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Venezuela, Irán, Trump y el ‎Estado Profundo (1)

Escrito por Debate Plural

Thierry Meyssan (Red Voltaire, 21-5-19)

 

Redistribución de las cartas entre la Casa Blanca y el Pentágono

Las elecciones parlamentarias estadounidenses del 6 de noviembre de 2018 privaron al presidente ‎Donald Trump de la mayoría republicana que lo respaldaba en la Cámara de Representantes. ‎El Partido Demócrata planteaba entonces la destitución del inquilino de la Casa Blanca como ‎algo inevitable.‎

Por supuesto, Donald Trump no había hecho nada que justificara tal medida. Pero un ambiente de ‎enfrentamiento histérico oponía a los dos componentes de Estados Unidos, exactamente como ‎en tiempos de la Guerra de Secesión. Hacía 2 años que los partidarios de la globalización económica seguían la llamada ‎‎«trama rusa» y esperaban que el fiscal independiente Robert Mueller demostrara que ‎el presidente Trump había incurrido en el delito de alta traición.‎

Robert Mueller siempre había hecho prevalecer los intereses del Estado federal estadounidense ‎sobre la Verdad y el Derecho. En el momento del atentado de Lockerbie, perpetrado en 1988, fue ‎Robert Mueller quien inventó la «pista libia», basándose en una evidencia que la justicia ‎escocesa invalidó posteriormente. Fue también Robert Mueller quien afirmó, después de los atentados del 11 de ‎septiembre de 2001, que 19 terroristas musulmanes habían secuestrado 3 aviones de pasajeros, ‎a pesar de que en las listas de pasajeros no aparecían los nombres de ninguno de aquellos ‎terroristas. Sus conclusiones sobre la «trama rusa» se sabían desde antes de ‎que iniciara su famosa investigación. ‎

Así que Donald Trump negoció su supervivencia política con el Estado Profundo. No tenía otra opción. Y las partes decidieron que ‎se aplicara el plan Rumsfeld-Cebrowski, a condición de que Estados Unidos no se viese ‎implicado en una gran guerra. A cambio de ello, el fiscal independiente Robert Mueller cambió de ‎casaca y eximió al presidente Trump de las acusaciones de traición.‎

Los halcones aprovecharon la oportunidad para imponer el regreso de los neoconservadores. Ese ‎grupúsculo trotskista neoyorquino, conformado alrededor del American Jewish Committee (AJC), ‎había sido reclutado en el pasado por el presidente Ronald Reagan y transformó el ideal de la ‎‎«revolución mundial» convirtiéndolo en el principio del «imperialismo estadounidense ‎mundial». A partir de entonces, los neoconservadores –hoy republicanos y mañana ‎demócratas– participaron en todas las administraciones estadounidenses, sin importar la ‎tendencia política del inquilino de la Casa Blanca. La única excepción había sido –hasta ahora– la ‎administración Trump, que sin embargo no había expulsado a los neoconservadores de las ‎agencias de las agencias cuyo control se les había entregado: la National Endowment for ‎Democracy(NED) y el United States Intitute of Peace (USIP).‎

Fue así como, el 25 de enero de 2019, el expediente de Venezuela en el Departamento de Estado ‎cayó en manos de Elliot Abrams, cuyo nombre ha estado asociado a todo tipo de mentiras ‎de Estado y de sucias manipulaciones. Este personaje fue uno de los arquitectos de la operación Irán-Contras, ‎en 1981-1985, y de la guerra contra Irak, en 2003. Desde que se le puso a cargo del tema ‎venezolano, Elliot Abrams ha venido trabajando con el mando militar de Estados Unidos para ‎Latinoamérica (el SouthCom, que los latinoamericanos designan como el “Comando Sur”) ‎con vista a derrocar al presidente constitucionalmente electo de Venezuela, Nicolás Maduro. ‎

Nosotros conocemos tanto la estrategia Rumsfeld-Cebrowski –por haber visto durante 15 años su ‎aplicación en el Gran Medio Oriente– como la versión que de ella hace el Comando Sur en un documento del 23 de febrero ‎de 2018 redactado por el almirante Kurt Tidd, documento que la periodista y escritora argentina ‎Stella Calloni reveló en mayo de 2018. Lo que está sucediendo en Venezuela ‎corresponde claramente a la aplicación de la “versión SouthCom” de la estrategia Rumsfeld-‎Cebrowski. ‎

El fracaso de Estados Unidos en Venezuela

El fiasco de la operación estadounidense contra Venezuela, con el descubrimiento de la traición ‎del general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia ‎Nacional (SEBIN), y el fracaso de la intentona golpista que ese general improvisó ‎precipitadamente el 30 de abril, ante la inminencia de su arresto, demuestra la poca preparación ‎del Comando Sur, o más bien su desconocimiento de la sociedad venezolana. El aparato ‎de Estado estadounidense, a pesar de haber tenido por delante todo un semestre, no ha sido ‎capaz de hacer trabajar juntas a sus diferentes agencias y a las personas que tiene en el terreno. ‎Mientras que, a pesar de la desorganización del país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ‎‎(FANB) mostró estar dispuesta a defenderlo. ‎

El reconocimiento anticipado que Washington, los países miembros del Grupo de Lima (con ‎excepción de México) y los aliados europeos de Estados Unidos se apresuraron a conceder a ‎Juan Guaidó como presidente de Venezuela en lugar de Nicolás Maduro, hunde al bando ‎estadounidense en una serie de problemas insolubles. España fue el primer país en inquietarse ‎al verse privado de un interlocutor con quien tratar los problemas de los venezolanos residentes ‎en suelo español y de los numerosos españoles que residen en Venezuela. Nunca antes, ‎ni siquiera en tiempo de guerra, hubo un país que se negara a reconocer la legitimidad de un ‎presidente constitucionalmente electo ni a reconocer su administración. ‎

En pocas semanas, Washington robó una parte fundamental de los activos venezolanos en el ‎extranjero, ‎exactamente como lo había hecho en 2003 contra el Tesoro iraquí, en 2005 contra el Tesoro ‎iraní y en 2011 contra el Tesoro libio. Exceptuando a los iraníes, después de la firma del acuerdo ‎‎5+1 (JCPOA), los pueblos propietarios de esos fondos nunca han logrado recuperarlos. ‎Los gobiernos de Irak y Libia fueron derrocados y sus sucesores han tenido especial cuidado en ‎no llevar la cuestión ante ningun tribunal. Pero la República Bolivariana de Venezuela sí ha ‎reclamado sus derechos y Estados Unidos se ve ahora en una postura muy difícil de justificar. ‎

A menor escala, será interesante ver cómo va a manejar Washington el problema de la embajada ‎de Venezuela en la capital estadounidense. Después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ‎la República Bolivariana y Estados Unidos, miembros de varios grupos pacifistas –legalmente ‎autorizados por el gobierno legítimo de Venezuela– se instalaron en la sede de la embajada ‎venezolana en Washington para impedir que el edificio fuese ocupado por el “representante” del ‎presidente autoproclamado Juan Guaidó. Aunque las autoridades estadounidenses les cortaron ‎la luz y el agua, los defensores de la embajada se mantuvieron firmes. Cuando los partidarios ‎de Guaidó cercaron el edificio y comenzaron a impedir que los defensores recibieran comida del ‎exterior, el pastor afroestadounidense Jesse Jackson acudió personalmente a la embajada para ‎entregar a los defensores alimentos y botellas de agua. Finalmente, agentes del Servicio Secreto ‎estadounidense penetraron ilegalmente en la embajada y arrestaron a las últimas 4 personas que ‎la defendían… pero ahora Washington no sabe cómo justificar sus propias acciones, violatorias ‎de la Convención de Viena sobre las sedes diplomáticas. ‎

 

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