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1979 al revés

Written by Debate Plural

Cédric Durand (Viento Sur, 21-6-21)

 

En 1979, cuando Jimmy Carter nombró a Paul Volcker presidente de la Reserva Federal, el mandato estaba claro. Aborde la inflación, cueste lo que cueste. Y así lo hizo.

A finales de 1980 las tasas de interés alcanzaron un récord del 20% y la inflación cayó de un máximo del 11,6% al 3,7% en 1983. Para la clase capitalista esto vino acompañado de una bonanza económica y política. Las subidas de tipos desencadenaron una severa recesión, precipitando una ola de reestructuraciones y despidos que ayudaron a aplastar a los sindicatos, desmoralizar a la izquierda y disciplinar al sur global. El resultado fue una «venganza de los rentistas» y un aumento bien documentado de las desigualdades.

El “golpe de Estado de 1979” de Volcker, como lo llamaron Gérard Duménil y Dominique Lévy en Capital Reemergente (2004), se produjo en un período en el que se encontraba en declive el dinamismo sistémico del mundo capitalista avanzado-provocado por la intensificación de la competencia, con exitosas recuperaciones para Japón y Alemania –que tropezó con una creciente militancia sindical y movimientos sociales de masas, produciendo una crisis general de gobernanza. Mientras tanto, las fuerzas radicales de los antiguos países coloniales pidieron un Nuevo Orden Económico Internacional basado en la soberanía económica y la regulación de las multinacionales. El golpe de 1979 fue posiblemente el factor más importante para cambiar de rumbo y hacer frente a estas fuerzas insurgentes. Se fortaleció la hegemonía del dólar. Los países del sur global se vieron obligados a ponerse de rodillas ante el creciente coste del pago de la deuda, viéndose obligados a adoptar programas de ajuste estructural elaborados por el FMI y el Banco Mundial en coordinación con el Tesoro de EE UU. En el norte global, los gobiernos pro-EE UU liberalizaron los flujos de capital, subordinando las relaciones laborales y los sistemas de bienestar al creciente poder de las finanzas.

Estabilizar precios, aplastar al movimiento obrero, disciplinar al sur. Esta fue la lógica básica del golpe de 1979. Durante cuatro décadas los beneficios financieros se priorizaron sistemáticamente frente a las relaciones laborales, el empleo, las condiciones medioambientales y las perspectivas de desarrollo. Ahora, en 2021, hay indicios de que esta era al fin está acabándose. Sin embargo ¿en qué medida y con qué medios? El desarrollo lógico del cambio de rumbo que ocurrió hace más de cuarenta años nos puede ayudar a entender el momento presente. Los Planes de Biden ¿son simplemente una nueva inflexión de las normas neoliberales o equivalen a una clara ruptura con el régimen posterior a 1979?

Hasta ahora, la expresión más exagerada del optimismo de izquierda  proviene del Wall Street Journal (WSJ). El principal periódico conservador de EE UU nos dice que «Joe Biden puede ser el presidente más anti-empresarial desde F.D. Roosevelt». Su Administración está poniendo en práctica «una agenda Bernie Sanders-Elizabeth Warren que aumentaría enormemente el control del gobierno sobre los negocios y la economía». El WSJ no está particularmente perturbado por la ola de gastos de Biden; pero sí está indignado por el planeado aumento de los impuestos corporativos y sobre el patrimonio, así como por el intento de reforzar la implicación sindical mediante la Pro Act, «la legislación laboral de mayor alcance desde la década de los años 30”.

De hecho la Pro Act podría tener grandes consecuencias, tanto económica como políticamente, si el creciente poder asociativo de los sindicatos abriera paso a una organización ampliada, mejorara las condiciones sociales y rejuveneciera la política de la clase trabajadora. Sin embargo, su efecto se verá socavado mientras exista un gran ejército de reserva de trabajadores desempleados y subempleados que presione a la baja los salarios y las condiciones de trabajo. El empleo en EE UU sigue  estando profundamente deprimido y, como es bien sabido, Biden eliminó el salario mínimo de $15 del paquete de ayuda para afrontar el Covid. No obstante, la reducción del desempleo y el subempleo parece ser un objetivo.

El estímulo de 1,9 billones de dólares de Biden, combinado con los paquetes adicionales de Trump, ha inyectado un total de 5 billones de dólares, casi el 25% del PIB, a la economía de EE UU, la mayor expansión fiscal en tiempos de paz. Más que suficiente para reflotar la economía desde la sima más baja del Covid-19,  y este voluntarismo económico es una desviación inequívoca de la moderación fiscal de la administración Obama y la austeridad dogmática de la UE. Su importancia ideológica no debe subestimarse.

En primer lugar, como señaló Serge Halimi en el número de abril de Le Monde Diplomatique, una de las características más prometedoras del Plan de Rescate de       EE UU fue su universalidad. A finales de abril más de 160 millones de estadounidenses habían recibido un cheque del Tesoro por valor de 1.400 dólares. Fue una ruptura con la ideología punitiva de los subsidios sociales neoliberales, generalmente distribuidos bajo condiciones estrictas y humillantes. Allana el camino para medidas más amplias, con miras a las próximas elecciones parciales de 2022.

En segundo lugar, la escala del gasto público de la Administración está diseñada deliberadamente para generar una economía de alta presión, que necesariamente conlleva un elemento de riesgo inflacionista. Es en este sentido que 2021 puede considerarse como un golpe de 1979 a la inversa. Durante décadas, como subrayara Adam Tooze -saludando el amanecer de una nueva era económica- «el sesgo del criterio tecnocrático» ha estado a favor de la estabilidad de los precios y  contra el mundo del trabajo. Esto está claramente cambiando. Al menos desde 2019 la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se ha estado refiriendo a los argumentos sobre las ventajas sociales de una economía de alta presión desarrollados por Arthur Okun en Brookings en la década de los años 70.Okun,  durante un breve periodo presidente del Consejo de Asesores Económicos de L.B. Johnson, argumentó en 1973 que aceptar la holgura (la subutilización de recursos, especialmente la de mano de obra) como póliza de seguro contra la inflación implicaba “sacrificar la movilidad ascendente”, mientras que “una mayor presión sobre el mercado laboral iniciaría un proceso de ascenso en la escala económica por el que los hombres que anteriormente tenían trabajos deficientes se trasladarían a otros mejores dando así paso a mujeres y jóvenes en las actividades menos remuneradas”. Las diferencias salariales se reducirían, ya que «las mismas fuerzas que generan más empleos también generan mejores empleos y más productividad por trabajador».

Esta parece ser la estrategia de Biden: aumentar el empleo, reducir la desigualdad y fomentar el crecimiento de la productividad  mediante una política económica de alta presión. Como lo expresaron los redactores de sus discursos al señalar que «la economía de goteo nunca ha funcionado»; el objetivo debería ser «hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y hacia el centro». Detengámonos un momento para disfrutar de estas palabras: un simple cambio de sentido del tipo de políticas que demócratas como Biden han estado implementando durante décadas. Para la izquierda esto representa el resultado de años de movilización ideológica y política durante las campañas de Sanders, y el ascenso de AOC (Alejandra Ocasio-Cortez) como la punta del iceberg del esfuerzo activista.

Sin embargo, también responde a una situación en la que los mercados financieros, supuestamente el sistema nervioso central de la economía, han pasado la última década apoyando sistemas de soporte vital y han perdido contacto con las ganancias subyacentes. En otras palabras, debemos preguntarnos: si el golpe de 1979 mostró que el auge de las finanzas supuso la caída del factor trabajo ¿podría el giro pro-laboral de 2021 tener éxito en destronar a las finanzas?

Brian Deese, jefe del Consejo Económico Nacional de Biden, anteriormente vinculado al gigante de inversiones Black Rock, no representa una ruptura con el modelo habitual de tecnócratas de Wall Street-Washington. Sin embargo, en una entrevista con el New York Times el mes pasado explicó el fundamento del giro estatalista de la Administración. Los desafíos fueron (1) el cambio climático, (2) la desigualdad y (3) China. Ninguno de estos podría ser abordado adecuadamente por el mercado, por lo que el Estado tuvo que intervenir. Vale la pena detenernos en los tres desafíos.

Las sequías, los incendios y los huracanes han hecho del cambio climático una realidad concreta en EE UU, y no mitigarlo ya no es una opción. Según Deese toda política económica debe ser política climática y, para ser políticamente sostenible, también debe ser una política de empleo. La Administración ha desplegado debidamente sus políticas ecológicas bajo la bandera de un Plan de Empleo para desactivar cualquier choque entre medioambiente y empleo.En contraste con el estímulo, el principal problema con el  Plan de Empleo Americano –unido al Plan para Familias Americanas destinado a atender el cuidado infantil y la educación – es que su volumen es decididamente insuficiente. Sus combinados $4.05 billones  aparentan ser grandes cifras. Pero éstas deben distribuirse a lo largo de una década, de modo que en total representa solo el 1,7% del PIB por año, lo que es irrisorio  para  atender la pretensión de “reconstruir una nueva economía”, lo que no es sino una pequeña fracción de los $ 16,3 billones (o 7,6% del PIB por año) propuesto por el  Green New Deal de Sanders.

La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles estima que para la infraestructura se requieren $2.59 billones de inversión adicional simplemente para mantener entre 2020-2029 la infraestructura existente  en buen estado. El plan de Biden ayudará a mantener el existente sector ferroviario, pero no lo expandirá para sustituir a los automóviles o aviones. La llamada transición verde de Biden tiene como objetivo limpiar los procesos existentes, no transformar los estilos de vida y consumo. Un optimismo infundado sobre el avance tecnológico complementa el imperativo de preservar las relaciones sociales capitalistas.

Curiosamente, el plan en su forma actual no depende de financiación privada. Los inversores financieros están pidiendo activos a largo plazo, en particular proyectos de infraestructura de partenariados público-privados.  Larry Fink, ex director ejecutivo de Deese en Black Rock, dice que están preocupados porque «hay enormes reservas de capital privado a la espera» dada la falta de proyectos seguros en los que invertir. El equipo de Biden se está resistiendo a estos cantos de sirena por ahora, aunque todavía esté promoviendo ese tipo de modelo de privatización en el sur global. Una razón obvia es que, como observa The Financial Times, la deuda del gobierno federal siempre sale más barata que los beneficios comerciales necesarios para los operadores de infraestructuras del sector privado, “un coste que finalmente recae sobre los usuarios de los servicios esenciales”. Pero fue precisamente este tipo de obviedad el que el pensamiento neoliberal trató obstinadamente de ofuscar.En cambio, la Administración Biden plantea un modesto aumento en el impuesto corporativo, del 21% al 28%, muy por debajo de la tasa del 35% antes de Trump, y pide una tasa global mínima del 15%. La tasa máxima del impuesto sobre la renta aumentará gradualmente del 37% al 39,6%, y las tasas ordinarias del impuesto sobre la renta podrían aplicarse a las ganancias de capital y dividendos para los estadounidenses que ganan más de $1 millón al año. En algunos estados, el impuesto combinado estatal y federal sobre los rendimientos de capital podría estar por encima del 50%, si se consigue que la legislación sea aprobada por el Congreso. Ideológicamente, su misma articulación es una refutación de la afirmación neo-schumpeteriana de que los incentivos para los propietarios de capital son los principales impulsores de la innovación y el empleo. Es aún más convincente en un período en el que el capital sobreabundante es extremadamente barato, la inversión privada está deprimida y existe una necesidad ampliamente reconocida de infraestructura pública y social.El tercer elemento es el ascenso de China. Sería difícil exagerar aquí la fuerza del pensamiento nacional-imperial estadounidense o los desafíos que plantea para la izquierda internacionalista. Sin embargo, una consecuencia no deseada es dejar aún más de lado a los mercados financieros como un aparato de coordinación macroeconómica. Deese lo expresa sin rodeos: “No existe una solución basada en el mercado para abordar algunas de las grandes debilidades que estamos viendo abrirse en nuestra economía cuando estamos tratando con competidores como China que no operan con reglas basados ​​en el mercado”. . Esta no es una concesión menor.Como Isabella Weber lo documenta para los años 80 en su obra How China Escaped Shock Therapy [Cómo China escapó de la terapia de choque] (2021), el malabarismo para  labrar el camino del PCCh hacia el capitalismo se basó en un debate sobre la estrategia de reformas del mercado. En varias ocasiones se consideró la opción de una liberalización total, pero finalmente se dejó de lado. En cambio, la República Popular China se involucró en la globalización capitalista mientras mantenía lo que Lenin llamó las «cumbres dominantes de la economía» bajo control estatal. Una vez que Washington reconoció que China no solo se estaba poniendo al día, sino que en algunas áreas le estaba superando, los funcionarios estadounidenses comenzaron a considerar lo que Deese describió como «esfuerzos específicos para tratar de desarrollar la fuerza industrial nacional»,  medidas que durante algún tiempo  se ridiculizaron como “política industrial ». Con China, al igual que con la política de desigualdad y la medioambiental, la Administración Biden confía ostentosamente en la relegitimación de la intervención estatal. Como se lamentaba el WSJ, la Casa Blanca parecía estar alejándose de los supuestos bipartidistas de que «el sector público es inherentemente menos eficiente que el privado y que los burócratas generalmente deberían diferir todo a los mercados». Combinado con aumentos de impuestos sobre los rendimientos de capital que viene a ser el interés central de la clase financiera, esto solo puede sugerir un cambio de suerte para la hegemonía de las finanzas. Si el grado de la intervención es limitado, su lógica es distinta a cualquier tipo de política neoliberal.

Desde 2008 el sector financiero ha dependido del apoyo estatal para apuntalar sus rendimientos que han perdido su inherente dinamismo. Los activos financieros desde hace más de una década se han visto inflados persistentemente por políticas fiscales y monetarias favorables a las empresas. Bajo este régimen de saqueo creciente las finanzas se han desconectado de los procesos basados ​​en el mercado. Se sustentan en subsidios ocultos e intervenciones del banco central para apuntalar la estructura de pasivos generados por el apalancamiento financiero y la especulación. La estabilidad financiera se ha convertido en una cuestión de toma de decisiones políticas, no de la dinámica del mercado.

Mientras esta situación persista hay una reversión lógica. Si bien los estados solían estar aterrorizados de que la liquidez del mercado se agotara -una característica típica de las crisis a partir de la década de los años 90-, la configuración ahora se invierte: la comunidad financiera está en un salvavidas público permanente para garantizar la liquidez, la compensación sin problemas del mercado y la provisión de activos.

Esta socialización del capital ficticio como nueva normalidad está comenzando a alterar el equilibrio de poder entre el Estado y los mercados, y en el seno de la clase capitalista a expensas de los rentistas financieros. La Bidenómica es un síntoma temprano de esta reconfiguración. Movimientos para fortalecer la posición relativa del factor trabajo, anular los privilegios fiscales de la clase rentista y rechazar la sabiduría neoliberal de que la coordinación del mercado es siempre preferible a la intervención estatal: estas señales equivalen a algo más que un simple cambio retórico. Señalan una ruptura estructural en la regulación del capitalismo, cuyas ondas de choque repercutirán en la economía política mundial durante los próximos años.¿Es este cambio suficiente para abordar las crisis sociales y ecológicas del siglo? Ni de cerca. ¿Altera las relaciones de clase esenciales? Al contrario: se esfuerza por relegitimar el orden social. ¿Es inequívoco? No: aunque la financiación privada se ha mantenido fuera de los nuevos proyectos de infraestructura nacional EE UU sigue impulsando la privatización y la desregulación en el sur global e intensificando su nueva Guerra Fría con China. ¿Impulsará una nueva fase de expansión económica? Lo dudo, debido a la magnitud de la sobreacumulación global y la desaparición de la bonanza de la industrialización. Aun así, 2021 será recordado como el momento en que el capitalismo global se reorganizó más allá del neoliberalismo, un cambio tectónico que alterará irrevocablemente el terreno de la lucha política.

Que hayamos llegado a este momento no debería ser una sorpresa. Ha habido muchos indicios de que la caja de herramientas neoliberal estaba resultando cada vez menos eficaz para la gestión diaria de la acumulación de capital. La crisis de la eurozona, las oleadas globales de protesta populista y la nueva asertividad de los monopolios digitales eran indicios de una creciente inestabilidad sistémica. Además de eso, la pandemia aceleró la presión para el cambio. A estas alturas, una de las pocas cosas que se puede decir con seguridad es que la posibilidad de volver a saborear el sabor de las victorias populares es un poco mayor que hace cinco meses. Eso no es mucho. Pero para personas como yo, nacidas en la década de los años 70 o después, es una novedad.

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