Por Angel Moreta (Autor-Editor)
Las tierras urbanas y rurales que pertenecen al emporio empresarial estatal llamado Consejo Estatal del Azúcar (CEA), vienen siendo robadas y apropiadas por los funcionarios de los gobiernos depredadores del autodenominado partido de la “liberación” dominicana (fíjense bien los lectores que nunca se autocalificaron de partido de la “liberación nacional”, que es un término de mucho alcance histórico y significado sociológico).
El proceso de apropiación privada fraudulenta de los patrimonios público del Consejo Estatal del Azúcar en República Dominicana, constituye delito y crimen de “cuello blanco”, ya que quienes lo ejecutan son funcionarios que tienen información privilegiada y poder, y que hoy son potentados económicos; y algún día tendrán que devolver al pueblo dominicano los bienes sustraídos de manera fraudulenta y mediante tráfico de influencia.
El proceso de apropiación ilegal aludido, es un hecho de acumulación originaria de riqueza, ejecutado a sangre y fuego desde las posiciones oficiales, utilizando tráfico de influencia y abuso de poder; y tiene que ver, y está directamente vinculado, con el proceso de privatización que es propio del modelo neoliberal imperante actualmente en nuestro país.
Dichas realidades relativas al robo público y apropiación sin calidad para ello, comenzaron a consolidarse a partir de las políticas de los gobiernos del llamado partido de la “liberación” dominicana, actualmente gobernante en República Dominicana; y se afianza a partir del año 2000, cuando surge por “voluntad popular” un gobierno del partido “revolucionario” dominicano, que viene a impulsar la apropiación privada fraudulenta (privatización) de todos los bienes estatales creados por la dictadura 1930-1961, y que en su totalidad y de manera principal han sido saqueados por los grupos y troikas que han llegado al poder mediante el fraude electoral, en nombre de la democracia. Ya hemos analizado en otras ocasiones la apropiación fraudulenta y la estafa del director del CEA de esa época con los terrenos y las mejoras del club de los trabajadores del ingenio azucarero en el municipio de Boca Chica.
Partidos, partiduchos, partiditos; “políticos”, politicastros, politiquillos; agentes partidarios inescrupulosos, abusadores de la democracia, a cuyo control llegan sin ningún programa serio de realizaciones sociales, utilizando influencia por medio de mecanismos inescrupulosos, sucios y delincuenciales.
Son los partidos del “sistema democrático” de la República Dominicana, sistema caracterizado por una Constitución corporativa, autoritaria y despótica, ya que los ciudadanos dominicanos no tienen ningún mecanismo de participación popular y solamente se les concede el derecho a colocar un voto en las urnas cada cuatro años.
Todo ese sistema constituye un fraude colosal, un engaño extraordinario, una estafa moral.
¿Quién persigue todos estos crímenes y engaños contra la sociedad y los ciudadanos dominicanos?
Pues simplemente nadie, y por eso somos una sociedad sin equidad, sin igualdad, sin justicia, sin aplicación de las leyes.
En una institución del Estado tenemos un famoso conjunto de personajes especializados en actividades de caliezaje, dizque con el fin de investigación de crímenes y delitos que afectan la seguridad nacional. Pero no se ocupan de la seguridad nacional, sino de proteger los grandes intereses de las empresas transnacionales, del fortalecimiento de grandes negocios, de los emporios internacionales, de la seguridad de los funcionarios; para garantizar la ampliación de sus actividades de extracción, exacción y evasión contra la Constitución vigente, varias veces violada por aquellos que hablan de la seguridad en el país.
Los que saben leer, conocen que estamos hablando de un organismo confuso llamado DNI en la República Dominicana que se ocupa especialmente de la seguridad, pero lo hace en forma de caliezaje, según el método de la dictadura trujillista, lo que constituye un sistema de secuestro de información privilegiada y de depredación institucional.
¿Acaso se ocupa esta entidad de tener un archivo cuidadoso sobre el robo de “cuello blanco”? ¿Sobre la depredación del Consejo Estatal del Azúcar? ¿Sobre los funcionarios violadores de la economía y las finanzas públicas? ¿Sobre el proceso de privatización ilegitima? ¿Sobre la competencia desleal en los combustibles, en la distribución de mercancías, en el contrabando, en el transporte y en el tráfico de fármacos?
¿Sobre un archivo para el conocimiento de la lista de empresas e individuos abusadores y privatizadores de las playas del país? ¿Sobre los especuladores con la moneda nacional? ¿O de confeccionar un archivo sobre aquellos individuos y empresas que falsifican medicamentos? ¿Sobre los grandes lavadores de activos provenientes de las actividades del narcotráfico? ¿Sobre la trata de personas en la forma de una esclavitud moderna en República Dominicana? ¿No tiene todo esto que ver con la seguridad del país?.
El concepto que tiene el DNI sobre la “seguridad nacional” es lógicamente muy estrecho, según convenga a determinados intereses ¿Acaso no tiene que ver la construcción de villas en las laderas montañosas de nuestras cordilleras, tierras ocupadas fraudulentamente por altos militares y oficiales de los distintos cuerpos policiales y de las fuerzas armadas? ¿Acaso no es una cuestión de seguridad la configuración de un archivo minucioso sobre los traficantes y el tráfico en la frontera?
En este segundo artículo sobre los delitos de “cuello blanco” a cargo de los funcionarios del partido de la “liberación” dominicana, vemos que prolifera el crimen dentro del Estado dominicano. ¿No concierne esto al caliezaje oficial revestido de agencia de investigaciones científicas?.
De ahí que últimamente alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios de la República, narran tales depredaciones del patrimonio público, y particularmente algunos apuntan específicamente a la necesidad de proteger los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que se han convertido, según lo narra la alcaldesa Bertilia Fernández, en “manzanas de oro” de militares y poderosos, que se apropian de miles de tareas de terrenos ante la mirada indolente de las autoridades.
Dicha alcaldesa explica, en el espacio que le brindó el periódico Hoy, en el sentido de que el gobierno debe paralizar radicalmente las “expropiaciones masivas de terrenos estatales”, que se han incrementado a raíz de la construcción de la autovía del nordeste, debido a la ambición de terrenos por parte de funcionarios y particulares con poder económico, vinculados a aquellos, que buscan beneficiarse de la plusvalía que esa obra va a agregar al valor de los terrenos del CEA (periódico Hoy 29/5/2019) (continuaremos).
