Alexis Cortés (El Siglo, 15-3-21)
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el equivalente a nuestra Corte Suprema, Edson Fachin anuló, el pasado 8 de marzo, los cuatro procesos que eran llevados en contra del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva en la Corte de Curitiba.
Asestando un duro golpe a lo que se conoció como “Operación Lava Jato”, la resolución de Fachin básicamente establece que los juicios y las condenas en Curitiba nunca debieron haber ocurrido en ese lugar, pues esa corte solo tenía autoridad sobre casos que concernieran únicamente a la corrupción en Petrobras. Algo que en los 4 procesos en cuestión no se cumplía. Con esto se confirmaría la ilegalidad de los juicios.
El dictamen del juez le dio la razón a la defensa de Lula que desde hace 5 años venía afirmando esa tesis. Además, la consecuencia inmediata es que, con esto, Lula recupera sus derechos políticos y podría eventualmente candidatearse a la presidencia de la República en 2022. Justamente el fin de semana anterior a la decisión, un estudio de opinión lo mostraba, una vez más, como el candidato más competitivo para esa elección, superando con creces a Jair Bolsonaro.
No obstante, eventualmente con la transferencia del caso a Brasília, el nuevo juez que se designe podría utilizar las “pruebas” y testimonios recogidos por el juez Moro y arribar a una nueva sentencia. Sin embargo, para comprender el cuadro hay que necesariamente considerar el juicio retomado el martes 9 de marzo en uno de los plenarios de la Corte Suprema de Brasil, en donde se está tratando otra acción presentada por la defensa de Lula, esta vez contra el juez Sérgio Moro por prevaricación y juicio arbitrario. Ese mismo día, dos jueces realizaron contundentes votos que concluyeron que, en el caso de Lula, no se respetó el debido proceso, que el juez Moro abusó de su autoridad y tuvo comportamientos impropios para un Estado de Derecho.
Aunque este segundo juicio sigue en proceso, las recientes definiciones vienen a confirmar la sospecha que rodeó a toda la operación Lava Jato. Su objetivo no era hacer justicia, sino incidir en el escenario electoral perjudicando selectivamente a quien hubiera sido el más probable ganador en ese escenario presidencial: Lula.
Efectivamente la Lava Jato, por un lado, alimentó una narrativa de cruzada nacional, con películas apologéticas incluidas, donde tanto el juez Sergio Moro como los fiscales fueron entronados como “salvadores de la patria” y “héroes nacionales” contra la corrupción. Sin embargo, sobre todo a partir de las revelaciones que hiciera el sitio Intercept, a través de lo que se conoció como Vaza Jato, en donde se filtraron conversaciones que mostraban cómo el juez de manera indebida se asoció con los fiscales que acusaban a Lula para definir estrategias jurídicas que perjudicaran al acusado, además de evidenciar otras vulneraciones tales como: espionaje a la defensa, ocultamiento de pruebas (favorables a Lula), falsificación de testimonios y la asociación indebida con la prensa para incidir en las tendencias electorales.
Sin considerar estos antecedentes, el solo hecho de que el juez Moro hubiera aceptado la invitación de Jair Bolsonaro para ser su ministro de Justicia ya era un escándalo y sembraba sospecha sobre la credibilidad del proceso legal. Pues, a todas luces, parecía una retribución al juez por haber sacado de la carrera electoral al candidato más fuerte de la elección que terminó ganando Bolsonaro en 2018.
Las recientes determinaciones judiciales vienen a remecer completamente un escenario político marcado por la dramática situación de la pandemia, en donde conviven la incompetencia y negacionismo de Bolsonaro con la dispersión y debilidad de la oposición a su gobierno.
El 10 de marzo, el propio Lula rompió su silencio público con un discurso realizado en el Sindicato de los Metalúrgicos, donde inició su carrera política y desde donde marchó a cumplir una condena injusta en Curitiba. De esa intervención, se pueden destacar un par de cosas: la enorme capacidad de Lula para comunicar de manera simple ideas complejas; el contraste del periodo que encabezó, donde Brasil se convirtió en la 6ª economía del mundo y en un influyente actor global versus el momento actual donde el país es una especie de paria mundial, pues el premeditado descontrol de la pandemia ha puesto en riesgo la estrategia global de lucha contra la covid-19.
Finalmente, haciendo alusión al costo personal que vivió – la pérdida de su esposa, quien se agravó con las presiones del proceso y, ya durante la prisión, el fallecimiento de su hermano mayor y de un nieto – señaló la incomparabilidad de su sufrimiento con la tragedia colectiva que vive Brasil hoy por tener en la presidencia a alguien incapacitado para gobernar.
Dicen que la justicia tarda, pero llega. Aunque Lula no recuperará los 580 días que pasó en prisión, ni Brasil puede retroceder en el tiempo para evitar la dramática situación que vive hoy. La irrupción de Lula, sin embargo, parece transmitir, en parte importante de los brasileños, que el futuro sí puede ser diferente y que probablemente el ex dirigente sindical seguirá siendo protagonista de ese porvenir.
