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Haciendo historia sobre inmigrantes indocumentados EU (I)

Inducumentado
Escrito por Debate Plural

EU refuerza frontera
Busca evitar el paso de inmigrantes a  tierra del Tío Sam

La Patrulla Fronteriza está decidida a eliminar la puerta giratoria que tenía en la frontera.

Ya se redujo significativamente la cantidad de detenciones de personas que tratan de cruzar ilegalmente la frontera a partir de las medidas de vigilancia tomadas en los últimos años y ahora se comenzará a aplicar castigos más severos a quienes son detenidos sin papeles.

La idea es desalentar a las personas deportadas de que intenten regresar a Estados Unidos, como hacen en buena parte de los casos.

La detención de inmigrantes no autorizados a lo largo de los 3,144 kilómetros (1,954 millas) de frontera con México llegó a su nivel más bajo en 40 años.   Ello obedece a que la cantidad de agentes se ha más que duplicado desde 2004 hasta llegar a los 21,000.

La Patrulla Fronteriza, por otra parte, ha cubierto una tercera parte de la frontera con cercas y otras barreras físicas, y ha gastado mucho dinero en cámaras, sensores y diversos artilugios más. Grandes avances en la tecnología para el manejo de las huellas digitales, por otro lado, han mejorado ampliamente la inteligencia que se aplica a los que cruzan la frontera.

En el año fiscal 2011, los agentes fronterizos hicieron 327,577 detenciones en la frontera con México, un descenso del 80% en comparación con las más de 1,6 millones en 2000. Fue el año menos activo para la Patrulla Fronteriza desde 1971.   Es un progreso enorme en comparación con sólo unos años atrás.

Los agentes de mayor edad recuerdan haberse sentido tan desbordados que veían impotentes cómo los inmigrantes cruzaban sin autorización, minutos después de haberlos atrapado y dejado en el cruce fronterizo más cercano.

Mike Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza y miembro de la fuerza desde 1987, recuerda haber aprehendido al mismo inmigrante 10 veces en un turno de ocho horas cuando era un agente joven.   La agencia está cambiando ahora su enfoque, convencida de que el sistema para combatir el ingreso ilegal es lo suficientemente fuerte como para imponer consecuencias más serias a casi todos los que captura, desde áreas que incluyen el Valle del Río Bravo en Texas hasta San Diego.

El “Sistema de Aplicación de Consecuencias” —una parte crucial de la nueva estrategia nacional de la Patrulla Fronteriza a ser anunciada pronto— se apoya en gran medida en herramientas que han sido implementadas y ampliadas durante la última década en partes de la frontera.

Clasifica a los que la cruzan en siete categorías, las cuales van desde los que lo hacen por primera vez hasta personas con antecedentes penales.   Los castigos varían según la región, pero hay un común denominador: el último recurso es el sólo deportar a la gente tras tomarle sus huellas digitales. Algunos, entre ellos los niños y los que están enfermos, todavía recibirán un pase gratuito al ser deportados en el cruce fronterizo más cercano, pero serán pocos y espaciados entre sí.

“Lo que queremos es hacer de ello la excepción y no necesariamente la norma”, dijo Fisher a The Associated Press.

Las consecuencias pueden ser severas para los inmigrantes detenidos y costosas para los contribuyentes estadounidenses. Los inmigrantes que carecen de permiso de residencia pueden ser enjuiciados por un delito grave o ser trasladados a una ciudad fronteriza desconocida para ellos a cientos de kilómetros de distancia a fin de regresarlos a México.

Un mecanismo utilizado a mediados de año en Arizona incluye el traslado aéreo de los inmigrantes a la Ciudad de México, donde reciben boletos de autobús sólo de ida para que se transporten a sus localidades de origen.

Otra estrategia es entregarlos a las autoridades mexicanas para que les sigan juicio al sur de la frontera. También se les pone en autobuses con destino a México en otra ciudad fronteriza que pueda estar a cientos de kilómetros de distancia.   Antes, las personas capturada en Douglas, Arizona, recibían un emparedado de mortadela y jugo de naranja antes de ser devueltos a México en la misma localidad y la misma tarde, dijo Fisher.

Ahora, los detenidos pueden pasar la noche en un centro de detención para inmigrantes cerca de Phoenix y finalmente regresar a México por Del Río, Texas, a más de 1.287 kilómetros (800 millas) de distancia.   Así, estos inmigrantes quedan fuera del alcance de los traficantes de personas que los ayudaron a cruzar la frontera, cuyos cobros típicos han sufrido un incremento astronómico de precio a entre 3.200 y 3.500 dólares, y cada vez es más frecuente que les exijan el pago por adelantado en lugar de cobrarles tras llevarlos a territorio estadounidense, afirmó Fisher.

Al menos estos inmigrantes tendrán que esperar más tiempo para volver a intentar el cruce en lo que juntan dinero para pagarle a otro traficante.   “Lo que solían ser horas y días se han convertido ahora en días y semanas”, agregó.   La nueva estrategia fue aplicada por primera vez hace un año en la oficina de Tucson, Arizona, el corredor donde la Patrulla Fronteriza registra el mayor tránsito de ingresos sin permiso.   Los supervisores de campo han clasificado las consecuencias en una escala de uno a cinco, para lo que aplican 15 criterios diferentes, entre ellas uno que toma en cuenta el tiempo desde que la persona fue detenida la ocasión anterior y el costo por hora de todo el procedimiento.

Mecanismos

La Patrulla Fronteriza ha puesto en marcha bastantes mecanismos nuevos sin dar mucha consideración en cuanto a si alguien que ingresa ilegalmente por primera vez merece un trato distinto al de una persona que ha reincidido.

Diversos tratos

Ahora, quienes cruzan por primera vez enfrentan un trato diferente que aquellos que han sido sorprendidos dos o tres veces. Quien lo haga por cuarta vez enfrenta otras consecuencias.   El número de los que han sido capturados en el sector de Tucson ha caído 80% desde 2000, lo que permite a la Patrulla Fronteriza dedicar más tiempo y dinero a cada uno de los aproximadamente 260 inmigrantes capturados diariamente.   George Allen, subjefe del sector, dijo que se dispone de 188 asientos en cuatro autobuses diarios a ciudades fronterizas en California y Texas.

Los inmigrantes indocumentados en EE.UU. sufren violaciones de derechos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer que los inmigrantes indocumentados procedentes de Centroamérica y México sufren violaciones de sus derechos «en todas las etapas» tras cruzar la frontera de Estados Unidos, una situación que se ha «agravado» este verano.

Estas fueron dos de las principales conclusiones a las que llegó la comisión tras una gira de cuatro días por el sur del estado de Texas, fronterizo con México, y que presentó ayer en una rueda de prensa en la ciudad de San Antonio

En su informe, la CIDH especifica que algunas de las violaciones que observaron en su última visita de 2009, «continúan», mientras que «la situación se ha agravado con las medidas implementadas durante este verano», tras la oleada migratoria registrada.

El vicepresidente segundo de la CIDH, el chileno Felipe González, explicó que entre las vulneraciones que sufren los indocumentados están el trato recibido por la Patrulla Fronteriza, los problemas de acceso a la Justicia, la detención de familias y la falta de supervisión de los centros.

González hizo especial énfasis en la situación que se vive en la comisaría de la Patrulla Fronteriza en la ciudad de McAllen, el primer lugar al que son conducidos los indocumentados tras su detención y que es conocida popularmente como «la hielera», ya que en su interior se registran temperaturas cercanas a los 10 grados centígrados, en contraste con el calor desértico del exterior.

La CIDH no pudo visitar estas instalaciones, ya que la Patrulla Fronteriza no autorizó a los comisionados reunirse con los inmigrantes detenidos.

«Lamentamos profundamente la decisión de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de rechazar el libre y pleno acceso de la delegación a las instalaciones», denunció el comisionado en San Antonio, última parada de la gira.

Esta visita a la zona fue producto de la reciente crisis migratoria, cuyas cifras oficiales indican que más de 66,000 menores de edad no acompañados y un número similar de personas en unidades familiares han cruzado la frontera sur de EE.UU. huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen, principalmente, de El Salvador, Guatemala y Honduras. Durante el viaje, los miembros de la Comisión visitaron el centro de detención para familias inmigrantes de Karnes City, en Texas, y recogieron denuncias de abogados por el trato que reciben los indocumentados, generalmente mujeres a cargo de menores de edad, que incluyen desde abuso sexual a malnutrición.

Además, cuestionaron la eficacia de las denuncias internas, ya que es la misma empresa privada que gestiona la seguridad del centro la que supervisa también las quejas de los detenidos.

De hecho, la CIDH lamentó en sus conclusiones que el Gobierno de Estados Unidos haya optado con la reciente crisis migratoria por la reapertura de este tipo de centros, que no operaban desde 2009, y pidió que los cierre. «La comisión recuerda que la detención de personas migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo y otras personas necesitadas de protección internacional es una medida indeseable», rezan las conclusiones.

González también alertó que la reapertura de estos centros de detención, que en su opinión son «una respuesta inadecuada para una emergencia», pueda convertirse en «una política permanente» del Gobierno una vez ya superado el máximo flujo migratorio, que sucedió antes del verano.

Finalmente, los comisionados llamaron la atención sobre la falta de garantías jurídicas que reciben los detenidos por carecer de un abogado que se haya podido preparar el caso o al no ser tenidas «seriamente» en cuenta las solicitudes de asilo.

Según las denuncias recibidas, estas solicitudes «se rechazan a priori, se descalifica a las personas y se asumen como una formalidad», explicó González.

En las próximas semanas, la delegación que visitó Texas presentará un informe más detallado con sus principales conclusiones y recomendaciones. EFE

Que cierren centros de detención

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Estados Unidos el cierre de los centros de detención para inmigrantes. Estados Unidos cuenta actualmente con tres centros de detención de familias gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicados en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania).

El ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DSH), anunció recientemente la apertura de un nuevo centro en Dilley (Texas) con capacidad para 2, 400 personas, por lo que los cuatro centros en pleno rendimiento podrían albergar a cerca de 4,000 inmigrantes indocumentados. Desde 2009, con el emblemático cierre del T. Don Hutto (Texas), un antiguo presidio, en EE.UU. no hubo centros de detención para familias inmigrantes, pero la oleada de los últimos meses provocó la decisión del Gobierno de volver a utilizar instalaciones de este tipo con el objetivo de disuadir nuevas llegadas. Según datos oficiales, más de 66,000 menores de edad no acompañados entraron este año por la frontera sur de EE.UU.

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