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¿Será México Tercer País Seguro como demanda Donald Trump?

Written by Debate Plural

Adrián Sotelo V. (Sin Permiso, 19-6-19)

 

A estas alturas resulta irrefutable que el accionar del gobierno de la cuarta transformación (4T) actúa en función de los mandatos e intereses de la Casa Blanca como lo advierten numerosos especialistas y medios en asuntos migratorios. Ciertamente todo apunta a que México se convertirá, en un mediano plazo, en un Tercer País Seguro como ha reiterado el presidente Trump y de acuerdo con las informaciones y declaraciones de las autoridades de ambos países y ante la imposibilidad de “resolver” —tal y como en su momento, al ser elegido presidente Vicente Fox el 2 de julio de 2000, declaró que en 15 minutos resolvería el conflicto de Chiapas que persiste hasta nuestros días— en 45 días la compleja problemática de la migración México-Estados Unidos.

Como acostumbra atemorizar y sembrar incertidumbres, Trump confirmó en entrevista televisiva el 24 de junio que: “Si el Gobierno de México no logra en 45 días detener los flujos de migrantes que transitan por su territorio, Estados Unidos presionará con una segunda fase que incluye firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro” (Reforma, 14 de junio de 2019).

¿Y qué es un Tercer País Seguro?

“El Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos para un país seguro, es oficialmente el Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación en el examen de las solicitudes de estatus de refugiado de nacionales de terceros países (Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America for cooperation in the examination of refugee status claims from nationals of third countries). Es un tratado entre los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos para gestionar el flujo de los solicitantes de refugio en la frontera terrestre compartida…En virtud de este acuerdo, las personas que buscan la condición de refugiado deben presentar su solicitud en el primer país al que llegan, ya sea en los Estados Unidos o Canadá, a menos que califiquen para una excepción…los solicitantes de refugio que son ciudadanos de un país que no sea Estados Unidos y que quieran ingresar a este país solo pueden tramitar sus solicitudes de refugio en Canadá si cumplen con una excepción en virtud del Acuerdo de Tercer País Seguro…El acuerdo fue firmado el 5 de diciembre de 2002 en Washington, DC por Bertin Côté (Jefe Adjunto de Misión de la Embajada de Canadá) y Arthur E. Dewey (Subsecretario de Estado para Población, Refugiados y Migraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos) y entró en vigor el 29 de diciembre de 2004” (información obtenida de Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Canada%E2%80%93United_States_Safe_Third_Country_Agreement).

Ahora este “Acuerdo” se extiende e impone, por mandato de Donald Trump, a México para trasladarle su crisis migratoria, la cual obviamente tendrá que ser financiada por el gobierno mexicano mediante recursos adicionales obtenidos ya sea de los impuestos, de recortes al gasto público, de inversiones privadas o, finalmente, de partidas del gobierno norteamericano de las que, hasta ahora, no se ha dicho que vayan a ser aportadas.

Tan criticada ha sido la actitud del gobierno de López Obrador que el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, declaró que «Nos quieren convertir en un país enjaulado» y agregó que: “…a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le anularon sus funciones en materia migratoria” (El universal, “Con Guardia Nacional fueron a poner nuestro muro a la frontera sur”, 12 de junio de 2019, en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-la-guardia-nacional-fueron-poner-nuestro-muro-la-frontera-sur-munoz-ledo).

Por su parte defensores de derechos humanos y de los migrantes también advirtieron las consecuencias de esta actitud servil del gobierno en turno hacia Washington. “No hay duda. Esto sólo confirma lo que siempre se ha dicho, que México es el patio trasero de Estados Unidos”, dijo el padre Heyman Vázquez, párroco de Huixtla “…con más de dos décadas dedicado a la defensa de los migrantes fue párroco en Arriaga donde fundó el albergue para migrantes ‘Hogar de la Misericordia’, ambas ciudades situadas en el mismo corredor migratorio que va desde el río Suchiate, pasando por Tapachula, toda la región del Soconusco, la región Costa hasta llegar al Istmo oaxaqueño”. “Vamos a regresar 15 años atrás, cuando a los migrantes se les asaltaba y a las mujeres se les violaba, esas son las consecuencias de la militarización de la frontera sur. Pasamos pues de un discurso humanitario a una acción militarizada para reprimir la migración”, aseveró el padre (Proceso no. 2223, 15 de junio de 2019).

Por su parte, Rubén Figueroa, activista defensor de los derechos humanos de los migrantes, e integrante del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, declaró que “…el muro militar de Estados Unidos se extendió hasta la frontera sur mexicana. Y lamenta que el gobierno mexicano ahora enfrentará con militares una crisis migratoria y humanitaria”, Proceso no. 2223, 15 de junio de 2019 que, agregamos nosotros, es una crisis derivada de las graves condiciones que impone el subdesarrollo, la dependencia y el atraso a las poblaciones centroamericanas, particularmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, y cuyos gobiernos prácticamente no intervienen en los intentos de dar solución a las acrecentadas salidas masivas de sus ciudadanos a Estados Unidos vía territorio mexicano.

Abundan las imágenes, testimonios, denuncias, hechos, acontecimientos, tanto en las redes sociales como en los medios corporativos de comunicación de verdaderas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos migrantes que cruzan la frontera sur de México procedentes de Centroamérica por parte de autoridades, polleros, burócratas y bandas de narcotraficantes. Asimismo la muerte de niños, adultos y ancianos debido a las terribles condiciones en que los mantienen en los refugios, la mayoría de ellos insalubres, y a otras atrocidades como las enfermedades contagiosas, los constantes asaltos y robos perpetrados por la delincuencia organizada y por no pocas autoridades del país.

Ello se ha agudizado, de manera particular, a raíz de la aplicación del acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos y donde, si bien de jure no existe todavía un status de Tercer País Seguro, en los hechos lo es.

En este sentido se puede interpretar el siguiente pasaje derivado de dicho acuerdo:

“Como mínimo, dicho acuerdo incluiría, de conformidad con las obligaciones legales nacionales e internacionales de cada parte, un compromiso bajo el cual cada parte aceptaría la devolución y procesaría las solicitudes de estatus de refugiado de nacionales de terceros países que hayan cruzado el territorio de una de las partes para llegar a un puerto de entrada o entre puertos de entrada de la otra parte… México también se compromete a comenzar de inmediato a examinar las leyes y regulaciones nacionales con el fin de identificar cualquier cambio que sea necesario para que entre en vigencia y aplique dicho acuerdo… Si Estados Unidos determina, a su discreción y después de consultar con México, después de 45 días calendario a partir de la fecha de emisión de la declaración conjunta, que las medidas adoptadas por el Gobierno de México de conformidad con la declaración conjunta, no ha logrado resultados suficientes al abordar el flujo de migrantes a la frontera sur de los Estados Unidos, el Gobierno de México tomará todas las medidas necesarias bajo su legislación nacional para que el acuerdo entre en vigor dentro de los 45 días” (El texto completo del acuerdo se encuentra en: La jornada, 15 de junio de 2019, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2019/06/15/politica/005n2pol#).

Hasta ahora el régimen norteamericano por boca de Donald Trump ha impuesto un ultimátum de 45 días para, según él, evaluar la eficacia de la puesta en marcha del acuerdo que se tendría que expresar en una presunta reducción sustancial del número de personas retenidas en la frontera sur de nuestro país, o impedidas de ingresar. Como es altamente improbable que los mexicanos cumplan el mandato norteamericano en los plazos impuestos, y supuestamente adoptados de “común acuerdo”, entonces se procederá a implementar una segunda fase, según Trump, que incluiría la firma y el compromiso de convertir a México en Tercer País Seguro evidentemente bajo las condiciones, lineamientos y leyes de los Estados Unidos, a las que se tendría que ajustar el gobierna mexicano y su institucionalidad para evitar la amenaza trumpista de arremeter con su guerra comercial y con la imposición de los tan temidos aranceles a México en caso de incumplimiento.

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