Último tercio del siglo XIX: Población, reparto del patrimonio nacional y dependencia financiera de la República Dominicana

Por Juan de la Cruz

 

Hacia la década de 1870 la República Dominicana estaba subpoblada, ya que la población se estimaba en alrededor de 200 mil habitantes, si se toma en cuenta que hacia el año 1863 la iglesia católica estimaba la población en 200,700 almas mientras que la Comisión Norteamericana de Investigación que visitó el país en 1871, con miras a dar su visto bueno para anexarlo a Estados Unidos, la estimaba en 150,000 personas. En 1887 fue realizado un nuevo censo por la curia, que evidenciaba un gran crecimiento: la población fue fijada ahora en 382,312 almas. Abad estimaba que en 1888 la población era de 415,000 a 416,000 habitantes. Este crecimiento lo confirmaba un estimado de 486,000 habitantes en el año 1897; en 1898, Meriño calculó el total de la población en 458,500 habitantes.

En 1888, Abad estimaba el número de extranjeros en 25,000 personas. Esto era un seis por ciento de la población total de 416,000 almas. El fuerte aumento poblacional durante las últimas décadas del siglo XIX que se pone en evidencia en estas cifras es confirmado por los datos sobre los cambios en la distribución geográfica de la población. Entre 1875 y 1880 surgen dos poblaciones en el Cibao (Tamboril y Esperanza) y una en el suroeste (Duvergé). En los años ochenta y noventa se acelera el ritmo de fundación de poblaciones de manera espectacular: del total de 38 poblaciones fundadas en el siglo XIX o ascendidas a puerto cantonal o común, 25 lo son en las últimas dos décadas.

De una docena de estas poblaciones es posible señalar claramente los factores que fomentaron su crecimiento: el cultivo del azúcar (San Pedro de Macorís, Montegrande, Mendoza, La Isabela, Haina, Sabana Grande, Villa Duarte); la producción de guineos (La Romana); la construcción de ferrocarriles (Bajabonico, Pimentel, Villa Rivas y Sánchez). Diez de las 25 nuevas poblaciones estaban situadas en la región sureña; seis en el Cibao; tres en el centro de la costa norteña; dos en la Línea Noroeste; dos en la provincia oriental El Seibo; una era terminal del ferrocarril y puerto en la Bahía de Samaná; y una estaba en el suroeste.

Dos conclusiones se pueden sacar de estos datos: 1. El gran número de nuevas poblaciones en el último cuarto del siglo XIX confirma nuestros datos sobre el crecimiento poblacional en este período; 2. El surgimiento y crecimiento de nuevas poblaciones era, si no en sentido absoluto, por lo menos en sentido relativo, mucho más impresionante en el Sur que en el Cibao. La supremacía del Cibao es disputada por el Sur en este período; la lucha entre el “tabaco” y el “azúcar” estalla; pero por ahora solo nos centraremos en el aspecto demográfico.

Ahora examinemos el desarrollo poblacional de las capitales de las dos regiones más importantes del país: Santiago y Santo Domingo. En 1871 Samuel Hazard estimaba que Santiago de los Caballeros tenía unos 8,000 habitantes. Según un censo, en 1889 la ciudad de Santiago tenía 5,669 habitantes; tenía entonces 32 calles y 1,130 casas. En 1890, sin embargo, volvía a estimarse el número de habitantes en 8,000 personas. En 1899 el número de habitantes había aumentado, según censo, a 9,398 personas. En 1906, finalmente, había crecido a 10,897 santiagueros.

La ciudad de Santiago de los Caballeros tenía para entonces 2 bibliotecas públicas, 3 imprentas, 8 periódicos, 2 fotógrafos, 15 sastres, 16 negocios de alta costura y moda, 7 abogados, 1 ingeniero, 7 médicos, 3 notarios públicos, 3 dentistas, 3 farmacéuticos, 5 maestros músicos, 42 músicos, 4 oficiales en talleres de mecánica, 2 maestros en esto, 215 cigarreras, 608 aplanchadoras, 389 lavanderas, 230 cocineras, 233 criadas, 68 criados, 704 costureras, 13 dementes, 2 ciegos, 15 pordioseros, 1 librería, 8 farmacias, 2 hoteles, 61 tiendas mixtas de detalle, 87 pulperías o tienda de provisiones al detalle, 247 comerciantes y 108 dependientes de comercio, entre otras actividades, de acuerdo con los datos proporcionados por el destacado intelectual Eugenio Deschamps.

La población de Santo Domingo en 1871 era estimada en 6,000 habitantes. Hazard, que visitó la ciudad en ese año la llamó “un lugar viejo y extraño” donde “ninguna mano del progreso” era visible. Hazard también afirmaba: “En realidad, es dudable si la ciudad de Santo Domingo, bajo cualquier circunstancia, se convertirá jamás en un gran centro comercial… Aún su posición como capital será debatida, creo, por la ciudad del interior, Santiago, la cual, localizada en el centro de la isla, en medio de una región agrícola de la más alta calidad, con comunicaciones por vía acuática a todas partes, tendrá, ayudada por el ferrocarril, el poder decisivo de la isla, convirtiéndose en una segunda Chicago”.

En 1893 la población había aumentado a 14,072 habitantes. La ciudad tenía entonces: “calles, de Norte a Sur: 15; de Este a Oeste: 19; cuarteles municipales: 6; Iglesias Católicas: 14; Protestantes: 1; Edificios Públicos: 33; casas altas: 293; bajas: 2.354; Establecimientos de Enseñanza Públicos: 20; particulares: 17; Bibliotecas Públicas: 4; Librerías: 4; Periódicos Nacionales: 12; Talleres de pintura, fotografía, escultural, fundición, herrería y maquinarias: 6; Abogados: 20; Notarios Públicos: 5; Ingenieros, agrimensores y maestros de obras: 12; Médicos: 18; Boticas: 10; Dentistas: 4; Asilos de Beneficencia: 3; Manicomio: 1; Sociedades Literarias: 3; Filantrópicas: 10; de recreo: 6; filarmónica: 1; religiosas: 6; coches de alquiler:» 23; particulares: 24; carretas: 135; vagones: 11; Fábricas comerciales: 20; Parques: 3; Plazas y Plazoletas: 8; Cementerios: 2; Alumbrado público (faroles): 356; Hoteles, cafés, restaurantes: 11; Clubs: 2”.

En 1898 el padre Meriño fijaba la población de Santo Domingo en 20,000 habitantes. Para finales de los años ochenta, el crecimiento de la capital fue mucho más espectacular que el de Santiago, lo cual resultó en una población dos veces mayor a final de los años noventa. En ese mismo período la común de San Pedro de Macorís creció, gracias al azúcar, de una pequeña aldea a una ciudad de unos 8,000 mil habitantes. La explosión demográfica y urbana del Sur frente al Cibao queda claramente ilustrada.

 

La estructura agraria de República Dominicana

Es importante destacar que en las últimas décadas del siglo XIX en la República Dominicana había una superabundancia de tierras de labranza, situación que condujo a situaciones caóticas con respecto a la propiedad de la tierra, ya que prevalecían los terrenos comuneros, terrenos indivisos o no mensurados. La infraestructura deficiente, la inestabilidad política y la escasez de trabajadores llevaron al predominio de las empresas ganaderas, que exigían poco personal, en el este y el oeste, y a una rotación de los cultivos en el Cibao, donde, sin embargo, se producía también para la exportación. Sólo en la parte costera del sur existía el cultivo tradicional de caña con fines diferentes al del consumo doméstico.

La explotación primitiva de maderas finas era de importancia sobre todo alrededor de Barahona y Monte Cristi; también se producía miel y cera en pequeñas cantidades. Sólo propiedades de entre 1,000 y 10,000 acres eran consideradas verdaderos latifundios; el número de latifundistas privados era considerado como muy pequeño; arrendaban sus terrenos o practicaban agricultura extensiva. Los principales terratenientes eran el Estado y la Iglesia.

En el país hubo una regresión en sus aspectos sociales, lo que algunos investigadores podrían denominar “democratización” o “nivelación”, la cual fue causada por la decadencia económica y demográfica que resultó fundamentalmente de las numerosas guerras y turbulencias internas. Cabe también recordar que el ocupante haitiano había procedido a realizar una enorme confiscación de bienes, no sólo eclesiásticos, sino también privados, y que este aumento de la propiedad del Estado no había sido deshecho por los gobiernos del Estado dominicano independiente, posterior al 27 de febrero de 1844.

En esta situación de caos jurídico, que sólo era tolerada por la casi insignificancia de la propiedad de terrenos, se efectuó un cambio a fines de los años setenta del siglo XIX, cuando se puso en marcha la producción azucarera a gran escala. “De algún tiempo acá, sobre todo después que estalló la guerra de Cuba, es que la agricultura ha comenzado a tener vida, con el establecimiento de fincas de caña en gran escala, en que se han invertido grandes capitales extranjeros importados por la inmigración cubana y otros nacionales también de consideración que han cambiado por completo la faz del país, en el que abundan hoy las empresas agrícolas de todo género, siendo ya respetable la exportación que se hace por sus puertos, no sólo de azúcar en bruto y centrifugado, sino también de tabaco, café, cacao y otros frutos”, decía el padre Fernando Arturo de Meriño en su obra Elementos de Geografía Física, Política e Histórica de la República Dominicana.

Entre 1875 y 1882 se fundaron treinta “haciendas de caña”. Cuatro de ellas eran “centrales”, que recibían la caña exclusivamente de colonos contratados, a saber “San Luis” en Pajarito, fundado en 1881 por los hermanos Cambiaso, con terrenos cultivados de 2,400 tareas y 4,600 tareas por cultivar, dividido entre 10 colonos; la central “San Isidro” en Pajarito, propiedad de Hatton y Hernández, fundada también en 1881, con 4,290 tareas cultivadas y con 12 colonos; la central “La Duquesa” fundada en 1882, de A. Bass y F. van Krosigh en la Isabela (común de San Carlos), de 6,000 tareas (“en instalación, sus aparatos serán de triple efecto, y un ferrocarril, ya principiado, conducirá la máquina y los productos de los colonos al batey”) y la central “Ocoa” de I. Heredia y Cía., en Palmar de Ocoa (común de Baní), fundada en 1882, con 3,000 tareas y 15 colonos.

Tres ingenios eran “mixtos”: el ingenio “Constancia” de Heredia y Ureña en Pajarito, fundado en 1878, que trabajaba con 4 colonos y con terrenos propios, en total 2,200 tareas: luego el ingenio “Porvenir” de Santiago Mellor en San Pedro de Macorís, fundado en 1879, trabajando con 21 colonos y 1,200 tareas de terreno propio y el ingenio “La Fe”, de J. E. Hatton y Cía., en San Carlos, que trabajaba con 2,750 tareas y 7 colonos, quienes poseían en conjunto 2,250 tareas. El ingenio “Esperanza”, de Joaquín Manuel Delgado, fundado en San Carlos en 1875, era ya de gran extensión: 5,000 tareas y equipado con una «máquina horizontal de 16 pulgadas de diámetro, 2 trenes jamaiquinos, 6 centrífugas de “Laffertey”.

De estos treinta ingenios sólo 3 se hallaban en el norte: 2 en el Distrito de Samaná y 1 en el Distrito de Puerto Plata; estos tres fueron de los primeros en fundarse (en 1877 y 1878) y eran de pequeñas dimensiones (1,200, 1,200 y 600 tareas, respectivamente). Todas las otras plantaciones se encontraban en el sur, al oeste de la Capital: 1 en Azua, 3 en Baní y 2 en San Cristóbal; alrededor de la Capital: 6 en San Carlos, 5 en Pajarito, 2 en Sabana Grande de Santo Domingo y el resto al este de la Capital, entre ellos 2 en San Pedro de Macorís. Los dos ingenios más pequeños ocupaban 250 tareas cada uno, los dos mayores 6,000 tareas cada uno; el tamaño promedio era de alrededor de 2,000 tareas. La producción azucarera promedio era de entre 10 y 12 quintales por tarea, aunque en terrenos buenos se alcanzaban a veces 20 quintales.

Entre los propietarios había personas con apellidos que no eran de origen español: apellidos italianos como Vicini; apellidos aparentemente alemanes como Bass, Von Krosigh, Smidt y Hachtmann y apellidos anglosajones como el de William Read, Fowle, Carolo Carroll, Hatton y Stokes.

Entre los cubanos pioneros estaba Salvador Ross, quien por sus grandes méritos recibió en junio de 1893 una medalla de oro de la ciudad de San Pedro de Macorís. En esa ocasión Ross dijo que en la República Dominicana no sólo había logrado reconquistar su fortuna, sino que «la he aumentado considerablemente«. Poco tiempo antes había demostrado su riqueza pagando, junto con su compatriota Juan Amechazurra, $200 por un palco en el teatro municipal.

Ya en 1882 podía observarse cierta concentración de la propiedad de plantaciones: los señores Hachtmann, Peralta y Hatton poseían cada uno (parte de) dos plantaciones. Vicini, que iba a hacer gran fortuna en los años siguientes y cuyos intereses financieros iban a estar muy vinculados con el régimen de Ulises Heureaux, era mencionado en 1878 sólo como copropietario de un ingenio. Pero en 1887 obtuvo permiso para importar con exención de aranceles, maquinarias para 4 nuevas plantaciones, mientras en 1893 también es mencionado como propietario del ingenio ‘Angelina’ en San Pedro de Macorís, y en el año siguiente recibe una concesión para fundar el ingenio “Central Azuano”, concesión que es renovada en 1897, cuando también recibe permiso para abrir en la común de Azua los pozos necesarios para irrigar los campos de caña.

La fundación de nuevos ingenios continuó, pues, en la década del 1880 y 1890, siendo la región alrededor de San Pedro de Macorís y más hacia el este, donde más se expandió la superficie plantada. Los norteamericanos comenzaron a interesarse en la zona de La Romana. En carta del 23 de febrero de 1888, el presidente Heureaux confirma a Joaquín M. Delgado en Santo Domingo, “que es usted apoderado del señor H. Newcomb para agenciar el negocio de la compra de terrenos en La Romana, y solicitar del Gobierno la renovación de la concesión que le otorgara al señor Newcomb y compañeros que perimió (sic) por falta de cumplimiento de los concesionarios… que estoy dispuesto a vender al señor H. Newcomb las veinte y cinco caballerías de terrenos en La Romana, que conforme a la promesa de venta que yo le hiciera, se estipularon en $10,000 -oro americano-“; pero todavía en 1897 esta región era utilizada principalmente para el cultivo del guineo por La Romana Fruit Company, y no, como actualmente, para el de la caña.

De las tres fincas de azúcar más importantes de San Pedro de Macorís en 1889, a saber “El Porvenir”, “Cristóbal Colón” y “Puerto Rico”, las dos últimas habían sido fundadas después del 1882. El ingenio “Puerto Rico”, pertenecía al puertorriqueño J. Serralles y empleaba 600 trabajadores en 1893; colindando con su ingenio Serralles tenía también una plantación de café. En este último año el ingenio “Santa Fe” utilizaba un tren para llevar’ y traer a los trabajadores de la ciudad, y Salvador Ross instaló una línea telefónica entre su ingenio y su almacén en la ciudad; Ross ya tenía un coche Pulman.

También W. L. Bass del ingenio “Consuelo” en San Pedro de Macorís pensaba instalar una línea telefónica entre la central y las casas de sus colonos. Las ideas progresistas de Bass también se manifestaban en su política de repartición de beneficios: como decía el periódico Listín Diario del 15 de junio de 1893, hacía colonos de sus trabajadores, dándoles por cada 200 libras de azúcar que producían, 75 libras como prima.

En 1897 la mecanización del transporte de azúcar estaba ya muy avanzada: seis ingenios en la provincia de Santo Domingo tenían en ese año 110 kilómetros de líneas ferroviarias (el ingenio Santa Fe sólo tenía 30 km. y 4 locomotoras para transportar su producto directamente al muelle Ozama); 5 ingenios en el distrito de San Pedro de Macorís tenían un total de 108 kms. y 3 ingenios en la provincia de Azua tenían un total de 72 km. También la Cía. Frutera de San Lorenzo (Samaná Bay Fruit Cy) y la Cía. Frutera de La Romana, que cultivaban guineos, tenían líneas ferroviarias en ese año o estaban construyéndolas. También la elaboración moderna de los productos de residuo había recibido atención: en 1885 se otorgó una patente a Robert Graham para un “aparato, por el cual se hace instantáneamente combustible el bagazo de la caña de azúcar”.

En los dos últimos decenios del siglo XIX aumentó no sólo la producción de azúcar, sino también la de cacao y café: entre 1888 y 1897 la producción de azúcar fue duplicada, pero la de cacao y café fue cuatrodoblada, aunque el azúcar mantuvo su lugar dominante en las estadísticas de exportación. En esa época el cacao y el café eran preferidos al tabaco, el artículo tradicional de exportación del Cibao, cuyo comercio estaba por completo en manos de alemanes; los precios en el mercado de Hamburgo estaban sujetos a fuertes fluctuaciones y los tabacos dominicanos, cultivados con poco esmero, resultaron inferiores a los brasileños. Aunque en 1879 Luperón atribuía la enorme baja de producción (de unos 100,000 quintales a 35,000) principalmente a las copiosas lluvias de ese año, en 1882 Heureaux indicaba otras causas: » … le diré que el tabaco dominicano hubiera conservado su fama y supeditado al brasilero y colombiano si los cultivadores del Cibao hubiesen sido más celosos de su porvenir. No hay que echarles toda la culpa: ellos han sufrido directamente las consecuencias de las frecuentes guerras”.

Finalmente, se puede observar que también los políticos supieron sacar ventaja del florecimiento de la agricultura. Alrededor de 1880, “Luperón liquidó su casa de comercio y se entregó por completo a la agricultura -sembró 3,000 tareas de azúcar y fomentó una hacienda de cacao, café y frutos menores, y de crías de ganaderías y de aves”-, mientras Ulises Heureaux tenía en 1896 “conucos de café” en Las Yaguas y Baní, y en ese año “cedió” terrenos en Puerto Plata a la Cía. Agrícola de Puerto Plata, que era dirigida por sus amigos y prestamistas Batlle y Cocco, y que se dedicaba al cultivo del guineo.

Los efectos de la estructura agraria

El surgimiento de plantaciones modernas, especialmente de azúcar, tuvieron efectos directos en la estructura agraria de la República Dominicana, con la introducción de empresas de uso intensivo de capital, organizadas racionalmente, que periódicamente empleaban a un gran número de trabajadores y que estaban orientadas hacia el comercio en el mercado exterior. El sistema de los “terrenos comuneros” que, como hemos visto, se había mantenido sobre todo en el este de la República, no pudo seguir en pie cuando el auge del azúcar causó un rápido aumento del valor de la tierra.

Los títulos de estas tierras eran falsificados en gran escala: “La indolencia de los copropietarios en el ejercicio de los derechos de sus antepasados sobre la tierra… propició… las sorpresivas y extensas ocupaciones realizadas por personas que nunca habían figurado como copropietarios de esas tierras, amparándose por títulos falsos, mediante los cuales se usurparon grandes áreas de tierras que comprenden en la actualidad extensos potreros y plantaciones de caña de azúcar en la región oriental del país”, según Alcibíades Alburquerque en su obra: Títulos de los Terrenos Comuneros de la República Dominicana, pág. 32. “La progresión de títulos falsos en los sitios comuneros se operaba en razón directa con la mayor importancia que les daban las aplicaciones del capital al desarrollo agrícola, muy especialmente en el cultivo de caña de azúcar”, según Alburquerque, página 36.

En ese período los agrimensores públicos eran figuras clave en el proceso de reconocimiento formal de los derechos de propiedad, pues ellos tenían la autoridad “de juzgar la validez y la suficiencia de los títulos que fueran presentados por sus requirentes”, como lo expresaba la Ley de Agrimensores de 1882, en imitación a la de 1848. Según esta ley del 1882 podían ser agrimensores “los alumnos del Instituto Profesional que hubieran sido aprobados en el examen del segundo año de Matemáticas”. Frecuentemente los agrimensores recibían buenos terrenos en pago de su trabajo. Aunque en 1882 se introdujo el sistema de medidas decimales de superficie, el problema jurídico de los terrenos comuneros se mantuvo hasta 1911, cuando se hizo obligatoria la partición de estas tierras, pero con tantas posibilidades de escape que aún en 1947 se hizo necesaria una nueva legislación.

Ya en 1884, el intelectual Pedro Francisco Bonó decía en una carta al General Gregorio Luperón: “… he hecho ver, ciencia a la vista, las malas doctrinas reinantes en el Cibao y la demolición de su propiedad y su agricultura. He hecho ver la transformación del este; la traslación a título casi gratuito de su propiedad a manos de nuevos ocupantes encubiertos bajo el disfraz del Progreso. Progreso sería, puesto que se trata de progreso de los dominicanos, si los viejos labriegos de la común de Santo Domingo… fueran en parte los amos de fincas y centrales: si ya ilustrados y ricos como hacendados, en compañía de los que nos han dado el inapreciable favor de venir a nosotros, trayéndonos su dinero, sus conocimientos, sus personas, su trabajo, mandaran directamente sus productos a Nueva York. Pero en lugar de eso, aunque pobres y rudos, eran propietarios, y hoy, más pobres y embrutecidos, han venido a parar en proletarios. ¿Qué Progreso acusa eso?”.

En ese mismo año también Eugenio María de Hostos analizaba profundamente la situación agraria dominicana: “Íbamos, en apariencia, viento en popa”, escribe; “calculando en treinta y cinco el número de todos los ingenios de caña fomentados en toda la República; en 175 las caballerías de tierra consagradas al cultivo de la caña y locación de fábricas y máquinas; en 5,500 el número de jornaleros nacionales, en 500 el de extranjeros y en 200 el de maquinistas, maestros de azúcar y otros auxiliares técnicos que la fabricación en grande escala del azúcar ha hecho indispensable; tomando como valor medio de cada maquinaria…

En cada ingenio, un capital de $40,000; considerando invertido en cada uno de ellos otro capital de $10,000 en los medios de transporte y acarreo; computando en $5,500 diarios los salarios de todos los obreros, en sus varias categorías; calculando en $25,000 anuales la renta de la propiedad territorial de esos centros de producción; en $30,000 el interés del capital aplicado a la maquinaria; en $2,400,000 la producción anual de azúcares; en $183,750 los derechos fiscales de exportación, la República debía al fomento de ingenios de azúcar:

1o. El aumento de su capital social, en $21,088,750.

2o. La valoración económica de terrenos que sólo tenían un valor natural y la regulación de la propiedad territorial, que era completamente indefinida.

3o. El mejoramiento directo de sus medios de trabajo y el mejoramiento accesorio del trabajador.

4o. La adquisición de los procedimientos modernos de producción.

5o. El súbito cambio de la pequeña a la grande industria.

6o. El subsidiario del comercio casi exclusivamente nacional al casi exclusivamente internacional.

…Como secuela necesaria ·del rápido aumento de producción y de consumo aumentó el comercio de exportación y prosperó artificialmente el de especulación. De lo primero ha sido resultado favorable el progresivo crecimiento de las rentas del Estado, que casi han triplicado; y de lo segundo es síntoma desfavorable el malsano desarrollo del lujo pueril y jactancioso”.

Después de observar así los efectos inmediatos del auge de la industria azucarera, Hostos dirige su atención a los efectos estructurales. Señala el decaimiento de la ganadería en el este y de la producción tradicional del azúcar en el sur:

“Los hatos se han casi extinguido en demasiado avarientas exportaciones en masa; los trapiches que hormigueaban en los campos del Sud han ido desapareciendo rápidamente y el trabajador de todas estas comarcas ha ido abandonando su producción en corta escala por convertirse en agente de la producción de grande escala. Ese es un mal.”

Hostos recuerda que antes “se vivía pobremente, pero de propio fondo: el país vivía casi en absoluto de lo que producía el país. Poco trabajo le bastaba para el cultivo de los frutos menores y la crianza de sus ganados, y los mercados nacionales ofrecían copiosa fuente de consumos a la demanda pública. Contento de su pobreza, el país consumía lo que producía y nada más. Pero vinieron los ingenios, vino con ellos la oferta de trabajo y demanda de braceros, se hizo bracero el antiguo cultivador de breves predios, se abandonó el conuco, se descuidó la crianza de aves de corral, las pequeñas industrias agrícolas, la economía rural, cuanto por tradición o por instinto había servido para alimentar el consumo general, tanto hizo plaza al afán de ganaren pocos días el salario que sólo en semanas…, y aún meses de trabajo se ganaba antes, y por paradójico que parezca, el país era más pobre cuando más rico se hacía el Estado.

Todos hemos palpado aquí las consecuencias diarias de esa anomalía: todos hemos estado muriéndonos de hambre… de aquellos frutos espontáneos de las tierras tropicales, que a cada paso se han ido haciendo más raros y por lo mismo más costosos, y de aquellos artículos de primera necesidad que se han ido haciendo menos accesibles a medida que parecía más fácil la adquisición del numerario”.

Después de señalar que la crisis de la industria azucarera en el año en que escribe Hostos es atribuible en parte a “lo que…definen los franceses ‘saison morte’ empeora a por la dependencia de los hacendados de los comerciantes y banqueros de Nueva York, tanto con respecto a las ventas como al suministro de capital, el sociólogo puertorriqueño pasa a un ataque frontal contra la industria azucarera: “Esa industria que, por eso, desde el punto de Vista histórico, es abominable, se cimentó en la esclavitud. Esclavo el trabajador -el africano-, era esclavo el trabajo…; esclava también la propiedad que, en vasta proporción sola al privilegiado era accesible, era también barata la base principal de producción, la tierra. Baratos los dos agentes fundamentales de la industria, tocaba al tercer agente, el capital, la fácil tarea de monopolizar los beneficios”.

Sin embargo, la abolición de la esclavitud y de la trata de esclavos hizo imposible “seguir monopolizando la distribución de la riqueza que la fabricación de azúcar producía”, y así surgieron “los mal llamados Centrales”, donde, por lo menos en teoría, se llenaban los requisitos de la división del trabajo y donde se limitaba el derecho del capital (como factor de producción) a las ganancias, en favor de los factores trabajo y tierra: pues los propietarios de las centrales deben ocuparse solamente de la elaboración de la caña, deben ser industriales y no más: el cultivo de la caña debía estar en otras manos.

El origen de la crisis estructural está, dice Hostos, en que los industriales azucareros siguieron, como en la época de la esclavitud, afirmando el monopolio no sólo sobre el capital, sino también sobre tierras y trabajo; el margen de ganancias que reciben gracias a este monopolio es exorbitante: aun con los bajos precios del mercado de 1884, Hostos estima este margen en un 16 por 100. La crisis se origina, pues, “en el pedir capital a un interés mayor que el a que tiene derecho, y se busca antieconómicamente una ganancia superior a la que es lícito esperar”.

Y más adelante afirma nuevamente: “Nada importa al país que el capital aumente, porque no aumenta el bien de todos”. Hostos ve como remedio, por una parte, el establecimiento de un Banco Agrícola para los azucareros, y, por otra parte, la fundación de colonias agrícolas que, ocupadas preferiblemente por inmigrantes, se ocupen del cultivo de varios productos y, entre ellos, de caña; el productor de azúcar debe dejar al cultivador de caña la libertad de diversificar su agricultura.

Es interesante la opinión de Hostos de que el cultivo de caña es inferior al de remolacha; pues la remolacha es producida en tierras “de una potencia mecánica que no conocen las Antillas”; también este hecho demuestra la necesidad de diversificar la agricultura, por lo menos, si no se quiere ver con resignación la ruina de muchos ingenios, como había ocurrido en Puerto Rico y Cuba. Hostos termina su posición contra el monopolio y la monocultura diciendo: “…mientras no encontremos el modo de que coexistan grandes y pequeñas propiedades, grandes y pequeños capitales, grandes y pequeñas industrias…estaremos en crisis permanente”.

Las sabias amonestaciones de Hostos no surtieron efecto. Así continuaron en los años posteriores las quejas sobre la escasez de frutos menores. Después de indicar en su reseña anual de 1898 la necesidad de mejorar la calidad del azúcar, el café y el cacao por medio del establecimiento de fincas modelo o de una inspección agrícola provincial, cuyo inspector debería “aconsejar, hasta ejerciendo coacción, las mejoras que aconseja la ciencia”.

El Gobernador de la provincia de Santo Domingo el 8 de febrero de 1898 señaló que era necesario fomentar el cultivo de “frutos menores i de diario consumo cuya falta se nota tan sensiblemente en perjuicio de todas las clases, no permitiéndose que ningún estanciero o agricultor de frutos menores i con familia salga a trabajar fuera sin dejar sus conucos en buenas condiciones i de un tamaño proporcionado a su familia”.

En ese mismo año el Gobernador de Santiago aboga por la rebaja de las tarifas de transporte de frutos menores, algunos de los cuales se encontraban en abundancia en su provincia, mientras había escasez de ellos a poca distancia. Sin embargo, la producción de ciertos artículos de consumo local, como arroz, papas y cebollas era La escasez de trabajadores y, por consiguiente, los jornales relativamente altos que pagaban las grandes empresas agrícolas (durante la zafra de 1893 se pagaban dos a tres pesos por tarea en San Pedro de Macorís), ocasionaron una migración interna de carácter en parte permanente y en parte temporero, que explica la escasez de los frutos vegetales tradicionales; algunos abandonaban definitivamente sus conucos, otros ganaban lo suficiente durante la zafra para no tener que trabajar mucho después en su propio terreno, insuficiente también en Santiago.

La escasez de trabajadores y, por consiguiente, los jornales relativamente altos que pagaban las grandes empresas agrícolas (durante la zafra de 1893 se pagaban dos a tres pesos por tarea en San Pedro de Macorís), ocasionaron una migración interna de carácter en parte permanente y en parte temporero, que explica la escasez de los frutos vegetales tradicionales; algunos abandonaban definitivamente sus conucos, otros ganaban lo suficiente durante la zafra para no tener que trabajar mucho después en su propio terreno.

Esta movilidad geográfica causaba intranquilidad. El Gobernador de Samaná se quejaba en 1898 de que la fuerza policial de la “gran finca de guineos de la ‘Samaná Bay Fruit Company’, en Sabana de la Mar”, era insuficiente “para contener las desgracias que a diario se suceden allí, donde vienen a refugiarse, so pretexto de obtener trabajo, los malhechores de todos los puntos de la República”. Pero no todo el mundo estaba convencido del atractivo de esta Compañía como patrono: un tal Marius escribía el 11 de junio de 1893 una carta en el Listín Diario, donde decía: “Los peones, hijos del país, son tratados como animales que no se estiman en nada. En vez de pagárseles semanal o quincenalmente, se les retiene arbitrariamente el fruto de su trabajo un mes y más, y como estos infelices autómatas necesitan obligatoriamente algunos avances para su alimentación, la Compañía les da a cuenta una especie de papel moneda que no garantiza al público, para que se vean obligados a gastar en la bodega que dicha Compañía tiene establecida y donde son sacrificados de la manera más incalificable y más cruel”. Por primera vez se menciona aquí el notorio sistema de vales que iba a extenderse también a la industria azucarera, y que iba a ser descrito más tarde, en todos sus aspectos negativos, en la novela Over, del escritor e historiador dominicano Ramón Marrero Aristy.

En el último decenio del siglo XIX se oían cada vez con mayor fuerza las protestas contra la vagancia y corrupción; esto se debía a la antes mencionada mayor participación de la población rural en la economía monetaria, en que sumas de dinero subjetivamente grandes eran entregadas periódicamente a personas que antes habían podido cubrir su gama de necesidades casi totalmente con los productos de su propia tierra, y también por el desarraigo que resultaba del aumento de movilidad geográfica.

El vicepresidente Figuereo confiesa en 1893, cuando está de tránsito en San José de Ocoa, ser “enemigo acérrimo y cordial de la vagancia, fuente de tantos males” y da “órdenes… para que dentro de seis meses todo el que hoy se encuentre en los campos sin ocupación conocida, tenga ya su labranza en perfecto estado de cultivo”.

La mayor circulación de dinero entre la población rural causó un enorme aumento del número de pequeños comerciantes y tenderos en el campo, y diversas autoridades atribuían la “vagancia” y “corrupción” del pueblo directamente a estos pequeños empresarios.

Los cambios en la estructura agraria de la República Dominicana en los tres últimos decenios del siglo XIX se pueden sintetizar así:

1) Se efectuó una transición de una agricultura y ganadería esencialmente autárquica (con la excepción marcada del cultivo de tabaco en el Cibao y de la exportación de maderas y ganado en el sur y este), a una industria azucarera que, con uso intensivo de capital, producía para el mercado mundial, mientras también aumentó considerablemente la exportación de cacao, café y guineos, cultivados en parte en modernas y grandes empresas agrícolas.

2) En el sistema de tierras comuneras, que se había establecido por una regresión del patrón tradicional pseudo feudal de propiedad de tierras, y la consiguiente posibilidad de negociar las “acciones”, surgió una crisis como resultado del alza en el valor de la tierra; de esta crisis emergió, pero no antes del siglo XX, y a costa de la falsificación y el fraude, un patrón claramente definido de propiedad privada.

3) Desaparecieron totalmente las formas tradicionales de producción azucarera y parcialmente de las empresas ganaderas que empleaban poco personal, mientras que el cultivo de frutos y vegetales tradicionales disminuyó notablemente.

4) Las nuevas grandes empresas agrícolas fueron fundadas primero por particulares, en su mayoría extranjeros (sobre todo cubanos e italianos), y en una fase posterior también por compañías norteamericanas.

5) Aumentó la movilidad de la población rural, que obtuvo mayor participación en la economía monetaria, de la cual se beneficiaron sólo en parte los comerciantes urbanos ya establecidos, pues la bodega central, que por medio del sistema de vales (introducido probablemente por las compañías norteamericanas) ataba a los propios trabajadores, también obtuvo como clientes a los comerciantes ambulantes árabes; esto resultó en una reducción del radio de acción comercial de los centros urbanos.

Los cambios aquí señalados en la naturaleza e intensidad de la producción agrícola afectaron a todos los sectores de la vida social, pero desde luego a algunos de manera positiva y, a la gran mayoría, de manera muy negativa. En estos cambios se puede observar claramente que hubo un proceso acelerado de acumulación originaria del capital, donde la industria azucarera se convirtió en el detonante principal del desarrollo capitalista de la República Dominicana en el siglo XIX, llevando a la pobreza y convirtiendo a los pequeños y medianos productores libres, en obreros asalariados del gran capital extranjero, al ser despojados de sus predios agrícolas, al amparo de las legislaciones que le ordenaban a los propietarios realizar la mensura, partición y titulación de los terrenos comuneros. Este proceso no lo pudo realizar la mayoría de los campesinos dominicanos por carecer de los recursos o de los conocimientos necesarios y en otros casos por haber sido estafados por las transnacionales o los inversionistas extranjeros que se establecieron en el país.

Transformaciones en las comunicaciones

De los doce proyectos de ferrocarriles que se planificaron en diferentes puntos del país, sólo dos (ambos en el Norte) condujeron en el siglo XIX, a cierto resultado exitoso. En los dos estaban interesadas firmas europeas. El primero, el ferrocarril Sánchez-La Vega, con sus ramificaciones (unos 130 kms.) fue explotado por la “Compañía Escocesa” privada; el segundo, de Puerto Plata a Santiago (68 kms.) estaba en manos de la compañía estatal “Ferrocarril Central Dominicano”.

Su construcción fue financiada por transacciones con la casa bancaria holandesa Westendorp, la cual en 1897, tras quebrar por los constantes fraudes cometidos por el presidente Ulises Heureaux (Lilís) con la entrada de mercancías de manera clandestina, entregó sus intereses y los de su representante C. J. den Tex Bondt, a la San Domingo Improvement Company de Nueva York. Una compañía filial de esta última, la San Domingo Railway Company, estuvo interesada en 1897 en el financiamiento del trayecto Santiago-Moca, el cual fue concluido en 1909 y que, al igual que la línea Moca-Salcedo, completada en 1918, era explotada por la compañía estatal. Así se refleja en la historia de la construcción del ferrocarril la muy importante transición de una supremacía europea de intereses comerciales y financieros a una predominancia norteamericana; esta transición comenzó a efectuarse precisamente en los años 90.

En el año de 1870 le fue otorgado a un tal Levi Guilamo el derecho “para construir las líneas telegráficas necesarias en la República”. Nada resultó de esto. En 1884 el Congreso Nacional aprobó una concesión similar al Conde Tadeo de Okza, quien la traspasó a la compañía francesa Société des Télégraphes Sous-marins. En el mismo año se iniciaron los trabajos y ya había en Santiago una oficina del ‘Cable francés’ bajo dirección de un francés. Al año siguiente funcionaban en Puerto Plata y Santo Domingo escuelas de ‘telegrafía práctica’. Pero la red tardó en extenderse: Monte Cristi vino a ser incorporado en 1890 -y sólo gracias a la subvención de $500 anuales de la importante casa, comercial del lugar J. I. Jimenes-.

San Pedro de Macorís en 1895. Azua vino después y Samaná fue liberada de su aislamiento en 1898 por la conexión con Sánchez, en que el pueblo “espontáneamente” ayudó a montar los postes. Un conflicto entre el Estado, el periódico Listín Diario con la compañía de telégrafos, relacionado con la confidencialidad de los telegramas entregados, contribuyó en parte a la decisión de aprobar la fundación de una “Estación Telegráfica Nacional”, independiente y con entrenamiento propio. El que sus aprendices en Baní y Azua rehusaran en 1897 distribuir los telegramas, deberá ser explicado por el prestigio que los nuevos técnicos se atribuían; M. de J. Troncoso, miembro de una familia en ascendencia, era en ese mismo año jefe de la Estación Telegráfica de Santo Domingo.

En 1886 se realizó una conversación telefónica en la capital: el 7 de enero “a las 5 p.m. el Rector del Colegio San Luis Gonzaga saludaba al Sr. Nasson, administrador del Electric Company desde su Colegio por medio del teléfono. ¡Bien por el Progreso!”. Abad hablaba ya en 1888 de una red telefónica en la capital. En San Cristóbal “el farmacéutico Luis Ruveno pidió autorización al Ayuntamiento el 4 de julio 1891 para instalar un teléfono de su casa a la casa morada del Dr. F. Gonzales en la Calle Republicana”. Ya anteriormente vimos que en 1893 fueron instaladas líneas privadas en las plantaciones de azúcar de San Pedro de Macorís. Sin embargo, no hubo un rápido progreso: aún en 1898 se hablaba de “algunos hilos telefónicos en la Capital y otros puntos”. En Santiago el gobierno instaló en 1897 la primera línea entre la Fortaleza San Luis y la Gobernación; fue en 1910 cuando comenzó a funcionar una red telefónica urbana, como empresa privada.

En Santiago se construyeron puentes en 1882 y 1887 sobre el arroyo de Nibaje y el de Gurabito, respectivamente, ambos con capital nacional. En Santo Domingo la construcción del “Puente Heureaux” (hoy puente de La Bicicleta) sobre el río Ozama fue dirigida por el ingeniero norteamericano Howard Crosby; en 1898 el gobierno se hizo cargo de este puente y el financiamiento de esa transacción le causó preocupaciones a Heureaux: “…el gobierno americano casi en forma de ultimátum me exigió por medio de su Ministro en Puerto Príncipe el pago inmediato de una cantidad que habíamos convenido en que se la pagase a plazos, por sentencia arbitral sobre el puente del Ozama, que era propiedad de un ciudadano americano …; no me quedó más dilema que escoger entre una coerción brutal al país o el pago inmediatamente exigido”.

Mientras que en los años setenta apenas podían hallarse carretas en Santo Domingo, en 1893 disponía de 23 coches de alquiler, 24 coches particulares y 135 carretas. En Santiago el primer vehículo fue importado en 1879. Las primeras carretas aparecieron en 1881, el primer coche en 1890 y el primer quitrín fue construido en 1894 por el doctor don Eusebio Pons. En 1897 la capital poseía un tranvía de tracción animal, con un trayecto de unos 3 kms., “la mitad en las calles y el resto en las afueras”; también Monte Cristi tenía uno, que iba del muelle a la ciudad. En Santiago y la capital las primeras bicicletas hicieron su aparición en 1896; en la capital había quejas en ese año por el ruido de los “fotutos”; no obstante, se organizó en noviembre la primera carrera de bicicletas. El tránsito urbano fue fomentado también por la instalación del alumbrado eléctrico en los años noventa: en 1893 el Ayuntamiento de la capital pedía permiso al Congreso para emitir un empréstito para ese fin.

Cambios en la Estructura del Poder Económico

En 1884 el azúcar, como nuevo producto de exportación, le producía al Estado dominicano 2.5% más ingresos que en 1870 todos los productos de exportación combinados. Los ingresos de Puerto Plata se redujeron aún en sentido absoluto, cosa que puede explicarse por la competencia del nuevo puerto cibaeño de Sánchez; en el Sur, sin embargo, el puerto de Santo Domingo demuestra no perjudicarse por el nuevo puerto de San Pedro de Macorís. La tendencia es evidente: los ingresos combinados en 1896 de los dos mayores puertos sureños, Sto. Domingo y San Pedro de Macorís, se relacionan a los dos puertos norteños, Sánchez y Puerto Plata 7.6%, mientras que en 1869 los ingresos portuarios de Santo Domingo eran menos de la mitad de los ingresos de Puerto Plata.

Había dos maneras en que los comerciantes contribuían al financiamiento de los gastos gubernamentales: de manera indirecta, por cuanto los derechos aduaneros de importación y exportación formaban la más importante fuente de ingresos estatales; e indirectamente, ya que muchos comerciantes fungían como prestamistas del Gobierno, a cambio de lo cual se le otorgaban frecuentemente exoneraciones de los derechos de importación o exportación. No pocas veces se estipulaba también mediante contrato, que una parte fija de los derechos de aduana de un puerto determinado servirían de amortización a la deuda contraída por el Estado. Aunque los prestamistas individuales siempre siguieron prestando sus servicios, tuvo acogida, al mismo tiempo, una institución colectiva de prestamistas, las llamadas Juntas o Compañías de Crédito, organizadas en cada puerto por los comerciantes locales; no pocas veces estas Juntas se hacían cargo del pago de los gastos fijos del Estado en su territorio, a cambio de una parte de los derechos de aduana.

En la capital la primera Junta de Crédito fue formada en tiempos del presidente Báez por este mismo; en 1879 1a deuda del Gobierno a esta Junta ya alcanzaba el “medio millón”, según Luperón. El Gobierno de Luperón estimuló también la creación de juntas de crédito. En torno a la de Puerto Plata (institución lucrativa en la que él también participó activamente), Luperón escribió: “Como no era posible cubrir un presupuesto de egresos sin tener una base sólida y constante de ingresos, tuvo el Gobierno que promover la instalación de la Compañía de Crédito, que facilitase recursos para atender con puntualidad a los gastos ordinarios y extraordinarios de cada provincia. En efecto, con fecha 1.0 de febrero (1880) celebró el Ministro de Hacienda un contrato con varios individuos de esta ciudad (P. Plata), en cuya virtud se comprometieron ellos a formar una Cía. de Crédito que suministre la suma de $16,000 mensuales a razón .de $4,000 cada semana, cobrando una prima de 10 por ciento sobre las cantidades anticipadas, y recibiendo el producto de todos los proventos de esta Aduana”.

Si consideramos que en esos años los ingresos portuarios de Puerto Plata todavía alcanzaban probablemente cerca de $300,000, el atractivo de un contrato semejante para los comerciantes salta a la vista. En 1880 se determinó que la Compañía en Santo Domingo cubriría los gastos gubernamentales en las provincias Santo Domingo, Azua y el Seibo. También en Samaná el Gobierno de Luperón hizo un contrato con una Compañía de Crédito, que debía pagar $60 diarios. Heureaux fundó en 1887 una nueva compañía en esa misma ciudad, consistiendo esta vez de “varios comerciantes de Puerto Plata, representados por el Señor Cosme Battle”, que además de un préstamo de $170,000 también pagaría diariamente $174.60 “para atender a los gastos de Samaná y Sánchez”.

En el año 1880, el principal comerciante (en maderas) de Monte Cristi se constituyó a sí mismo en una Junta de Crédito: “…aprobar el contrato en fh. 1 de abril ppdo. celebrado entre el ciudadano Admor. de Monte Cristi en representación del Gobierno y los señores J. I. Jimenes y Cía. constituidos en Junta de Préstamos para facilitar éste al Gobierno la suma de siete mil pesos, por una sola vez y la de siete mil trescientos veintinueve pesos, 93 centavos, durante cuatro meses a contar de la fha. Del contrato. También suministrará dicha Compañía la suma de cien pesos mensuales que se destinen a gastos de escritorio de la misma Junta. El interés era de 3 por ciento mensual”.

Era de esperarse que mientras fuera tan lucrativo para los comerciantes el hacer préstamos al Gobierno, éstos se opondrían a los esfuerzos de buscar fuentes de crédito en otra parte, a menos que ellos pudieran de alguna manera sacarles ventajas a esas manipulaciones internacionales o poner a salvo sus intereses de manera satisfactoria. Cuando en 1883 Luperón había acordado en nombre del Gobierno un préstamo de 12 millones de francos, así como el establecimiento de un Banco Nacional, con Eugenio Pereira, presidente de la Cie. Transatlántique, “después de ser aprobado y sancionado este contrato, se aplazó indefinidamente, dadas las aviesas versiones de los que formaban la Cía. de Préstamos de la capital, oponiéndose a toda institución de crédito al Estado, como no fuese de ellos”.

Ya el 5 de mayo del 1882, Heureaux había puesto énfasis en la necesidad de un banco semejante: “Puedo asegurarle que si no se establece el Banco no me atrevo a hacerme cargo de la Presidencia, estamos sumamente mal de recursos, esta compañía (de Crédito, de la Capital) está sumamente alcanzada, se le deberá al terminar el período presidencial $100,000 y en P. Plata se deberá por lo menos $50,000, total $150,000. Si se instala el Banco nos queda libre nuestro camino y es afectarle al Banco el 70 por ciento de nuestras entradas (de aduana) en garantía de las sumas que anticipa y rescindir los contratos con las Compañías, dejándoles el 30 por ciento, para que amorticen la deuda pendiente”.

También en los años siguientes Heureaux siguió siendo de la opinión de que un saneamiento de las finanzas sólo sería posible liquidando la deuda interna a las Juntas de Crédito, y esto por medio de un empréstito extranjero. Luperón, sin embargo, había abandonado este punto de vista en 1887, cinco años después de sus diligentes actividades en París: el empréstito que ahora iba a ser firmado, sin su cooperación (con la Westendorp, de Ámsterdam, Holanda), el cual le pareció menos atractivo, no obstante, los argumentos que Heureaux le añadía:

“…yo deseo aclarar nuestra situación financiera, aliviar el crédito interior del país y asegurar el crédito; el país debe interiormente 700,000 y paga de intereses 443,000; hágame el favor de decirme si el país puede continuar pagando esos intereses sin riesgos de arruinar a sus acreedores. Hay, pues, que buscar un empréstito que le permita al Gobierno liquidar su deuda interior y salvar los capitales comprometidos y a la Hacienda pública de los enormes intereses que paga”.

El empréstito Westendorp, como finalmente fue firmado en 1888 tenía muchas características fundamentales en común con las transacciones que los Gobiernos siempre habían realizado con los comerciantes locales; un control de la aduana que sería ejecutado por una “Caja General de Recaudación de Aduanas” (La Régie), dirigida por delegados de los banqueros. Esta debía asegurar que los intereses anuales de 55,654 libras esterlinas fueran producidos durante treinta años. Al momento de firmarse el contrato estos intereses anuales representaban menos del 24 por ciento de los derechos de aduana. El interés del empréstito de 770,000 libras esterlinas era de 6 por ciento anual y podía, por lo tanto, ser considerado -aún con una emisión a 75 por ciento- como muy bajo en comparación con los intereses usureros de las Compañías de Crédito locales y de los financiadores individuales.

El temor por los intereses de las Compañías de Crédito, cuyos créditos fueron pagados en parte en efectivo, en parte en Bonos Westendorp y en parte en bonos de una nueva Deuda Consolidada sin interés, jugó un importante papel. Así Heureaux logró quebrar el poder de las Compañías de Crédito, a cambio de compromisos externos. Esto no significaba en absoluto que también se hubiera eliminado el sistema de contraer deudas con comerciantes individuales. Por el contrario: cada vez era más evidente en los años ochenta y noventa un número de prestamistas privados que venían a colocarse en primer plano. Probablemente Heureaux pensaba que, manipulando a los financiadores individuales los unos contra los otros, estaría menos expuesto a presión que en el caso de las Compañías de Crédito.

Las ganancias obtenidas de estas y semejantes transacciones, al igual que la liquidación de las asociaciones colectivas de prestamistas, pusieron a Heureaux, en los años noventa, en condiciones de actuar él mismo como prestamista al Estado, en cooperación con otros financieros individuales: así fue aprobado en 1896 un contrato de préstamo “con el Gral. U. Heureaux y los Sres. Santiago Michelena y los Sucres. de C. Battle por cien mil pesos mejicanos, cuya suma ingresará en la Oficina Central para cubrir el déficit de enero y las erogaciones de febrero corriente”. Y en el mes siguiente Heureaux y Santiago Michelena prestaron nuevamente 140,000 pesos mejicanos al Estado, recibiendo ellos inmediatamente 16,000 “por descuento y comisión de la referida suma”.

Si observamos con más detalle la procedencia y las actividades económicas de los principales agentes financieros locales del Estado en las últimas dos décadas y media del siglo XIX, no causa sorpresa hallarlos al principio en la región tradicional del tabaco, sobre todo y en especial en la ciudad portuaria de Puerto Plata, que nombres como Cosme Battle, Tomás Cocco y Ginebra aparecen en primer plano. Ya en 1888 una parte de las ganancias de Battle le correspondía a Heureaux: “espero que… me serán enviados por el vapor Clyde los 8,437.50 balance a mi favor según contrato”. En 1891 Cosme Battle se había hecho cargo casi por completo del papel que antes había jugado la Compañía de Préstamo en el Cibao:

“…a suministrar mensualmente, por cuenta del Gobierno, a los Administradores de Hacienda de Puerto Plata, Santiago, Monte Cristi, La Vega, Espaillat y Samaná, el importe de los presupuestos de dichas Provincias y Distritos, a contar del mes de enero corr., obligándose el Gobierno a entregar al Sr. Battle todos los pagarés y liquidaciones, que por concepto del 65 por ciento sobre los derechos de importación y exportación, etc., se hayan causado desde el primero del corriente, y que se causen en lo sucesivo”.

También con la firma maderera de Monte Cristi, Juan Isidro Jimenes, ya largo tiempo establecida, Heureaux hacía transacciones monetarias, antes de que sus relaciones se enfriaran por desavenencias; el presidente admitía la evasión de derechos aduanales: “he arreglado con D. Juan Isidro Jiménez la manera cómo debe hacer la introducción de las mercancías de que me habló”.

Pero junto a estos comerciantes “tradicionales” comenzaron a surgir, también en el Cibao, varios nuevos comerciantes-inmigrantes como prestamistas, como el cubano José A. Puente que se había establecido en Sánchez, y que seguramente se dedicaba al comercio de cacao y café. Todavía en 1899 hacía negocios con el presidente, quien en ese año dió instrucciones al Inspector de Aduanas de Sánchez de hacer una reducción de 25 % sobre “todo, lo que importen los Sres. José A. Puente y Comp. y García Sánchez”.

Sin embargo, y totalmente de acuerdo con los cambios económicos que se efectuaron en el país, aparecieron lentamente como nuevos e importantes prestamistas, los individuos relacionados con la producción azucarera en el Sur. Este cambio, que se dibuja claramente sobre todo en los años noventa del siglo XIX, no sólo significó un traslado del foco económico del Cibao hacia el Sur, sino que significó además que comenzaron a actuar como acreedores los productores de azúcar en vez de los comerciantes. Esto hizo aún más evidente que antes, el carácter inmigrante del grupo de financieros que convirtieron al Estado en su acreedor.

Uno de los más importantes representantes de ese grupo era sin duda el italiano Juan Bautista Vicini. Aunque ya en el comienzo de los años ochenta hacía importantes negocios en el país -poseía entonces por lo menos un barco propio y en el 1882 tenía una oficina en Nueva York, su surgimiento como gran productor azucarero y financiero coincide con el régimen de Heureaux, a quien ya en ese año prestó importantes sumas de dinero. En 1893 las relaciones entre ellos eran tan íntimas, ya que Vicini actuaba como representante de Heureaux: “Con motivo de haber firmado Ud. a mi nombre el contrato que a la letra copio: -Entre los firmantes Sr. Charles W. Wells, en nombre y representación de la Santo Domingo Improvement Company de New York de que es Vice-Presidente y el Sr. J. Vicini como apoderado del General Ulises Heureaux, dueño de la acreencia que se mencionará más adelante, se ha convenido en lo siguiente: 1º.  La compañía se compromete a pagar al Sr. J. B. Vicini la suma de ciento cincuenta mil pesos plata corriente, de la manera siguiente: Desde el mes de mayo próximo la suma de dos mil ($2,000) mensuales por la Caja de Recaudación cada fin de mes durante dos años consecutivos, y al terminar los dos años pagará la Compañía el balance que quede a deber de los $150,000 en efectivos plata corriente en un solo pago … Me complazco al dar a Ud. las más expresivas gracias por haberme representado en esa ocasión rogándole continuar representándome para percibir las sumas a que se refiere el contrato de que se trata”.

En el mismo año Vicini pagó más de la mitad de los “gastos de guerra”, una suma de casi RD$38,000, que el presidente había tenido que hacer. El resto fue pagado por la Santo Domingo Improvement. En los años subsiguientes, Vicini siguió prestando grandes sumas al Estado, generalmente con una comisión de 5 por ciento y “con 2 por ciento de interés mensual”. En febrero 1897, la suma que le adeudaba el Gobierno a Juan Bautista Vicini era de $394,872.53. En 1898 Heureaux participaba en un empréstito al Gobierno, participación que «figura en nombre de Don Juan B. Vicini”. En el momento del asesinato de Heureaux, Vicini era con $400,000 en mucho el mayor acreedor criollo del presidente.

En ese mismo año, 1899, los derechos de exportación de casi toda la cosecha azucarera le fueron entregados a Vicini: “…el Gobierno ha celebrado un acuerdo con el señor J. B. Vicini al efecto de que le sea entregado al dicho señor Vicini o a sus agentes el producido de los derechos de exportación de todos los azúcares que se embarquen por el puerto de Macorís o por cualquier otro de la jurisdicción de ese Distrito, con excepción del producido de los derechos de los azúcares que se embarquen procedentes del Ingenio Porvenir del señor Santiago W. Mellar, hasta la suma de 540.000 oro y el producido de los derechos de los azúcares que embarquen los señores W. Biederrnann hasta la suma de 529.000 oro”.

Vicini también se ocupaba de asuntos monetarios: en 1892 presentó una cuenta “por concepto de la acuñación de la moneda”, y en el 1897 también estuvo relacionado con la acuñación de moneda de plata; después de la muerte del dictador creyó tener que excusar sus gestos pintando su relación con el Presidente como poco amistosa; él había, así escribía el 28 de noviembre del 1899 en el Listín Diario, advertido con frecuencia a Heureaux contra su política monetaria, por eso quizás era que el Presidente le odiara tanto, “habiendo recibido más que pruebas de la hostilidad que como Jefe de Estado hacía a mis intereses”. De tales “pruebas”, sin embargo, no hay constancia en diferentes los archivos del ultimado mandatario dominicano, sino todo lo contrario: eran socios comerciales y financieros.

Además de Vicini, actuaron como prestamistas del presidente Heureaux algunos productores de azúcar como Thormann, Biederrnann y Cía., Ellers Friedheirn y Cía. y Santiago W. Mellar, todos de San Pedro de Macorís. En los últimos años del gobierno de Heureaux se convierte también en prestamista importante Bartolo Bancalari, comerciante italiano, establecido primero en Samaná con su socio Gisbert, y cuyos intereses crecieron también en otras partes del país. Para liquidar sus deudas el presidente Heureaux tenía a veces que contraer otras con un competidor: “Ruego a Ud.”, escribía Heureaux a J. de Lemas en la capital, “que se sirva entregar a Dn. Bartolo Bancalari doce mil pesos m/n con cargo a mi cuenta”, sin desatender los intereses de acreedores viejos:

“…tan pronto como acabe de cancelar el asunto de Griessen, me haga un apartado mensual de $2,500 en moneda corriente sobre la importación y 12,500 oro sobre la exportación, sumas que entregará mediante recibo a los Sres. Gisbert y Bancalari, de Samaná. Todo ello debe de ser con la reserva y precaución necesaria para que Puente y Battle no susciten dificultades ni se crean motivos de quejas”, así escribía Heureaux al Administrador de aduanas de Sánchez.

Entre los acreedores criollos con quienes Heureaux, en el momento de su muerte, tenía deudas de más de $1,000,00 se contaban además de Vicini, Bancalari y Cosme Battle, también Perelló y Petit en Monte Cristi, y Pou y Rodríguez y Cía. en Santo Domingo; entre los acreedores por sumas menores hallamos nombres como Eugenio Abreu, J; A. Lluberes, J. de Lemos, T. Pastoriza, E. Mayer, A. T. Ricart, Manuel A. Rodríguez.

En las últimas dos décadas del siglo XIX habían surgido algunas industrias en que también el presidente Heureaux tenía intereses financieros. Así en 1885 le fueron concedidas franquicias a M. E. Grullón y R. R. Boscwits para la producción “en gran escala” de fideos y pastas. En el año ’98 existía una “refinería de petróleo” en La Romana, para la cual un tal Enrique Dumois había obtenido la concesión y para cuya protección se había prohibido toda importación de “gas” o petróleo refinado “que no tenga una fuerza de 150 grados arriba”. En el año 1899 esta refinería aparece en manos del comerciante capitaleño Lluberes. El financiero holandés Den Tex Bondt recibió en el 1898 permiso para instalar una fábrica de hielo. El escocés A. D. Baird, llegado al país para la construcción de un ferrocarril, aparece en el 1898 como gerente de la Samaná Bay Fruit Cy, (y al año siguiente es descubierto, en esa capacidad, como contrabandista).

En 1899 el General Heureaux tenía intereses en las siguientes industrias y empresas: por 1/3 parte en Empresa Muelle y Enramada, Santo Domingo, de la que Bancalari era administrador y Vicini uno de los mayores accionistas; por 1/3 parte en la Fábrica de Fideos de Pou, Rodríguez y Cía.; por 1/3 parte en la goleta holandesa “Leonor” de J. M. Leyba (curazoleño sefardí y cónsul de Holanda) y J. Willems; 133 acciones en el Banco Nacional de Santo Domingo, a nombre y en manos de C. W. Wells, Nueva York, por $66,666.66; en la New Jersey Sán Domingo Brewer Cy.; también en la Sociedad Mercantil Hamburgo Alemana (directores Viñamata y Huttlinger); en el muelle de Puerto Plata y en la Fábrica de Jabón de Puerto Plata; en la Empresa “Yaque” (J. I. Jiménez) en Monte Cristi; con 62 1/2 acciones en «la Samaná Bay Fruit Cy. (las acciones estaban en poder de E. Demorizi); en la firma García, Sánchez & Co., en Sánchez.

De igual manera, Heureaux tenía intereses en el Muelle de Azua (director John Hardy, EE. UU); en la “West Indian Public Works” del italiano L. Cambiaso y en el Ferrocarril de San Francisco de Macorís; además, el General recibía una bonificación de 5 cts. oro americano sobre cada quintal de azúcar exportado por la Central Azuano de J. B. Vicini y una suma igual por quintal del Central Quisqueya de Juan F. de Castro en San Pedro de Macorís. Asimismo, del señor W. P. Clyde en Nueva York, director de la importante línea naviera, recibía anualmente una suma de $5,000 oro americano; P. A. Lluberes negó el que Heureaux poseyera 1/3 de las acciones en las plantaciones de guineo y en la refinería de petróleo en La Romana, y Salvador Ross negó una participación del presidente Heureaux en el Muelle de San Pedro de Macorís.

De todos estos datos, se deduce en qué medida el presidente Heureaux estaba interesado personalmente en las actividades de los empresarios; también es evidente que no había división clara entre los grupos de productores de azúcar y los comerciantes de café, cacao y tabaco, por una parte, y los otros comerciantes, los financieros y constructores de pequeñas industrias y obras portuarias, por el otro. El dinero ganado con el cultivo y comercio de los productos de exportación era invertido gustosamente en parte en la fabricación de productos de consumo y en el financiamiento privado de obras de infraestructura, ya que ambas inversiones prometían y rendían grandes ganancias en períodos de estabilidad política; mientras que, por otra parte, las sumas ganadas con especulaciones financieras, con construcciones y transacciones comerciales eran invertidas gustosamente en la compra de empresas agrícolas y bienes raíces, como también era el caso de Heureaux.

De esta manera, tuvo lugar en esos años el surgimiento de un grupo acaudalado y unido de comerciantes, productores y agentes financieros, el cual consistía, si se toman los apellidos como guía, en parte de “antiguas” familias dominicanas (Abreu, Ricart, Rodríguez, Grullón, etc.), quienes por lo demás sólo habían llegado a la prosperidad en esos años, pero que, en su mayoría, estaba compuesto de inmigrantes, de procedencia cubana, curazoleña y europea. Con este grupo se inició la burguesía dominicana en sentido sociológico.

Entre los años 1892 y 1897 tuvieron lugar nuevas emisiones de moneda de plata, en que estaba relacionado, como ya vimos, Juan Bautista Vicini Burgos. A la emisión del 1892 se habrá referido la crítica de Luperón cuando hablaba de “monedas de plata y de níkel de mala ley, que no se cotizan a ningún tipo en los mercados extranjeros, acuñadas en Bruselas sin ningún contrato oficial”. También se hicieron nuevas emisiones de papel moneda en los años noventa, en las que estaba envuelta la Santo Domingo Improvement Cy.

Las Papeletas de Lilís

En el comienzo de 1899, Heureaux viajó a las principales ciudades para llegar a un acuerdo con los comerciantes sobre nuevos tipos de cotización: la relación moneda corriente-oro americano fue fijada ahora en 3:1. En su Mensaje de este año, el presidente Heureaux anunció la importación de monedas de oro, y la cancelación del papel moneda nacional (llamada por el pueblo «papeletas de Lilís»). Durante su viaje en el Cibao, el presidente Heureaux prometió en el mes de abril, que en julio los billetes serían cambiados por una cotización de 4 a 1, lo cual podía ser considerado atractivo para los comerciantes que se habían aprovechado de cotizaciones de 2 a 1 y más.

Entretanto, escaseaba el menudo -las motas-. Tanto en la capital como en Puerto Plata se emitieron billetes de menudo. Los precios llegaron a altitudes absurdas: en Azua, un par de zapatos costaba 522, una libra de arroz 50 cts. Una grave sequía azotó simultáneamente varias partes del país, acrecentando la escasez y la carestía de los artículos de primera necesidad. En julio, Heureaux partió para el Cibao, donde fueron incinerados miles de billetes, lo que causó una baja en el precio del oro y un alza en el valor de las “papeletas de Lilís”.

En Moca debían cambiarse 100,000 billetes por (vales de) oro. El 26 de julio, Heureaux fue asesinado en esa ciudad. Ya el 1º. de agosto, un grupo anónimo de comerciantes proponía fijar el cambio en 3 a 1, a lo que con razón protestó Federico Henríquez y Carvajal, quien al momento de la muerte de Heureaux era presidente del Ayuntamiento de la Capital, por las altas ganancias que ellos harían. Durante el Gobierno Provisional de Horacio Vásquez, que se instaló el 4 de septiembre de 1899, las “papeletas de Lilís” fueron sacadas de la circulación por medio de remates mensuales con una cotización de 5 a 1.

Predominio norteamericano en las finanzas dominicanas

El surgimiento del predominio financiero norteamericano, aun cuando fuera quizás inevitable a la luz de la nueva industria azucarera con su orientación hacia Nueva York, fue acelerado por la debacle de la firma bancaria Westendorp de Ámsterdam. Después del empréstito de 770,000 libras esterlinas en 1888, esta firma había prestado en 1890 otras 900,000 libras esterlinas para la construcción de la línea ferroviaria Puerto Plata-Santiago. “El clima moral en que se desenvolvían sus negocios con el Gobierno dominicano sería la causa principal para que los empleados de La Régie, encenagados en el manejo de tantas operaciones fraudulentas, a cuyo amparo se iban enriqueciendo ellos mismos, descuidaran calculadamente sus tareas en cuanto al envío de dinero a la casa de Ámsterdam, siéndole imposible a Westendorp conocer las liquidaciones correctas de los servicios de los empréstitos”.

En los años noventa comenzó un período no sólo de influencia financiera, sino también de creciente influencia comercial norteamericana. En 1891 se celebró un acuerdo comercial con los Estados Unidos, según el cual, productos dominicanos como azúcar, café, pieles, podían ser exportados a Norteamérica libres de impuestos, a cambio de la importación libre de impuestos de otros productos, como carnes, harina y máquinas. Las protestas de los socios comerciales europeos, especialmente de Alemania, no surtieron efecto. En 1899 el Listín se quejaba por la calidad de los numerosos artículos importados; hablaba de una “pésima alimentación de este pueblo. Las provisiones yankees están causando una tumba para cada consumidor. La mantequilla, la manteca, el bacalao, el queso, el jamón, todo lo que se importa de los EE. UU. es una amenaza para la salud”.

En el año 1897, el valor de las importaciones de la República Dominicana se dividía en la manera siguiente entre sus diferentes socios comerciales: Estados Unidos 45%; Antillas Danesas 12%; Gran Bretaña y colonias 11%; Alemania 7%; Francia y colonias 7%; Bélgica 5%; Antillas Holandesas 3% e Italia 2%.

Con los acreedores criollos y extranjeros del Gobierno de Heureaux, los gobiernos que le sucedieron finalmente llegaron a acuerdos que lesionaron profundamente los intereses y la soberanía del pueblo dominicano. En el año 1904, navíos de guerra alemanes, franceses, italianos y holandeses llegaron a las costas dominicanas para enfatizar las demandas de sus ciudadanos. A instancias del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, John Hay, el Gobierno dominicano accedió a entregarle las recaudaciones de las rentas aduaneras, para que llegara a un acuerdo satisfactorio con los diversos acreedores. De esa manera, mediante la denominada Convención Dominico-Americana de 1907, se procedió a otorgarle el 55% de las recaudaciones de los aranceles aduaneros a los acreedores norteamericanos y reservándole el restante 45% al Gobierno dominicano para que cubriera sus múltiples necesidades administrativas, de inversión y gasto social. Con ese convenio lesivo a los intereses dominicanos, fue sellado de forma definitiva la dominación político-financiera de la República Dominicana por parte de los Estados Unidos en las décadas siguientes.