Mision Verdad 823-8-21)
Quizás el expediente más enarbolado por el antichavismo nacional e internacional para criminalizar a la República Bolivariana de Venezuela es el de la migración, un fenómeno que ha repercutido en la agenda de organizaciones políticas y mediáticas de distinto tipo, nunca exento de manipulación y mercantilización por parte de quienes la promueven.
En efecto, existe una campaña internacional antivenezolana con acento en la migración, de la que algunos actores gubernamentales y regionales tratan de sacarle provecho. La organización Sures explica en una investigación anterior, reseñada por Misión Verdad, que «la preocupación por los dramas humanos, que no han sido pocos ni desdeñables, degeneró en más uso y abuso de su visibilización que en acciones efectivas de apoyo efectivo a los migrantes».
Se ha instrumentalizado el fenómeno migratorio venezolano manipulando el uso de las cifras sobre el tema (contradictorias entre sí), al mismo tiempo que no ha parado el flujo de dinero para atender la «crisis de refugiados» venezolanos en países de la región, en especial Colombia por su relación vecinal con Venezuela.
Uno de los últimos esfuerzos para conformar una organización que reúna todos los intereses antivenezolanos sobre la migración es la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela, mejor conocida como R4V. El último informe de Sures, «El precio de los migrantes venezolanos», analiza una publicación de mayo pasado hecha por la R4V con «la información más actualizada en relación con las estadísticas de la migración venezolana, así como los recursos solicitados para la atención de dicha población en los países de destino migratorio en el marco del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) de Venezuela 2021».
Venezuela
La información se publicó luego de que el gobierno de Canadá convocara y celebrara a mediados de junio la «Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos» hecho en colaboración la ACNUR y la OIM con la intención de, como afirma Sures, «incrementar el monto destinado, al menos en las declaraciones y cartas de intención, a las y los venezolanos en proceso de migración fuera de Venezuela». Supuestamente, en el evento inversores prometieron más de 1 mil 500 millones de dólares en subvenciones y préstamos.
El informe de Sures pone en cuestión el por qué debieron hacer un «evento de recaudación mediante el cual se esperaba superar el déficit de recursos del que adolece dicho plan, ello a pesar del esfuerzo realizado para convencer a la comunidad internacional sobre la supuesta gravedad de la crisis venezolana» y llama la atención sobre ciertas cifras divulgadas que generan «algunas preguntas sobre ciertos detalles», refiriéndose a contradicciones y sospechas que reseñaremos a continuación.
A CADA DATO UNA INTERROGACIÓN
La R4V reportó datos generales sobre la población migrante y refugiada, afirmando que hay 5.643.665 personas en dicha situación (para mayo 2021), «mientras que la población que se estima atender con el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021 -comenta Sures- llega a 3,3 millones de personas distribuidas de la siguiente manera»:
Meta de personas refugiadas y migrantes a ser atendidas según situación (2021) (Foto: Sures)
Para los autores del informe, «lo primero que llama la atención es que la suma de la meta de personas a ser atendidas, según esta tabla, es de 2,6 millones de personas, y no de 3,3 millones como se afirma antes». Sin embargo, ello se explicaría luego pues «se aclara que más de 660 mil personas pertenecientes a las comunidades de acogida, y por lo tanto no venezolanas, también serán beneficiarias del plan».
Pero además Sures resalta una contradicción, ya que, «según R4V, la estimación de población venezolana en el extranjero hacia finales de 2021 es de 8,1 millones de personas. De ser cierta la estimación, desde Venezuela tendrían que salir alrededor de 2,5 millones de personas durante el año para poder alcanzar esta cifra. Ello supone que de las fronteras venezolanas salgan alrededor de 6.850 personas diarias, y que no retorne nadie, todo lo cual luce improbable».
¿Por qué improbable? «En momentos de mayor efervescencia de la migración venezolana, entre los años 2017 y 2019, se llegó a especular con cifras de emigración no mayores a cinco mil personas diarias, pero difícilmente tales volúmenes se podían mantener por muchos días», dicen los investigadores de la organización venezolana de derechos humanos.
Debido a la situación impuesta por el covid en la región y una mejoría en las condiciones de vida en Venezuela, muchos connancionales han regresado, por lo que «en la actualidad, las cifras podrían ser mucho menores, mientras que las cifras de retorno son mucho mayores», comenta Sures. De hecho, para marzo de este año, el plan Vuelta a la Patria había retornado a más de 23 mil venezolanas y venezolanos de varios países sudamericanos y caribeños, la mayoría de Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Argentina.
Lo siguiente es que en el informe se destaca «la distribución de los recursos que se recibirían a través de los donantes», por lo que «tenemos que la R4V agrupa a 159 organizaciones y socios que llevarían a cabo las actividades del plan, de acuerdo con la siguiente distribución»
Distribución de recursos del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2021 según tipo y número de organizaciones (2021) (Foto: Sures)
Se hace evidente, con el cuadro anterior, que «se privilegia marcadamente a las agencias de ONU y a las ONG internacionales sobre actores como las ONG nacionales y otras organizaciones con trabajo en el terreno».
La razón de ello podría ser política, tomando en cuenta que las agencias de Naciones Unidas -sobre todo ACNUR- y otras organizaciones no gubernamentales internacionales tienen años promoviendo el expediente migratorio antivenezolano, y cuentan con el apoyo de los gobiernos interesados en captar recursos financieros no presupuestados sin el fenómeno migratorio a cuestas.
Por último, el informe de Sures apunta a una última gráfica que «presenta una relación de los recursos solicitados por cada país o conjunto de países, así como la población de refugiados y migrantes venezolanos reportados por los diferentes gobiernos. La información queda resumida en la tabla siguiente»:
Meta de población refugiada y migrante venezolana a ser atendida y recursos solicitados según país o región (2021) (Foto: Sures)
Los investigadores observan que «hay enormes disparidades entre los recursos solicitados por persona refugiada o migrante en cada país, que van desde los $95,67 de los países centroamericanos o los $100,59 de Chile, hasta los $549,62 de Ecuador. Aquí cabría preguntarse sobre las razones de estas disparidades, y si se pueden atribuir a las carencias con las que arriban las personas en unos u otros países».
Como no existen datos fidedignos que respondan estas inquietudes, cabe afirmar que existe un nuevo grado de manipulación sobre el tema migratorio venezolano acorde a las solicitudes financieras. Ecuador es el país que más dinero pide por migrante venezolano, muy por encima de Perú y Colombia, países que asimismo viven una crisis social y económica sin precedentes afincada por la pandemia del covid.
En Ecuador, el salario mínimo es de 400 dólares, es decir, que el gobierno ecuatoriano pide más dinero que el que está dispuesto a pagar mínimamente a los trabajadores en su propio país. Aunado a eso, de acuerdo al análisis de Sures, «no se puede afirmar que exista una diferencia apreciable en los perfiles de las personas que llegan a estos tres países, como para poder justificar tales diferencias. Tampoco se trata de economías diametralmente distintas ni de disparidades apreciables en cuanto al papel del Estado en la redistribución de la riqueza».
También, para responder a estas interrogantes, «solo cabría preguntar a las organizaciones y agencias solicitantes de recursos sobre las razones que explican este fenómeno». Pero la opacidad y poca transparencia sobre los recursos financieros han sido parte del repertorio político y mediático de la mayoría de los actores internacionales que prestan especial atención al tema en cuestión.
LA TRAMA DETRÁS
Tras ver que cada país tasa de manera autónoma y poco transparente un costo para cada migrante venezolano, en un momento de alta mercantilización del fenómeno, de todas maneras Sures concluye que «según se pudo conocer en los foros previos a la Conferencia de Donantes, los así llamados refugiados y migrantes venezolanos han recibido diez veces menos recursos que las personas refugiadas como consecuencia de las crisis de Siria o Sudán».
En junio de 2020, Naciones Unidas recaudó más de 7 mil 700 millones de dólares en «ayuda humanitaria» para Siria, pidiendo más de 6 mil millones de dólares para el tema migratorio sirio.
Este marzo pasado, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidió 1 mil 200 millones de dólares para apoyar a 2,2 millones de refugiados sursudaneses que viven en campamentos en países vecinos.
Sures afirma que «en parte, esta diferencia [en la disparida de recursos] puede atribuirse a la aparición de la covid-19 y a las consecuencias económicas que este virus ha generado en todo el mundo. Pero también es posible que la así llamada crisis de desplazamiento de las personas venezolanas sea un fenómeno poco relevante o creíble para quienes conocen el tema migratorio a nivel mundial, así como su extrema gravedad».
La organización venezolana no duda en caracterizar como fracaso los esfuerzos por recaudar fondos para las personas venezolanas migrantes por la R4V y sus socios, y por último menciona la opacidad con la que estos actores suelen operar para obtener recursos financieros:
«Las disparidades en cuanto a los recursos solicitados por persona refugiada o migrante venezolana no tienen una explicación fácilmente justificable, y siembran más dudas sobre el verdadero destino de los recursos que se logren recaudar. No es fácil entender cómo un migrante en Ecuador demanda más de cinco veces más recursos que los que llegan a Chile o a México, ni por qué es mucho más alto que en países vecinos como Colombia o Perú. Son precisamente estos los detalles que no han permitido que los planes de respuesta para refugiados y migrantes cuenten con los recursos que supuestamente requieren».
Lo que conduce a pensar que, aunque existen reales esfuerzos por gestionar de alguna manera el fenómeno migratorio venezolano en diversos países sudamericanos y caribeños, no hay una rigurosidad humanitaria ni científica que soporte sus acciones. Pues pareciera que todo se trata de manipular políticamente el tema y sacarle réditos mercantiles, muy acorde al prontuario corrupto del antichavismo usualmente ligado al clan Guaidó & Cía.
