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La tramposa Constitución dominicana del año 2010

Escrito por Angel Moreta

Por: Angel Moreta (Autor-Editor)

 

En República Dominicana se promulgó la trigésima octava Constitución el 26 de enero del año 2010. Fue el resultado de una conjugación de fuerzas políticas mayoritariamente del gobierno imperante en ese momento. Se proclamó entonces a los cuatro vientos el apotegma o tal vez el dogma de que era un documento trascendental de carácter “social y de derecho”.

Fue un gran acontecimiento, el resultado de un pacto social, político y legislativo, pero se escondió su carácter corporativo, retórico y tramposo. Se escondió el sistema de corrupción nacional e internacional y las ambiciones imperialistas sobre nuestros territorios y fronteras.

Hoy día mucha gente sigue engañada pensando que la Constitución dominicana del 26 de enero 2010 ha sido la más avanzada de las 38 Constituciones que históricamente hemos tenido desde el 6 de noviembre de 1844 hasta el día de hoy, 3 de septiembre 2019.

Es una ilusión engañosa, pues indudablemente trajo novedades como fue la creación del Tribunal Constitucional, la constitunalización del defensor del pueblo, la reiteración de los derechos fundamentales de la ciudadanía, pero se mantuvo a nivel formal desde el punto de vista de los mecanismos de participación popular. Y fue así con el propósito de encubrir el sistema de corrupción neoliberal dominante.

La Constitución del gobierno de Juan Bosch ha sido la más avanzada de toda la historia de República Dominicana, pero no ha sido tomada en cuenta para una retroalimentación y una comparación efectiva con la del 2010, que ha sido validada particularmente por los políticos de partidos y los politicastros que pululan dentro del sistema de corrupción vigente.

La han mistificado como la mejor y más excelente propuesta que ha sido conocida por el llamado “Poder Legislativo”; también los “expertos constitucionales”, los juristas “especialistas” en textos constitucionales, que se han inventado la idea de que la del 2010 tiene el carácter de “social y de derecho”.

Pero dicho texto ni es social ni es de derecho, porque seguimos viviendo en una sociedad desigual, inequitativa, delicada a la acumulación de capitales sin ética, y arrodillada a los procesos de privatización neoliberales.

A los mencionados expertos les hace falta la sociología, ciencia de las realidades concretas y de sus contradicciones; ciencia de la complejidad social, y no de realidades ideales, imaginarias o místicas.

La Constitución es tramposa y de mala fe porque es de naturaleza corporativa, que protege a los grupos mafiosos, a las troikas que se nutren de las contrataciones públicas y de la impunidad; grupos que practican cotidianamente el enriquecimiento ilícito, en base a  hechos de prevaricación, lavado; el contrabando y el robo; el crimen de desfalco, la coalición de funcionarios, la impunidad y la concusión.

Es un documento corporativo engañoso, puramente formal porque reconoce como único derecho del pueblo votar cada 4 años en las llamadas “elecciones nacionales”, la sociedad viva es colocada en el rango de sociedad muerta que solamente tiene derecho a la participación política cada 4 años para concurrir manipulada y avasallada por los medios de comunicación y los partidos tradicionales, a echar su voto en una urna que más bien parece un zafacón; a echar en ese zafacón un pedazo de papel legaliforme que legitima y consagra un sistema hegemónico de control y dominación social al servicio de la corrupción, la prevaricación, el enriquecimiento ilícito, la acumulación ilegal de capitales y las mafias corporativas estatales, que realizan negociaciones turbias, contrataciones oscuras y todo al servicio del enriquecimiento ilícito en total impunidad.

Estos elementos de la realidad social no llegan a los ojos de la observación de los famosos constitucionalistas en su disimulado afán de proteger o esconder el velo corporativo de las élites y grupos mafiosos de funcionarios, empresarios, entidades financieras, entidades privadas que se rigen todas por el modelo neoliberal y la privatización total que le acompaña.

En la Constitución del 2010 no existe esa forma de participación política que es la asamblea popular constituyente; sino que lo que existe es la asamblea nacional revisora, valga decir, los legisladores constituidos en virtud de una ley especial que declarará la necesidad de la “reforma constitucional”, reforma en la cual no participa la voluntad colectiva del organismo social.

El artículo 160 sobre la asamblea nacional revisora contiene una semántica especial para justificar al señor Perogrullo, engañosamente personificado en los legisladores. Léase bien y se comprobará que lo que contiene es una trampa para impedir la participación constituyentista mayoritaria, en otras palabras, el pueblo no participa, sino los señores legisladores con su carga de intereses políticos, económicos y partidarios egoistas.

La Constitución no contempla el referendo universal, sino un tipo de referendo llamado aprobatorio, convocado por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la llamada Asamblea Nacional Revisora, que es un verdadero filtro de la voluntad popular. Esto quiere decir que la Junta Central Electoral nunca va a realizar una convocatoria de esa naturaleza, pues siempre quedara en un limbo estratosférico.

El párrafo segundo del artículo 272 nunca llegará a aplicarse en cuanto a la aprobación de reformas constitucionales por vía de referendo porque requiere más de la mitad de los votos de la población electoral y que el número de estos votantes exceda del 30 % del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el Registro Electoral. Prácticamente nunca se ha hecho un referendo en la República Dominicana y si la Constitución lo menciona es para disimular la participación democrática.

Tampoco existe la consulta popular sobre temas que requieran una respuesta concreta de la sociedad. Hay asuntos que se convierten en objeto de discusión universal entre la población, por ejemplo el caso Punta Catalina, que pudo resolverse con una consulta popular acerca de si tal obra debía construirse o no; si debía acogerse como buena y válida o si debía rechazarse en plenitud.

El caso Odebrecht en República Dominicana

El caso Odebrecht en República Dominicana también se hubiese resuelto con una consulta popular. Al nivel a que llegó el debate público sobre el sistema de corrupción de dicha multinacional y la sociedad cómplice con los altos funcionarios ejecutivos de la nación, también se hubiese resuelto con una consulta popular, pero las “troikas”, ni cortas ni perezosas, no podían permitir que le arrebataran mil millones de dólares de sobrevaluación con un mecanismo democrático y de participación popular como la consulta, y por eso no figura la consulta popular en la Constitución 2010.

Sería un peligro para la sostenibilidad del sistema de corrupción neoliberal permitir ese mecanismo democrático, pues de acuerdo con la conciencia del pueblo dominicano fácilmente las troikas corruptas del actual gobierno de Danilo Medina perderían posibilidades inmensas de enriquecimiento.

Tampoco hay participación popular en la elaboración de las leyes, particularmente de las leyes cruciales de la República, lo cual podría ser también objeto de consulta popular.

Las luchas sociales del pueblo dominicano se han debilitado ideológicamente hoy día y como resultado tenemos una justicia inoperante que permite la impunidad; un sistema de corrupción total que involucra a empresarios, bancos, instituciones financieras y funcionarios con poder suficiente para imponer formulas engañosas, como ocurre actualmente con las licencias de importación que otorga el presidente de la República de manera concusionaria a determinados funcionarios para su enriquecimiento personal.

El enriquecimiento y la formación de “troikas” parece que no son materia constitucional

En efecto, las tropas extranjeras trajeron el narcotráfico, enseñaron a la juventud las drogas, los asesinatos, homicidios, persecuciones políticas y conductas delicuenciales. Este fenómeno se conjugó con el inicio de un proceso de migraciones internas y procesos de organización desigual que generaron una difícil situación de sobrevivencia en todo el territorio nacional.

Las nuevas élites económicas y políticas surgen en su accionar de la influencia norteamericana y la presencia de EU. Aparecen los partidos tradicionales que no trajeron nada nuevo al pueblo dominicano; y los sectores burocráticos balagueristas se presentan a la vida política nacional como portadores de la salvación y del futuro del país. Surgen también los políticos partidistas y los politicastros clientelistas, vividores de los partidos, y algunos de ellos se sitúan como “empresariado nacional”, inversionistas con privilegios y capitalistas de nuevo cuño.

El proceso de acumulación de riquezas se produce entonces desde la política y aquí está el origen de la corrupción que hoy vivimos en República Dominicana. Se forma la relación funcionarios, tráfico de influencias, tráfico de información privilegiada, crímenes económicos y políticos desde el Estado. Las nuevas élites tomaron el Estado como el centro del enriquecimiento ilícito y del proceso de acumulación y de reacumulación capitalista.

De este modo, se consolida la corrupción: no hay contratación pública que no esté teñida de corrupción, y a la luz de estas prácticas tóxicas y fraudulentas, el país y el Estado caminaron lentamente hacia el robo, el peculado, el fraude, el crimen, el tráfico de influencias, la concusión y la prevaricación.

La contratación para la recogida de basuras urbanas, cuyo lecho final es el vertedero de Duquesa, recayó sobre una empresa extranjera llamada Lajun, que tiene actualmente el monopolio de la recogida y el procesamiento final de la basura en dicho vertedero. Obviamente, en base a estos privilegios, Lajun se convirte en empresa contratada en base a las gestiones y acuerdos con los funcionarios municipales y de alta influencia en el Estado, que les permitió sacar de esa negociación un jugoso reparto de dineros y beneficios que luego se convirtieron en capitales.

La contratación pública hoy es un gran negocio para los políticos y politiqueros, el cual que tiene que ver con la administración del vertedero y la recogida de desechos, en el caso que nos ocupa.

En conclusión:

La democracia que tenemos los dominicanos es aparente, pues existe en la cotidianidad del país la hegemonía y el control de “troikas” que no figuran en la ley ni en la Constitución; la democracia obedece a un sistema de corrupción y están orgánicamente vinculados en la historia nacional de los últimos 50 años. Actualmente predomina una dictadura económica y social en la cual prevalece la corrupción más profunda en el sistema económico, empresarial, financiero-bancario, mediante mecanismos como el poder político, las contrataciones espúreas, las contrataciones financieras, las licitaciones públicas nacionales e internacionales, y todos los poderes formales están concentrados en las manos del Poder Ejecutivo, que es el principal responsable de mantener la concentración de poderes, el nepotismo, la coalición de funcionarios, la concusión, y como elemento de política internacional, el aplauso a la intervención extranjera, a la desculturización de la sociedad dominicana, a la extirpación del alma de la juventud, a la falsa identidad vinculada ahora con el inglés, las iglesias, los juegos, la banalidad, y el atentado a nuestra lengua y a nuestra cultura nacional.

la Constitución actual no hace posible que el pueblo dominicano pueda visibilizar el reparto criminal de la riqueza pública, no permite llegar a lo más profundo del sistema de corrupción nacional e internacional; ni la ocupación del territorio por fuerzas armadas extranjeras, por ejemplo Estados Unidos, permitido por troikas antipatrióticas (continuará).

Acerca del autor

Angel Moreta

Angel Moreta, jurista, sociólogo, y filósofo; Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana, Autor-Editor de Debateplural.

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