José R. Oro (Prensa Latina, 14-11-22)
Dos países gigantes, con muchos millones de kilómetros cuadrados cada uno, cientos de millones de habitantes, extrema polarización social, control de los medios por parte de oligarquías, agencias de inteligencia, mesianismo (1) político.
En la prensa brasileña, la palabra más frecuente en estos días es “transición”. El que se use con mucha frecuencia no hace a esta palabra ni más verídica ni menos equívoca. En realidad entre el gobierno de Bolsonaro y el que se avecina de Lula no puede haber transición alguna. El gobierno del derrotado “Mesías” proponía:
• El fin de la democracia tal y como la conocemos hoy
• El regreso de Brasil a un régimen dictatorial, sea este militar o disfrazado de “civil”, poner el nepotismo en plena acción, hijos, parientes, amigos y ex colegas de los cuarteles; basado en la “nostalgia” de un pasado cruel y de extrema desigualdad.
• Total Darwinismo social, un país de “sálvese quien pueda”, de tener o no tener.
• Racismo, desprecio a la mujer y a los pobres. Abandono de la Salud Publica, de la Educación, de la atención a los menos favorecidos.
• Entrega de la Amazonia a la voluntad de los mejores postores de la minería, de las plantaciones de cultivos de exportación, destruyendo al principal pulmón de la humanidad a razón de miles de hectáreas mensuales.
Como sabemos Lula se propone todo lo contrario, un programa de progreso social y de fortalecimiento de la democracia. Es decir entre ambas propuestas existe un claro e insuperable antagonismo, nunca podrá existir Bolsonarismo “Lulista”, como no pueden existir “líquidos secos” o la tan usada como desatinada expresión de “guerra civil”.
El cambio de gobierno en los EE. UU. en el primer trimestre de 2021, donde con la mayor reluctancia Donald Trump dejó la Casa Blanca a su actual ocupante Joe Biden, es muy diferente. Ambos líderes y las “cúpulas” de sus partidos representan por igual a las clases explotadoras, al complejo militar industrial, a sueños de “dominio mundial” y otras cosas parecidas y asociadas. En una sola palabra: “Imperialismo”.
Las diferencias entre Biden y Trump son bastante nocionales y cosméticas, aunque importantes sin dudas, en ellas el neofascismo de Trump es esencialmente una forma mucho más maligna, agresiva y metastática del mismo mal. Por eso entre ellos puede existir una transición entre la fecha en que el nuevo presidente fue electo y el día en que asumió el poder.
En el caso que discutimos, de Brasil, la situación en muy otra. Los objetivos del gobierno saliente y el entrante, son tan opuestos y excluyentes que no debemos hablar de una “transición”, sino sólo de un “traspaso de poderes”, que ojalá sea pacífico.
Armando el gobierno de una coalición bastante disímil, en un país confundido y polarizado.
Entre lo prometido en campaña y su implementación en la realidad de Brasil, hay una distancia que será salvada a partir de ahora por el equipo de transición del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), y el vicepresidente, Geraldo Alckmin (PSB), quien liderará el equipo que comienza a trabajar en la sede del Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A lo largo de la semana, el «Diário Oficial da União» traerá los nombres de los políticos y tecnócratas que ocuparán los 50 puestos provisionales asignados por la legislación al equipo del gobierno electo.
El inicio de los trabajos de traspaso se basará en un documento, aún no divulgado por completo, de cerca de 450 artículos que fueron elaborados a partir de los “Lineamientos del Programa de Reconstrucción y Transformación de Brasil 2023-2026”, los cuales se convertirán en el plan de gobierno de Lula y Alckmin, a partir de enero. El documento recibió más de 13 mil sugerencias de entidades y organizaciones de la sociedad civil y de personas que participaron de la consulta pública digital promovida por el PT.
El equipo que trabajará en la CCBB tendrá tres grandes núcleos, subdivididos en grupos sectoriales. Los ejes principales son el desarrollo económico, el desarrollo social y la defensa de la democracia, con foco en lo que internamente se denomina “reconstrucción del Estado brasileño”, cuyo objetivo es fortalecer las instituciones y dar más transparencia a los actos de gobierno, todo lo cual fue sistemáticamente atacado en la era Bolsonaro.
Este último equipo estará encabezado por el exministro Aloizio Mercadante, el coordinador de los “Lineamientos del Programa de Reconstrucción y Transformación de Brasil 2023-2026”, mencionados arriba, y que fuera registrado en el TSE como base del programa de gobierno Lula-Alckmin.
El mayor desafío será adaptar las promesas de campaña a las restricciones presupuestarias para 2023, que ni siquiera incluyen los gastos básicos de las políticas públicas en curso, como Farmacia Popular, comedores escolares y campañas de vacunación. Para ello, entra en escena el tercer equipo de transición, el político, encargado de concertar con los partidos a fin de ofrecer soluciones legales, viables y negociadas para hacer frente a la falta de recursos. A pesar de haber defendido la derogación de la Ley de Techo de Gastos, que condiciona su aumento a los ingresos del país, el presidente electo Lula ya avaló soluciones alternativas.
El mantenimiento de algún tipo de anclaje fiscal es defendido por economistas que apoyaron la elección de Lula. La tesis tomó fuerza en la reunión de la semana pasada entre Alckmin, Hoffmann y Mercadante con el relator general de Presupuesto, el senador Marcelo Castro (MDB-PI). En lugar de la propuesta de revocar el tope de gasto, se negocia una opción de excepcionalización del desembolso para cubrir los aumentos de la Bolsa Familia a R$ 600 (que volverá a tener ese nombre, luego de ser renombrada por el gobierno de Bolsonaro como Auxilio Brasil. Un USD equivale hoy a 5.15 reales o R$) y del salario mínimo, que será ajustado por encima de la inflación prevista para el próximo año.
“Técnicamente, lo más viable es mantener la regla del tope de gasto con algunas exclusiones”, dijo al informe uno de los especialistas que debería ser designado para trabajar en la CCBB. Esta alternativa también es defendida por el expresidente del Banco Central Henrique Meirelles, uno de los nombres más citados para asumir el Ministerio de Economía en enero, y por los economistas que crearon el plan Real Pérsio Arida y André Lara Rezende, invitados por Lula a sumarse al traspaso de poderes.
La factura del cambio de gobierno será alta. Un sondeo preliminar del equipo de campaña Lula- Alckmin apunta que serán necesarios al menos R$ 150 mil millones para cubrir los gastos comprometidos por el presidente electo. Además de mantener la Bolsa Família en R$ 600 y el aumento real del 1,3 al 1,4 por ciento del salario mínimo (que costará R$ 52 mil millones y R$ seis mil 100 millones, respectivamente) seguirá siendo necesario:
• más R$ 18 mil millones para garantizar el pago adicional de R$150 por niño atendido en el programa de transferencia monetaria
• R$ 7 mil millones para renegociación de deuda de estados y municipios
• R$ 1,2 mil millones para Farmacia Popular
• R$ 10 mil millones para eliminar la COLA (Ajuste por el costo de la vida) de la Seguridad Social (especialmente pensiones)
• R$ 21 mil millones para aumentar las exenciones del impuesto a la renta
• R$ 25 mil millones para inversiones en Minha Casa, Minha Vida, que será uno de los buques insignia de la política de reanudación de las inversiones públicas para reactivar la economía. En otras palabras atacar con la mayor seriedad el problema de la vivienda en un país caracterizado por las más contrapuestas e impugnadas “gentrificación” por un lado y “favelización” por el otro.
• Todo eso aparte de los recursos requeridos para la Educación, Salud Pública y el Medio Ambiente, tres prioridades del gobierno electo, aún no completamente calculados.
Uno de los puntos críticos que será evaluado por el equipo del gabinete provisional será la limitación presupuestaria para inversiones. Además del PEC de Transición, se discutirán otras alternativas. Uno de ellos es hacer uso de la prerrogativa constitucional de comprar bonos del Estado al Tesoro por parte del Banco Central. El artículo 164 de la Constitución, que define la exclusividad de la autoridad monetaria para emitir moneda por cuenta de la Unión, contempla la posibilidad del Banco Central de “comprar y vender valores emitidos por el Tesoro Nacional, con el objeto de regular la oferta monetaria” o la tasa de interés bancario.
El equipo de transición también se enfocará en la preparación de medidas que se implementarán en los primeros días de enero, como la reanudación de operaciones para reprimir la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el tráfico de drogas y armas en la Amazonía, y la revisión de todos los decretos emitidos por el presidente Bolsonaro que facilitaron el acceso a armas y municiones a los civiles, devolviendo al Ejército y a la Policía el papel de inspeccionar, rastrear y controlar esas armas.
La solución para las imperativas tareas de Lula, es de naturaleza político– social, y no económica o de otra índole, y hay que entenderlo así. El futuro gobierno se enfrentará al desequilibrio fiscal ante la persistente inflación por la que Brasil pasa y por demandas sociales apremiantes como la propagación del hambre, la devastación de bosques, en medio del desmantelamiento de organismos ambientales y ataques de actividades ilegales contra los pueblos indígenas; llevar la salud a los enormes remotos territorios del país y no solo a las urbes eurocéntricas; parar la desintegración de la educación primaria y secundaria pública, el desmantelamiento de las universidades federales y la investigación en ciencia y tecnología. Se trata de inversiones vitales que no caben en el Presupuesto Nacional, que está constreñido hasta ahora por la medida constitucional del techo de gasto, ignorada solemnemente por Bolsonaro para implementar políticas con potencial para mejorar su desempeño en vísperas de las elecciones. Pero hay que hacerlo sea como sea y por eso es que el pueblo votó por Lula.
Tantos problemas se ven agravados por el contexto político: Brasil está amenazado por una militancia de extrema derecha ruidosa y armada, neofascista y punto; un Congreso Nacional que secuestró el Presupuesto y exigirá un precio para acordarlo con el nuevo Ejecutivo; por la resistencia militar a devolver la gestión del país a los civiles; además de la politización y maquinaciones de los órganos de control. Una “frazada” tan corta para cubrir tal dimensión de desafíos sectoriales solo puede ser resuelta por la política, en un pacto nacional basado en valores democráticos, sociales y ambientales. A su favor, Lula, que cuenta con el apoyo de funcionarios gubernamentales que combatieron y combaten el ascenso de la extrema derecha, tiene una reconocida capacidad de articulación política, y en ese proceso tendrá asimismo un creciente apoyo popular.
Después de la experiencia con Bolsonaro quien, en cuatro años, se dedicó a atacar las instituciones democráticas y a hacer declaraciones desastrosas con impacto en varias dimensiones de la vida brasileña, es en la política donde se resolverán los problemas de la economía. “Lula tiene experiencia, construyó un frente amplio durante la campaña, no se trata solo de un frente electoral, sino que señala las condiciones de gobernabilidad”, dice el economista Paulo Nogueira Batista Júnior, quien fue vicepresidente de Novo Banco de Development (NBD), establecido por los BRICS en Shanghai (2015-2017) y director ejecutivo para Brasil y otros países en el FMI en Washington (2007-2015).
En un corto plazo, la buena noticia es que el PIB de Brasil debe crecer en 2023 más de lo previsto por los analistas a principios de año; y el desempleo, aunque sigue siendo alto, está por debajo de su pico cúspide. Pero hay serios problemas: empezando por la persistente inflación, contenida en vísperas de las elecciones por el otorgamiento de subsidios a los combustibles, telefonía, transporte público y energía, estilo Trump y Bolsonaro para tratar de reelegirse a fuerza de” billetazos”.
La lista es larga. Son demandas sociales, de salud, educación, ciencia y tecnología, ésta, en particular, afectada por el desmantelamiento de las universidades públicas federales y los sectores de investigación. Es necesario retomar una política de ciencia y tecnología que no existía durante Bolsonaro. Las universidades públicas federales y los centros de investigación están en “modo de supervivencia”, pues sufrieron recortes en más del 90 por ciento de los recursos asignados. Se auguran años para la recuperación del daño causado al sector de la ciencia y la tecnología.
El trabajo con el Congreso, que no será nada fácil
Para programar las políticas de gobierno y de inversión, el gobierno de Lula deberá articularse con el Congreso Nacional. Para deshacerse del tope de gastos, norma constitucional propugnada por Henrique Meirelles- exministro de Finanzas de Michel Temer-, Bolsonaro hizo aprobar la Enmienda Constitucional del Estado de Emergencia, que permite al gobierno gastar fuera del tope de desembolso más de R$ 41.25 mil millones para fines de este año.
El Proyecto de Ley de Presupuesto Anual 2023 (PLOA), que se encuentra en el Congreso Nacional, apunta a la dramática compresión de los niveles de inversión, por ejemplo, en infraestructura, investigación científica y políticas públicas del futuro gobierno: el techo de gasto primario se estimó en R$ 1,8 billones, y en el ámbito de los gastos obligatorios estos alcanzan el 92,7 por ciento del techo.
Las contribuciones del Programa “Niño Feliz’ también se redujeron a la mitad. Para salud, la propuesta de presupuesto representa el nivel más bajo de inversiones desde 2014: en comparación con el año pasado la reducción esperada es de 10,1 por ciento.
Además de los cambios constitucionales, el gobierno de Lula deberá renegociar con el Congreso Nacional una estructura más equilibrada del Presupuesto Nacional, incluyendo el fin de mecanismos poco transparentes, como el llamado “presupuesto secreto”, establecido en el gobierno de Bolsonaro.
Desmilitarización del gobierno y la administración publica
Si con el Congreso Nacional el ejecutivo de Lula tendrá el desafío de renegociar los términos de gobernabilidad, con las Fuerzas Armadas deberá hacerlo para la desmilitarización de la administración pública.
“Una gestión militarizada contribuyó a la militarización de la política. Y habrá resistencia en las Fuerzas Armadas: los altos oficiales recibieron muchos beneficios, cargos y aumentos de sueldos”, evalúa el politólogo Pedro H. Villas Bôas del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (IESP-UERJ) y coordinador del laboratorio de Estudios de Políticas de Defensa y Seguridad Pública. “Aunque las Fuerzas Armadas tengan fuertes grupos internos y tensiones, tienen en común un fuerte sentido de pragmatismo”, agrega. Entienden que no es natural la militarización de la sociedad de manera permanente.
Creo que las Fuerzas Armadas reconocerán los resultados de las elecciones. Hace unos días, el Senado estadounidense aprobó una resolución presentada por Bernie Sanders y otros legisladores demócratas, a favor de la ruptura de relaciones y la asistencia militar entre países en caso de golpe de Estado.
A diferencia del cuerpo de oficiales (a quienes les sirvieron con la “cuchara grande”), la base militar no tuvo beneficios salariales bajo el gobierno de Bolsonaro y no tienen compromiso con el neofascismo.
Son tres elementos que le dan fuerza a Bolsonaro: los evangélicos, los militares y el populismo, en esa relación directa con sus seguidores, a través de las redes sociales principalmente.
Lula necesitará invertir mucho en fortalecer la democracia. Brasil retrocedió grandemente desde el 2016 a la fecha. Por lo tanto, tendrá que robustecer nuevamente las instituciones, que son los filtros más importantes en una democracia, cuya misión de critica relevancia es evitar que un Bolsonaro llegue al poder nuevamente. Además Lula tiene que tomar acciones osadas y enérgicas para satisfacer la gran deuda social que acumula el pueblo brasileño, el que con su voto, le encargó hacerlo, no sólo explicarlo.
Como salta a la vista entre esta semana y el 1 de enero del 2023, en Brasil no va a ocurrir una “transición”, no es posible. Lo que sucederá es un “traspaso de poderes”
Nota. –
El “mesianismo” es una forma fantasiosa, quimérica, del pensamiento social idealista, y se relaciona con una interpretación de la historia donde el cambio de un estado del desarrollo de una sociedad o grupo de creyentes será originado por la llegada de un «mesías» o héroe, casi siempre sobrenatural y con superpoderes, al que corresponde el establecimiento de un nuevo orden que dará origen a un mundo utópico, de ordinario concebido como “perfecto e imperecedero”. Incluye en su escatología a “Führers”, “Caudillos”, “Iluminados”, “Profetas y enviados de Dios” entre otros.
