Por Angel Moreta (Autor-Editor)
El caso Odebrecht en la República Dominicana forma parte de la historia judicial del país. Ha sido uno de los casos de mayor corrupción, que le ha salido al país por más de cuatro mil millones de dólares, entre sobrevaluaciones, asesorías, contrataciones de terceras empresas, presupuestos abultados y la participación de empresas norteamericanas como Stanley Consultants y la empresa Fiht.
La licitación pública internacional celebrada al final del 2013 con el fin de seleccionar el “mejor oferente” para la construcción de dos plantas gemelas a carbón mineral, que producirían cada una 337 megavatios, haciendo un total de 674 megavatios, engendró múltiples polémicas, andanadas de ataques contra la corrupción e intentos gubernamentales por justificar una EPC totalmente dudosa.
El presidente Medina nombró una comisión investigadora paralela a los trabajos del Ministerio Público. Y designó a Monseñor Agripino Núñez Collado mediante el decreto 6-17, enero 2015 como el presidente de dicha investigación.
Agripino Núñez Collado aceptó su nombramiento como directivo principal de la comisión investigadora nombrada por la Presidencia mediante decreto 6-17, para realizar las pesquisas necesarias en el caso de los sobornos practicados por la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana en más de diez proyectos de construcción de obras de infraestructura, incluyendo la EPC para la construcción de dos plantas a carbón mineral en Punta Catalina, Provincia Peravia, que producirían 337 MW cada una.
Es claro que debió renunciar a la designación que hizo el presidente tan pronto la recibió, y explicar que lo hacía porque no podía ser juez y parte, ya que pertenecía desde hace muchos años al directorio de la referida empresa Aceros Estrella, la cual participó de la licitación celebrada para la obra de Punta Catalina conjuntamente con la empresa brasileña Odebrecht.
«Pero Núñez Collado lo hizo al revés, y al hacerlo así la sociedad dominicana interpreta que su interés exclusivamente en dirigir la comisión investigadora está por encima de su pertenencia a la empresa Aceros Estrella».
«Es la hipocresía de las élites políticas de República Dominicana. Ellas creen que el pueblo no se da cuenta de los manejos ordinarios que cotidianamente realizan. Esa situación viene de muy atrás, históricamente hablando, y se acentúa después del ajusticiamiento del dictador el 30 de mayo de 1961, cuando surgen nuevos grupos de élites herederas de esa tradición de deslealtad y engaño». (La renuncia de Agripino de Aceros Estrella no le añade credibilidad a la gestión investigativa de la comisión del decreto 6-17, 14/1/2017).
Esta situación indica que el proyecto de las dos plantas gemelas le fue asignado a la empresa Odebrecht, que es la más corrupta de muchos países del mundo, que en República Dominicana sobornó a funcionarios del gobierno de Danilo Medina por unos 195 millones de dólares o su equivalente en pesos dominicanos ascendentes a la suma de 9,790 millones a la tasa de los años 2013-2014.
Además Odebrecht demandó al gobierno por incumplimiento de contrato, lo que representó cerca de 490 millones de dólares adicionales, que pagará el pueblo dominicano supuestamente por compensación. Sin embargo, República Dominicana es uno de los países de América donde se cometieron fraudes y sobornos, cuyos beneficiarios fueron el presidente del partido en el poder y el candidato presidencial Gonzalo Castillo.
En medio de este berenjenal el economista Aristy Escuder renunció a su papel razonablemente crítico y fue nombrado por Danilo Medina miembro de la comisión investigadora dirigida por el designado Monseñor. Obviamente se dejó arrastrar al terreno en donde se justifican los actos de corrupción que caracterizan al sistema eléctrico nacional.
Ha dicho J. L. Malkun, en su artículo “Punta Catalina: la punta del iceberg de la corrupción gubernamental (Listín Diario, octubre 2020), lo siguiente:
“Para colmo de los colmos ya la planta está emitiendo desechos tóxicos en cantidades industriales que afectan toda la zona circundante y contaminan extensas áreas a kilómetros de distancia”.
“Si hoy se vendiera el 50% de las acciones de Punta Catalina el país recuperaría apenas el 40% de su valor, ósea, unos 1,200 millones de dólares con una pérdida neta de 600 millones respecto a su costo actual”.
Marcos Cruz
Ahora el escudero Escuder, después de haber sido cancelado por el nuevo gobierno, se ha dedicado a lanzar ataques injustificados contra el Ministerio de Energía y Minas y su titular Antonio Almonte, calificado hombre de ciencia en relación con el sistema eléctrico nacional, que realiza una labor ordenadora de dicho sistema y trata de imponer correctivos administrativos y estratégicos a la empresa estatal CDEEE.
Pero nuestro escudero se sumó a la corrupción del gobierno de Danilo Medina al incorporarse como beneficiario de las “troikas” que rodeaban a ese gobernante en el Estado dominicano. Se trata de un asombroso cambio ideológico con respecto a dicho sistema de corrupción, cambio que le permitió ser incluido como miembro de una famosa “comisión investigadora”, e integrada por reconocidos prebenderos e influyentes eclesiásticos incluido todos en un grupo político destinado a ayudar a desarrollar un documento justificativo lleno de falacias lógicas, gastando cientos de miles para sus integrantes que como siempre ayudarían al espíritu del mal contra los sanos intereses del pueblo dominicano.
La “gestión intelectual” seria premiada por el gobierno de Danilo Medina, interesado en ocultar la verdad, utilizando premios jugosos a favor de los miembros de la famosa comisión investigadora.
El escudero carece de fuerza moral, dada su conducta desleal a la verdad, para atacar al Ministro Antonio Almonte, quien nunca defendió situaciones en las cuales la corrupción exhibía sus tentáculos. Hoy ataca la privatización sabiendo que la misma era un proyecto acariciado por la troika de Danilo Medina, de la cual él se hizo partícipe y beneficiario.
Recordamos su papel en una de las reuniones de la famosa comisión investigadora, a la cual concurrí por invitación de Agripino Núñez Collado, en nuestra calidad de abogado del Consorcio Impe, que impugnó los resultados de la espúrea licitación pública internacional, y durante la cual se realizó una ronda de preguntas que no tenían intención científica sino un propósito justificativo del proyecto de Punta Catalina.
Hoy, Aristy Escuder denuncia un posible proyecto de privatización de dicha planta, pero él sabía muy bien que los primeros pasos de privatización los dio Danilo Medina, el presidente que lo nombró a él miembro de la comisión investigadora, en relación con la construcción de un conciliablo diabólico interesado para que el proyecto se desarrollara precisamente en terrenos privados propiedad de la familia Vicini, lo cual constituía en el momento y ahora un acto irregular de alta corrupción.
El escudero Aristy Escuder se sumó al sistema de reparto instaurado por las troikas de Danilo Medina
Al parecer, Aristy no pretende comprender el sistema de corrupción instaurado en la República Dominicana para las grandes obras de infraestructura por la empresa extranjera Odebrecht.
No entiende o no quiere entender que en los actuales momentos el pueblo dominicano vive situaciones y circunstancias históricas de transición de un maligno y pestilente sistema de corrupción, desfalco descarado, robo, y prevaricación en todas las esferas de actividad de la República Dominicana; transición hacia una nueva administración de los patrimonios y recursos públicos.
Los dominicanos decentes, que son mayoría, aspiran a un ejercicio gubernamental, en el periodo 2020-2024, que se caracterice medularmente de principios éticos, pulcritud administrativa y transparencia en el manejo de la cosa pública.
Esta situación de transición produce actualmente enseñanzas pedagógicas y experiencias políticas que impactan en la conciencia del ciudadano contra los graves y múltiples hechos de corrupción, sacralizados y establecidos como doctrina del poder, en los gobiernos del partido de la liberación dominicana que instauraron y justificaron un sistema corporativo autoritario, nepotista y prevaricador, situación que afectó de manera corrosiva los intereses genuinos del pueblo dominicano.
Los dominicanos hemos aprendido a ver la fisiología de la corrupción y la voracidad despiadada de funcionarios de alto rango, desde el Banco de Reservas a la Procuraduría General de la República, desde los ministerios y dependencias públicas del Estado hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores; desde direcciones generales hasta los despachos judiciales.
El pueblo dominicano, obedeciendo a una justa aspiración de justicia, aprendió de la observación del sistema de robo y prevaricación prevalecientes con total impunidad en el seno de la sociedad dominicana, mediante un sistema corporativo y corrupto instaurado por el partido de la liberación dominicana y sus funcionarios; aprendió a distinguir de manera clara y precisa donde están los crímenes de “cuello blanco” , y por eso tiene la firme voluntad de que los responsables sean perseguidos, castigados y devueltos por la justicia al Estado dominicano as riquezas públicas robadas para que sean administradas pulcramente dentro de un marco de justicia y transparencia ética, en beneficio del Estado dominicano y de los distintos sectores y clases sociales que integran la sociedad dominicana.
También debe comprender Aristy Escuder estas realidades, a las cuales él se ha inclinado.
