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La apatridia: ¿fue o es debate?

Written by Debate Plural
José Ricardo Taveras Blanco  (Listin, 16-5-17)
 

Respecto a la apatridia y la nacionalidad haitiana: Aunque es necesario subrayar que la República Dominicana no es signataria de la convención para reducir los casos de apatridia y visto el acoso irresponsable a que es sometida con el tema, tampoco sería pertinente que la reconozca, la SCJ entendió que éste sería quizás el único caso en que podría verse precisada a reconocer la nacionalidad dominicana a un extranjero en esas condiciones irregularidad legal.  Pero, en el caso que nos ocupa de los ciudadanos haitianos nacidos en territorio nacional, estableció:  “Ö lo que no es dable en el caso a que se contrae la instancia de referencia en razón de que las personas aludidas en la misma les corresponde por jus sanguini la nacionalidad de su país, lo que descarta la posibilidad que para los apátridas prevé justamente la Convención ya citada y, por tanto, la obligación para el Estado dominicano de conceder su nacionalidad a los indicados ciudadanos en la hipótesis planteada en esa Convención; que a ese respecto, lo que da sustento a lo antes afirmado, el artículo 11 de la Constitución de la República de Haití, expresa, de forma categórica lo siguiente: “Todo individuo nacido, en Haití o en país extranjero, de un haitiano o de una haitiana, es haitiano”;

Respecto a la facultad del Estado dominicano de establecer reglas de nacionalidad:  “Considerando, que la nacionalidad es un fenómeno que crea un lazo de esencia marcadamente política en que cada Estado, en los límites de los tratados internacionales y el derecho de gentes, determina soberanamente quiénes son sus nacionales, por lo que puede, como corolario obligado de ello imponerse al que nace en su territorio o en él se desenvuelve; que dentro de los límites de compatibilidad antes indicados, la Convención de La Haya del 12 de abril de 1930, en su artículo 1 consagra a este respecto el principio de que pertenece a cada Estado determinar por su legislación quiénes son sus nacionales, sin perjuicio de la libertad reconocida a los individuos de elegir, dentro de los limites que fije la ley, su nacionalidad o de cambiar de ella;”

Este criterio ha sido ratificado por la SCJ en decisiones sucesivas sin variación alguna.

Siendo la sentencia anteriormente esbozada una sentencia de principio, interpretativa de un canon constitucional y de una disposición legal, por cuya razón tiene un carácter vinculante para todo el Estado dominicano y que en consecuencia obliga a los tribunales del orden inferior a asumirla plenamente.  Esto es todo cuanto acontece cuando la Junta Central Electoral (JCE), al acoger un proyecto propuesto por el Dr. José Ángel Aquino, miembro titular de la Junta, emite a unanimidad su Resolución No. 02-2007, la cual se ve en la obligación de acatar el criterio constitucional, legal y jurisprudencial en todo cuanto concierne a la administración del registro civil.

La cuestion legal en el ambito internacional.  Facultad soberana del estado en materia de  nacionalidad.
Las actuaciones de la institucionalidad dominicana hasta la fecha no se descarrían de su estado de derecho y de las normativas internacionales, por el contrario, el Estado dominicano pone la atención a instrumentos nacionales e internacionales que rigen la materia, así como a los precedentes de las instancias jurisdiccionales internacionales sobre el tema. A saber: Ley General de Migración.  “Art. 28.- Las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz a un niño (a), deben conducirse al Consulado de su nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo (a).”

El Art. 1 de la Convención sobre Condición de los Extranjeros suscrita en la 6ta. Conferencia Interamericana de la Habana, Cuba de 1928; el cual establece que:  “Los Estados tienen el derecho de establecer por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los Extranjeros en sus territorios.”

Convención de la Haya de 1930, Sobre Ciertas Cuestiones Relativas al Conflicto de Leyes de Nacionalidad; que establece que:  “Es discreción de cada estado determinar, bajo su propia legislación, quienes son sus ciudadanos.  Esta legislación será reconocida por otros Estados en la medida que sea compatible con las Convenciones Internacionales y la Práctica Internacional, y con los principios de derecho generalmente reconocidos con respecto a la nacionalidad.”

Interpretando este texto, “la Corte Permanente de Justicia Internacional elaboró, en el año 1923, una Opinión Consultiva sobre los Derechos de Nacionalidad de Túnez y Marruecos, donde sostuvo que si bien las cuestiones de nacionalidad pertenecen al dominio reservado de los Estados, este dominio está limitado por las obligaciones que se hayan asumido respecto a otros Estados.”

Los artículos 22.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la  República Dominicana mediante Resolución No. 739, del 25 de diciembre de 1977; y 12, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Resolución No. 684, del 27 de octubre de 1977, supeditan el derecho fundamental de circulación y residencia de las personas a la condición de legalidad, y esta última referida a la sujeción al ordenamiento legal:  “ARTÍCULO 22. Derecho de Circulación y de Residencia.1.- Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.”“Artículo 121. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.”

La Corte Internacional de Justicia:  Caso Nottebohm 6 de abril de 1955; diferendo entre el principado de Liechtenstein y la República de Guatemala:  “El carácter así reconocido en el orden internacional para la nacionalidad no es contradicha por el hecho que el derecho internacional deja a cada Estado el cuidado de reglamentar la atribución de su propia nacionalidad.  Porque si no fuera así, sería por falta de acuerdo general sobre las reglas que conciernen a la nacionalidad. Se estima que el mejor medio de hacer concordar estas reglas con las condiciones demográficas existen acá y en hacer confiar su determinación a la competencia de cada Estado.  Pero, correlativamente, un Estado no podrá pretender que las reglas por ella establecidas sean reconocidas por otro Estado si ello no es conforme al fin general de hacer concordar la nacionalidad otorgada por ella con una atadura efectiva del individuo.”

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en múltiples decisiones es del mismo criterio de reconocer a los Estados la plena soberanía en materia de determinar las reglas del Derecho Comunitario europeo en las siguientes sentencias: in re Mario Vicente Micheletti y otros vs. Delegación del Gobierno en Cantabria, sentencia del 7 de julio de 1992, C 369/90, punto No. 10; in re Manjit Kaur vs. Secretary of Stateforthe Home Department, 20 de febrero de 2001, C-192/99, punto No. 19; in re Carlos García Avello vs. EtatBelge, C-148/02, sentencia del 2 de octubre de 2003, punto No. 28; y en el caso Janko Rottmann vs. Freistaat Bayern, C-135/08, sentencia del 2 de marzo de 2010, punto No. 39.

En igual sentido la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, el 19 de octubre de 2004,  emitió la sentencia, In re C 200/02, Kunqian Catherine Zhu y Man Lavette Chen Vs. Secretary of State for the Home Department.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Castillo Petriuzzi y otros Vs. Perú.

La situacion frente a Haití
El dominio reservado de los estados en la determinación privativa y soberana de sus políticas de nacionalidad y migratorias de conformidad con sus leyes, sólo admite la excepción en los casos en que existan convenciones entre estados que establezcan algún tipo de limitante al principio.  En nuestro caso, que tengamos conocimiento, sólo existe un convenio que al regular bilateralmente la cuestión migratoria, establece la obligación de ambos estados sobre la situación documental de sus respectivos ciudadanos, que estuvieren ilegalmente en territorio de uno u otro de ellos.

En este tenor, el Estado dominicano y el haitiano están mutuamente limitados respecto a otorgar nacionalidad a sus respectivos ciudadanos, por la obligación asumida en el Modus Operandi domínico-haitiano, suscrito en Puerto Príncipe el 21 de noviembre de 1939; aprobado por Ley No. 199 del 16 de diciembre de 1939, Gaceta Oficial No. No. 5395, del 20 de diciembre de 1939. Dicho instrumento, en su Artículo 6 reza:

“Art. 6. En el caso de que un nacional de uno u otro Estado hubiese penetrado irregularmente en el territorio del otro y lograre evadirse antes o después de haber sido aprehendido por la policía, las autoridades del Estado a que pertenezca deberán abstenerse de proveerlo de documentación. El hecho de poseer ésta no impedirá al Estado cuya ley fue violada someterlo a los tribunales para la aplicación de la sanción a que hubiere lugar.”

Es muy importante hacer constar que éste es el instrumento internacional que aún vigente regula las relaciones dominico-haitianas en materia migratoria, con una fuerza que prevalece a cualquier otro instrumento legal, incluido el instrumento protocolar contenido en el Memorandum de 1999, que por demás no lo contraviene.

El Modus Operandi de referencia por otra parte, reconoce que:  “Art. 4. – Las interpretaciones de la expresión “inmigrante” serán determinadas exclusivamente por cada Estado y de conformidad con sus leyes, decretos y reglamentos.”

Por todas esas razones, al defendernos ante el comité para la eliminacion de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas (CERD), sostuvimos los siguientes argumentos:

“La República Dominicana, al igual que ningún Estado del mundo, no tiene facultad para adjudicar una nacionalidad extranjera distinta a la suya a ningún ciudadano, pero por argumento en contrario, sí tiene la calidad y la capacidad de acuerdo a sus leyes de establecer quien es extranjero en nuestro país, al tener la plena discreción de establecer quien es dominicano.  El derecho nacional e internacional establece el modo en que ha de efectuarse el registro de nacimientos de extranjeros y si una persona nace como extranjero en territorio dominicano.

En todo caso, la República Dominicana se acoge a los principios básicos de derecho internacional, que asumen la cuestión de la nacionalidad y de las políticas migratorias como cuestión de dominio reservado de los estados.  En este sentido citamos el Artículo 9 de la Convención de Derecho Internacional Privado, que establece lo siguiente: “cada Estado contratante aplicará su propio derecho de la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores…”

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