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¿TC y Superprecedentes? (y 3)

Escrito por Debate Plural

Rafael Ciprián, candidato a presidente del Tribunal Constitucional (El Nacional, 20-10-18)

 

Hemos venido sosteniendo en esta serie de artículos la tesis de que en el ordenamiento jurídico dominicano no existen superprecedentes, esto es, criterios jurisprudenciales fijados con vocación eterna e invariable. Hay juristas que sostienen, con una errada interpretación del artículo 277 de la Carta Magna, que las decisiones dictadas en materia constitucional, antes del 26 de enero de 2010, por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sentaron precedentes que el Tribunal Constitucional (TC) no puede modificar. Calificamos esta conclusión hermenéutica de la Ley Suprema como un garrafal error. Sobre todo porque demostramos que el referido artículo 277 del Pacto Fundamental no se refiere a criterios sentados, a la interpretación de la SCJ contenida en sus sentencias, sino a la decisión misma, como acto jurisdiccional. Son dos cosas completamente diferentes en las ciencias jurídicas.

Además, los que sostienen el juicio que criticamos, de la existencia de superprecedentes eternos, cometen el gravísimo error jurídico de pretender reformar la Constitución por medio de su opinión. Olvidan que la Ley Sustantiva sólo puede ser modificada o revisada válidamente con el cumplimiento estricto del procedimiento que ella misma establece en sus artículos 267 y siguientes. También obvian que la propia Constitución especifica, en su señalado artículo 267, que “…no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares”.

Ciertamente, así es. Y, como si eso fuera poco, el artículo 73 de la Constitución sanciona como “…nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, institucionales o personas que alteren o subviertan el orden constitucional…”

El artículo 184 del Pacto Político es el muro sustantivo infranqueable con que se estrella el criterio que sostiene la existencia de superprecedentes y que se pretende modificar por medio del método interpretativo sustentado por esos juristas. El TC “… garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado…”

Por tanto, el TC es el máximo intérprete de la Constitución, y puede cambiar sus precedentes o apartarse de ellos, con la motivación de rigor, conforme al artículo 31 de su ley orgánica. Ningún precedente le es vinculante. Imposible que existan superprecedentes eternos en nuestro sistema jurídico. Así se evita que las generaciones vivas sean gobernadas por las generaciones muertas (Thomas Jefferson).

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