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Revolucionando a la democracia: El gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) (2)

Written by Debate Plural

Juan Carlos Gómez L. (Rebelion, 5-9-18)

 

El triunfo popular en septiembre de 1970 encendió todas las alarmas y puso en alerta al capital tanto nacional como internacional. El capital se agito nerviosamente en sus centros de poder. Richard Nixon, presidente estadounidense, histéricamente ordenó, al entonces director de la Central de Inteligencia Americana (CIA), Richard Helms “hacer un esfuerzo a fondo para evitar que Salvador Allende tomara posesión” de su cargo. Y, autorizo 10 millones de dólares para que el “marxista chileno no se siente en la silla presidencial”. De manera desde el mismo día del triunfo popular, el imperialismo yanqui coludido con la derecha chilena, puso en marcha una estrategia política destinada a enfrentar el triunfo popular con todos los recursos humanos, logísticos y financieros posibles.

El miedo imperial lo expresaba Henry Canciller, el canciller del gobierno de Nixon, en cuatro puntos a pocos días del triunfo allendista: 1.- “si Allende era ratificado por el Congreso surgiría en Chile un régimen comunista y que Argentina, Bolivia y Perú podrían seguir este ejemplo”; 2.- “la toma del poder por parte de Allende… nos planteara graves problemas a nosotros mismos (USA) y a nuestras fuerzas en América Latina, y, desde luego, al conjunto del hemisferio occidental”; “la evolución política de Chile es muy grave para los intereses de la seguridad nacional de EE.UU. por razón de sus efectos en Francia e Italia” y 4.- “El gobierno de Allende puede estar en el origen de problemas en el funcionamiento de Comité de Defensa Interamericano y en el de la OEA”.

La preocupación del Canciller era comprensible, el fracaso de la apuesta reformista que había representado el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que constituía la solución política al avance de los movimientos populares y revolucionarios en América Latina, dejaba abierta la solución militar, es decir, el uso de la violencia armada. Desde el principio el gobierno popular estuvo bajo la amenaza del imperio.

La estrategia imperial tuvo como objetivo, inicial, obstaculizar o impedir el ascenso al gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular, fracaso. Debió, entonces, desplegar, desarrollar e implementar un conjunto de acciones destinadas a derrocar al gobierno popular. Esta estrategia nunca descarto la violencia política terrorista. Todo lo contrario. Ella fue el principal instrumento utilizado para desestabilizar al gobierno popular. La invocación a la violencia política no era una apelación retórica como ocurría en ciertos sectores de la izquierda chilena de la época, sino, la derecha, la puso en práctica de manera concreta. No tenía problema para ello, pues tenía toda una experiencia histórica acumulada en su utilización. La había usada en reiteradas veces en el pasado en contra del pueblo.

El asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, el 25 de octubre de 1970, por parte de un torpe comando armado de derecha, constituye el hito histórico-político que inaugura la violencia política en el país. La cual tendrá una vigencia durante 20 años (1970-1990). Como he dicho la violencia terrorista será la principal herramienta utilizada por la dictadura cívico militar, instalada por las clases dominantes, en contra del pueblo chileno.

El uso de la violencia política por parte del capital, o sea, por la derecha nacional, a objeto de frenar la democratización de la sociedad chilena no era una novedad en la historia del país. En esta oportunidad, el uso de la violencia tenía un fin último de más largo alcance impedir el éxito de la vía democrática al socialismo por todos los medios posibles. Sin embargo, los logros y éxitos del gobierno popular no pudieron ser frenados durante los mil días de gobierno popular.

El avance social, económico, político y cultural experimentado por los sectores populares producto de las realizaciones del gobierno de la Unidad Popular, afectaron directamente los intereses internos y externos de los grupos dominantes. Durante tres años, esas realizaciones agudizaron la conflictividad social y política, en otras palabras, la lucha de clases, se hizo manifiesta en toda la formación social chilena. Todo estaba en disputa.

Una vez instalado en el gobierno, el 4 de noviembre de 1970, Allende y la Unidad Popular iniciaron un ingente proceso de democratización política, social, económica y cultural dirigido a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, las y los campesinos, las y los pobladores, de las y los estudiantes, de las y los pueblos originarios, de los hombres, mujeres, niños y niñas populares. Por primera vez, en 160 años de vida independiente, el gobierno del Estado de Chile, gobernaba para el pueblo y con el pueblo.

El gobierno popular realizó una serie de transformaciones revolucionarias de carácter estructural que fueron acompañadas de un conjunto de medidas aparentemente menos importantes, pero profundamente significativas para la vida social de los sectores populares. Por ejemplo, el plan de medio litro de leche diario para todos las niñas y los niños y madres sin distinción social o de clase. Las y los niños fueron prioridad uno del gobierno de la Unidad Popular. Esta medida significo, entre otras cosas, la disminución de la mortalidad infantil. Y, sobre todo la felicidad de los niños y niñas populares.

La organización popular impulso nuevas formas democráticas de participación política y fomento el desarrollo del poder popular. Los trabajadores iniciaron un conjunto de experiencias de autogestión de sus centros productivos, en los diversos cordones industriales, ya sea de la ciudad capital como de otras ciudades del país. Los pobladores se organizaron para hacer frente a la ofensiva patronal y de los sectores pequeños burgueses mercantiles, especialmente, de los comerciantes minoristas. Se crearon las Juntad de Abastecimiento y Precios (JAP), para implantar un sistema de distribución de alimentos y artículos esenciales “democrático y equitativo”.

Si bien, la educación, fue uno de los ámbitos en donde la lucha clases y la conflictividad social y cultural entre los dos proyectos de sociedad, el capitalista y el socialista, en pugna, se hizo sentir con inusitada virulencia y odiosidad de parte de los defensores del orden capitalista. Recibió, la educación, una atención preferencial de parte del gobierno popular. Las escuelas y liceos se transformaron en espacios de libertad, participación y compromiso social y político. Las universidades se abrieron para los sectores populares. El derecho a la educación fue una realidad para todas y todos. La inclusión social abrió los colegios y liceos reservados solo para los sectores medios y altos a las y los jóvenes populares.

La cultura dejó sus estrechos marcos elitistas durante los tres años del gobierno popular. El teatro, el ballet y la música “culta”, especialmente, aquella que estaba encerrada en el Teatro Municipal, espacio oligárquico por excelencia, recorrió con sus acordes los espacios populares, las industrias y poblaciones. Roberto Matta, pinto su mural: El Primer Gol del Pueblo de Chile, en una pared popular de la población San Gregorio, de la comuna de La Granja, en la zona sur de Santiago. Pablo Neruda obtenía el premio Nobel de Literatura en 1971. Y, la editorial Quimantú, distribuyó millones de ejemplares del libro conmemorativo en honor al vate. La poesía nerudiana llegó millones de niñas y niños de Chile.

De manera que bajo el gobierno de la Unidad Popular surgieron nuevas formas de organización popular tales como los cordones industriales, comandos comunales, regionales, que constituían el germen de un nuevo orden social impulsado por el poder social popular y por los trabajadores para reemplazar el Estado burgués y acelerar el tránsito del capitalismo al socialismo.

Durante los mil días que estremecieron a la sociedad chilena la frontera que cerca a la democracia capitalista fue presionada y tensionada al máximo. En efecto, la acción más revolucionaria que emprendió la Unidad Popular fue, justamente, poner fin a la frontera de la democracia capitalista, que no es otra, que el derecho de propiedad privada de los medios de producción. Las realizaciones estructurales del gobierno popular tienen relación directa con la principal fuente poder social del capital y, sobre la cual, se levanta la sociedad capitalista. Veamos de manera específica este punto.

La democratización de la propiedad privada de los medios de producción

La historia del siglo XX en la formación social chilena está marcada por el conflicto político, social y económico entre el capital y el trabajo. Y, es al interior de este conflicto donde hay que situar no solo la crisis del capitalismo nacional durante la década de los sesenta y setenta, sino también al gobierno de la Unidad Popular. Lamentablemente, ese conflicto tuvo una resolución a favor del capital, a través del Golpe de Estado de septiembre de 1973, hace cuatro décadas y media. La instalación de la dictadura cívico-militar de carácter terrorista, la reestructuración neoliberal del capitalismo nacional y la emergencia de la sociedad neoliberal son parte constitutiva de esa resolución. Pero, ello no significa, de ninguna manera, la superación ni su desaparición; todo lo contrario, durante estos 45 años, el poder del capital ha impuesto su total y más completa hegemonía y dominación sobre el trabajo. La conflictividad entre el capital y el trabajo, actualmente, se manifiesta de manera distinta de la forma como se exteriorizó durante el periodo del capitalismo industrial. Pero, insisto sobre este punto, no ha dejado de existir ni ha desaparecido. La lucha clase sigue siendo el motor de la historia, tal como lo fue durante el gobierno de la Unidad Popular.

El triunfo de la Unidad Popular en 1970, es parte de la lucha política de clases, o sea, la manifestación política del conflicto entre el capital y el trabajo. Ese triunfo dice relación directa con la capacidad que tuvo el trabajo de desarrollar un efectivo contrapoder contrahegemónico. Se trata del poder de las y los trabajadores y de los sectores populares que, durante el siglo XX, se conformó como un poder subversivo y transformador de las fuentes directas del poder social del capital, o sea, de las relaciones sociales de producción.

Este contrapoder social, político e histórico se había venido fortaleciendo tanto social como políticamente desde las últimas décadas del siglo XIX. Hacia 1970, tenía casi un siglo de experiencia política acumulada. Este contrapoder de los trabajadores, en particular, y de los sectores populares, en general, se identificó histórica y políticamente con la lucha por la democracia social, política y económica, o sea, en otras palabras, con el socialismo desde los inicios del siglo XX.

Por eso, democracia y socialismo en el proyecto histórico popular eran sinónimos y se potenciaban recíprocamente. Esa era la fuerza del proyecto democrático y socialista de la Unidad Popular y del Gobierno de Salvador Allende. Este tenía como núcleo central de sus propósitos políticos e históricos: poner fin a la explotación del “hombre por el hombre” y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción.

Por esa razón, el proyecto político, social e histórico de los trabajadores y de los sectores populares se caracterizó desde siempre por su vocación anticapitalista. Y, lo anticapitalista se expresaba de forma muy concreta: poner fin a la fuente principal de la explotación y de la desigualdad social y económica: la propiedad privada de los medios de producción. La mayoría de los programas sociales, económicos y políticos de las primeras organizaciones proletarias y populares nacionales, a inicios del siglo XX, se plantearon como objetivo primordial y central de su lucha política, la socialización de la propiedad y la creación de la propiedad social. Por esa razón, socialización y/o la estatización de la propiedad privada, especialmente, de los medios de producción ya sea industriales, mineros y agrarios, siempre estuvo presente en el imaginario político de los trabajadores y los sectores populares. La base material del socialismo lo constituía la propiedad social de los medios de producción.

La vocación revolucionaria y anticapitalista del movimiento social popular lo expresa de manera ejemplar el principal líder de los trabajadores chilenos Luis Emilio Recabarren quien, en su proyecto de constitución política de 1921, en el artículo 7° establecía que:

“En la República Federal Socialista de Chile, sólo hay “propiedad social” administrada por la “Asamblea Industrial”, por la “Municipalidad” y por la “Asamblea Nacional”;

y en artículo 9 señalaba que:

“Es propiedad social la tierra y sus productos, la manufactura, la habitación, medios de producción, elementos de servicios públicos, transportes y cuanto no sea de inmediata utilidad o uso individual”.

Cincuenta años más tarde en 1970, el Programa de la Unidad Popular, establecía como objetivo central del gobierno popular, la constitución del Área Social de la Producción. El programa justificaba la creación del Área Social de la Producción en los siguientes términos:

“Las fuerzas populares únicas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”.

Para tal efecto,

“El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con la política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras que están en el poder de capitalistas extranjeros y de los monopolios internos”.

Entre el proyecto socialista de Recabarren y el programa de gobierno de la Unidad Popular hay una continuidad ideológica y política que permite sostener que la izquierda chilena y el movimiento popular tenía una profunda convicción de que la única forma de superar la desigualdad y la explotación era poniendo fin al capitalismo. La principal diferencia entre lo que postulaba Recabarren y lo postulado por la Unidad Popular estaba en quien debía administrar la propiedad social. Para él primero, era el Municipio, es decir, el poder local, mientras que, para los segundos, el Estado, o sea, el poder central. No obstante, esa diferencia, muy relevante, la abolición de la propiedad privada era, entonces, para la izquierda una condición necesaria y fundamental en la construcción de la sociedad socialista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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