas, vinculado al narcotráfico desde instituciones públicas como la DGAC y ASSANA. Ni en los mejores tiempos de los gobiernos neoliberales el narcotráfico tienen tanta libertad como la que tiene hoy con la oficiosa complicidad de los medios de comunicación que han naturalizado la desmesura de la corrupción bajo sus alfombras.

En medio de esta danza millonaria de recursos destinados a la muerte de bolivianos, la Policía resulta ser la más beneficiada con la recepción de 495 millones de bolivianos (71 millones de dólares), el 85% de la transferencia frente al esmirriado presupuesto recibido por las FFAA que llegan a los 86 millones de bolivianos (12 millones de dólares) que representa apenas el 15%. Estos datos son políticamente reveladores en dos sentidos, primero, por el monto de las transferencias, la Policía resulta ser ampliamente y de lejos la más beneficiada lo que habla de la prioridad gubernamental, segundo, resulta un despropósito y un agravio para las FFAA la asimétrica y desventajosa asignación de recursos para quien finalmente consumó el golpe de Estado y sostienen al régimen. Actualmente, los militares prácticamente soportan casi todo el

peso de la represión y el control callejero en la cuarentena mientras la Policía, además de recibir jugosas recaudaciones extraordinarias por multas, dedica gran parte de su tiempo a la extorsión.

El trato económico inequitativo otorgado a las FFAA y tolerado por el alto mando militar respecto a la Policía es ciertamente condenable para el personal subalterno. No es menor el conjunto de prerrogativas que recibe por su parte la Policía ante los riesgos del contagio o muerte de sus efectivos frente al desamparo absoluto del personal de soldados de las FFAA. Las transferencias alimenticias, cobertura de servicios de salud en clínicas privadas, dotación de equipos de bioseguridad, el decoroso traslado de su personal a sus fuentes de trabajo además de los bonos que reciben los policías, contrasta con el humillante abandono que sufre los miles de soldados condenados a su suerte. Estos, carecen de los equipos más elementales de bioseguridad, alimentación apropiada, servicios de transporte y protección sanitaria, por el contrario, se los somete a un encapsulamiento de facto en los cuarteles, sin recibir visitas y con celulares secuestrados que imposibilitan la comunicación con sus familias.

Son dos mundos radicalmente distintos que consagran en definitiva la existencia de un Estado Policial que tiene en las FFAA a sus mitayos uniformados y rumiando en silencio. Basta un ejemplo para verificar las desproporciones de la vergüenza: los policías reciben 100.000 bolivianos de seguro en caso de muerte mientras los soldados que hacen la misma labor, y curiosamente tienen la misma condición humana, no reciben ni un solo peso más que un sórdido homenaje de silencio, en plena pandemia.

No cabe duda que el trato económico y político que se otorga a las FFAA en relación a la Policía refleja su grado de marginalidad institucional que no es distinto al trato que los mismos mandos militares y el gobierno confieren a los soldados. En esta relación de jerarquizaciones compatibles con el peso político que ocupan ambas instituciones en la estructura que sustenta el régimen, las FFAA se han llevado la peor parte y el personal de soldados recibe un trato de esclavos en pleno siglo XXI. La mirada tanto del régimen como de los altos mandos sobre los soldados que cumplen sacrificadas labores es la misma. Se trata de una mirada colonial, despectiva y racista, alimentada durante siglos, que considera la condición indígena-campesina como subalterna, invisible y excluyente indigna de recibir un trato ciudadano justo y equitativo.

El Estado policial tiene su correlato en los recursos que se les asigna de manera privilegiada, como por ejemplo el aumento salarial concedido mucho antes a la Policía que a las FFAA u otros sectores sociales o en el propio ascenso de generales otorgados tempranamente o con anticipación a coroneles de la Policía, entretanto los militares continúan aguardando sus estrellas doradas que dependen de la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En las adquisiciones de armas y equipos hay por cierto gato encerrado. Constituye un despropósito que mientras se dispone que el ministerio de defensa adquiera agentes químicos por un valor de 40 millones de bolivianos para la Policía mediante intermediarios, por encargo del ministerio de gobierno, este mismo ministerio decide adquirir equipos y armas por un valor de 300 millones de manera directa y en condiciones tan oscuras como las que se ha pretendido hacer con la adquisición de gases mediante el ministerio de defensa.

Resulta también un contrasentido que la adquisición de armas solo se realice exclusivamente para la Policía cuando una buena parte de las FFAA está comprometida en la lucha contra el narcotráfico. La pretendida compra de armas para la Policía por más de 40 millones de dólares no hace otra cosa que agregar leña al fuego considerando el potencial incremento de su poder de fuego mediante el uso de armas de guerra. La situación en la que se encuentra el país, con un gobierno que ha perdido toda credibilidad y que solo depende del poder de fuego de sus

cuerpos armados, introduce el dilema del duelo corporativo como el escenario más peligroso y crítico que la brutalidad y torpeza del ministro Murillo y Añez alientan con entusiasmo.

Una variable que se debe agregar en esta historia de tratos desprolijos e inequitativos a las FFAA ofrece la entrega de vehículos, equipos y mercancías destinadas a la Policía por su ministro de gobierno cuando todo el esfuerzo en la lucha contra el contrabando lo realizan las FFAA poniendo en riesgo la vida de su personal, a los que se los ignora por completo en la distribución del material incautado. En este y en otros escenarios las FFAA cumplen el deshonroso papel de peones de la Policía Boliviana, circunstancias que cada día alimentan el malestar y el rencor interno.

V

Al régimen no se le ha ocurrido mejor cosa que demandar penalmente, mediante el ministerio de defensa, a la presidenta del senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, por “uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por el tardío e injustificado tratamiento que se dio a la nómina de ascensos”. Por otra parte, los medios de comunicación, obligados por el régimen, han introducido en su larga lista de especulaciones aberrantes la presunta idea de que el Movimiento al Socialismo (MAS) “encamina la ley (de estado de excepción) para atar las manos a fuerzas del orden”. En ambos casos el objetivo es el mismo, poner en jaque la capacidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional simplemente porque no obedece los caprichos del régimen, urgido de impedir que surjan grietas en la unidad de las FFAA y por otra parte, porque la Asamblea resiste la petición de suspender toda norma que responsabilice a las FFAA o a funcionarios civiles sobre las consecuencias de sus disposiciones, actos o decisiones en caso de declararse Estado de Excepción.

La demanda contra Eva Copa no es más que un indicio de la desafortunada conducción política del régimen a través de su ministro de defensa que ha puesto en apuros a las FFAA en infinidad de casos, colocando en jaque el esmirriado prestigio institucional. Por otra parte, el objetivo que persigue el poder ejecutivo es restarle atribuciones al poder legislativo en la fiscalización y control del uso de la fuerza pública, pero al mismo tiempo trata de otorgarle inmunidad a las FFAA y a funcionarios civiles en casos de incumplimiento de deberes, inobservancia de protocolos y normas internacionales o de violación de los derechos humanos como ya ha ocurrido durante las masacres de Senkata y Sacaba el año pasado. El régimen toma partido por la incompatibilidad entre seguridad y democracia otorgando primacía al orden público por encima de la ley cuando en los hechos no existe ninguna razón para que el uso de la fuerza pública no se someta o no comulgue con la política de Derechos Humanos y el cumplimiento de normas democráticas en todas las circunstancias, inclusive en las de excepción.

Está claro que el régimen ha conducido al país a una situación de No Derecho como lo han establecidos los juristas argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra (Página 12, 19 de enero 2020, Argentina) admitiendo, como han señalado la mayoría de los organismos internacionales de DDHH, que en Bolivia no solo se ha violado la economía jurídica nacional sino también la internacional llevando al país a una situación de quiebre institucional que se traduce en un gobierno de facto. Este es ciertamente un régimen violatorio de toda norma de derecho que deja en suspenso la legítima defensa ciudadana dando rienda suelta a la persecución política, persecución judicial, tortura y a innumerables formas de represión policial-militar denunciadas por la CIDH y medios de comunicación alternativos.

Finalmente, las FFAA pueden sostener el régimen sobre sus bayonetas al costo de matar a sus compatriotas para entregar el país a la voracidad extranjera. Pueden convertirse en vulgares

peones de quienes hoy compiten contra el tiempo para saquear el país o para prorrogarse en el poder. Pueden seguir festejando el poder con la plata de todo un pueblo que se muere de hambre en las calles. Pueden incluso proteger la huida de los usurpadores cleptocráticos del poder que están destruyendo el país luego de provocar el genocidio que empieza a producirse como consecuencia de su ineptitud para enfrentar la pandemia. Pero todo esto tiene una fecha de expiración y será ese momento en el que deberán enfrentar a la justicia para pagar por todo el daño provocado a una generación y a un país entero. Ninguna dictadura opresiva ha quedado impune de sus crímenes y ninguna fuerza armada que la sostuvo puede lavarse las manos como creen aquellos generales que solo piensan en bruñir sus charreteras en la comodidad de sus literas.

Convertir a militares en un puño de hierro para garantizar el desmantelamiento estatal en medio de su confusión ideológica y política equivale nuevamente a repetir la dramática historia del país. Las FFAA no tienen mucho tiempo para decidir cambiar el curso de la historia o será la historia la que se encargue de devorarlas como lo ha hecho a lo largo de casi dos siglos

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Debate Plural

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