Por: Angel Moreta 8Autor-Editor)
El llamado partido de la “liberación dominicana», es una entidad de conducta corrupta y perversa, pues la mayoría de sus acciones han sido componendas, robos, complicidad, apropiación indebida, prevaricación sin límites.
Desarrolló un sistema de corrupción que duró 20 años, y cuya historia probablemente termine con la derrota electoral contundente recibida el 6 de agosto del corriente año 2020.
Tal sistema fue instaurado en los periodos 1996-2000; 2004-2008; 2008-2012; 2012-2016 y 2016-2020, durante los cuales los gobiernos de ese partido manejaron una riqueza ilimitada ascendente a cientos de miles de billones de dólares y pesos dominicanos.
Hoy el pueblo dominicano desea vehementemente justicia, desea la aplicación de medidas drásticas en contra de cientos de ex funcionarios, altos y medianos, que practicaron actos de enriquecimiento ilícito, lavado, prevaricación, coalición de funcionarios y dolo, entre otros crímenes que afectaron seriamente el patrimonio del pueblo dominicano.
Se ha expandido en los medios de comunicación la consigna “es presos que los queremos”, que hoy día constituye voluntad de la sociedad dominicana en sus distintos estamentos, que incluyen sectores de clase media, organizaciones profesionales, sectores de trabajadores y pueblo en sentido general.
Esos funcionarios delincuentes y soberbios actuaron con prepotencia, altanería y desprecio a los sectores mencionados. Establecieron la cultura del reparto ilícito de la riqueza pública, adquirieron y vendieron bienes inmuebles, riqueza liquida en efectivo, créditos fáciles del Banco de Reservas, vehículos de alto confort, es decir, actuaron como quien dice “todo lo que hay en esta República es de nosotros” “somos dueños del poder y hacemos todo lo que sea ventajoso a nuestro enriquecimiento personal”. Y a nuestros intereses.
En ese sentido, el partido de la “liberación” dominicana, que nunca fue de la liberación, manejó y desarrolló una dictadura corporativa orientada al control de las operaciones económicas y financieras del Estado dominicano.
Dictadura corporativa mafiosa que va desde construcción de infraestructuras, reparto de contrataciones, compras sin licitación; licitaciones públicas internacionales privilegiadas, negociaciones inmobiliarias amañadas con grandes inversionistas nacionales y extranjeros; negociaciones multimillonarias en el área del turismo, en el área de la producción eléctrica, como el caso del proyecto de dos plantas termoeléctrica para la producción de energía convencional a base de carbón mineral importado de Colombia para la obra que se realiza en Punta Catalina, Provincia Peravia.
Esquema corporativo autoritario
Se trató de un esquema corporativo autoritario de dominación económica y social, cuyas consecuencias se ven a distancia a través del fenómeno del incremento de la pobreza, el desamparo social, la política partidista tradicional, corruptora de las instituciones, el reparto de contratos y el manejo de licitaciones corruptas e ilegales.
La concentración de poderes fue parte del esquema corporativo autoritario de dominación económica y social; al igual que la compra y destrucción de partidos y grupos políticos; también el nepotismo en los funcionarios y sus familiares.
La impunidad miserable y absoluta en el terreno de la justicia dominicana; el uso abusivo de los recursos provenientes de las contrataciones públicas sin licitación; y de las obras públicas y de infraestructura.
Otro elemento que debemos considerar también son las maniobras fraudulentas realizadas y negociadas por Danilo Medina, entre ellas la turbia negociación con Odebrecht-Tecnimont. Pero más importante aún, la atrevida modificación constitucional del articulo 124 en los años 2015-2016 para buscar la reelección de un hombre falso que mintió mil veces a los ciudadanos dominicanos para lograr su reelección fraudulenta, para lo cual compró una mayoría en la Cámara de Diputados.
Nadie como Danilo Medina utilizó la manipulación de la conciencia de los ciudadanos dominicanos, para la compra de medios de comunicación de la República; la compra de los servicios de muchos comunicadores y “periodistas” de los distintos medios, y que el pueblo los bautizó con el calificativo de “bocinas”. Sobre la compra de Diputados hubo denuncias de algunos de ellos que recibieron ofertas de dinero para que votaran a favor de la modificación de la Constitución para favorecer la reelección; hay que mencionar también los gastos extraordinarios en publicidad con el fin de construir una buena imagen pública y la falsa plataforma de una popularidad falsa y demagógica.
Hemos dedicado varios artículos al referido esquema de dominación corporativa, autoritaria y corrupta. En trabajos anteriores, hemos tratado de mostrar que los hechos de corrupción del PLD y del presidente Medina y su troika, ameritan la persecución criminal implacable en contra de esos ex funcionarios delincuenciales.
El pueblo espera y desea la más grande acción jurisdiccional en la historia dominicana en contra de Franklin Almeyda, Euclides Gutiérrez, Temístocles Montas, Simón Lizardo, Reynaldo Pared Pérez, Danilo Medina, Bautista Rojas Gómez, Eduardo Selman, Melanio Paredes, Radhamés Segura , José Rafael Vargas, Rubén Jiménez Bichara, Daniel Toribio, Ramón Fadul, Félix Jiménez, Aristipo Vidal, Antonio Isa Conde, Félix Bautista, Roberto Salcedo, Tony Galán, Francisco Javier García, Luis Manuel Bonetti, Freddy Pérez, Ignacio Ditrén, Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, Radhamés Camacho, José Enrique Martínez, Alejandrina German, Cristina Lizardo, Jean Alain Rodríguez, Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo, entre otros, y sus colaboradores y socios conocidos, cuya riqueza ilícita es incalculable, tales como Agripino Núñez Collado, el ilustre mitrado del Cibao, manejador de impíos.
En todas las redes sociales se han producido señalamientos, que pueden ser más o menos acertados, en el sentido de que los ex funcionarios delincuentes disponen de una fortuna grandiosa. El pueblo quiere justicia y por esa razón los señala como personajes totlamente enriquecidos de manera ilicita. El pueblo espera y desea acciones judiciales conducentes al castigo y al rescate de las riquezas malhabidas.
Las redes sociales han señalado lo siguiente:
Fortuna de dirigentes y funcionarios del PLD
Juan B. Rojas: 2,900 millones
Eduardo Selman: 16,800 millones
Melanio Paredes: 3,926 millones
Radhamés Segura: 2,226 millones
José Rafael Vargas: 2.011 millones
Jaime David Fernández: 3,608 millones
Rubén Bichara: 2,096 millones
Monchy Fadul: 2,639 millones
Daniel Toribio: 9,700 millones
Temístocles Montas: 7,400 millones
Rafael Lantigua: 629 millones
Roberto Salcedo: 2,948 millones
Felucho Jiménez: 32,828 millones
Aristipo Vidal: 920 millones
Tony Isa Conde: 2,023 millones
Enrique Martínez: 2,311 millones
Félix Bautista: 5,200 millones
Tommy Galán: 12,006 millones
Francisco Javier: 12,180 millones
Euclides Gutiérrez: 3,228 millones
Luis Manuel Bonetti: 23,946 millones
Ignacio Ditrén: 2,156 millones
Freddy Pérez: 12,926 millones
Chío Jiménez: 11,700 millones
Leonardo Carrasco: 3,232 millones
Las redes sociales no han tomado en consideración, hasta donde hemos percibido, que en ese listado no figuran los «peces grandes», que son los verdaderos cultivadores de ese caldo amargo.
El fundamento del llamado partido de la “liberación” dominicana fue la apoyatura en la Constitución corporativa, autoritaria y engañosa como la del 2010.
Esa Constitución, en cierta forma al servicio de las troikas, ha cerrado el camino a la participación popular, la cual requiere mecanismos constitucionales populares en una reforma que instale mecanismos de control popular como la asamblea constituyente; el plebiscito, la consulta popular, el referéndum y un poder judicial preponderantemente independiente con respecto al ejercicio partidario de los gobiernos que se suceden cada cuatro años en la República Dominicana.
