Ociel Alí López (Russia Today, 16-11-20)
Por primera vez en muchos años se producen protestas en Perú en contra de un gobierno. Se trata de uno no electo popularmente, sino nombrado por el Congreso el 10 de noviembre: el del expresidente Manuel Merino, que acaba de renunciar.
El presidente anterior, Martín Vizcarra, que fue destituido hace una semana, tampoco llegó por el voto, sino que alcanzó la Presidencia tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, de cuyo gobierno había sido vicepresidente.
El actual Congreso acaba de ser elegido este mismo 2020, en enero. Y en abril de 2021 se celebrarán las nuevas presidenciales que culminarán un quinquenio en el que, hasta ahora, ha habido cuatro presidentes, sumando a quien sustituya a Merino.
A pesar de que en Perú ya es una costumbre cambiar gobiernos de la noche a la mañana, que se produzcan protestas durante una semana es algo inédito en su historia reciente. Los dos muertos de las protestas del sábado, los cacerolazos y rumores de saqueos que ahora inundan las principales ciudades dan cuenta que no es solo una nueva destitución legislativa.
De antemano, se abren dos nuevos escenarios probables:
- En el primero, que ya se está cumpliendo, la situación se complejiza y las manifestaciones vuelven ingobernable al país, con protestas similares a las vividas en Ecuador, Chile y Bolivia los últimos tiempos.
- El segundo, que el malestar produzca una salida progresista en las próximas elecciones que se realizarán en cinco meses.
¿Qué está pasando?
Perú ha sostenido durante los últimos 20 años una economía en crecimiento sumamente excluyente, pero exitosa en tanto ha fortalecido la moneda y abarcado el tejido social. Grandes masas de latinoamericanos han migrado a Perú los últimos años buscando cobijarse bajo su progreso económico.
Perú significó, para la clase dominante, la comprobación de que el modelo neoliberal chileno podía ser implantado en otros países bajo nuevos esquemas políticos. En este caso, el fujimorismo.
Así como Chile tuvo a Pinochet, Perú sufrió a Alberto Fujimori, cuyo movimiento presidido por su hija, Keiko Fujimori, lograba, hasta las legislativas de enero, generar una tendencia, un voto duro, minoritario pero sólido, que impedía el logro de mayorías políticas, lo que hacía ingobernable al país. Eso cambió en las legislativas de enero, cuando el fujimorismo se vino abajo.
Pero con el fujimorismo en disolución no se produjo un realineamiento como el que esperaba Vizcarra, sino una atomización general al seno del legislativo que está produciendo su primer derrocamiento, pero probablemente no sea el único, ya que todavía le quedan largos años de gestión. Aunque disolver el Congreso es algo que en Perú siempre es probable: el propio Vizcarra clausuró el Congreso anterior y es recordado el autogolpe de Fujimori en 1992.
El poder legislativo goza de un poder tremendo en la Constitución peruana y cuenta con varios instrumentos para destituir presidentes. En este caso declararon a Vizcarra «moralmente incapaz». Merino prefirió renunciar cuando le esperaba una suerte similar.
Actualmente la dispersión política se traduce en el poder legislativo: un partido (Acción Popular) sacó 10,2 % y nueve partidos sacaron entre 6 y 9 %. Una verdadera atomización que solo puede ser unida por medio de un enemigo común, y este ha resultado ser Martín Vizcarra.
¿Qué hay de nuevo?
No puede vislumbrarse aún el impacto de las protestas de esta semana. Pero sí podemos observar que Perú este año sufre un verdadero caos.
Sobrevenido el coronavirus, a ningún país le ha ido peor. No solo la mencionada caída de -13,9 puntos del PIB, según el Fondo Monetario Internacional, sino también una de las tasas más alta de muertes per cápita por el coronavirus en el mundo.
Las consecuencias internas pueden ser de consideración en el imaginario de una población que ahora comienza a parecerse más a la Latinoamérica de este 2020, tanto en su situación económica como en las movilizaciones de calle.
El objetivo manifiesto de las movilizaciones de esta semana fue el de exigir la renuncia del nuevo presidente y la defensa del gobierno anterior; logrado el primer objetivo no se sabe el curso que puedan tomar los acontecimientos.
Vizcarra, aunque no fue exitoso en neutralizar el coronavirus, sí generó políticas fiscales de alivio. Perú destinó entre el 9 % y el 12 % de su PIB para ayudar a la gente que hubiera perdido su empleo o tuviera empleos informales, el presupuesto más alto de Latinoamérica para este fin. Con todo lo neoliberal de la institucionalidad peruana, el Estado fue radical adoptando medidas de cuarentena y distanciamiento y también generó políticas de distribución directa a los más afectados.
El argumento de la corrupción utilizado por el Congreso para destituirlo, después de la filtración de un video, parece más una venganza política en una situación de profunda inestabilidad. Y en la que es común que los presidentes terminen depuestos y a la larga asilados, suicidados o perseguidos por la justicia.
Con el bajón económico es muy probable que se agraven las tensiones y la calle se vaya convirtiendo en el ámbito de la disputa política, que no puede resolverse en el seno de las instituciones; con lo cual los enfrentamientos, la represión y la pugnacidad generarán crispación en una sociedad que aún está lejos de recuperarse del coronavirus y sus secuelas.
Es pronto para comprender el grado de contundencia y el sentido de esta serie de movilizaciones. Pero al parecer Perú ha entrado en la dinámica política propia de la región, de la que se mantenía distanciado debido a su preocupación por avanzar económicamente.
Esta semana veremos cómo se desarrollan las movilizaciones y que sectores ocuparán el poder político.
