María Lois (Viento Sur, 2-11-20)
Con un 55,1% de los votos, el Movimiento al Socialismo-Instrumento para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) ganaba las elecciones en Bolivia, celebradas el domingo día 18 de octubre, para elegir presidente/a y vicepresidente/a de gobierno, así como a los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados y Senado) y a representantes en organismos parlamentarios supraestatales.
El hecho de superar el 50 por ciento de apoyo electoral significaba una victoria contundente y en primera vuelta del MAS, en todas las instancias sufragadas que, además, se distanciaba más de 20 puntos de la segunda candidatura más votada.
En todo caso, estas elecciones en Bolivia se convirtieron ya en históricas. Por diferentes motivos. En primer lugar, porque ponen fin a una de las etapas más oscuras de la historia de Bolivia, un escenario autoritario que se prolongó durante casi un año, dirigido por un gobierno de facto instaurado desde la interrupción de un gobierno democráticamente elegido y presidido por Evo Morales. Un golpe de Estado sostenido sobre una narrativa de fraude electoral propiciada por una confusa explicación de la Organización de Estados Americanos (OEA), fortalecido en 21 días de movilizaciones urbanas, y ejecutado mediante la sugerencia de renuncia presidencial por las Fuerzas Armadas. Un año que se cierra con el inicio de la recuperación de la democracia donde la posibilidad de votar era sólo el primer paso.
Otras cuestiones fueron sumando intensidad a estas elecciones, como la propia fecha de la jornada electoral, en el contexto de la pandemia global de la covid-19. De hecho, la excepcionalidad socio-sanitaria fue un argumento para justificar el aplazamiento de la fecha de los comicios en al menos tres ocasiones, profundizando así en el prorroguismo del gobierno de facto, que parecía más interesado en tomar decisiones sobre representaciones diplomáticas, en negociar con instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), o en revisar concesiones de explotación de recursos naturales que en solucionar la crisis sanitaria y política.
La eliminación de la whipala de la imagen institucional oficial, la calificación de salvajes o de hordas a simpatizantes, militantes y cargos públicos del MAS, acompañada de los reiterados intentos para proscribirlo electoralmente, o la represión y acusación de sedición y/o terrorismo respecto a cualquiera que protestase contra el régimen, completaban un Estado de non derecho, como lo definía Zaffaroni, donde el desmantelamiento de lo plurinacional parecía el objetivo inmediato y fundamental.
Pero, además, otras cuestiones puntuales en torno al desarrollo del proceso electoral mostraron claramente la necesidad de reflexionar sobre el carácter de estas elecciones, no sólo para el país y su institucionalidad electoral, sino para la comprensión del papel y la responsabilidad de las organizaciones internacionales en la configuración de los imaginarios políticos en la región. Vayamos por partes.
Por una parte, el papel del Tribunal Superior Electoral que guió la convocatoria de elecciones merece una reflexión. Siendo una institución muy cuestionada en esta y en otras elecciones, por la politización de sus miembros, el TSE optaba por suspender un sistema de recuento rápido, el Direpre (Difusión de Resultados Preliminares), a escasas horas del inicio de la jornada electoral. Este sistema, que consistía en una proyección estadística a partir de muestras que no proporciona datos oficiales consolidados, era una herramienta auxiliar pensada para emitir algún tipo de resultados electorales la misma jornada de votación. La propia construcción de estas proyecciones, mediadas por el acceso a la tecnología para la transmisión de las muestras, ya era un indicador evidente de cómo el contexto es clave para comprender el sentido de las elecciones en un país donde las diferencias entre lo urbano y lo rural también se reflejan en las preferencias electorales. El TSE anunció la suspensión del Direpre en base a fallos técnicos, ante la imposibilidad de garantizar un flujo continuo de datos, de una manera realmente consecuente. Lo interesante es comentar, en todo caso, que las argumentaciones sobre cuestiones técnicas no se dan nunca en espacios vacíos. El pasado año fue precisamente la interrupción del flujo de datos de un sistema de recuento rápido, el llamado TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) la que avivó la narrativa del fraude electoral fraguada durante los meses previos a las elecciones y que fundamentó un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que acabó incendiando el ya polarizado escenario electoral.
Pero, en general, interesaría pensar en si la labor institucional de un Tribunal Electoral es proyectar candidaturas a partir de datos estadísticos o informar sobre cómputos y datos oficiales. Igualmente, y aunque la decisión de suspender el Direpre fue apoyada por las delegaciones de observación internacional, sería interesante reflexionar igualmente sobre el papel que tuvo precisamente la observación internacional y, particularmente, la OEA, en la materialización de un horizonte de fraude a partir de proyecciones estadísticas que borró cualquier posibilidad de credibilidad de los datos oficiales finales. Las cuestiones técnicas, entonces, están mediadas por el contexto político.
Por otra parte, la militarización de las elecciones resultaba ser otro elemento inquietante. La presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas en los recintos electorales, no sólo para mantener las medidas de bioseguridad sino también para custodiar el traslado de las actas por parte de los notarios electorales hasta el lugar de recuento final, los Tribunales Electorales Departamentales(TED), resultaba cuanto menos turbadora, dada su complicidad en el derrocamiento del gobierno de Morales. Pero más significativa fue la salida a las calles de La Paz, El Alto y Santa Cruz, las principales ciudades del país, de efectivos militares en simulacro de operativos la noche anterior a los comicios. Aunque el artículo 148 de la ley del Régimen Electoral boliviano establece que el día de las elecciones es el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) el que asume el mando de la fuerza pública, el artículo 149 de la misma ley establece que dicha fuerza pública debe permanecer acuartelada hasta el cierre de las mesas electorales. Así, el despliegue nocturno previo a la jornada electoral actualizaba de nuevo el escenario de miedo y arbitrariedad en la imposición de la fuerza que aumentaba la tensión de la espera por la celebración del proceso.
Con todo, o quizás por eso, la cifra de participación electoral ha sido de las mayores de la historia boliviana, un 88%, avalando la elección masiva del MAS como instrumento de recuperación de la democracia y de expresión de las luchas diversas. De las más inmediatas, es decir, del descontento con el autoritarismo y la pésima gestión política y sanitaria de un gobierno autoritario supuestamente transitorio. Pero votar al MAS también sería enunciar la memoria larga del país, la de la protesta contra la exclusión de las mayorías indígenas originarias campesinas del escenario de lo político. Esas mayorías que en la primera semana de agosto paralizaban el país para demandar una fecha de elecciones, en cuyos bloqueos tenían una presencia central sujetos políticos históricos como Felipe Quispe o la Central Obrera Boliviana (COB), y que volvían a ocupar el espacio de lo insurreccional, el continuo medio de expresión de las mayorías sociales populares en el país, para demandar el ejercicio del voto.
Hubo otros hitos en estas elecciones que de nuevo inciden en su proyección como esenciales para la recuperación de la democracia en Bolivia, como serían el escaso tiempo (cinco días) en la finalización del cómputo oficial, o el carácter paritario de la nueva Asamblea Legislativa. En todo caso, el 8 de noviembre se celebrará la toma de posesión del presidente y el vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, ambos ex ministros del gobierno de Evo Morales, pero ahora voces centrales en la rearticulación de un horizonte de país donde el retorno de la dignidad y la igualdad para las mayorías sociales vuelvan a ser la clave para una Bolivia diversa. Se reabre un nuevo ciclo de progreso y democracia, una oportunidad para rectificar algunas cuestiones y, definitivamente, para profundizar en lo plurinacional y comunitario.
