Nacionales Politica

Cuestionable legitimidad del gobierno de Medina

Escrito por Debate Plural

Guillermo Moreno (D. lIbre, 12-9-16)

 

En el Estado se ha entronizado una visión y práctica absolutista del poder. Quienes lo ejercen se han liberado de toda tutela y control. Definitivamente, estamos ante la versión caribeña de Luis XIV: Danilo Medina es el Estado Dominicano.

Por eso, llama la atención que ese partido y gobernante participen en una mesa de diálogo con la oposición. ¿Por qué, si ellos no necesitan de nadie para integrar los órganos electorales y la Cámara de Cuentas? ¿Por qué si ellos, por sí mismos, pueden aprobar la Ley de Partidos y la reforma a la Ley Electoral? ¿Qué propósitos los mueve? ¿A qué estrategia responden?

La verdad es que, a pesar de todo el esfuerzo mediático, el gobierno de Danilo Medina tiene una muy cuestionable legitimidad. La ciudadanía le vio crecer la nariz luego de prometer no reelegirse y sin ningún rubor ir, al mercado persa que llaman Congreso Nacional, a comprar la introducción de la reelección en el texto constitucional.

La sociedad fue testigo, el pasado 15 de mayo, de las elecciones más desorganizadas de las que se tenga memoria, de los obstáculos para el conteo manual, de la imposibilidad de transmisión electrónica en miles de colegios sin conectividad y sin técnicos para operar los escáneres; de cientos de colegios cuyos resultados fueron anulados; de la utilización sin límites de los recursos del Estado, de la compra de votos por el oficialismo; en fin, fuimos víctimas de autoridades y jueces electorales parcializados a favor del partido oficial, actuando al margen de la ley e irrespetando la institucionalidad democrática. La ilegitimidad de estas autoridades llega al punto que, el presidente y la vicepresidenta tuvieron que ser “proclamados” por la Asamblea Nacional en base a los boletines de votación de los 158 municipios, porque el órgano electoral no estaba, ni está, en posibilidad de suministrar las actas de las votaciones de los colegios electorales.

Si el partido gobernante decide participar en el diálogo con los partidos de oposición es para descontruir todos estos cuestionamientos a su legitimidad. Pero nadie crea que lo hace de forma sincera. Se trata de montar una pantomima, vender una imagen conveniente y ganar tiempo. Pero como dice el refranero popular “una cosa piensa el burro y otra quien lo apareja”; el escenario del diálogo, cada vez más, se le revierte.

La participación en el diálogo ha supuesto para los partidos de oposición un verdadero reto. Es de gran significación que el pasado martes, el conjunto de partidos de la oposición haya asistido como un bloque, que aunque éste se dé por coincidencias limitadas exclusivamente a la reforma político electoral, abre una perspectiva que puede tener gran impacto en el desenvolvimiento futuro de la actual coyuntura.

En el escenario del diálogo de los partidos ha reclamado participar la sociedad civil. De la absoluta negativa inicial del PLD, éste pasó a que se le escuche el próximo martes 13. Queda pendiente definir en qué calidad intervendrá la sociedad civil en el diálogo, si, como plantea el bloque de la oposición, como acompañante del proceso, o limitada a una intervención, como pretende el bloque oficialista.

Ahora bien, en la mesa de diálogo está por definirse la cuestión principal, esto es, ¿sobre qué es que vamos a dialogar?

El bloque oficialista insiste en decir que su interés es dialogar sobre la Ley de Partidos y la reforma a la Ley Electoral. Es decir, se trataría de una discusión técnico-jurídico para suplir un vacío legal y corregir insuficiencias en leyes existentes. Es evidente que buscan distraer al país del problema principal.

El bloque de la oposición, por su parte, es claro al plantear que está en el diálogo para buscar respuesta a la profunda crisis de credibilidad y confianza que afectan a las instituciones y autoridades del sistema electoral dominicano, como parte de una crisis de mayor calado por la que atraviesa el sistema político en el país.

Para el bloque de la oposición, la posibilidad de que en el 2020 se puedan celebrar unas elecciones limpias, creíbles y confiables, depende directamente de que se “despartidaricen” la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas. El bloque de la oposición no quiere reparto ni cuota de poder en esos órganos. A lo que aspira, única y exclusivamente, es a lo más simple y elemental de una democracia: que los órganos arbitrales y de control del Estado se integren por miembros independientes e imparciales de los asuntos que van a decidir.

El bloque de la oposición, por tanto, está unificado en que el diálogo debe empezar por la discusión de los perfiles y de los integrantes de los órganos electorales. Hay el convencimiento que lo único que puede comenzar a restituir la confianza y credibilidad es que, desprendidos de intereses de partido, se posibilite que a esos órganos vayan hombres y mujeres independientes e imparciales y sin vínculos con los partidos. Resuelto esto, entonces pasaríamos a consensuar la Ley de Partidos y la reforma a la Ley Electoral.

Para el bloque de partidos de la oposición, las cosas están muy claras: Primero lo primero.

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