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Chile: Un nuevo Estado necesita un nuevo Ejército

Written by Debate Plural

Alejandro Kirk (Hispantv, 17-1-22)

 

El mito de que en Chile los militares son básicamente disciplinados, profesionales, no deliberantes y respetuosos de las decisiones democráticas del pueblo parece estar nuevamente flotando en el país, en relación con las tareas de la Convención Constitucional.

Hoy los golpes de Estado son impensables” suele ser la explicación de analistas y expertos, de por qué el rol de las Fuerzas Armadas no aparece como prioritario en los debates constitucionales.

Detrás de esa “explicación” que tan poco explica, se percibe, sin embargo, un tufillo a miedo: mejor no despertar los perros dormidos, porque ellos están ahí.

Quién sí se atrevió a tocar el tema fue el exalmirante pinochetista Jorge Arancibia, defensor de la Constitución de 1980 (que se pretende abolir), y a la vez, extrañamente, miembro de la Convención Constitucional, quien al frente de un grupo de convencionales de la derecha extrema presentó una propuesta de articulado que, esencialmente, confirma el papel militar de guardián permanente de los límites dentro de los cuales los civiles pueden o no pueden actuar.

En contraste, un grupo de exoficiales profesionales, de distintas armas y encabezado por el capitán (R) de infantería y ex profesor de Arte Operativo Juan Painecura, presentó en días pasados una Iniciativa Popular de Norma Constitucional, con el propósito explícito de cambiar radicalmente “el carácter y naturaleza de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad”.

Esta necesidad se basa, según el texto publicado, en “el historial de las FFAA y policiales respecto de su intervención en la vida política del país, que resumidamente reporta más de 23 actuaciones con sangrientos resultados para el pueblo”.

El documento hace un listado de estas intervenciones violentas en favor de latifundistas y empresarios, en que destaca la masacre “preventiva” a sangre fría de entre 2000 y 3000 trabajadores desarmados del salitre en la Escuela Santa María de Iquique, en 1907.

“En este ámbito cobra particular relevancia el golpe de Estado de 1973 y los 17 años de régimen dictatorial”, subraya la propuesta. Los órganos militares son hoy “un poderoso enclave de dominio, con remanentes de definiciones realizadas por la dictadura militar y sustentadas en la Constitución de 1980”, agrega.

“Tácitamente (el estamento militar) se constituye en amenaza a cualquier tipo de cambio en la sociedad y el Estado”.

La propuesta del excomandante en Jefe de la Armada, en cambio, enfatiza el papel de centinela conservador y reaccionario asignado desde siempre a los militares. “Resulta importante que la Constitución precise que el ser “obedientes”, debe entenderse referido al ‘Orden Institucional’ ”, dice la propuesta presentada por Arancibia.

En otras palabras, en la Constitución de los pinochetistas, las FFAA podrían desobedecer al Presidente, al Congreso, o a cualquier poder del Estado, si este pretendiere modificar el “Orden Institucional” por cualquier via que los generales consideren inconveniente para los intereses nacionales.

La Iniciativa Popular establece sin ambigüedades las normas de no deliberación, abstinencia política y obediencia de las instituciones militares a los poderes civiles democráticamente gestados, en que destaca el rol del Presidente o Presidenta de la República como Comandante en Jefe tanto en tiempos de paz como de conflicto armado.

Agrega Arancibia, coincidiendo con el Presidente Sebastián Piñera: “La dramática realidad de la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico que se viven en la Macro Zona Sur, en diferentes ciudades y localidades del territorio nacional lleva a considerar la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan injerencia en materias de orden público interno”.

Esto no es más que la reiteración de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” impuesta en todos los ejércitos de América Latina en las décadas de 1960 y 1970 como sistematización de la “lucha contrainsurgente” desplegada por Estados Unidos para frenar la ola insurreccional levantada por la Revolución Cubana.

Esta doctrina considera la existencia de un “enemigo interno” similar al externo, y extiende hacia ese adversario la tarea de defensa de las fronteras, la  soberanía y la independencia normalmente asignada a las fuerzas armadas.

Para los oficiales que respaldan la Iniciativa Popular, esta misión interna es “similar a las características de una fuerza invasora de conquista y dominación”, pero contra su propio pueblo, cuyos representantes agrupados en la categoría de “enemigo interno” los hace merecedores del aniquilamiento, tal y como ocurrió en las dictaduras de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.

Cuando en noviembre de 2019 Piñera intentó declarar el estado de Sitio y sacar a los militares a las calles a reprimir abiertamente la protesta popular, éstos se mostraron renuentes. Según el historiador Gabriel Salazar, tal renuencia se debió más al “carácter racional” del Ejército que a una postura ideológica.

El comandante en Jefe, Ricardo Martínez, lanzó entonces una advertencia velada a propios y contrarios: si el Ejército sale a la calle, dijo, no será para intentar una “respuesta proporcional” (típica de las fuerzas de orden público), porque  la misión operativa de su institución no contempla la proporcionalidad, sino el aniquilamiento del adversario de la manera más expedita, eficaz y demoledora posible.

Piñera intentó entonces, sin éxito, promover una ley de impunidad para las violaciones de derechos humanos que las fuerzas armadas y de orden pudieran cometer en el cumplimiento de la misión de imponer el órden público.

DERECHOS HUMANOS: “PARECE IMPORTANTE”

El exalmirante Arancibia aborda también el tema de los Derechos Humanos,  al parecer sin mucha convicción. Dice: “Siguiendo algunas tendencias presentes en el Derecho Comparado parece importante considerar que la formación que se imparte en las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas otorgue especial importancia a los contenidos sobre democracia y derechos humanos”.

La frase relevante aquí es: “parece importante”.

Paincecura y su grupo de estudio subrayan que el principal objetivo una nueva Doctrina Militar y de Seguridad Ciudadana es “asegurar la prohibición ‘por siempre’ e intervenir (en los procesos sociales) con el uso de las armas y causar la muerte o daño físico, psicológico o moral a cualquier persona, sector, eslabón, colectivo o grupos de los pueblos integrados en el Estado”.

Y rematan: “Se trata de preservar como valor y principio irrenunciable el respeto a la vida y los derechos humanos.

Mientras Arancibia no contempla la modificación esencial del Estado como lo hemos conocido hasta ahora, Painecura considera fundamental para una nueva Doctrina Militar, una nueva definición políticsa del Estado, que él describe como “Plurinacional, Democrático, Latinoamericano y Contemporáneo”, orientado hacia la paz, la solidaridad, la cooperación, la no injerencia y la defensa activa del medio ambiente, entre otros atributos.

La composición de clase de los estamentos militares es señalada brevemente como uno de los factores de amenaza permanente a la estabilidad democrática del país, y entre varios factores se señalan los elementos que determinan el ingreso a las escuelas matrices, en que hoy son decisivos tanto el nivel social de los postulantes, como la pertenencia a una casta hereditaria de estirpe conservadora que algunos -ellos mismos y la prensa del sistema- llaman “familia militar” y otros, tal vez más precisamente, “partido militar”.

Para un observador externo, faltan tal vez en la propuesta de los exoficiales encabezados por Painecura, elementos más claros en cuanto al carácter necesariamente feminista del Estado, o propuestas como la del periodista investigador Mauricio Weibel (denunciante de la corrupción sistémica de las Fuerzas Armadas), de reformar el sistema de admiisión a las escuelas de oficiales, para hacerlo idéntico al de las universidades.

También se extraña una mención más acabada de la conformación de los cuerpos policiales, en que sobresale el carácter eminentemente militar de Carabineros de Chile, que en rigor, más que una policía es una fuerza auxiliar del Ejército en taras de orden público y custodia de fronteras, tal como las guardias nacionales de Estados Unidos o la Gendarmería argentina.

 

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