Misión Verdad (12-5-23)
El pasado 2 de mayo, en sesión ordinaria, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión y por unanimidad el Proyecto de Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero. El instrumento legal incluye la protección de activos como Citgo, Monómeros, las reservas de oro en Inglaterra, las cuentas en bancos del extranjero y los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional.
La propuesta de ley contiene dos capítulos, once artículos y una disposición final que establece el carácter penal de cualquier acción que vaya contra los activos de la república en el extranjero. Se elaboró a partir del trabajo de un comité mixto conformado por integrantes de las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional; de Política Exterior, Soberanía e Integración; y de Contraloría.
En la exposición de motivos presenta cómo las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos han intentado «despojar a la república y sus entidades de sus activos, derechos e intereses ubicados en el extranjero, buscando con ello afectar negativamente el patrimonio nacional y el funcionamiento de la economía del país para producir». En tal sentido, la ley posee algunas novedades:
- Declara inexistente e ineficaz cualquier negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de enajenación o disposición realizado en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicadas en el extranjero, por parte de personas que pretendan usurpar o atribuirse la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
- Considera inválidos y sin efecto jurídico alguno todos esos actos, sin necesidad de pronunciamiento judicial.
- Establece la responsabilidad penal aplicable para las personas que pretendan ilegalmente disponer del patrimonio del pueblo venezolano mediante la usurpación de la representación de la República o sus entidades. Esto incluye a los profesionales del derecho que participen directa o indirectamente en estas negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de enajenación o disposición.
- Califica las hechos de despojo contra el patrimonio de la República o sus entidades como actividades de delincuencia organizada. Por ende, los bienes de las personas que participen en estas actividades ilícitas pueden ser objeto del procedimiento de extinción de dominio.
BLOQUEO: SAQUEO
Como es sabido, a través de la «operación Guaidó» la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), firmó una licencia que autoriza la liquidación de los activos de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Citgo Petroleum Corporation, bajo control de ese sector de la oposición. Esto con la intención de indemnizar a acreedores como las transnacionales Crystallex, Owens Illinois, ConocoPhillips, entre otras que han demandado a Venezuela.
El llamado «gobierno interino» en 2019 asumió la supuesta defensa de los activos venezolanos y designó un cuerpo litigante liderado por José Ignacio Hernández, antes perito de Owens Illinois. A este le fueron pagados 163 mil dólares para que esgrimiera su argumento de «alter ego», según la periodista estadounidense Anya Parampil, el cual facilitó la pérdida de los activos de la empresa en lugar de preservarlos.
El medio Bloomberg informó que el G3+1, un sector del antichavismo que ostenta la figura de la Asamblea Nacional elegida en 2015 (AN-2015), se hizo del control de las cuentas bancarias venezolanas en Estados Unidos luego de que Juan Guaidó fuera reemplazado como presidente legislativo. La nota afirma que la oposición ha dependido de dichos fondos para financiar sus operaciones desde 2019 debido a que el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó a los «funcionarios de la oposición» (sic) para recuperar el acceso.
Se entiende que, con esa decisión, los fondos pasan a ser controlados por la nueva «presidenta» de la AN-2015, Dinorah Figuera, otra prófuga de la justicia venezolana que pertenece al partido Primero Justicia (PJ), en el cual milita también el precandidato inhabilitado Henrique Capriles Radonski.
El pasado 19 de enero la AN-2015 designó un Comité de Administración y Protección de Activos del país en el Exterior conformado por Gustavo Marcano, Carlos Millán, René Uzcátegui, Yon Goicoechea y Fernando Blasi, quienes deberían «garantizar un manejo transparente y despartidizado de estos recursos», sin embargo se desconocen sus acciones.
Todo indica que la susodicha comisión se encargará de gestionar los mencionados fondos para uso de los partidos del G3+1 en las eventuales elecciones primarias que ha acordado realizar este año la Plataforma Unitaria Democrática, coalición política del G3+1.
En cuanto a la filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) en Colombia, Monómeros de Venezuela, el Ministerio Público venezolano ha afirmado que dirigentes de la oposición, y ejecutivos bajo sus órdenes, usurparon las funciones de su directiva y participaron en actos de corrupción con los activos venezolanos en la empresa. Ante ello se expidieron órdenes de captura para el sometimiento a juicio de los implicados.
Venezuela recuperó el control total sobre la empresa en septiembre de 2022 luego de una reunión entre el superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar, y el presidente de Pequiven, Pedro Rafael Tellechea Ruiz. Sin embargo, los procesos legales en contra de los actores involucrados se mantienen y les serían aplicadas las eventuales sanciones contempladas en la nueva ley de protección de activos en el exterior.
APLICAR LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
«El proyecto de ley persigue combatir el crimen organizado y los delitos económicos novedosos, que no tienen precedentes en el país y que trascienden la historia republicana», afirmó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien también es jefe de la delegación del gobierno de Venezuela ante la Mesa de Diálogo y Negociación en México. Señaló que Hernández y Figuera están detrás de la demanda de Crystallex contra los activos de Citgo, en asociación con un tribunal en Delaware.
Además aseveró que si las personalidades de la oposición no renuncian a las dádivas de la OFAC se incautarán sus bienes en Venezuela ya que son actos de delincuencia organizada y les será aplicada la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Esta permite incautar las propiedades provenientes de la corrupción, «y cualquier bien que estos ladrones posean en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tiene que ir la ley contra esos bienes», agregó el legislador.
Cuando se firmó el segundo acuerdo parcial en la Mesa de Diálogo y Negociación Rodríguez anunció que la cifra global de activos retenidos supera los 20 mil millones de dólares. Durante la sesión del 2 de mayo resaltó que el Observatorio Venezolano Antibloqueo registró que las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela superan las 900 acciones, lo cual calificó de «guerra no tradicional, planificada para apropiarse de los activos de Citgo», empresa que ayudaba a miles de pacientes venezolanos mediante el financiamiento a operaciones de transplantes y medicamentos a través de la Fundación Simón Bolívar.
En aquella sesión el diputado de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, expresó su apoyo al acuerdo, rechazó en nombre de su bancada las acciones de Washington contra el país, se desmarcó de sectores del antichavismo promotores del bloqueo-saqueo de los bienes del Estado y exigió justicia para que no reine la impunidad.
Para continuar con la construcción de la ley se designó una nueva comisión que buscará asidero legal e institucional con el cual castigar a quienes han aprovechado la guerra contra Venezuela para desviar los bienes de la Nación e inyectarlos a su plan de cambio de régimen.
La nueva ley permitirá que Venezuela produzca un marco jurídico para la defensa de sus activos y bienes en el exterior, al mismo tiempo que impulsa mecanismos punitivos sobre sujetos nacionales que representan intereses extranjeros —de facto y de iure—, quienes buscan desarticular el Estado y despojar a la población de su soberanía al sumarse a intereses corporativos.
