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Haciendo memoria sobre violencia contra la mujer en RD (I)

Violencia contra la mujer
Escrito por Debate Plural

I

Adonis Diaz (D. Libre, 18-4-13)

 

«Me transformaron mi vida, acabaron conmigo. Desde que me tiraron ácido del diablo terminó mi vida».

Así se expresó la joven Esther Jiménez de 29 años, al conversar con periodistas de Diario Libre que le visitaron en su residencia de este municipio.

Hace varios meses que un hombre de unos 25 años de edad llegó al negocio donde laboraba Esther, la llamó por su nombre y le roció la cara con el mortal líquido dejándola inhabilitada para toda la vida.

Ella cuenta que tenía una relación amorosa con el propietario de la Cafetería La Rotonda y que constantemente recibía llamadas amenazantes de una mujer que nunca ha sabido de quién se trata.

Se queja de que la Policía nunca ha investigado su caso, por lo que pide al jefe de la institución, mayor general José Armando Polanco Gómez que ordene aclarar su caso y apresar a los responsables del horrendo hecho.

Un mes después de ocurrirle el funesto caso, los médicos tuvieron que extirparle el ojo derecho y practicarle una cirugía para pegarle su nariz, «que me quedó en un hilo».

Fue necesario que un equipo de médicos le reconstruyera su cara, tomando tejidos de sus pechos para injertárselo en la cara, que quedó totalmente desfigurada.

Vive sola en su casa, y come, porque una hermana suya le proporciona su comida diariamente. «El padre de mis dos primeros hijos se los llevó y se olvidó de que yo existo, no tengo de qué vivir, y pido la ayuda de la gente para poder comprar los medicamentos que necesito par mi curación».

Pasó un largo tiempo que sólo ingería alimentos líquidos porque su garganta se «trancó», y tenía que ser auxiliada para poder respirar y caminar.

Cuando su madre se enteró de que los médicos le extirparon el ojo derecho, le dio un infarto fulminante y murió instantáneamente.

Esther tiene que visitar el hospital Francisco Moscoso Puello todos los días y esto conlleva muchos recursos que no posee.

Pide ayuda vice

Esther pidió a la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández, que acuda en su ayuda y agrega que la puede contactar al teléfono 809-256-6956. «No sólo la señora Vicepresidenta, sino todo el que desee ayudarme, estoy necesitada porque estoy sin trabajo, y no tengo a nadie que me dé nada», dijo. Madre de tres hijos en edades de 11, 9 y seis años respectivamente, Esther dice que lo que más anhela es verlos grandes y graduados de una profesión para que en lo adelante puedan seguir solos. Dijo que no tiene ni para ir al hospital a curarse.

 

II

 

Amnistía Internacional (AI) denunció ayer el aumento en 2010 de la violencia contra mujeres en la República Dominicana, la discriminación y expulsión de inmigrantes haitianos, incluso tras el terremoto del 12 de enero, y los homicidios “ilegítimos” por parte de las fuerzas del orden.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2010, AI critica que la violencia sexual siga siendo un “fenómeno generalizado” en ese país caribeño.   Tan solo entre enero y julio, el número de mujeres que murieron a manos de su pareja o ex pareja aumentó en un 20 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, señala la organización pro derechos humanos, que cita cifras oficiales de la Procuraduría General.

Según organizaciones de defensa de las mujeres, a ello se añade que las víctimas de la violencia sexual apenas reciben atención médica y psicológica a través del sistema nacional de salud, pese a que el Ministerio de Salud Pública adoptó protocolos para prestar atención integral a este grupo de mujeres.   A pesar de que la República Dominicana se comprometió en el examen periódico universal a adoptar estrategias para combatir el racismo la situación de los inmigrantes haitianos es acuciante, especialmente tras el terremoto que asoló el país vecino en enero de 2010.   Después del terremoto, las autoridades dominicanas anunciaron que suspendían las expulsiones de inmigrantes irregulares haitianos, pero organizaciones de defensa de derechos humanos informaron de que a partir de julio se reanudaron las repatriaciones.

Otro de los problemas que aumentó tras el sismo fue la trata de menores procedentes de Haití.   Las autoridades anunciaron la creación de un centro especializado de asistencia a los menores, pero a la hora de hacer el informe AI no disponía de información sobre la eficacia de las medidas adoptadas para desmantelar las redes de trata.   Al igual que en años anteriores, el informe denuncia además que sigan dándose numerosos casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.   Según estadísticas policiales citadas por AI, entre enero y septiembre de 2010 murieron 167 personas a manos de agentes.

Los haitianos

A pesar de que la República Dominicana se comprometió en el examen periódico universal a adoptar estrategias para combatir el racismo la situación de los inmigrantes haitianos es acuciante, especialmente tras el terremoto que asoló el país vecino en enero de 2010.   Después del terremoto, las autoridades dominicanas anunciaron que suspendían las expulsiones de inmigrantes irregulares haitianos, pero organizaciones de defensa de derechos humanos informaron de que a partir de julio se reanudaron las repatriaciones.

 

III

 

La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional Trabajadores Dominicanos (CNTD), denunciaron ayer que las mujeres son  discriminadas en el ámbito laboral y que, además, los salarios que reciben son inferiores en comparación con el pago a los hombres.

La denuncia fue presentada en el desarrollo de un encuentro con las principales entidades sindicales de la región Norte, en donde los representantes de las luchas por los derechos de las mujeres y el ámbito laboral en sentido general, explicaron los retos que tiene el sector empresarial de reducir la discriminación hacia el género femenino.

El presidente regional de la CASC, Vicente Díaz, dijo que la discriminación hacia las mujeres al momento de buscar empleo, en los últimos años ha ido en aumento, pese a que el género femenino se ha esforzado en adquirir más conocimientos en todas las áreas laborales.

“Este encuentro regional de las centrales sindicales, tiene como propósito fundamental, discutir y llegar a acuerdos sobre el alto índice de discriminación en contra de la mujer en las cuestionase laborales. Nosotros entendemos que ya en estos tiempos no debe existir diferencia entre la mujer y el hombre al momentos de ser contratados por una empresa, sea privada o pública”, expresó Díaz.

El dirigente sindical agregó que el 28% de las personas desempleadas en el país, es del género femenino y que, a pesar de que más de un 60% de los estudiantes en las universidades son mujeres, la empleomanía se encuentra dominada por los hombres.

Salarios. Juan Balbi, director regional del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, indicó que las mujeres también son discriminadas en lo relacionado al salario que reciben, que según el dirigente sindical es inferior al que recibe un hombre, haciendo la misma función.

IV

«No la quiero aquí porque está embarazada». Pese a la carga discriminatoria que supone, esta frase representa un desahogo para algunos empleadores frente a los representantes del Ministerio de Trabajo, a los que acuden en busca de cualquier subterfugio legal que le permita terminar el contrato laboral con una mujer en estado de gestación.

El escepticismo que pueda generar la expresión, se desmorona ante la confirmación del director general del Trabajo, Valentín Herrera. «¿Esa frase? Sí, a veces la dicen. De hecho la dicen», comenta. La razón que le alegan los empleadores para justificar la expresión, es que la mujer embarazada, no le rinde igual y que se ausenta mucho.

A eso quizás se deba que los empleadores son los más activos a la hora de solicitar una inspección de Trabajo para la cancelación de una empleada. Los datos estadísticos de ese Ministerio indican que sólo de enero a septiembre de este año, 88 empresas solicitaron una verificación para proceder a despedir a una embarazada. De esas, 58 fueron aprobadas y 22 rechazadas, mientras las ocho restantes se declararon inadmisibles por desistimiento de las partes.

De las solicitudes de inspección realizadas por las afectadas, el Ministerio no tiene la información segregada, debido a que, según Herrera, muchas veces la denuncia la formula un sindicato o una persona de manera anónima, procurando proteger a la mujer. Pero el funcionario especifica que, por lo regular, esas inspecciones las pide el empleador.

Datos suministrados por la Jurisdicción Laboral de los Juzgados de Primera Instancia muestran que del 2008 al 2010, el Poder Judicial recibió 171 expedientes por despidos a embarazadas, tiempo en que se fallaron 106 casos de este tipo.

En ese período, la mayor cantidad se recibió en el 2009, con un total de 81 casos entrados, 55 en el 2008 y 35 en el 2010.

Pese a la creencia generalizada de que «no pueden cancelar si estoy embarazada», la realidad es que el despido procede legalmente, siempre que un inspector de Trabajo entienda que hay evidencias de faltas de parte de la empleada.

El abogado Oscar Sánchez explica que, en estos casos, el empleador alega una de las causales establecidas en el artículo 88 del Código de Trabajo para justificar el despido. Pero, aclara que por tratarse de una mujer embarazada, que tiene una protección especial, se necesitará siempre de la autorización previa del Ministerio de Trabajo, que confirme la falta.

No sabía si felicitarme o darme el pésame

Zarithza Torres es una joven que, con apenas dos meses de gestación perdió su trabajo en la empresa donde laboraba hacía tres años y medio. Su caso ocurrió en el 2010, hace ya más de un año, y todavía Torres gestiona en los tribunales que se le resarza por el daño que, entiende, se le hizo al despedirla sin justificación -según afirma- y someterla a las penurias propias del desempleo en momentos en que más necesitada de recursos estaba, pues su esposo también se encontraba desempleado para entonces.

Torres recuerda aun con tristeza cómo su jefe la llamó un día, cuando hacía sus labores habituales, para decirle que no sabía si felicitarla o darle el pésame, porque se había enterado de su embarazo. Cuenta que ahí empezó su calvario, a pesar de que su embarazo, como otro que tuvo dos años antes, nunca fue motivo para faltar a sus obligaciones. Comenta que previo a su cancelación, su jefa le solicitó entregarles una certificación del embarazo, que Torres pensó que se trataba de las pruebas de laboratorios que habría entregado en más de una ocasión. Sorprendida, pues nunca le pidieron esa certificación en su primer embarazo y tampoco se la solicitaron a otras cuatro compañeras embarazadas en ese momento en la empresa, no supo qué entregar y su jefa le habría amenazado con llevarla a un médico de confianza de la empresa para que la chequearan, a lo que también se negó Zarithza.

Luego, su empleadora le sugirió que tomase sus vacaciones hasta que las cosas se resolvieran, y que para que no la molestaran, dejara su flota y la computadora. Así lo hizo, y pocos días después, la llamaron a su casa para decirle que debía presentarse a una reunión, en la que le notificaron su despido, con la advertencia de que si no firmaba la carta, la acusarían de abandono de trabajo, puesto que no había nada firmado que dijera que ella estaba de vacaciones. «Me fui en shock para mi casa a dar gritos», narra.

«Al cancelarme sin seguro, no podía pagar las citas médicas y cuando me vi en la sala de un dispensario médico, llena de gente sencilla yo me quise morir, porque no estaba acostumbrada a ir a un centro público. Luego de eso no pude seguirme atendiendo, me automedicaba por falta de dinero». Torres no puede contener las lágrimas, mientras su niña de siete meses, fruto del embarazo del que dudaba su jefa, empieza a molestarse por el frío de la oficina. Mencionó con dolor que en su primer embarazo tuvo que entrar a trabajar, por pedido de su jefa, al mes y medio del parto, y a partir de entonces terminar su licencia a medio tiempo.

La joven se queja de que el Ministerio de Trabajo no le dio gran apoyo y sólo se interesaron en calcularle las prestaciones. Tampoco ha sido favorecida en los tribunales, donde en tres ocasiones han fallado en su contra, alegando un supuesto desinterés que ella no sabe explicar en qué consiste.

El despido

En el Ministerio de Trabajo las inspecciones se realizan por dos vías, las regulares o preventivas por iniciativa de la entidad y que son la mayor cantidad: 40,452; y las que se hacen a solicitud de las partes, que suman 17,250, para un total del 53,028 casos, según los datos generales de enero a septiembre de este año.

En los casos de las embarazadas, los inspectores de Trabajo investigan a ambas partes para determinar que en efecto el despido se debe a una falta de las establecidas en el Código, y no a una represalia por la condición de preñez o de la licencia postparto.

Según Valentín Herrara, de todas las faltas establecidas por la legislación laboral, las más alegadas son las inasistencias al lugar de trabajo, y la falta de probidad. Dado que el Código de Trabajo en su artículo 232, establece que el desahucio es nulo durante el embarazo y hasta tres meses después del parto, los inspectores investigan a las partes, y ante la falta de evidencia que justifique el despido, le notifican al empleador sobre el embarazo y le orientan, para que entiendan los alcances de la Ley.

Si el empleador no obtempera, se le levanta un acta de apercibimiento y se le otorga un plazo de 24 horas para que reponga a la afectada en su puesto de trabajo. Transcurrido ese tiempo, sin respuestas favorables de la empresa, se levanta un acta de infracción con la que la empleada puede ir a los tribunales de Trabajo, y lograr sanciones para la empresa que van desde 6 a 12 salarios, además de que puede ordenar su reintegro al puesto y de que la mujer puede presentar una demanda civil.

En los casos en que el inspector entiende que la embarazada cometió la falta que se le imputa, emitirá su acto a favor del despido, que se hace sin responsabilidad para la empresa.

«La protección de la ley no es una licencia para no cumplir con las obligaciones como trabajadora. La mujer debe asistir, y si no, notificar la razón por la que no asistió», comenta Herrera.

violencia para dos

Para la ginecóloga y defensora de los derechos de la mujer, Lilliam Fondeur, el despido de una embarazada constituye un tipo de violencia, tanto para la mujer como para la criatura.

«Una mujer que es despedida, y que necesite su trabajo, es una mujer que cae en depresión, y eso, más los problemas económicos que vendría a acarrear, implica, entre otras cosas, una probable amenaza de aborto, una probable amenaza de parto prematura, un bajo crecimiento en el feto y todas las complicaciones que puede acarrear un baja nutrición para el bebé», sostiene.

Agrega que las mujeres, al entrar en depresión reducen la posibilidad de alimentar al bebé, porque baja la producción de leche materna, ya que con la depresión la leche «no baja», y hasta las mujeres que están lactando dejan de hacerlo al caer en estado depresivo.

Aunque a Fondeur no le ha tocado ver en su consulta casos de despidos durante el embarazo, sí ha atendido aquellos en que la mujer, una vez entra a la empresa tras la licencia del parto, la esperan con la carta de despido, prácticas ambas que, insiste, constituyen una violencia de género. «Claro que es violencia, porque la mujer tiene que enfrentar la vida con un recién nacido, sin un empleo que le facilite las condiciones para mantener y cuidar al bebé», apunta.

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