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La urgencia de nombrar de otro modo las atrocidades (I)

Written by Debate Plural

Tamara San Miguel (Rebelion, 19-7-21)

 

Un análisis sobre los Estados criminales y la necesidad de tener formas de nombrar y señalar las atrocidades de los Estados más allá de la narrativa de los Derechos Humanos.

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¿Criminalizando Estados?

La llegada del siglo prometía esperanza. Avanza el tiempo y la pregunta ¿A dónde llegamos? resulta inevitable.

Venimos padeciendo desde los dosmiles dos guerras que a nivel global tienen apellidos diferentes pero que se han justificado básicamente bajo dos objetivos: el terrorismo y el narcotráfico. El imaginario de combate a los criminales se expandió, el enemigo al cual hay que temer y por el cual vale la pena blindarlo todo, es ese: el/la criminal. Vivir con miedo a un ataque se convirtió en algo frecuente. Frente a todas y todos se desplegó una guerra contra la humanidad, como lo advirtieron las/os zapatistas en el magnífico escrito llamado la Cuarta Guerra Mundial (EZLN, 1997). El mercado contra todo/as y pese a todo. Esa guerra que libró el neoliberalismo, esa nueva forma de conquista de territorios tomó distintas formas en cada lugar pero en esencia reorganizó la política y la economía para eliminar lo que antes presentaba límites a la acumulación desenfrenada y por fin se impusiera sin obstáculos. De ahí la realidad presente, habitamos en un planeta enfermo, padecemos una grave crisis ambiental y en aumento, poblaciones enteras desplazadas, y la criminalidad encarnada en los Estados y en el sistema.

El concepto de acumulación por desposesión de Harvey (2005) abarca muchos de los procesos que el sistema capitalista actual está implicando y en el que el papel del Estado es central por el respaldo y la promoción de esos procesos. Entre otros está la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas de producción y consumo alternativas, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública, el sistema de crédito, los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería, la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), la mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual. Todo se convierte en mercancía, la tierra, el aire, el agua, la vida, la humanidad y todo lo que ésta pueda hacer, producir, crear y saber.

Esa eliminación del derecho a los bienes comunes es un punto central en el nuevo tablero. Ahí se encuentra la disputa, a partir de eso, de la aceptación de esa desaparición o del rechazo a esa imposición se organizan un arriba y un abajo. Como lo han nombrado múltiples movimientos sociales los llamados gobiernos progresistas ahí terminan por ubicarse y por usar dobles discursos para acomodar sus promesas. El papel del Estado la mayoría de las veces ha terminado en la protección de intereses privados en contra de los bienes comunes y de los derechos sociales, legitimando y encubriendo los modos de funcionamiento antes mencionados. Se sacrifica el interés común y público por el interés privado y corporativo, los beneficios se privatizaron y los daños se hicieron generales. Así la famosa idea/ilusión de que el Estado tutela el bien común cada vez se destruye más, la lógica estatal y el uso de la ley cambiaron. Los actos que se requirieron para que esos procesos de acumulación tuvieran lugar implicaron mecanismos, como los que enlista Harvey, que en muchos casos resultan en actos criminales.

El entrelazamiento entre los intereses de empresas, corporaciones y Estados y el desdibujamiento de los límites de lo que es vendible y lo que no, creó las condiciones para que los negocios más inhumanos tuvieran lugar. El interés corporativo llega con la pretensión de adueñarse de todo, aunque sea claro que eso implique la pérdida de miles de vidas, el desplazamiento de comunidades enteras y sufrimiento, mucho sufrimiento. De ahí que estemos padeciendo lo que Banerjee (2008) llama el necrocapitalismo, prácticas capitalistas contemporáneas de acumulación que implican despojo y sometimiento de la vida al poder de la muerte. Se impone una economía política en la que el negocio de la muerte puede tener lugar a través de estados de excepción y en la que las entidades en este espacio colonial de excepción son disciplinadas mediante la violencia o «civilizados por la cultura» para normalizarse.

En este contexto la desigualdad no solo se manifiesta en los modos de sobrevivencia cotidianos sino en los mecanismos de control y de penalidad que se imponen a quienes tienen poder y a quienes no. Lo que Foucault llamó gestión diferencial de los ilegalismos, que consistía en la dinámica de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, generando una justicia de clase se hace más visible. La delincuencia se usa como un instrumento para administrar los ilegalismos, es una herramienta más del ejercicio de poder. En el caso de México, que es donde trataré de asentar estas ideas, una vez que lo legal se comenzó a desdibujar porque los intereses del mercado requirieron de la transgresión de leyes y preceptos constitucionales del tiempo de los derechos sociales, entonces se colocó el foco de atención sobre lo/as jóvenes, pobres, rebeldes.

Desde las dictaduras latinoamericanas escuchamos hablar de los crímenes de Estado. Lo que hoy estamos presenciando en los estados llamados democráticos es la configuración de Estados criminales. México es una muestra de ello y al mismo tiempo se convierte en un tipo de advertencia. Lo que se configuró en México va más allá de la cooptación del Estado por el crimen organizado, no es solo la fusión de estructuras estatales con redes criminales. La “concesión” de lo público y común por el interés privado-corporativo provocó un entrelazamiento de intereses que requirió del crimen para funcionar porque los mecanismos legales resultaron insuficientes.

Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas en realidad fue una estrategia para tener mayor control social, para aparentar una legitimidad política que era inexistente y para la apropiación y explotación de recursos naturales. Se fundieron intereses corporativos nacionales y trasnacionales legales e ilegales con la necesidad de Felipe Calderón de legitimarse ante un pueblo que lo desconocía como Presidente. La profunda crisis humana que tenemos en México provocada por esa guerra evidenció lo que latía dentro de las entrañas del Estado mexicano, esto no era solo la cooptación del crimen organizado silenciada con pactos, lo que se desbordó desde 2006 fue un Estado basado, sostenido y encarnado en el funcionamiento criminal de un sistema. La política mexicana siempre estuvo basada en la política de cobro de piso, de la mordida, del chivo expiatorio, del cobro de lealtades y de la consabida tortura. Junto con lo anterior, la herida que sigue sangrando y que no cierra ha sido la lógica permanente de exterminio y despojo a los pueblos indígenas. El genocidio y el ocultamiento de esa tragedia perpetua siempre ha sido criminal.

Desde la época colonial la política mexicana se configuró de forma corporativa, como un modo de hacer política que supuso el reconocimiento de derechos a cambio de lealtad y obediencia (Rhoux, 2005). En las raíces de esa política se encuentra la garantía de protección a cambio de beneficios, se establecen lealtades que sustentan pactos, acuerdos y encubrimientos para proteger esos beneficios incluso a costa de sangre. La garantía de protección a cambio de lealtad y exclusividad, siempre operó en la política mexicana. Esa “protección” es uno de los pilares de la criminalidad estatal y se volvió una práctica común del crimen organizado. La invención de riesgos hecha por el estado que implica actos criminales provocados por el propio Estado establece modos de funcionar mafiosos (Tilly, 1985). Esa es la lógica corporativa que sustentó la política mexicana y que seguimos viendo hasta hoy. Muchos de los modos que se instalaron en esa política y que eran ejecutados por instituciones estatales luego fueron tomados por el crimen organizado, por el narco. Se agregó a ello la violencia más brutal y cruel pero la dinámica de la cuál nace ese modo se fue enquistando durante décadas. Para tener un lugar para vender en la calle había que pagarle al cacique en cuestión, para poder vender en la plaza, para poder funcionar aparte de lidiar con la burocracia siempre fue necesaria la “mochada”1 a determinada persona. Esa dinámica de cobro de piso y de corrupción sistemática se recrea en las calles y en la “ más alta política ”, incluso las elecciones siempre funcionaron así.

Los mexicanos sabíamos que la corrupción y la impunidad eran cotidianas, incluso aceptadas. La falta de acceso a la justicia se hizo sistemática. Se sabía de los llamados pactos de impunidad que iban pasando de una presidencia a otra. Se vivía, se vive en carne propia el funcionamiento criminal sistemático que en silencio fue generando una gran pesadilla que hoy se materializa en por lo menos 234, 966 ejecuciones2, más de 86, 000 desapariciones reconocidas oficialmente, del año 2000 al 2019, han asesinado a más de 42 mil mujeres y desaparecido a más de 62 mil (Pastrana, 2021), México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para la/os periodistas equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán3 y se han encontrado por lo menos 3 mil fosas. Las fosas, la búsqueda de cuerpos y los desaparecidos son un ejemplo brutal, aberrante, doloroso de todo lo que no se nombró, de historias negadas, de ordenes inhumanas y estructuras ocultas.

Si se revisan los actos criminales de los cuales fueron responsables los funcionarios públicos encontraremos no solo los mencionados anteriormente (homicidios, desapariciones, feminicidios, tortura, violaciones sexuales) encontraremos también actos como el que ocurrió en Veracruz con la aplicación de quimioterapias falsas a niños enfermos de cáncer en hospitales públicos cuando era gobernador de ese estado Javier Duarte (Rivera, 2017). Encontraremos también crímenes como el robo, el secuestro, el allanamiento, la extorsión, es decir actos atribuidos al crimen organizado y al crimen común. Así poco a poco el Estado no solo requirió del crimen para funcionar sino que funcionó de forma criminal. En el sentido de cometer crímenes de forma sistemática por proteger intereses, para lograr mayor control social, acumulación de capital y/o de poder. Se implantó una lógica criminal materializada en la ejecución de actos atroces, los actos más crueles e inhumanos realizados a los cuerpos no han sido solo eventos aprovechados para demostrar, normalizar y satanizar, sino actos montados para desestabilizar, crear coyunturas e imponer dinámicas.

El narcoestado es una manifestación del Estado criminal, por eso hablar de narcoestado no es necesariamente el término que sirve para referirse a esta lógica de funcionamiento criminal que motiva las prácticas estatales y dentro de las cuales el narcoestado es solo una de sus formas. Existen actos criminales estatales que no están involucrados con el narco ni con sus intereses. Además, los negocios del narco ya no son solo los narcóticos, como es sabido uno de sus “fuertes” es la trata de personas, la extorsión, el secuestro, el fraude y coincidentemente algunos grupos del crimen organizado se han enfocado en la extracción de recursos naturales. Las conexiones entre Estado y narco varían según los intereses del gobierno en curso. Las motivaciones en esas conexiones pueden ser por poder, por acumulación, por la ejecución de proyectos nacionales y trasnacionales, por legitimación política y algunas veces por una mezcla de todo. Es decir que el Estado criminal opera, se estructura y configura según los proyectos de cada gobierno y los personajes que llegan al poder.

A esa realidad falta agregarle el carácter represivo del Estado mexicano, las cuentas pendientes de Tlatelolco, de la llamada guerra sucia de los setenta y la guerra de contrainsurgencia que desde entonces continuó y se acrecentó tras el levantamiento zapatista con la pretensión de aislar a una de las luchas más importantes de México y del mundo. Una vez más la articulación de redes legales e ilegales (Calveiro, 2012) se mostró en el sistema represivo mexicano. Ahí están los antecedentes de las guardias blancas, los sicarios y los paramilitares. No es coincidencia que figuras tan “ejemplares” como Genaro García Luna hayan estado en las entrañas del aparato contrainsurgente en México. La conexión entre las instituciones represivas y de inteligencia y los flujos criminales siempre ha sido muy cercana (lo mismo podemos ver con los Zetas). La guerra contra las drogas le sirvió al Estado para aislar rebeldías y generar dinámicas en las que las masacres a comunidades organizadas contra la imposición de proyectos, la detención, desaparición o ejecución de un/a luchador/a social o defensor/a del medio ambiente pasa desapercibida o se oculta en las cifras generales y aberrantes de muerte y atrocidad cotidianas.

Dawn Paley (2018) afirma acertadamente que así como la militarización formal pudo beneficiar a las corporaciones trasnacionales, también existen casos en los que la paramilitarización ligada a la guerra contra las drogas se desplegó en regiones en las que la extracción de recursos era una actividad económica central. Cada vez se hizo más notorio que existe una relación entre los lugares donde hay mayor violencia y los lugares donde hay más intereses extractivos. Por ejemplo en Michoacán el negocio detrás del mineral de hierro se convirtió en el principal negocio de las organizaciones criminales, desde ahí se “exportó” a Asia y para hacer eso posible se dieron importantes “conexiones” entre los grupos del crimen organizado, importantes empresarios y corporaciones “legales” (Correa, 2018).

Desde 2006 se generó un circuito de actos criminales, el Estado mediante las fuerzas armadas y las distintas policías cometió actos atroces de forma sistemática desencadenando la normalización de prácticas crueles y atroces que se multiplicaron, no solo porque el crimen organizado de los bandos contrarios respondió cometiendo más atrocidades sino por que se normalizó la muerte y la mutilación en crímenes comunes no organizados. Esto desencadenó la crisis humana que tenemos hasta hoy en casi todo el territorio mexicano.

Greer y McLaughlin (2017) hacen una clasificación de los actos criminales de los Estados según su motivación:

1) Actos de criminalidad política. En estos podemos ubicar el subsuelo de la política mexicana, los fraudes, el robo de casillas, es decir todo un modo de operar de grupos e individuos que por tener el control político y el poder cometen crímenes.

2) Criminalidad asociada con la seguridad y la fuerza policial. Aquí podemos ubicar la larga lista de operativos contrainsurgentes y represivos. La trágica cifra de desaparecida/os y ejecutada/os producto de la guerra, los llamados levantones de las fuerzas armadas a civiles por entregar cifras diarias a sus mandos o por confundir personas (los llamados falsos positivos y los daños colaterales).

3) Criminalidad asociada con lo económico. Los crímenes de cuello blanco, que son ampliamente aceptados. Ahora vemos desfilar nombres de políticos de distintos niveles que están implicados en este tipo de crímenes. Las sentencias que reciben en México quienes cometen este tipo de actos criminales ilustran la gestión diferencial de ilegalismos pues pueden estar encarcelados poco tiempo, pagar multas, regresar el dinero que robaron o negociar su libertad a cambio de dar información sobre lo/as involucrados en sus redes de negocios. El trato diferenciado respecto a quienes no tienen cuello blanco es absurdamente preferencial.

4) Criminalidad asociada con lo social y lo cultural. Los crímenes de exterminio contra los pueblos indígenas en México han sido asunto de cada sexenio y se materializan de diversos modos pero nunca han dejado de ejecutarse. También la guerra para lograr mayor control social ha sido motivación de este tipo de crímenes y la limpieza social que se recrudeció desde 2006 (en contra de jóvenes, pacientes de centros de rehabilitación, entre otros).

Por la problemática del calentamiento global que vivimos de forma muy alarmante los últimos años podrían agregarse a esta clasificación los crímenes al medio ambiente y a la salud. Los asesinatos cometidos en México contra defensores del medio ambiente comienzan a ser cotidianos y tienen los mismos patrones y motivaciones: limpiar el camino para la imposición de proyectos de extractivismo, los llamados proyectos de muerte que de llegar implican la afectación de la vida y la salud pública de comunidades enteras están detrás de esos asesinatos. El ecocidio es un crimen asociado con el medio ambiente e impacta en la salud de poblaciones enteras, generalmente está implicada en estos crímenes alguna estructura estatal, por otorgar permisos, por imponer planes o simplemente por no evitar que se cometa.

Los crímenes de Estado son solo algunos actos de los Estados criminales, no todos los Estados que cometen crímenes de Estado funcionan sistemáticamente de forma criminal. Los crímenes de Estado son también llamados crímenes de poder (Bailone, 2017), esos crímenes implican estructuras criminales y son ejecutados desde el poder y existen los crímenes de los poderosos es decir crímenes cometidos en lo individual por poderosos, en el caso de México hemos podido ver ambos tipos de crímenes de forma cotidiana. Segato (2006) vincula los crímenes de poder con los crímenes patriarcales, los define como crímenes que contribuyen a la retención o manutención, y la reproducción del poder. En ese tipo de crímenes ubica dos posiciones, una es vertical, que es asimétrica de poder con sujeción (del perpetrador con su víctima) y la otra es horizontal que vincula al perpetrador con sus pares. Esa reproducción del poder es una motivación importante y que tienen en común estos crímenes (de estado, de poder, de los poderosos y del patriarcado).

Segato se refiere a los feminicidios de Ciudad Juárez como crímenes corporativos, les llama crímenes de segundo Estado, de Estado paralelo que asemeja con los crímenes ejecutados en regímenes totalitarios. En ambos casos comparten la característica de los abusos del poder político, los ubica muy cerca de los crímenes de estado y de los crímenes de lesa humanidad, donde el Estado paralelo que los produce no puede ser encuadrado porque se carece de categorías y procedimientos jurídicos eficientes para enfrentarlos. Esa carencia se puede ver de forma cada vez más repetida en los problemas de violencia y criminalidad que vivimos en diversos rincones del mundo. La necesidad de clarificar esas categorías y de verlas más claro se vuelve urgente.

Un crimen de poder puede llegar a ser investigado en México solo si le conviene a algún otro poderoso o si hay algún tipo de conveniencia política. El pacto referido por Segato entre pares y la impunidad sistemática son una mezcla que complica profundamente la posibilidad de justicia. Hemos llegado a tal situación de impunidad que casi cada instancia encargada de investigar obstruye el proceso. Ahí el asunto del poder es un componente fundamental para trabar o destrabar un caso. Eso funciona diferente en el caso de crímenes de Estado simplemente porque el Estado no se va a autojuzgar. Existen también los casos en los que crímenes de estado van de la mano de crímenes del patriarcado. Un ejemplo claro es el caso de Atenco en el que policías torturaron sexualmente a mujeres y cometieron múltiples violaciones graves de derechos humanos, crímenes que por sus características bien configuran un crimen de Estado. Desde el Presidente hasta las instancias municipales se reconoció el operativo y se ha encubierto durante años a los perpetradores y mandos de ese acto brutal. La tortura sexual en ese caso mostró el pacto entre pares y tuvo el objetivo de mandar un mensaje mediante el cuerpo de las mujeres. Los que ejecutaron la tortura fueron policías, no fueron personas vestidas de civil ni fueron actos aislados. Lamentablemente podemos ver cómo los crímenes de poder y del patriarcado se han extendido hasta estos tiempos, lo acabamos de ver en Mactumatzá (Chiapas con la tortura sexual a la que fueron sometidas las estudiantes detenidas) y en una larga lista de actos criminales de este tipo.

Según un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH (2019), las mujeres comenzaron a enfrentarse a otro tipo de violencia letal a partir de la “guerra contra las drogas”: los homicidios en el espacio público con armas de fuego. Esas formas de violencia y la normalización permanente de la atrocidad efectuada a los cuerpos de las mujeres hizo que la violencia aumentara. Esto y la impunidad son factores centrales en la terrible violencia contra las mujeres.

El asunto de la impunidad es central en la dinámica de ilegalidad que se instaló en México y contribuye a lo que Huggins (2010) llama sistema de tortura de Estado en el que la impunidad es diferencial. La impunidad garantiza la consecución de crímenes y la tortura se vuelve cotidiana y casi abierta y aceptada. Para Huggins, la tortura no es producto de una administración presidencial en particular, los cambios en el gobierno no eliminan la tortura de Estado, ésta es producto de una organización política de los Estados que la convierte en normal. La impunidad diferencial puede permitir que a los perpetradores de bajo nivel se les llegue a castigar. Ahí tenemos la conocida figura del chivo expiatorio que se volvió una práctica tan común como la de presentar fotografías de los detenidos con el material incautado, es decir se hizo sistemática y tan normalizada que en las escuelas de derecho se enseña que la reina de las pruebas es la “confesión”, por la tortura que siempre está detrás. La naturaleza estructural y sistemática de la impunidad en México ha sido constatada por diversas instancias internacionales, se sostiene de modos muy profundos en las instituciones encargadas de impartir justicia, es decir que cuando ocurre un hecho violatorio de derechos humanos o un crimen la respuesta “natural” de la institución desde la base de sus funcionario/as hasta arriba es no resolver y cuando se trata de una figura pública que cometió un crimen es absurdamente rotunda la inacción en la investigación, es decir que se echa a andar todo un aparato y muchas veces no por consigna sino porque se instaló un modo de funcionar en el que no se resuelve sino se obstruye y se oculta.

Catorce años después de que se iniciara esta guerra podemos ver como se detonó un circuito imparable de violencia que sigue dejando cifras alarmantes y materializándose en una crisis humana profunda. El ciclo de violencia está integrado por una siniestra suma de crímenes de estado, crímenes de poder, crímenes de los poderosos y crímenes patriarcales que se reproducen sistemáticamente por la impunidad, la corrupción y la normalización de la crueldad. Un ciclo perverso y atroz se hizo cotidiano, se reproduce y muta.

Después de hacer este breve recorrido es necesario mencionar que tanto Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto tienen denuncias en su contra, Calderón ante la Corte Penal Internacional desde 2011 y Peña Nieto ante la Corte Internacional de Justicia desde 2018, ambos por crímenes de lesa humanidad. Hay responsables directos de las atrocidades cometidas y detonadoras de la grave situación por la que aún atraviesa México. Es absolutamente burdo que aún se vea a estos personajes proponerse como opción política. El perfilamiento que comienza a hacerse de posible candidata para la presidencia de Margarita Zavala (esposa de Calderón) es un símbolo de la impunidad y de la criminalidad sin límites.

No se puede hacer un recorrido de la realidad detrás de la guerra y de la criminalidad estatal sin abordar el presente. En la administración de López Obrador la militarización ha ido en aumento, no solo se “avanzó” en la militarización de la seguridad y de las tareas policíacas con la creación de la Guardia Nacional y con la aprobación de la Ley de Seguridad que en la administración de Calderón y Peña Nieto no se pudo concretar. La Ley de Seguridad de López Obrador se aprobó a pesar de que existían suficientes elementos que demostraban que las fuerzas armadas están preparadas tal vez para la guerra, no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal por el alto índice de letalidad que representan (Nodho, 2018). Se colocó a los militares en una posición privilegiada para opinar sobre la vida pública, participando en comités científicos y en la administración de proyectos de infraestructura. En pocas palabras se premió a los militares, a las fuerzas armadas responsables del mayor número de violaciones graves de derechos humanos cometidas desde 2006. No se combate, no se investiga y se deja en la impunidad a las fuerzas armadas. El caso del General Cienfuegos que implicó una cruzada diplomática y del cual ahora se mantiene absoluto silencio es una muestra de ello. En el caso de Ayotzinapa no basta con ver procesados a los bajos y medios mandos, hace falta una investigación profunda enfocada en altos mandos militares. La intención de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional demuestra también la decisión de militarizar la vida pública y refleja la dinámica antes conocida de decir una cosa y hacer otra. Estos juegos de argumentar algo cuando se aprueba una ley que genera controversia para más tarde borrar lo antes dicho reproduce dinámicas añejas y en el caso de la Guardia Nacional demuestra una vez más no solo que López Obrador está decidido en la militarización como vía para enfrentar la crisis que se vive en México sino en construir una fuerza militar entorno a él. Esta creciente militarización y sacralización de las fuerzas armadas aunada al clima de criminalización de la crítica es sumamente peligroso. El pretexto de descalificar a “la oposición”, metiendo a todo/as en el mismo saco ha provocado un clima político en el que la crítica es considerada como reaccionaria y “contra”, aunque quienes son críticos lo hayan sido con los anteriores sexenios y hayan sido víctimas de ellos. Estos elementos y la creciente violencia contra la/os defensora/es ambientales y la imposición de proyectos extractivos generan el riesgo no solo de que siga la violencia y la impunidad sino de que la lógica represiva y contrainsurgente estatal y no estatal encuentre nuevos modos de operar y de disfrazarse. Los daños que ocasiona el crimen y el modo en que se definen los actos criminales reflejan la lógica de funcionamiento político y social. En esta llamada cuarta transformación los daños son atribuíbles al daño económico, los crímenes que están dispuestos a investigar son los de cuello blanco, ósea los crímenes cometidos por estructuras estatales y/o funcionarios más normalizados y aceptados. Los crímenes que han ocasionado daños sociales incluso masivos no son prioridad de este gobierno, el tema de la justicia es asunto menor. Hay dos aspectos que implican una continuidad en estos tres sexenios, la militarización y la imposición de Megaproyectos que paradójicamente se llaman distinto aunque parten de planes muy viejos, como el corredor Transístmico que era parte del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox.

Por todo esto no podemos hablar de este tipo de crímenes como asunto del pasado. La voluntad de desmantelar al Estado criminal no puede ser retórica, los pasos que se tomen en este sexenio pueden afianzar, debilitar o reconfigurar esas estructuras y dinámicas.

La búsqueda de un nuevo modo de nombrar

La necesidad apremiante de encontrar nuevos modos de nombrar a los actos que están siendo cada vez más producidos y replicados nos está demostrando los límites del derecho y de la defensa de derechos humanos. Seguir llamando violaciones graves de derechos humanos a las prácticas mencionadas es cada vez más insuficiente sobretodo porque se ha vuelto “aceptable” o normal que un estado viole derechos humanos, como si hacerlo fuera parte de su tarea o fuera una consecuencia lógica de su práctica. Cuando un crimen de Estado provoca un daño social profundo hablar de violaciones graves de derechos humanos no refleja la gravedad del acto. Hablar de crimen de Estado o crimen de poder no excluye que se hayan cometido violaciones de derechos humanos, lo que configura el crimen de Estado o de poder son las motivaciones del acto desde una estructura organizacional y la condena social que se da en torno a dicho acto. Es necesario hacer una diferenciación en esa escala de daños. Llamar crimen o violación de derechos humanos a un acto depende del daño causado socialmente, es decir a un grupo de personas, a comunidades enteras o a poblaciones de forma masiva. La relación entre los daños y el modo de llamar a los actos es muy importante comenzar a diferenciarla para lograr llamar de modo más preciso a quienes cometen sistemáticamente este tipo de actos.

Después de padecer y ver imágenes crueles y aberrantes en la televisión, periódicos y redes sociales durante años, la desproporcionalidad en la condena social es aberrante. Llegamos al punto en el que estamos ahora, en el que mientras siguen siendo cotidianos los hallazgos de fosas despierta mayor indignación social la agresión a un perro (decirlo no justifica el maltrato animal), se condena que se pinten edificios con consignas cuando diario matan de los modos más atroces a las mujeres y aún existen amplios sectores sociales que respaldan la militarización. La necesidad de “trabajar” en la condena social y en la desnormalización de los actos criminales estatales contribuye a dejar de aceptar esos actos, a cambiar el modo de percibir a esas estructuras y a pensar en modos de detener la reproducción de esas prácticas.

¿Criminología para estudiar la criminalidad estatal y los crímenes del poder?

¿Así que por qué hablar de crimen y criminales? No porque guste la palabra que ha servido como justificación para criminalizar la pobreza, la juventud, la raza, todo lo contrario. Porque la palabra crimen ha servido para legitimar un sistema penal basado en el doble discurso, que como advirtió Foucault (1976) pasa a ser uno de los instrumentos del poder, generándose un circuito en un sistema que jamás se interrumpe (política-prisión-delincuencia). La criminología ha servido para fijar valores sociales y promover su aceptación en aras de lograr el mantenimiento del “orden natural de las cosas”, por eso una criminología que rompa con ello y parta de una lógica opuesta es urgente.

Así llegamos a la enorme necesidad de reapropiarnos de las palabras y de voltear el tablero. La ciencia que estudia a los actores criminales y sus actos es la criminología. La criminología tradicional y positivista le sirvió siempre al poder. Estableció perfiles racistas y eugenésicos de lo/as criminales, sentó las bases para justificar el control social. Desde los sesentas surgieron corrientes que cuestionaron esas condiciones y poco a poco derivaron en críticas al sistema, al orden. Se dieron pasos como el de concebir el acto criminal como un acto racional, no derivado de condiciones biológicas o de tipologías físicas. Se comenzó a hablar de delitos de cuello blanco y se les comenzó a estudiar. Se llegó desde esos otros modos de ver el crimen a la conclusión de que esos actos y el funcionamiento del sistema capitalista van de la mano. Surgieron teorías muy interesantes y novedosas que comenzaron a explorar en una criminología del Estado. Así que por ese camino trataremos de explorar la necesidad de pensar y entender los crímenes de Estado y de poder como pistas para ir dilucidando lo que son los Estados criminales.

Para comenzar a plantear estudios de criminología del Estado para este tipo de realidades parto de la idea de Estado como una relación de dominación organizada en un orden jurídico y coactivo en determinado territorio que se justifica bajo el discurso del bien general aunque en la práctica las más de las veces sea del interés privado. La idea del funcionamiento de las normas como un sistema puro (Kelsen, 2010) resulta imposible en panoramas como estos. Reconocer que estas realidades van más allá del horizonte de la legalidad y del derecho, que la deconstrucción es la justicia, no el derecho (Derridá, 1994) es vital para seguir adelante.

Para comenzar haré un breve recuento de qué se supone que es un criminal. Retomo lo que dice Quinney (1970) sobre que no existe una definición absoluta, pues ésta depende de qué sistema legal se hable, por lo tanto es necesario verle de forma dinámica, según el sistema legal, social, económico y cultural del que estemos hablando, es una definición de la conducta humana creada y autorizada por agentes en una sociedad organizada políticamente. La formulación y aplicación de definiciones criminales es lo que vuelve criminal a una persona es decir que el crimen es creado. No es inherente a la conducta, es un juicio hecho por algunas de las acciones y características de otros, es visto como resultado de un proceso que termina en la definición de personas y comportamientos como criminales.

Antes de seguir es importante dejar claro que cuando se habla de delito se está ante un acto estipulado en la ley como tal, la ley establece lo que es delito. Para este artículo resulta más pertinente hablar de crimen, como un acto que daña socialmente. La cuestión que hace que un acto sea considerado criminal es el daño causado, a un grupo social, a la sociedad. Para Mclaughling (2001) el daño es relativo a la naturaleza, gravedad y alcance del daño. El crimen es puesta en crisis de lo común, supone diferenciar unos actos de otros (Martyniuk, 2018).

Las percepciones del crimen como comportamiento dañino están inspiradas en la posición que uno ocupa tanto en el sistema social como en el espectro político (Ruggiero, 2010) por eso se criminaliza según donde está una/o parado, se criminaliza según la música que se escucha (por decirlo de algún modo).

En la llamada nueva criminología se usó el término “acto desviado” para referirse de otro modo al crimen. Al usar ese concepto hacían alusión a que el individuo se aparta de la sociedad, se desvía de ella. Uno de los teóricos de este concepto es Howard Becker, para quien “los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación… Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal (Becker, 2018: 28)”.

Este concepto del acto desviado es parte de las contribuciones de la teoría llamada del etiquetamiento, el acto de etiquetar coloca al actor en una situación que le complica la vida cotidiana (Becker, 2018), la rutina normal y que lo lleva a realizar acciones “anormales”. La etiqueta que se le aplica a ese actor marca una diferencia en el modo en que todos, actuarán por consecuencia. Esto es muy cuestionable y es lo que se le ha hecho injustamente a jóvenes y rebeldes, es lo que se hace cuando se habla de “socialmente peligrosa/so”. Por eso es muy interesante usarlo con el Estado. Sería deseable por lo menos complicarle la vida cotidiana a quienes se dedican a complicar la vida de poblaciones enteras.

En paralelo a lo que fueron generando esas corrientes criminológicas surgieron ideas como la de Alesandro Baratta (1986) que sostenía que era necesario delinear una política criminal alternativa, es decir una política de las clases subalternas en el sector de la desviación que consistía en hacer un análisis radical de los mecanismos y funciones del sistema penal en la sociedad capitalista. Inspirada en este asunto del control social surgió desde Latinoamerica la criminología de la liberación, en esa aportación crítica la dominación requiere del control social y para desenmarcarse de la criminología hecha en Europa y en países desarrollados, la criminología de la liberación agrega como elemento central la neocolonización (Aniyar de Castro, 1985), esta criminología pretende hacer teoría crítica del control social. Cuestiona la creación de estereotipos clasistas de la/os delincuentes y señala el desinterés de la escuela tradicional criminológica en la delincuencia de las clases hegemónicas. Desde ahí comenzaron a realizarse investigaciones sobre la delincuencia del poder, la violencia interestatal y transnacional. Existen importantes críticas a la inercia colonial que se manifiesta en las corrientes criminológicas europeas y norteamericanas, se establece una correlación entre los crímenes de Estado, la teoría socio-jurídica y criminológica y el colonialismo (Osoria, 2016).

Uno de los pioneros de la criminología del Estado fue Chambliss (1988) que empleó el término crímenes de Estado organizado para referirse a los actos definidos por la ley como criminales y cometidos por los agentes estatales en el cumplimento de sus deberes como representantes del Estado.
Como podemos ver para Chambliss se requiere de un acto definido por la ley como criminal. Esto ha sido objeto de discusión en esa área criminológica pues hay otras posturas que agregan más importancia al daño social que causan que a lo que esta o no establecido en la ley. Por ejemplo el concepto de crimen de Estado de Kauzlarich (1995) lo define como un acto o política ilegal o socialmente dañina por omisión o comisión por un individuo o grupo de individuos en una institución legítima de gobierno, ejecutada para consumar los objetivos y metas de dicha institución.

Aunque existen ya varias reflexiones criminológicas sobre los Estados trato de terminar con una que puede servir como herramienta para identificar la configuración de crímenes de estado. Ward (2013) sugiere que para definir un crimen de Estado es necesario considerar tres cuestiones: ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista?, ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal como la fuerza policial, más que por el comportamiento de unos pocos agentes de policía “sinvergüenzas” u otros oficiales? y ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

Cuando se hace el ejercicio de contestar las tres preguntas anteriores en relación a los actos cometidos por ejemplo por las fuerzas armadas en la guerra del narco se puede ver que los comportamientos de los agentes en cuestión no son aislados sino que indican que las torturas son parte de una práctica “recurrente, rutinaria, estandarizada y estructurada; develando que no se trata de una actuación espontánea, sino que forma parte de un plan o de una política de las autoridades federales” (CMDPDH, 2020: 27).

Una característica de estos crímenes es la justificación que se hace de ellos, generalmente se presentan como necesarios. Zaffaroni (2017) sugiere que para estudiar los crímenes de Estado desde la criminología crítica se les puede comenzar a analizar con las mismas técnicas de estudio que se usaron para estudiar a los “delincuentes juveniles”, por ejemplo las cinco técnicas de Sykes y Matza en las que la justificación juega un papel central. Hacer esto con las diversas técnicas que presenta la criminología es algo que puede ser viable para hacer criminología de los Estados.

El asunto de la revictimización y de la criminalización de las víctimas de tortura, feminicidio, asesinato y desaparición en México aparte de ser un problema muy generalizado es una muestra de la justificación y la neutralización que hacen los perpetradores. Es grave el efecto que esto juega en la condena social, la idea de la/o mataron por criminal, por respondon/a, por que se lo buscó es generalizada y lamentable. Los familiares de víctimas de este tipo de crímenes no solo cargan con el dolor ocasionado por la pérdida de su familiar o por el daño que le causaron sino con la criminalización cotidiana que padecen loas familiares y la propia victima.

Es importante mencionar que también existe el concepto de crímenes contra el Estado a los que sí se les suele condenar y castigar. Eso lo podemos ver en la disposición de López Obrador de juzgar por traición a la patria a los expresidentes. Se les podría llegar a juzgar por esos crímenes pero niega que Ayotzinapa haya sido un crimen de Estado. Es decir que se acepta que la actuación en contra del Estado hay que castigarla pero no la actuación contra la sociedad, contra los pueblos, contra la humanidad.

La criminalidad estatal es particularmente grave por que quienes cometen el/los actos criminales cuentan con el monopolio del uso de la fuerza y de los órganos jurisdiccionales, lo que les ubica en una posición estratégica para ocultar sus actos. Así podemos concluir que los crímenes de Estado son actos cometidos por agentes estatales que van más allá de un acto aislado, manifiestan la voluntad del Estado, se garantizan por la impunidad y ocasionan daño a muchas personas, a veces a poblaciones enteras. Son actos que provocan un daño masivo, comunitario o social y atentan contra la vida, la libertad, la tranquilidad, la paz y la justicia. La práctica sistemática de crímenes de Estado, de crímenes de poder, de crímenes de los poderosos y del patriarcado genera Estados criminales. La herramienta que presenta la criminología puede servir para entender las motivaciones de esos actores criminales y los modos de configuración de esas estructuras criminales para buscar modos de señalarlos, de reaccionar ante ellos y de enfrentarlos. Hasta ahora hay esfuerzos, como algunos de los antes mencionados que analizan los crímenes de Estado, de poder, etc. Trabajos enfocados en un análisis crítico y rebelde de los Estados criminales, de sus características, motivaciones, formas de estructurarse y de justificarse aún son casi inexistentes. La realidad está implicando nuevas pistas en ese campo.

El asunto de señalar es ponerle nombre a los actos y a los actores. Una criminología que no esté al servicio del poder tiene que nombrar sin tapujos, sin encubrimientos, sin ánimo de afianzar “el orden de las cosas”. Así que partiendo de la necesidad de usar otras palabras podríamos cambiar criminalización por señalamiento, no de un individuo sino de un acto y de una estructura. Aunque finalmente los actos son cometidos por individuos y esto pueda derivar en que uno de ellos sea procesado, lo cual también es necesario y que es reclamado con toda razón por los familiares de desaparecido/as, ejecutado/as. Esto puede permitir que la vieja práctica del chivo expiatorio no resuelva el problema, pues como hemos visto en México y en otras partes del mundo el Estado, como otras estructuras criminales lo hacen, está dispuesto a sacrificar a alguno de sus “servidores” para continuar con sus tareas e intereses. Si se logra concentrar la atención de los actos en las estructuras, en la cadena de mando, en los beneficiados de los actos criminales entonces la estructura completa debe ser señalada. El señalamiento no es necesariamente legal, aunque sería deseable que tras señalar una estructura criminal hubiera implicaciones específicas sobre esas personas.

Las pistas que presentan estos esfuerzos criminológicos pueden ser una herramienta para los movimientos sociales, hace falta comenzar a generar nuevos códigos, nuevas palabras, nuevos modos de nombrar, es necesario que al realizar análisis precisos de la criminalidad estatal y de poder se encuentren nuevos modos de enfrentarlos y de defendernos de ellos para seguir luchando, construyendo, viviendo.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 a nivel global se demostró la inocultable crisis provocada por el capitalismo y por el calentamiento global. Se hizo evidente todo lo que se desmanteló con el neoliberalismo, se manifestó de un modo brutal la pérdida de los derechos sociales. La criminalidad del sistema está ahí, asoma su rostro y advierte su feroz amenaza. Los estados que se hicieron criminales responden a la dinámica de un sistema criminal. La desnormalización de esa aberrante realidad es urgente y se ha mostrado en las revueltas sociales, en las calles que arden de rabia con todo y la amenaza de contagio.

Resuena en el mundo la frase: “nos están matando” que gritan desde Colombia, el movimiento de mujeres kurdas exige el inicio del proceso de reconocimiento del feminicidio como un crimen similar al genocidio, los señalamientos por crímenes de guerra y crímenes de estado a Estados Unidos por lo que hicieron en Irak no han cesado, la práctica genocida de Israel y la ejecución de crímenes de Apartheid contra Palestina es inocultable y amerita mayor condena, mayor respuesta. Poco a poco la realidad demuestra que algo ya no sirve, algo urge, algo estalla y no es un bomba tirada por un pueblo pobre, pequeño, explotado.

Una vez más lo/as zapatistas nos hacen abrir los ojos, la llegada de la montaña que navegó en el mar y arribó a España muestra que voltear todo al revés es posible, la historia se vuelve a escribir y los sueños en medio de la pesadilla navegan a toda velocidad. Así que, ¿Qué puede seguir?

Referencias

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