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Ecuador: Otro caso de condena a un político sin pruebas claras

Jorge Glas
Escrito por Debate Plural

Telma Luzzani (Sputnik, 14-12-17)

Como el caso de los expresidentes, Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, fue condenado sin pruebas fehacientes. Para Pamela Aguirre, se trata del «primer preso político» del actual gobierno y según ella es perseguido por «ser el gestor de un cambio en la matriz productiva de la energía eléctrica».

«Estamos siendo víctimas de la judicialización de la política», aseguró Aguirre y opinó que a Jorge Glas, se lo condenó a seis años de prisión «sin un juicio justo, sin pruebas que lo dictaminen como culpable de una asociación ilícita», mientras que «Odebrecht, la empresa, quedó libre, no hubo ninguna acusación de parte de la fiscalía, ni de los jueces».

Afirmó que «hay una profunda preocupación en el país» y señaló que lo que hizo Glas fue transformar «el sector hidroeléctrico de Ecuador, que de ser un país que usaba energía contaminante, a través de barcazas y biodiesel, cambió a una energía limpia y renovable a través de hidroeléctricas».

En este sentido destacó que «no se puede cambiar la matriz productiva de un país si no se tiene electricidad. Nos convertimos de un país sin electricidad, a un país que ahora exporta y vende energía a otros como Colombia y Perú».

Aguirre habló también de la consulta popular que se llevará a cabo en el país el próximo 4 de febrero, la cual fue instituida a través de un decreto presidencial y aborda temas como dejar sin efecto la reelección indefinida y la creación de un «consejo de transición, que sería nombrado a dedo por el ejecutivo y haría una evaluación de todas las funciones de los organismos de control, como por ejemplo, contralor, procurador, jueces, corte constitucional». Esto se «convertiría en una herramienta de persecución mucho más fuerte que la que tenemos actualmente y un cambio institucional gravísimo en la estructura del Estado».

En ‘Voces del Mundo’ se entrevistó además a la académica brasileña Denise Brazão, quien se refirió a la situación de su país y a la decisión de la justicia de determinar el 24 de enero próximo si ratifica la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brazão aseguró que «el proceso que sufrió Lula no fue legal, no han encontrado ningún tipo de pruebas, nada, ni una firma de Lula», y señaló que el objetivo es «impedir que él se postule a presidente en 2018».

Brazão explicó que lo que pasa en Brasil, es que «el proceso neoliberal está siendo acompañado por las multinacionales y los medios. Todo lo que sea fuera de eso, como las marchas y protestas, está siendo reprimido».

En este sentido denunció que existe una «persecución a la academia, especialmente a los antropólogos, sobre todo por el tema del quilombo», que es como se denomina en Brasil al «espacio donde los exesclavizados y esclavizados en los siglos XIX y principios del XX, huían para protegerse» y que «la bancada ruralista del Congreso presionó al gobierno de Temer para dar esas tierras a JBS, que es el dueño de la carne».

Por otra parte, se abordó además la temática del «lawfare», que es «la utilización indebida de instrumentos jurídicos en la persecución política», según explicó la politóloga Silvina Romano.

En el programa se informó también sobre la decisión de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) de reconocer a Jerusalén del Este como capital del Estado de Palestina; y la aprobación en la Cámara Baja del Reino Unido, de una enmienda que obliga a someter a votación en el parlamento el acuerdo sobre el Brexit que se firme con la Unión Europea.

 

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