Nacionales Sociedad

Trastrueque de competencias en la Zona Colonial

Written by Debate Plural

Edwin Espinal (D. Libre, 22-8-15)

Mediante decreto del Poder Ejecutivo No.635-05, del 22 de noviembre de 2005, fue creada la “Comisión Rectora de la Ciudad Colonial de Santo Domingo”, integrada por el ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Cultura – que ostentaban su presidencia y vicepresidencia, respectivamente (Art.3) – y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con las atribuciones de definir, formular, regular, fiscalizar y ejecutar políticas, programas, planes y proyectos de desarrollo, conservación y promoción de dicha zona. Su conformación fue fruto de un acuerdo interinstitucional entre dichas instancias suscrito el 2 de julio de 2005 y ratificado por resolución 154-2005 del 5 de octubre de 2005 del concejo de regidores del ayuntamiento del Distrito Nacional. Posteriormente, a este órgano, pensado para “reducir el nivel de dispersión institucional” que trababa “el manejo sustentable y eficiente de la Ciudad Colonial”, fue integrado el Ministerio de Turismo.

Después de la emisión del decreto de creación de la Comisión Rectora, la Ley No.176-07, del 7 de julio de 2007, le confirió al ayuntamiento del Distrito Nacional la competencia propia o exclusiva de preservar el patrimonio histórico y cultural de su jurisdicción (Art.19, literal h) y como competencias compartidas o coordinadas la promoción de la cultura y el fomento del turismo (Art.19, párrafo I, literales f y j). Dicho texto legal subordinó el ejercicio de las actuaciones de la competencia exclusiva “a lo que especifique la Constitución, las leyes sectoriales y las que rijan las relaciones interadministrativas entre las diferentes instituciones de la administración pública” (Art.18, párrafo I) y las de la competencia compartida o coordinada a los derechos de información, participación en la coordinación y suficiencia financiera para su adecuada participación (Art.19, párrafo I). Así las cosas, estando el Patrimonio Cultural de la Nación bajo la salvaguarda del Estado (Art.64, numeral 4, de la Constitución) y siendo ejercida su tutela por el Ministerio de Cultura (Artículos 2, numeral 8; 5, numeral b; y 44 y 47 Ley No.41-00 del 28 de junio de 2000), toda acción puesta en práctica por el ayuntamiento del Distrito Nacional con miras a la intervención del patrimonio tangible de la Ciudad Colonial debía, con posterioridad a dicha ley, no obstante ser una competencia exclusiva, ser coordinada con el referido ministerio y sujetarse a los textos que norman las diferentes áreas que el mismo regula. Del mismo modo, recayendo la promoción del turismo en el plano estatal en el Ministerio de Turismo (Arts.1 y 2 de la Ley No.541 de 1969) y debiendo este coordinar la acción de todas las dependencias del Estado relacionadas con el turismo, “a fin de lograr los mejores resultados en cuanto a servicios, protección y facilitación” (Art.4, literal f, Ley No.541 de 1969), la promoción municipal del turismo debía igualmente pactarse en forma concurrente con dicho ministerio.

La Ley No.176-07 vino, pues, a favorecer el delineamiento de los protagonismos competenciales con respecto a la intervención de la Ciudad Colonial de Santo Domingo en el marco de la Comisión Rectora. Sin embargo, esta no pudo salir a camino. Un contrato de préstamo gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el rescate de la Ciudad Colonial y que la comisión implementaría, quedó temporalmente sobreseído. En 2011, el Estado dominicano, representado por el Ministerio de Hacienda, rubricó con el BID el citado contrato, con el propósito de llevar adelante el denominado Programa de Fomento al Turismo de la Ciudad Colonial, cuyo órgano ejecutor resultó ser el Ministerio de Turismo. La Comisión Rectora fue dejada a un lado. Se transitó así de un esquema criticado por la confluencia, la superposición y la conflictividad de instituciones con diversas responsabilidades competenciales e iniciativas a un sistema de gestión consensuado en la teoría pero generador de desencuentros en la práctica, desconocedor de las competencias primarias del Ministerio de Cultura y el ayuntamiento del Distrito Nacional sobre la ciudad ovandina y que no representa la garantía debida por el Estado respecto de la puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación, como manda el Art.64, numeral 4 de la Constitución.

Con esta decisión, el Poder Ejecutivo ha abonado la débil institucionalidad, suplantación, relegamiento y pobre capacidad de acción del Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental sobre nuestro patrimonio cultural inmueble, ya revelada en los casos de la puerta del Conde y la iglesia de Santa Bárbara, intervenidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), así como de La Vega Vieja, cuya puesta en valor es ejecutada también por el Ministerio de Turismo. Y más aún, en forma inaudita, atenta contra la legalidad de la actuación de la administración pública.

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